SLP no atiende de manera correcta casos de feminicidio, acusa madre de víctima

Esperanza Luciotto, madre de Karla Pontigo, joven asesinada en San Luis Potosí en octubre de 2012 recordó indicó que durante estos 10 años no solo ha luchado para exigir justicia para su hija, sino por todas las mujeres que han sido víctima de feminicidios.

La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí y el Gobierno del estado no atienden de manera correcta los casos de feminicidios que se registran en la entidad, pues revictimizan a las personas afectadas y no aborda los sucesos desde una perspectiva de género, afirmó Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, joven asesinada en la entidad en octubre de 2012.

La FGR debe indagar quién filtró reporte confidencial a Reforma: Encinas

La oferta para Abarca incluía, según el informe sin testar al que tuvo acceso Reforma, que ex exedil de Iguala quedara como actor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas sólo unos meses para luego sacarlo de México.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” sobre el caso Ayotzinapa publicada este sábado en el diario Reforma.

Caso Ayotzinapa: Gobierno de AMLO denuncia ante la FGR a juez que absolvió a 120 implicados

La Secretaría de Gobernación informó que la denuncia fue presentada previo acuerdo del Gabinete de Seguridad, y el juez fue señalado por delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

El gobierno federal presentó este viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado sentencias absolutorias a favor de 120 personas implicadas en el caso Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la denuncia fue presentada previo acuerdo del Gabinete de Seguridad, y el juez fue señalado por delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

Despidos masivos e ilegales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Paradojas de la 4T: la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México –cuya razón de ser es la justicia laboral– despidió a unos 50 trabajadores sin justificación alguna y violando sus derechos laborales. Se trata de secretarios de acuerdo, auxiliares de audiencias y de trámites, auxiliares dictaminadores, actuarios y conciliadores. El presidente de la Junta, Eleazar Rubio Aldarán, quien apenas hace unos meses fue procurador de la Defensa del Trabajo local, guarda silencio ante este conflicto, pero se muestra activo en la promoción de los eventos de Morena y en el apoyo al presidente López Obrador y a la aspirante a sucederlo, Claudia Sheinbaum.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, el máximo tribunal capitalino donde se resuelven conflictos laborales, se vive una gran paradoja: alrededor de 50 trabajadores, algunos con hasta 35 años de servicio en la institución, han sido cesados sin justificación legal y, peor aún, sin que les respeten los derechos laborales que por ley les corresponden.

Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares del caso Ayotzinapa

A petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta extraña maniobra fue realizada por funcionarios de la Fiscalía ajenos al proceso judicial. Ni siquiera le avisaron a la Unidad Especial de Investigación y Litigio que lleva el caso. Entre los exonerados está quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera.

Marginada de los procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.