Ciudad de México. No hay un plazo definido para agotar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al tiempo de confirmar que la reunión con pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, programada para esta tarde, se pospone para mañana. En esta cita no estará él sino integrantes de su círculo más cercano. “Yo estoy en el diálogo, con ganas de que se solucione y no me marco plazos porque si no (los plazos) son ataduras. Yo estoy con ganas de que esto se solucione”, comentó a La Jornada. La cita de este miércoles no estará encabezada por el secretario Osorio sino por los subsecretarios de Gobierno y de Derechos Humanos, Luis Enrique Miranda Nava y Roberto Campa Cifrián, respectivamente, entre otras autoridades, para dar cauce a las peticiones de los pobladores de Nochixtlán. El funcionario hizo el comentario anterior al término de una reunión con abogados que estuvieron al frente de la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandó al gobierno federal "seriedad y respuestas claras" para alcanzar una solución al conflicto magisterial, y no caer en una "comisión platicadora", porque el magisterio y la sociedad en general "deben tener certeza de que el conflicto en verdad se va a resolver".
XALAPA, Ver: A cinco meses de que concluya su polémico mandato constitucional, el priista Javier Duarte de Ochoa, con el apoyo de la bancada priista y partidos satélites en el Congreso local, intenta una serie de argucias legales para blindar su salida sexenal y de paso maniatar al próximo gobernador del estado, su acérrimo rival y expriista, Miguel Ángel Yunes Linares. Primero, intenta que el Fiscal Anticorrupción sea el exdiputado local priista y cercano de él, Francisco Portilla Bonilla. Para ello presiona a legisladores de los partidos satélites a fin de obtener la mayoría calificada de 34 votos de 50 posibles. Además, Duarte de Ochoa apuntala a Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y Previsión Social y conocido en el ámbito político como “mapache electoral”, como próximo comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Este martes, la secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura de Veracruz arrancó las entrevistas con los ocho aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para integrar el Dictamen con el nombre de quien sería propuesto al Pleno para su consideración. Sin embargo, desde la semana pasada, los propios diputados priistas confiaron a la prensa que el gobernador Duarte ya sugirió que ese lugar será para el exlegislador priista y oriundo de Córdoba –ciudad natal de Duarte de Ochoa-, Francisco Portilla. En el fino entramado para matizar conflictos políticos y de señalización tras su salida, el gobierno de Duarte también envió al pleno del Congreso local una reforma al artículo 33º constitucional (fracción XLII) para facultar al Congreso la designación (con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados) del contralor general, a propuesta del titular del poder ejecutivo, esto antes que concluya el sexenio. Al respecto, el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata fustigó que resulta evidente que Javier Duarte intenta dejarle al nuevo gobierno un funcionario con poder suficiente para obstaculizarle su labor y que responderá a los intereses del gobierno que se va y no a los de la sociedad. “Más que pensado para vigilar el buen desempeño del próximo gobierno, un Contralor “heredado” en realidad podría constituir un bastión de amenaza permanente para disuadir los intentos de procesar penalmente a Javier Duarte y todos los que han sido señalados por corrupción. “Queda en evidencia también la intención de permitirle al gobernador Duarte, a como dé lugar, designar al funcionario que requiere para esos fines, porque si el Congreso rechaza al que propuso, tendrá el privilegio de enviar tantas propuestas como desee, hasta lograr que se lo aprueben”, afirma Barcelata. Aunado a ello, acusan diputados del PAN, Javier Duarte quien durante el sexenio “regateó” y “promovió” la asfixia financiera de la Universidad Veracruzana (UV) acumulando pasivos por dos mil millones de pesos, ahora que ya se va envía al Congreso local una iniciativa de ley para dotar del 4% de la Ley de Ingresos anual a la casa de estudios, es decir, un promedio de cuatro mil millones de pesos por ejercicio presupuestal. En el paquete de iniciativas de ley y de fin de sexenio, Duarte de Ochoa publicó un decreto en la Gaceta Oficial del Estado para promover una basificación masiva del aparato burocrático del estado, haciendo hincapié en los empleados de confianza del aparato gubernamental, quienes normalmente son trabajadores sexenales que llegan “apadrinados” por el gobernante en turno. “Se hará justicia laboral a miles de personas que cada seis años viven en la incertidumbre de perder su trabajo”, justifica el documento del aparato gubernamental. El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares emprendió una recia campaña en medios de comunicación para fustigar este paquete de iniciativas, pues asegura que Duarte de Ochoa quiere “blindar” las posibles responsabilidades penales en materia de desvió de recursos, tráfico de influencias y daño patrimonial por miles de millones de pesos. En el Congreso Local, los diputados del PAN, Julen Rementería y Ana Cristina Ledezma han reprochado que estás acciones son en aras de “maniatar” y quitar operatividad al nuevo gobierno de Yunes Linares.
En el Congreso local, el próximo jueves continuará de forma álgida, el debate para nombrar al próximo Fiscal Anticorrupción, el cual saldrá de una terna propuesta por el mandatario Javier Duarte y aprobado por mayoría calificada de los diputados locales. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/445666/javier-duarte-la-desesperada-busqueda-impunidad
CIUDAD DE MÉXICO: En 2015, con motivo del inicio de año, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a los mexicanos donde anunció siete acciones a favor de la economía nacional, entre las cuales destacó que no habría más incrementos a las gasolinas. “A partir de 2015 ya no habrá gasolinazos”, dijo entonces. La promesa quedó en eso, ahora la realidad es otra porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una nueva alza en los precios de la gasolina y el diesel, aplicable a partir de julio próximo. En lo que va de 2016 la gasolina Magna tendrá su primer aumento para quedar en 13.40 pesos por litro (un aumento de 24 centavos), en tanto que la Premium costará 14.37 pesos por litro (34 centavos más). El costo del diesel se mantendrá sin cambios (13.77 pesos por litro).
De acuerdo con la SHCP, el motivo del incremento en los precios es la recuperación reciente en el costo del crudo, además de la estacionalidad que “típicamente se observa en los precios internacionales de las gasolinas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/445668/nuevo-gasolinazo-a-partir-julio
Diana Mía tenía cinco años cuando su cuerpo se divisó cerca del fondo lateral de un canal en Mexicali, Baja California. Sus asesinos la habían envuelto en una cortina que después sujetaron con cinta adhesiva gris, y adherido el bulto a un inodoro y a una piedra para que se fuera al fondo del canal y no fuese encontrado. Originaria de Michoacán, Mía fue víctima de la violencia, la inseguridad, la migración, la descomposición social, la rotura en el tejido social que priva en este País de impunidad. Sus padres se separaron y la madre cayó en el falso encanto de uno radicado en Mexicali. Le quitó la niña al padre, hizo maletas y se trasladó a esta frontera. Sola, en el desamparo, alejada de su familia, y abandonada por su madre infatuada por un hombre, Mía fue violada. Terriblemente golpeada. De acuerdo a las investigaciones iniciales, en las atrocidades cometidas a la menor, estuvo presente la madre. Diana Mía Campuzano Herrera, era el nombre completo de la menor brutalmente asesinada. Los de sus verdugos, por obra y gracia del nuevo sistema de justicia penal que tiende a la protección de victimarios, no se pueden dar a conocer. Sólo se les refiere por su nombre de pila. Él, Efrén, será acusado por feminicidio y violación impropia. La madre, Diana Esmeralda (Herrara, por la lógica del segundo apellido de la menor ultrajada), será procesada por homicidio agravado por razón de parentesco y violación agravada. Apenas los bajacalifornianos intentaban digerir la terrible noticia, cuando al Hospital General, también de Mexicali, una niña de ocho meses de edad fue admitida para su atención. Su lánguido, pequeño cuerpo, presenta lesiones producto de una violación. El horror en toda su expresión. La “autoridad” no tarda en dar a conocer el nombre de la menor, y se reservará el de la madre y el padrastro (Se repite el contexto), siendo el segundo el principal sospechoso del aberrante acto. No hay detenidos aún. Hace algunas semanas en la Ciudad de México fue público el caso del Jardín de niños Montessori Matatena, donde padres de familia denunciaron el abuso sexual del que sus hijos habían sido objeto por parte de un administrador del plantel, Rafael Duarte Pereda, quien luego de ser detenido se le juzgará por la agresión sexual contra tres niños de entre los dos y los cinco años. A finales de mayo de 2016, también en Baja California, pero en Tijuana, infantes del jardín de niños 3 de mayo de 1953, cedieron ante la vergüenza y el acecho y contaron a sus padres lo que éstos ya comenzaban a alertar. Habían sido víctimas de agresión sexual por parte del “teacher” Gerardo Lugo Cirelol. Los menores contaron después de sufrir en silencio, de los juegos a los que el profesor los sometía y que implicaba despojarse de su vestimenta. A unos se los llevaba al baño, a otros los castigaba si no seguían “las reglas del juego”. Además, que contaba con la complicidad de una profesora que les ayudaba a vestirse una vez terminado “el juego”. Los padres de familia denunciaron inmediatamente a la “autoridad”, donde iniciaron una investigación solo para retrasarla y permitir que “el teacher” Lugo se diera a la fuga. Actualmente está prófugo. De acuerdo a la Fundación en Pantalla contra la Violencia Doméstica, unos 4 millones de niños en México son víctimas de maltrato y abuso. Están en permanente situación de riesgo y vulnerabilidad. De los casi 40 millones de niños que residen en nuestro país, eso significa que el 10 por ciento viven en condiciones de peligro y fatalidad. Un estudio del mismo organismo refiere que en el 90 por ciento de los casos, los padres o uno de ellos es partícipe de la violencia, la agresión sexual o el descuido de los menores. Mayormente, se les juzga por homicidio en razón de parentesco. De acuerdo a la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), 6 de cada 10 niños en el mundo de entre los 2 y los 14 años de edad, sufre maltrato físico todos los días. Que cada 5 minutos, un niño muere a causa de la violencia, y que tan solo en el 2012, 95 mil niños y adolescentes fueron asesinados. El Gobierno de México remite la atención de los menores a un organismo sin facultad ni protocolos para la debida atención de la infancia, el DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), institución a cargo de las esposas de los mandatarios en municipio, estado y nación. Esa entidad, con otras “responsabilidades” sociales, no tiene infraestructura para prevenir la violencia infantil, tampoco herramientas para detectarla a tiempo y buscar erradicarla. En materia ministerial, los casos de abuso sexual, maltrato físico o violencia doméstica sobre menores de edad, tienen destino en Unidades de Delitos Sexuales que atienden a toda clase de víctimas y de cualquier edad. No hay pues, organismos o entidades especializados en la violencia infantil. Resulta grave ser vil observador de cómo el Estado Mexicano desprotege a quien más apoyo requiere. A los niños. A los pequeños indefensos ante la inseguridad. La violencia sexual contra menores, el maltrato físico hacia los niños, el abuso, la explotación y la desatención de este sector de la población mexicana (casi 40 millones según del censo de Inegi), no tiene fiscalías especializadas para su atención, ni departamentos dirigidos para su protección, la detección a tiempo del maltrato o el abuso para la erradicación de la violencia contra los niños. En un país como México, dominado por la inseguridad del narcotráfico, del crimen organizado, por la impunidad ministerial y judicial para asesinos, una población adicta en crecimiento, de desigualdad social, económica, el sector más vulnerable es el de la niñez. Quienes han de padecer las consecuencias de esa ausencia en el ejercicio del Estado de Derecho, serán, son, los niños mexicanos. En la mayoría de los casos de violencia contra infantes, sus padres están separados por falta de oportunidades económicas, de educación, de cultura social, pertenecen a ese también cada vez más amplio sector descompuesto socialmente. Abandonado por el Estado Mexicano, enquistado en la criminalidad o producto de las adicciones. Sin embargo, el Gobierno federal, los Gobiernos en los estados, no destinan un presupuesto específico y programas determinantes para salvar a la niñez. Activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, quienes a incapacidad gubernamental atienden en la medida de sus capacidades atienen el fenómeno, se quejan que incluso la Ley de los Derechos de los Niñas y las Niñas y Adolescentes, es poco precisa cuando no letra muerta. Sin consecuencias para quienes abandonen a un niño, para quienes no lo atiendan, para quienes les quiten el derecho a la escuela a la dignidad, y los vulneren con ello hasta llevarlos al abuso, la explotación y la fatalidad. Isabel Crowley, representante en México para la Unicef, refirió hace unos días que más de 21 millones de niños y adolescentes en México se encuentran en situación de pobreza. Que los niños mexicanos se siguen viendo afectados por la desigualdad, el ingreso económico en los hogares, su origen étnico, y género. Crowley alertó: 25 millones de niños y adolescentes mexicanos viven en la pobreza. Más de cinco millones en la miseria extrema. Un millón y medio vive con desnutrición crónica. En estas terribles condiciones de inseguridad producto del narcotráfico, de inseguridad económica resultante de las decisiones del Gobierno Federal mexicano, de inseguridad laborar ante la crisis, y de carestía ante las constantes devaluaciones de la moneda nacional, los más vulnerados son los niños. Se viene un nuevo recorte en el presupuesto federal, y ello podría también afectar el desarrollo de la niñez al suprimirse programas sociales y de oportunidades. De suyo la educación es deficiente en nuestro país, y no sólo por causa de ciertos maestros, acaso más por un Gobierno insensible, indolente, que no activa políticas públicas a largo plazo para beneficio, protección, educación y cuidado de la niñez. En México, los gobernantes están acostumbrados a activar programas de ornato, a corto plazo, que les permita develar una placa o llevarse los momentáneos aplausos, y reconstruir el tejido social no se logra ni en tres ni en seis años. De ahí la política negligente en el combate y la prevención de la violencia infantil.
Contexto que nos obliga a ser testigos de la otra inseguridad. La inseguridad de los desvalidos envueltos en el horror de una violencia que amenaza su futuro y el de México por igual.. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060271
La licitación de la obra, de la cual se dará a conocer el ganador el próximo 11 de julio, detalla que deberán ser remodelados 21 mil metros cuadrados, en tanto otros 77 mil, se deberá diseñar y ejecutar obra nueva, y en 16 mil metro más habrá que acondicionar espacios y jardines.
El Instituto Nacional Electoral (INE) continuará, pese al recorte presupuestario anunciado la semana pasada de 31 mil 715 millones de pesos por el Brexit, con la construcción de sus nuevas instalaciones: dos torres de 14 niveles y otras ocho edificaciones con un presupuesto de más de 1 mil 100 millones de pesos. De acuerdo con una nota publicada por Reforma, el megaproyecto del organismo proyecta también la remodelación de diversas áreas que contempla un Museo de la Democracia, nueve plazas y áreas externas, gimnasios, huertos e incluso un “bosquete”, en el nuevo Conjunto Tlalpan. También incluye 11 adecuaciones viales, peatonales y vehiculares, nueva acústica en el auditorio, una macrosala, áreas deportivas y estacionamientos, detalla Reforma. La licitación de la obra, de la cual se dará a conocer el ganador el próximo 11 de julio, detalla que deberán ser remodelados 21 mil metros cuadrados, en tanto otros 77 mil, se deberá diseñar y ejecutar obra nueva, y en 16 mil metro más habrá que acondicionar espacios y jardines. El presupuesto inicial es de 1 mil 100 millones de pesos, de un total de 1 mil 400 millones de pesos, aprobados por la Cámara de Diputados en dos partidas. La justificación de la obra, por parte del Consejo General, es que se buscan ahorrar al menos 80 mil millones de pesos al año, por el arrendamiento de oficinas.
El proyecto, de acuerdo con el INE, tiene un concepto ciudadano, y “es la imagen de una institución gubernamental que representa a la ciudadanía tanto en sus espacios abiertos y áreas verdes, que debe expandir los límites del ámbito laboral e incentivar la activación física, el respeto por el medio ambiente y el sentido de comunidad”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060355
“Ellos tienen que llevar a cabo la función social de cualquier maestro. Tienen que trabajar en beneficio de sus comunidades”, dijo Peña desde Canadá.
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió al Presidente, Enrique Peña Nieto, privilegiar el diálogo en el conflicto magisterial que se vive en México. Durante la conferencia de prensa, Peña Nieto fue cuestionado por un periodista mexicano acerca del conflicto actual con los profesores, que recientemente dejó nueve muertos en en Nochixtlán, Oaxaca. Ahí el Presidente de México hizo un llamado a los maestros “disidentes” para cumplir con su “función social” y trabajar más duro para el mejoramiento de sus comunidades.
Trudeau habló, espontáneamente, y recordó su experiencia al interior de las aulas.
“Obviamente, como maestro, tuve una buena conversación acerca de esto con el Presidente, en lo que concerniente a estos preocupantes incidentes ocurridos, pero también sobre la necesidad de entablar un diálogo constructivo y garantizar el fortalecimiento del estado de derecho”, dijo.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la CNTE, ha bloqueado carreteras y marchado en diferentes estados en contra de la Reforma Educativa y Peña Nieto ha hablado de las mismas durante la gira que realiza en Canadá.
“Es lamentable que las manifestaciones que hemos visto en diferentes lugares de nuestro país, específicamente en el estado de Oaxaca (…)que va más allá de simplemente demostrar y luchando por una causa […] estén causando problemas a la comunidad a la que pertenecen.”
Peña Nieto dijo que los maestros deben hacer uso de los “mecanismos” del “estado de derecho” para luchar por su causa:
“Yo los llamaría para llevar a cabo su función social”, dijo. “Ellos tienen que llevar a cabo la función social de cualquier maestro. Tienen que trabajar en beneficio de sus comunidades”.
Peña Nieto fue recibido en ese país norteamericano entre protestas de ciudadanos que reclamaron la crisis de violaciones a derechos humanos que atraviesa el país. La prensa de ese país también ha hecho hincapié en el mismo problema. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060307
CIUDAD DE MÉXICO: Mientras el presidente Enrique Peña Nieto está de visita oficial en Canadá –donde exhibió en las redes sociales sus buenas relaciones con Justin Trudeau, el carismático Primer Ministro de ese país–, la organización académica y periodística OpenCanada destacó que “existe un tema que persigue Peña Nieto en su casa, y que sin duda cuestiona la efectividad de su gobierno: la corrupción”. En un amplio artículo, titulado “Corrupción en México: el elefante en la mesa de América del Norte”, OpenCanada recordó cómo el cansancio de la corrupción convirtió a Peña Nieto en “el presidente mexicano más impopular en los últimos 20 años” y empujó al electorado a castigar al PRI en los comicios más recientes. “Parece que la sociedad mexicana perdió paciencia respecto a la corrupción”, sentenció. El texto explicó a los lectores canadienses que el PRI que regresó a la Presidencia en 2012 “nunca se presentó como reformado o arrepentido” por su dominio de la política mexicana durante 71 años. Es más: precisó que ese PRI vino del Estado de México –que gobernó Peña Nieto del 2005 al 2011–, una entidad que “desarrolló una cultura política donde los intereses económicos se mezclan con los políticos”. La organización recordó que Peña Nieto describió la corrupción como un fenómeno “cultural” en México, mientras que sus “propias acciones causaron controversias”. Ejemplos de ello fueron las compras de las lujosas casas de Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray al empresario y contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, entre ellas la “extravagante ‘Casa Blanca’”, subrayó OpenCanada. A raíz de las investigaciones periodísticas que revelaron estos supuestos conflictos de intereses, “Peña Nieto apuntó a un amigo de Videgaray a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y le encargó la investigación”, en referencia al nombramiento de Virgilio Andrade. “No sorprendió a nadie que el funcionario no encontró ninguna irregularidad”, subrayó el artículo y añadió que “los periodistas quienes investigaron sobre la primera dama perdieron sus trabajos”. También explicó a sus lectores canadienses las batallas que libraron más de 634 mil ciudadanos, legisladores y empresarios sobre la llamada iniciativa “#3de3”. Señaló que Peña Nieto opuso su veto a la cláusula que obligaba a los empresarios contratistas del gobierno a transparentar sus declaraciones, lo que “fue visto por algunos como un presidente débil, inclinado hacia los intereses de negocios”. El artículo señaló que, si bien el PRI perdió la gubernatura de siete estados en las últimas elecciones –incluso Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, donde “los gobernadores fueron acusados de violaciones a los derechos humanos crasas, mal manejo y corrupción”, según OpenCanada–, la corrupción “cruza las líneas partidarias” y alcanza los demás partidos, entre ellos el PAN. Durante su estancia en Canadá, donde arribó el pasado domingo, Peña Nieto multiplicó las apariciones en público, ya sea en brindis, en conferencias o incluso corriendo con Trudeau. Hoy se reunió con su contraparte canadiense y Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, para la Cumbre de Líderes de América del Norte.
El pasado 23 de junio, un grupo de activistas mexicanas, respaldadas por Amnistía Internacional, urgieron a Trudeau confrontar el presidente mexicano sobre la crisis de derechos humanos en el país y a “no creer lo que dice Peña Nieto”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/445632/la-corrupcion-persigue-a-pena-nieto-destaca-opencanada
CIUDAD DE MÉXICO: La depreciación del peso frente al dólar podría provocar que los ingresos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, se desplomaran hasta un 4% en el segundo trimestre del año, aseguró un análisis de Banamex Accival. De acuerdo con el análisis, el 22% de los negocios de la compañía se realizan en dólares y no en euros, por lo que es la principal razón de las pérdidas. “Para el segundo trimestre del año América Móvil podría registrar pérdidas de aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos, debido a que su deuda al cierre del primer trimestre se ubicó en 597 mil millones de pesos en distintas monedas, a lo que se sumarían 30 mil millones por variaciones en el tipo de cambio”, precisó. Pero no todo es un panorama gris para la compañía. De acuerdo con Banamex, “tiene características defensivas, gracias a su apalancamiento relativamente bajo y a su sólida generación de efectivo, una combinación que históricamente le ha permitido realizar considerables distribuciones de efectivo a sus accionistas mediante recompras y dividendos, así como adquisiciones estratégicas para integrar operaciones en México y Brasil”. Sin embargo, uno de los principales riesgos es que América Móvil ha utilizado efectivo para adquirir participaciones minoritarias en KPN y TKA, “con lo que se ha reducido temporalmente sus dividendos en efectivo, pero que no aportan ninguna contribución visible inmediata a los ingresos ni a los ingresos antes de impuestos y derechos”. Además, la compañía enfrenta actualmente dificultades regulatorias y competitivas que ejercen presión sobre su participación de mercado y su poder de fijar precios en sus principales mercados, México, Brasil y Colombia. A decir de los analistas, América Móvil es la mayor proveedora de telecomunicaciones de Latinoamérica, con servicios integrados en 18 países de la región.
Al cierre del cuarto trimestre de 2015 contaba con 366 millones de clientes de los cuales 285 millones eran subscriptores de servicios de telefonía móvil, segmento que produce dos terceras partes de sus ingresos; y 80 millones de usuarios de telefonía fija, banda ancha y TV de paga. Esta compañía genera alrededor de una tercera parte de los ingresos del mercado de telecomunicaciones en México. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/445661/depreciacion-del-peso-pone-en-aprietos-a-america-movil
¿Qué hace una mujer que fue violada y torturada por policías para obligarla a firmar una confesión, al salir de prisión? Yecenia Armenta Graciano, la sinaloense encarcelada por casi cuatro años tras firmar una confesión basada en tortura, dice en entrevista con SinEmbargo que hoy sólo tiene miedo y no encuentra su lugar ni su espacio. No hay un lugar en el mundo que la haga sentir segura, afirma.
Los ojos de Yecenia Armenta Graciano son negros, grandes y profundos. Su mirada es honda y sus pestañas caen sobre una expresión entristecida y oscurecida. Son los ojos de una mujer violada y torturada por policías para obligarla a confesar que fue la autora intelectual del asesinato de su esposo. Ahora, después de 20 días de libertad tras la decisión dictada por un Juez y luego de casi cuatro años de prisión, Yecenia está sentada en uno de los pequeños salones de la organización Amnistía Internacional (AI) en la Ciudad de México hablando de su nueva vida después de la cárcel y lo que dejó en el pasado. Trae un sencillo saco sastre y el cabello negro y lacio recogido en una coleta. Con escaso maquillaje y un ligero brillo labial, el rostro despejado hace resaltar aún más sus ojos grandes. Yecenia sostiene una mirada húmeda y en ocasiones la barbilla le tiembla al hablar:
“Ha sido difícil. Fueron casi cuatro los que estuve presa. Ha sido difícil. Me siento insegura, no encuentro mi lugar, me ha costado trabajo sentirme estable”, dice con voz quebradiza y débil.
El 10 de julio de 2012 la mujer fue detenida por policías vestidos de civil y obligada a salir de su automóvil. Ella creyó que había sido secuestrada: le vendaron los ojos, la esposaron, la llevaron a una bodega y la colgaron boca abajo atada de los tobillos. Ese día, Yecenia fue golpeada, asfixiada y violada. Así firmó la confesión que la inculpaba de haber contratado unos sicarios para asesinar a su marido y luego trasladada al penal de Aguaruto, Culiacán, en Sinaloa. Muy cerca de su natal Guasave, la mujer madre de dos niños, fue privada de su libertad y de lo que alguna vez fue su familia y su vida durante varios años.
Una joven como ella, recuerda, acostumbrada a ser una ama de casa en un pequeño pueblo norteño, se vio de pronto envuelta en la pesadilla que la trasformaría para siempre.
La organización Amnistía Internacional dice en su informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”, presentado ayer, que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.
“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir”, dice el documento.
Una semana antes de la detención de Yecenia, su esposo Jesús Alfredo Cuen Ojeda fue asesinado a tiros a las afueras de un restaurante en Sinaloa.
“Jamás pensé que viviría algo así. Era algo que ni siquiera por mis pensamientos podía pesar. Nunca me imaginé vivir lo que viví”. “Mi vida cambió completamente, mi familia, es una situación que aún no logro tener control sobre ella”, dice.
Yecenia, antes de la brutal violación y tortura, cuidada de sus dos hijos en Guasave, Sinaloa. Al recordar un día normal de esa época, es la única ocasión durante la entrevista que la mujer esboza una ligera sonrisa labial. Recuerda: se levantaba muy temprano y se ejercitaba durante una hora. Luego despertaba a sus hijos para llevarlos al colegio. “Luego le hablaba a mi esposo para que se levantara y se fuera a sus actividades. Esto era a las siente de la mañana. Después me ponía a hacer los quehaceres del hogar y prepararme con los alimentos para recibir a mi familia de regreso a la hora de la comida. Comíamos y llevaba a mis hijos a sus actividades que realizaban. Después al regresar, era hacer las tareas, sobre todo con el más pequeño. Ya en la noche, era prepararnos para dormir”, narra. Pero el rostro de la mujer se vuelve a entristecer al hablar de un día normal en su vida actual:
“Hoy mi día normal es estar inestable. Hoy un día normal es sentir miedo donde estoy. Es no encontrar un lugar en el cual sentirme bien. Me siento muy vulnerable, no encuentro mi espacio, ese es un día normal para mí”, dice.
Aunque Guasave fue un buen lugar para vivir, hoy la mujer sobreviviente de tortura sexual tiene miedo de ese lugar en donde creció, pero no tiene planes de mudarse: sería cambiarles de tajo la vida a sus hijos. “Tengo dos hijos, uno estudia en Culiacán y otro en Guasave, sería cambiarles la vida a ellos. Espero irme adaptando a la nueva forma de vida”. En la cárcel Yecenia conoció a más mujeres en su misma situación. Todas torturada psicológica y verbalmente, algunas violadas y otras tocadas sin llegar a la penetración.
“Sobre todo donde estuve me comentaban a menudo que habían sido abusadas sexualmente. En algunos casos con penetración, en otros tocamiento. Para mi la violencia sexual empieza desde que te empiezan a tocar. En la mayoría eran tocamientos, pero en todos abuso verbal y psicológico. No había un sólo caso donde no se hubiera violado un derecho humano”, narra.
Armenta Graciano dice que cuando una mujer es torturada sexualmente, es complicado hablar de ello, sin embargo esa es precisamente la apuesta de los torturadores: el silencio.
“Yo les enviaría un mensaje a muchas mujeres que han pasado por un problema como el mío, por una situación así, les haría un llamado a que no se queden calladas, que hablen, porque si no lo hacen se ayuda a que las autoridades sigan cometiendo estos abusos, debido a que ellos le apuestan al silencio de las mujeres”, afirma.
Sobre su caso, Yecenia opina que el juez hizo justicia, pues su sentencia fue absolutoria al no encontrar pruebas del delito que se le imputaba. El 7 de junio fue liberada gracias a que el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal dictó la sentencia absolutoria en su favor, pues se comprobó que la confesión de Armenta Graciano fue obtenida bajo tortura, además de encontrar irregularidades en la investigación e integración de la Averiguación Previa.
Armenta Graciano, ahora de 40 años, intenta reconstruir su vida consiente de que la tortura sexual en México para arrancar confesiones, es un método extendido en el país de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060119
La dotación excesiva de facultades para la Segob en este sexenio contradice la regla más sencilla de los gobiernos democráticos: evitar la concentración de poderes, dicen analistas consultados. Aun así, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha podido cumplir a los mexicanos el reclamo de seguridad y paz que se prometió desde la campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de acabar con la estrategia de guerra iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en esta administración se ha redoblado y ahora incluso se tiene otro grave problema: el conflicto social se ha salido a las calles del país.
Semanas antes de la jornada electoral en 12 estados del país el pasado 5 de junio, diferentes encuestas reportaron que, entre quienes podrían aspirar a la candidatura priísta por la Presidencia de la República en 2018, el mejor posicionado hasta ese momento era el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong. La compañía Parametría, por ejemplo, reportó en marzo que el ex Gobernador de Hidalgo era conocido entre el 60 por ciento de la ciudadanía y que este nivel de identificación pública era el más alto entre los presidenciables del Partido Revolucionario Institucional (PRI). También, que si a las opiniones negativas se le restaran las positivas, el titular de la política interna mexicana tendría en su favor una diferencia de 13 puntos porcentuales; proporción también mucho mayor, por ejemplo, que los tres puntos que tiene el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso. “El candidato priísta que tiene mayor reconocimiento de nombre y que también resulta el preferido para representar al tricolor en el 2018 actualmente es el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”, publicó en junio pasado el periódico Reforma, también con base en una encuesta. En el PRI se perfiló así como puntera la candidatura del funcionario federal que, en teoría, debería ser el responsable de que en México no se presenten los conflictos ni los crímenes ni la crisis de derechos humanos por los que diversos organismos internacionales han cuestionado severamente al actual Gobierno federal. Responsabilidad que, además, le fue restablecida al Secretario de Gobernación apenas en este sexenio, cuando, en enero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que regresaron a esta dependencia la misión de “garantizar la seguridad pública”, “coadyuvar a la prevención del delito”, “salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”. Compromiso que, dice Alberto Azis Nassif, analista y académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), está lejos de considerarse cumplido si se compara con la inseguridad, la violencia y la violación masiva a los derechos humanos que prevalece en México. “Hay una serie de índices sobre los asesinatos y la violencia, además de información oficial de organismos internacionales que han mostrado que los problemas de violencia y de inseguridad pública se mantienen, y que además hay una severa crisis de derechos humanos”, dice el investigador. “Indicadores que nos pueden decir que los resultados han sido negativos en términos de aplicar una política pública distinta para la inseguridad, que no ha resultado, porque se ha profundizado el problema”, agrega. LA SUPERSECRETARÍA Entre 2000 y hasta 2013, a lo largo de los dos sexenios de presidencias panistas, el diseño de las políticas para mantener la seguridad pública y de combate al crimen desde la esfera federal recayeron en la también entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con la modificación que se hizo en 2000 a la LOAPF, a esta misma instancia le fue también atribuida la función de “proponer la política criminal en el ámbito federal”, “presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública” y, en general, “salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos”. Después de que esta dependencia vivió su periodo de mayor expansión en el sexenio de Felipe Calderón –diversos medios reportaron aumentos superiores al doble en los presupuestos para la seguridad pública en ese periodo–, el 2 de enero de 2013, todas esas atribuciones fueron transferidas, textuales, a la Secretaría encabezada desde el inicio de sexenio por el ex Gobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. Para ese momento, a Osorio Chong le respaldaba, entre otros servicios al Gobierno de Peña Nieto, la gestión del acuerdo con el resto de los partidos o “Pacto por México” que le permitió al mexiquense la aprobación del paquete de reformas constitucionales, como la educativa y la energética, que le ganaron los únicos halagos de la prensa internacional hasta el momento. Las atribuciones de Osorio Chong se ampliaron entonces no sólo en materia de seguridad pública, sino que, en el mismo decreto que le delegó la “política criminal”, Peña Nieto le dejó también una responsabilidad que, desde que se redactó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública, en 1976, no había tenido ningún otro titular de Gobernación: la de “coordinar” al resto de los integrantes del gabinete. Tal atribución quedó establecida en el Artículo 10 de dicha Ley, que por casi cuatro décadas ordenó que “las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna”. El 2 de enero de 2013, sin embargo, el decreto agregó que “sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes”. Tal aumento de atribuciones –más de 60, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF– fue considerada entonces como una marcha atrás en la búsqueda de contrapesos institucionales que, desde 2000, había previsto al descargar a la Segob de las responsabilidades de mantener la seguridad pública.
“La dotación excesiva de facultades para la Segob contradice la regla más sencilla de los gobiernos democráticos: evitar la concentración de poderes”, expuso entonces Nicolás Loza Otero, coordinador de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), en entrevista con SinEmbargo.
“Los gobiernos de la alternancia se distinguieron por intentar la desconcentración de facultades de la Secretaría de Gobernación; pero los resultados fueron catastróficos. Al PRI, con su nuevo desafío, se le nota la gran intención de diferenciarse del PAN [Partido Acción Nacional] y tener eficiencia en seguridad a costa de una crisis en los contrapesos”, agregó el académico. Al cabo de tres años, sin embargo, estos súper poderes mostraron haber sido insuficientes ante la gravedad de la problemática interna que vive México, sobre todo la derivada de la impunidad con la que se han cometido en este sexenio más de 50 mil homicidios, aumento en los secuestros y, como los calificó recientemente la organización Open Society, atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra la población civil. “Desde el inicio del sexenio, a la Secretaría de Gobernación se le dieron facultades más contundentes para la organización de la infraestructura de seguridad pública, y uno de los más grandes flagelos es la inseguridad, la lucha con la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco”, dice Jorge Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“En una rápida revisión por el trabajo de Gobernación, anotamos: la fuga de (Joaquín Guzmán Loera) ‘El Chapo’, el aumento de los secuestros, los focos de insurrección, los grupos de autodefensas, la falta de capacidad de contener la delincuencia organizada”, plantea Corona Ramírez.
El académico recuerda también que, además del combate a la criminalidad, a Osorio Chong le corresponde también, si no resolver, al menos mostrar capacidad para administrar los conflictos sociales que enfrenta la sociedad mexicana, como la imparable movilización magisterial contra la Reforma Educativa. Trabajo que la LOAPF describe como “favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”. Y es que las responsabilidades del Secretario de Gobernación son tantas que, de acuerdo con la fracción XI del Artículo 27 de la LOAPF, al mismo Osorio Chong le corresponde “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”; ordenanza que, consideran los entrevistados, hace atribuible al hoy presidenciable incluso las probables corruptelas de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte Jáquez en Chihuahua. Aún prevenir el “el mal humor social” mencionado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto, sintetiza Corona, podría ser considerado su trabajo. “Como no ha habido capacidad de relación con los factores reales de poder en México, como la Iglesia católica, la delincuencia organizada, los estados, como no hay capacidad de contención del conflicto, el conflicto ha salido a la calle, mostrando que queda rebasada la función pública estado, que es mantener el conflicto acotado, identificado”, dice Corona.
“Pero Gobernación no logra identificar cuál es el conflicto, no se dan cuenta de que lo qué están haciendo está mal; hasta allá llega esa capacidad de no visión”, agrega.
MODELO AGOTADO Los entrevistados coincidieron en que si bien las encuestas indicaron en el primer trimestre de este año que Osorio Chong era el priísta mejor posicionado para la elección de 2018, la serie de derrotas sufridas por el PRI el pasado 5 de junio –cuando este partido perdió siete de 12 gubernaturas; entre ellas, cuatro por primera vez– mostraron que el tricolor, en general, podría estar en problemas en la próxima contienda por la Presidencia de la República. Y si Osorio Chong es su mejor carta, coincidieron, tendría pocos motivos para presumir en campaña. “A finales del sexenio panista, cuando se especulaba sobre los candidatos presidenciales, en el caso de Peña Nieto como que era muy claro que había consenso, que era el modelo construido en el PRI para regresar a Los Pinos; una figura mediática, con mucho dinero público, con un tipo de personajes, discurso determinados; todo este modelo creo que ya se fracturó, lo vimos el 5 de junio, y creo que el PRI no tiene ningún modelo exitoso en estos momentos para competir en 2018, más allá de la maquinaria”, dice Aziz. “Creo que sí están en un problema importante (…) y en ese sentido los resultados de la Secretaría de Gobernación no son como para estar orgullosos; la situación del país es muy complicada, en términos de resultados de combate a la violencia, a la penetración de estos grupos (de la delincuencia organizada); la situación está bastante deteriorada, la violación a los derechos humanos es un problema muy importante y no creo que haya nada qué mostrar”, agrega.
Corona advierte también que el electorado se mostró el 5 de junio, como han señalado otros análisis, más reflexivo, ejerciendo su capacidad de castigo. Y si bien Hidalgo fue uno de los estados que pudo retener el PRI en ese proceso electoral, plantea, los votantes lo castigaron en Pachuca, ciudad natal de Osorio Chong y donde el 5 de junio ganó el PAN después de 13 años de haber sido considerada bastión priísta. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO. LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3057696
El diciembre 11 de 2006, con el país volteando hacia otro lado –los opositores del Presidente en un grito– se lanzó una guerra que no parece haberse consultado con nadie. Ha pasado una década, recuerda el autor de este texto, y “en las calles sigue el Ejército y hay un sentimiento generalizado de que opera, con toda impunidad, una guerra de exterminio. Los crímenes continúan y los grupos armados han diversificado sus ingresos apoyándose en la impunidad. No existe una política de Estado efectiva para resarcir el daño a las víctimas o para alejar a los jóvenes de los grupos armados. Las policías no se han saneado y la narcopolítica parece mantener los cotos que tenía antes del inicio de la confrontación. No hay grandes avances en el sistema penal; la tortura, dice la ONU, es una práctica generalizada; las prisiones son escuelas de criminales; las operaciones de lavado de dinero siguen desarrollándose y apenas, en todo este tiempo, un atisbo de luz: la posibilidad de que a menos la mariguana sea despenalizada”.
MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA Repentinamente, como nunca antes, las calles de muchas ciudades de nuestro país perdieron una virginidad que habían mantenido desde la Revolución de 1910: unidades del Ejército mexicano se desplazaron pero no hacia los cuarteles, no hacia alguna comunidad en desgracia por un huracán o por un terremoto. Llegaron con las armas por delante para quedarse allí, en las esquinas, en las banquetas, en donde antes había policías de punto. No fue un cambio menor para una mayoría que estaba acostumbrada a ver militares por televisión. Con ellos, de la noche a la mañana aparecieron los chalecos antibalas, ametralladoras montadas en vehículos abiertos, policías federales esbozados. Y lo que parecía algo temporal se fue extendiendo durante meses, luego años. Los autos blindados se volvieron comunes por todo el país mientras que términos como “ejecutado”, “sicario”, “levantado”, “alterado” “empresa” o “decapitado” se volvieron parte de la jerga de muchos medios, de periodistas y de la población en general. En pocos años, a ese lenguaje ominoso le sumamos otro que nadie sabe si se acuñó en la prensa o en las calles, pero que claramente provino de una nueva realidad. “Narcofosas”, por ejemplo, que se refiere a los cementerios clandestinos diseminados por todo el territorio; “autodefensas”, que habla de los esfuerzos de los ciudadanos para defenderse de criminales que se apoderaron de territorios físicos y de las rentas de sus habitantes. La extorsión era sólo una palabra hasta ahora, cuando se volvió realidad extendida en las ciudades y en enormes manchas urbanas, como las del Estado de México que rodean la capital del país. Y entre todas las palabras que se volvieron de uso común, una estremecedora: “cocina”, y todas sus derivaciones: el verbo “cocinar” o el sujeto “cocinero”. Se refiere a la desaparición masiva de cuerpos en ácidos o quemados en tambos de 200 litros. Cuerpos de la guerra entre cárteles o simples víctimas de la violencia. El sol se nubló para ciudades que eran sinónimo de descanso y diversión, como Acapulco, Morelia o Cuernavaca. Estados con relativa tranquilidad, como San Luis Potosí o Guanajuato, se volvieron tierra sin descanso. La vida se hizo imposible en las sociedades que ya estaban permeadas por el narco, como Ciudad Juárez, Apatzingán, Tijuana, Chihuahua, Piedras Negras, Nuevo Laredo o Reinosa. La pus de la violencia que vino con la guerra se extendió por pueblos y villas, y en el amarecer de esta realidad, nombres de nuevas bandas criminales aparecieron y consolidaron su presencia casi al mismo tiempo que el Gobierno federal presumía el arresto de las cabezas los grupos de narcotraficantes. Los decapitados de volvieron comunes, lo mismo que las cabezas en hieleras, los alcaldes y periodistas asesinados, los policías secuestrados y torturados. Poblaciones enteras entraron en sicosis, de norte a sur, mientras los poderes ocultos afinaban herramientas de control: se atrevieron a dictar, a través de redes sociales, “toques de queda”.
Y todo pasó en abrir y cerrar de ojos. SI EL CLARÍN CON SU BÉLICO ACENTO Ciertamente la guerra contra las drogas no es nueva ni tiene una década. La Historia se la atribuye a Richard Nixon, quien declaró los estupefacientes “enemigo público número 1” de Estados Unidos en 1971. México, territorio de producción y tránsito durante un siglo, se enroló en el último tramo del siglo XX por presiones de Washington, particularmente por las acusaciones de corrupción y omisión que vinieron de las agencias, del Ejecutivo y del Congreso. Sin embargo, fue el Presidente Felipe Calderón Hinojosa quien se puso por primera vez un traje verde olvido. En los siguientes diez años, México vería eventos terribles como consecuencia de lo anterior y no se ven indicios de que esto, que en momentos tiene sabor a guerra civil, se vaya a terminar. El crimen organizado, que nos habíamos acostumbrado a que operara en silencio, desató una contraofensiva y lanzó un reto al Estado mexicano. La espectacular declaratoria de guerra de Calderón alertó a los criminales, que operaban abiertamente y sin grandes aparatos de inteligencia por su sociedad, también conocida, con las autoridades. Quizás México vive la más larga guerra civil del siglo XXI, desatada por lo que parece ser un error táctico. El Gobierno calculó mal, parece, a las fuerzas que enfrentaba. Calculó mal la reacción de aquellos a los que trataba de intimidar. Calculó mal porque, dicen muchos especialistas hoy, buscó un beneficio político en la guerra y no dar una respuesta a la criminalidad. Históricamente, la presencia de los grupos de narcotráfico generaba cierta tensión en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Pero desde ese 11 de diciembre de 2006, el fenómeno de la violencia asociado a esas bandas criminales se fue extendiendo por casi todo el territorio nacional. Diez años después de que Calderón iniciara esta guerra, la violencia continúa. Y mientras nos sobreponemos de una tragedia sobreviene la otra y temblamos porque en una década hay muchos muertos que no se han desenterrado. Y esto es una realidad, y no una metáfora. Hace más de tres años se reconocieron 27 mil desaparecidos y el Gobierno federal ha dejado de contar. Madres, padres, familias enteras recorren por su pie los campos en busca de sus desaparecidos; abren la tierra con los dientes, escarban. El Estado no puede devolverles a sus hijos; el sistema de justicia, rebasado, no les da esperanza alguna. Las policías, corrompidas, no son aliento para nadie y entonces estas familias buscan un hueso, un cabello, lo que sea que les devuelva la paz. Lo que sea que les diga que los suyos están muertos y pueden al menos aspirar a la paz interior.
Diez años han pasado y los mexicanos no podemos explicarnos cómo es que llegamos hasta aquí. Diez años en los que es imposible incluso contar las tragedias. Migrantes fusilados; estudiantes a los que se los traga la tierra; niños asesinados por deudas pírricas de sus padres; jóvenes secuestradas por criminales que las utilizan como esclavas sexuales y a las que, cuando les va bien, regresan embarazadas; hombres y mujeres quemados vivos; una prisión en Piedras Negras, Coahuila, con hornos crematorios para desaparecer familias completas y decenas de miles que han abandonado sus hogares para entregarse a las manos del destino por la falta de un Gobierno que les garantice su seguridad. UN SEPULCRO, PARA ELLOS, DE HONOR Todo tiene una historia detrás. Es el caso de la guerra lanzada por el Presidente Calderón. Desde mediados de 2006, México vivía un sobresalto político. El país estaba dividido básicamente en dos: los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, y los de Felipe Calderón Hinojosa. El primero, de izquierda, argumentaba fraude en las elecciones presidenciales y había tomado el simbólico Paseo de la Reforma, en el corazón mismo de la capital mexicana. El otro, de derecha, defendía un triunfo que, de acuerdo con las cifras oficiales, se logró con una diferencia de apenas 0.58 por ciento de los votos. La de ese año fue una campaña ruda y desgastante. El Presidente Vicente Fox Quesada metió las manos a la elección para apoyar a su partido y a Calderón, según aceptaría más adelante, algo prohibido expresamente por las leyes electorales. López Obrador acusó robo y estaba en pie de lucha. Calderón respondió con pragmatismo a quienes cuestionaban su legitimidad: “haiga sido como haiga sido”, dijo. La frase haría historia. En ese ambiente, con el país confrontado, Calderón entró por una puerta trasera a una Cámara de Diputados tomada por la oposición, y entre empujones y gritos de “fraude” se puso la Banda Presidencial. Fue el 1 de diciembre de 2006. En ese ambiente de confrontación política, cuestionada su legitimidad, diez días después de la bochornosa toma de posesión, Calderón Hinojosa anunció, de la nada, el lanzamiento de la Guerra contra las Drogas. No existe un sólo registro público de que esta guerra fuera planeada con anticipación. No estaba en los discursos de campaña. No hubo consultas a los estudiosos del fenómeno del narcotráfico o del crimen organizado. No hay información que confirme reuniones de inteligencia con las distintas partes involucradas en una acción de esa envergadura, como las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia como la DEA. No hay registro de que Calderón consultara a sus contrapartes en otros países de la región. El 11 de diciembre de 2006, Calderón anunció un operativo en Michoacán. Agentes de la Policía Federal fueron llevados a “contener” el derramamiento de sangre en la entidad, que sufría un brote de violencia. Pero aparecieron además elementos del Ejército mexicano y de la Marina Armada de México que, hasta entonces, no se habían destinado expresamente a tareas que le corresponden constitucionalmente a las Policías. A partir de ese día, el Presidente Calderón haría varias apariciones vestido de militar. Impulsaría la carrera de su principal operador, Genaro García Luna, y su proyecto de una súper Policía Federal. También daría mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, a las que involucró en uno de los eventos más cuestionables de la historia reciente del país, y con mayor costo económico, político y social. La guerra seguiría su curso a pesar de que, después de los primeros miles de muertos, decenas de líderes de opinión de todos los sectores pidieron al entonces Presidente revisar la estrategia. “El Presidente Calderón no escucha”, dijeron muchos, incluso dentro de su partido.
Su aparente problema de sordera, sin embargo, tuvo un costo altísimo para los mexicanos que, hasta el día de hoy, siguen pagando incluso con su propia sangre.
AL SONORO RUGIR DEL CAÑÓN Casi diez años después, no es complicado resumir la Guerra contra las Drogas de México como un fracaso. La inseguridad se ha extendido por todo el país, dicen los datos oficiales. El consumo avanzó no sólo con Calderón en el poder, sino también con el Presidente Enrique Peña Nieto. Crecieron las cifras de secuestros, homicidio doloso, extorsión. Creció el número de familias enlutadas y el de las llamada “víctimas colaterales”, término utilizado para los civiles que mueren en acciones armadas. Aumentaron la zonas destinadas al cultivo de amapola y en Estados Unidos, principal cliente de las drogas que se producen o pasan por México, las muertes por heroína se volvieron una epidemia en esta década. Cuando se llega a la primera década de conflicto, con cerca de doscientos mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y cientos de miles de desplazados, las violaciones a los derechos humanos ha puesto a México en los ojos del mundo. A las Fuerzas Armadas se les acusa de ejecuciones sumarias y desaparición forzada; a las policías locales, de estar en la nómina de los grupos criminales. En casi cualquier gran tragedia, en las grandes matanzas de Veracruz a Sinaloa y de Chihuahua a Guerrero, hay al menos un cuerpo de seguridad involucrado. Es decir: la justificación para lanzar esta guerra, que era someter a los criminales y dar fortaleza al Estado, se ha desmoronado. En las calles sigue el Ejército, diez años después, y hay un sentimiento generalizado de que opera, con toda impunidad, una guerra de exterminio. Los crímenes continúan y los grupos armados han diversificado sus ingresos apoyándose en la impunidad. No existe una política de Estado efectiva para resarcir el daño a las víctimas o para alejar a los jóvenes de los grupos armados. Las policías no se han saneado y la narcopolítica parece mantener los cotos que tenía antes del inicio de la confrontación. No hay grandes avances en el sistema penal; la tortura, dice la ONU, es una práctica generalizada; las prisiones son escuelas de criminales; las operaciones de lavado de dinero siguen desarrollándose y apenas, en todo este tiempo, un atisbo de luz: la posibilidad de que a menos la mariguana sea despenalizada. Una década después, México está peor que antes y los autores de este error llamado Guerra contra las Drogas no han sido llamados a cuentas.
Este 11 de diciembre de 2016, en la fecha marcada por la Historia por ser la primera década de guerra en México, habrá mucho que lamentar y nada qué celebrar. Los grupos de narcotráfico se ajustan –cómodos– a su nueva realidad, mientras que los ciudadanos, para no variar, pagan los platos rotos. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/26-06-2016/3057547
El secretario de Gobernación dijo que se están haciendo las investigaciones para determinar qué armas se utilizaron y quién ordenó disparar y con ello castigar a los culpables.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que los peritajes en Nochixtlán permitirán saber el calibre de las armas, quién disparo y castigar a los culpables de las 9 muertes. “Tenemos que saber exactamente lo que sucedió y tenemos que ver quién uso las armas, por qué y de quiénes fueron las órdenes”, dijo Osorio Chong. Osorio Chong dijo en entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula que la procuraduría del estado realiza los peritajes para determinar los calibres de las armas que hirieron a varios policías federales y causaron a muerte a nueve civiles, así como quién disparo, las razones y quién dio la orden. El funcionario añadió que una comisión integrada por personal de la Secretaría de Salud y un delegado de Gobernación, así como familiares de las víctimas, viajaron a Nochixtlán para levantar un censo de las familias afectadas, sin embargo ésta no pudo llegar porque fue desconocida por los pobladores. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habían acordado este martes 28 de junio con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una mesa de diálogo especial para el caso Nochixtlán. El titular de Gobernación dijo que la comisión ya no pudo reunirse con los pobladores, pues éstos desconocieron a los pobladores que se reunieron en las instalaciones de Segob en la Ciudad de México
Óscar Hernández relató que al menos en tres ocasiones, al estar operando, se quedaron sin luz y tuvieron que improvisar.
Un médico publicó en redes sociales un video donde se muestran las deficiencias en el Hospital General de Playa del Carmen, en Quintana Roo, entre ellas un apagón durante una cirugía -sin que funcionaran las plantas alternas de energía-, y días después perdió su empleo en ese centro de salud.
En entrevista con Radio Fórmula, el médico Óscar Hernández relató que al menos en tres ocasiones, al estar operando, se quedó sin luz en la sala, y tuvo que continuar utilizando la iluminación de teléfonos celulares. “En una de ellas sí tuve un problema con el intestino de una señora, le di un pequeño tijeretazo, no lo rompí del todo, afortunadamente, se pudo reparar… gracias a Dios no pasó nada, pero obviamente, si hubiera pasado algo, ¿contra quién van? Pues contra mí, no van contra el secretario de Salud, ni contra el director que tiene mal el hospital”, mencionó Hernández.
El video de “uno de los muchos apagones en el hospital”, dijo, lo subió el 20 de mayo pasado.
Días después, lo mandaron citar, le levantaron un acta administrativa, y a fin de cuentas confirmaron su despido el día de su cumpleaños, acusándolo por una supuesta toma de instalaciones, ya que en días previos había convocado a una reunión con sus compañeros, para platicar sobre las deficiencias e irregularidades en el hospital. “Hay corrupción y mala planeación” de los sindicatos y de las autoridades de salud, dijo respecto a lo que ocasiona las fallas en el hospital, como la falta de personal, de mantenimiento del equipo médico, la venta de plazas, y la carencia de medicamentos. Según Hernández, muchos médicos están inconformes en Quintana Roo, pero temen manifestarse porque “sigue la represión” y pueden ser despedidos. Animal Político trató de contactar a la Secretaría de Salud de Quintana Roo y al Gobierno de Quintana Roo para conocer su postura sobre el caso; sin embargo, no se ha recibido respuesta hasta el momento.
