El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –llegado a México como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa– se fue del país en plena confrontación con el gobierno federal. Pese a los obstáculos que enfrentaron sus cinco integrantes, lograron desenmascarar al gobierno y sus operadores, de manera notable al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, su comparsa en la escandalosa e inverosímil “verdad histórica” y dejaron abiertas innumerables preguntas.
CIUDAD DE MÉXICO: El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esa versión se apoyó en el trabajo del responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el funcionario al que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron de presuntamente “tergiversar” los hechos ocurridos en el río San Juan, donde, según la versión oficial, presuntamente quedaron los restos calcinados de los estudiantes.
Ese día, Villa y Jiménez tuvieron problemas para difundir su trabajo, según cuentan a Proceso por separado.
Villa no pudo colocar su serie fotográfica en los medios, en tanto que Jiménez –excolaborador de este semanario– vendió su video a la productora Vice. La empresa no atendió las recomendaciones de incluir en un documental la imágenes en las cuales aparece Zerón junto a Agustín García Reyes –uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas–, y varios hombres armados, uno de ellos fornido, con traje oscuro, relata Jiménez.
Y Villa comenta divertido: “Ahora resulta que la serie fotográfica del 28 de octubre de 2014 –el fracaso de mi vida– sirvió para que Ayotzinapa no quede en el olvido… Movió al sistema”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2061, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439101/una-verdad-demolida
domingo, 1 de mayo de 2016
Activista de la Brigada civil que encaró a Duarte es encañonada por policías locales y estatales
Araceli Salcedo, perteneciente al Colectivo de Familias De Desaparecidos Orizaba-Veracruz y beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos, fue encañonada por elementos de la policía estatal de Veracruz y de Orizaba la noche de este viernes, denunció la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares. La madre, convertida en activista, es la misma mujer que encaró a Javier Duarte en octubre del año pasado (VER VIDEO), ante la falta de avance en las investigaciones sobre la desaparición de su hija.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– La activista, Araceli Salcedo, perteneciente al Colectivo de Familias De Desaparecidos Orizaba-Veracruz y beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos, fue encañonada por elementos de la policía estatal de Veracruz y de Orizaba la noche de este viernes, denunció la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares, en la que actualmente colabora en la localización de fosas clandestinas en la entidad.
A través de un comunicado, los activistas, que desde hace más de veinte días trabajan en la localización de cementerios clandestinos en Veracruz, informaron que a las 19 horas de ayer, Araceli Salcedo fue interceptada por oficiales que viajaban en ocho patrullas estatales y del municipio de Orizaba entre las calles norte 10 y Oriente 31, de ese municipio.
Ahí, señala la organización, los efectivos de seguridad rodearon el vehículo en el que viajaba, fotografiaron y encañonaron a las personas que iban a bordo, Araceli Salcedo y las escoltas que le asignó la Procuraduría General de la República (PGR).
La organización señaló que los policías argumentaron que perseguían a un automóvil Tsuru, el cual “no coincide en lo absoluto con el vehículo en el que viajaban las personas agredidas”
Los activistas consideraron este hecho como “un claro acto de hostigamiento”. Aseguraron que se están iniciando las acciones legales correspondientes y que se dio aviso a autoridades federales.
“Exigimos al gobierno de Veracruz que cese los actos de hostigamiento contra familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos que acompañan casos y a la Brigada. Asísimo, a la Fiscalía General del Estado que investigue de manera diligente estos hechos”, señalan en el comunicado.
Araceli Salcedo es la madre de la joven desaparecida Fernanda Rubí y es quien el año pasado encaró a Javier Duarte de Ochoa en Orizaba.
En un video dado a conocer por El Mundo de Orizaba, quedó grabado el momento en que la señora Araceli Salcedo exigía al mandatario estatal que la atendiera, mientras el mandatario continúa su marcha, por lo que la mujer lo siguió.
Tras ello, la mujer lo encaró y le dice que no se ría ante la mueca que Duarte dibujó en su rostro.
– No, señor Gobernador. No se escude, sus fiscalías no sirven de nada, nos ayudan en nada, señor. Aquí está su pueblo mágico donde nos desaparecen a nuestros hijos y usted como si nada, dijo Araceli.
– No, respondió Duarte
– Claro que sí, señor. Y no se burle, quite su sonrisa porque yo no vivo desde ese tiempo, replicó la madre
Posteriormente, la mujer le preguntó la fecha en podía ser recibida por él, a lo que el mandatario le asegura que lo consultara con el Fiscal.
– El Fiscal, el Fiscal es lo mismo que ustedes: pura corrupción, le grita la señora.
Tras los hechos, Duarte escribió en su cuenta de Twitter:
“En Orizaba coincidí con la mamá de la joven Fernanda Rubí, su caso está en la@PGR_mx, el @FGE_Veracurz la va a recibir el 4 de noviembre”
Y horas más tarde a través de un comunicado el gobierno del Estado dio a conocer que el Gobernador veracruzano “solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras para que “redoble esfuerzos en la colaboración de la investigación de la desaparición de la joven Fernanda Rubí Salcedo Jiménez”.
“Cabe destacar que este caso lo atrajo la Procuraduría General de la República (PGR) por existir elementos de la participación de la delincuencia organizada, institución que inclusive ofreció una recompensa para quien proporcione informes de la joven desaparecida el 07 de septiembre de 2012, en Orizaba”, se lee en el documento.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/30-04-2016/1655154
¿Cárteles en la CdMx? La polémica sigue: Mancera dice que no y Ricardo Monreal ya no sabe
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró el sábado que en la capital mexicana hay lavado de dinero y tráfico de personas, pero no presencia de grupos del narcotráfico.
Al concluir su participación durante la jornada de reforestación en el Bosque de Chapultepec, en el marco del Día del Niño, Mancera Espinosa acepto que en la Ciudad de México sí existen actividades ilícitas.
“Hay áreas donde su presencia han sido comprobadas el lavado de dinero que forma parte de algunas de estas tareas que no son propias de la Ciudad de México, o la trata de personas que la estamos combatiendo con toda fuerza y que también eso es una forma de delincuencia organizada, pues esos delitos ya los hemos acreditado, ya hemos dicho que ahí están y por eso es que lo estamos combatiendo”, dijo el mandatario capitalino.
Y aseguró que “lo que nosotros no tenemos aquí [en la Ciudad de México], reportado por las autoridades, porque además es competencia federal, es un asentamiento de cárteles”.
El pasado miércoles, Ricardo Monreal, Jefe delegacional de la Cuauhtémoc, aseguró durante una conferencia en el Colegio de México que había presencia del crimen organizado en la Ciudad de México y citó un informe de la Administración para el Control de Drogas (DE, por sus siglas en inglés), en el que se asegura que opera cinco cárteles de la droga en la demarcación.
En respuesta, el Mancera Espinosa dijo que platicará con el jefe de la delegación Cuauhtémoc y atenderá sus denuncias.
Sin embargo, el pasado viernes, en declaraciones para Reforma, el Delegado dijo que no tenía pruebas sobre la presencia de organizaciones criminales: “Yo diría que no existe esa manifestación. No, no. Asegurar una cosa de esas sería irresponsable de mi parte, no tengo elementos; pero sí tengo un plan integral para combatir las manifestaciones que en la Delegación Cuauhtémoc se están presentando”.
El informe citado por Monreal fue publicado el año pasado con el titulo “La Evaluación de la Amenaza Nacional de Drogas 2015”, en la corporación de seguridad identifica a cinco cárteles de la droga con presencia significante o en aumento en la capital mexicana: Los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y los Caballeros Templarios; esta última organización criminal está declarada como “desaparecida” o casi desaparecida por el Gobierno federal después del arresto de sus principales cabecillas.
La DEA dice en su último informe que en la capital de México no existe “presencia dominante” de un sólo cártel. Pero establece que esas cinco fuerzas criminales tienen un poder ascendente.
Además señala que los cárteles mexicanos son la principal amenaza para Estados Unidos en materia de narcotráfico, que creció en forma considerable en el último año apoyada por pandillas locales de ciudades estratégicas, que le han servido a esas organizaciones para extender sus redes hacia el Este y Norte de la Unión Americana, y que mantiene a sus líderes alejados de la acción de la justicia estadounidense.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/01-05-2016/1655224
Coyotepec cavó pozos en 1963; Eruviel los quiere… para empresas
Hace más de 50 años, los habitantes del municipio de Coyotepec, Estado de México, construyeron con mano de obra y recursos propios un sistema de agua que desde entonces llaman “autónomo” porque sólo la comunidad tiene derecho a administrar el líquido que abastece a cerca de 50 mil personas. Pero hace tres años, con el fin de crear el proyecto “Ciudad Bicentenario” del Gobierno del Estado de México –que incluye desarrollos urbanos y la instalación de empresas embotelladoras, entre otros–, autoridades municipales y estatales emprendieron una lucha contra esa población para arrebatarle el control de su propia agua. El pueblo no se va a dejar, dice, porque les quitan a ellos, pobres, para dárselos a corporativos como las refresqueras…
Coyotepec, Estado de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Gloria Montiel, de 32 años, guarda historias de su abuelo; de cuando, en 1963, don Antonio Montiel García y otros habitantes de Coyotepec, rascaron la tierra de ese municipio de origen náhuatl –ubicado al norte del Estado de México–con palas y picos.
Gloria ha escuchado en el pueblo cómo los habitantes de entonces se unieron para construir lo que sería su Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable.
Organizaron bailes, pidieron cooperación para juntar dinero y hacerse de materiales como cemento y tuberías. Y tiempo después fundaron el primer pozo ubicado en la plaza central.
El pueblo se erigió en asamblea y designó a los primeros administradores: todos trabajaron si recibir ni un peso a cambio.
Casi 53 años después, el abastecimiento de agua en ese municipio tiene ahora un costo de 50 pesos mensuales, o 25 pesos para los que tienen menos recursos.
Sin embargo, el Ayuntamiento ha presionado desde junio de 2013 al Sistema con amenazas y ataques. Busca controlar la red hidráulica. Quiere entregar el agua y dar concesión a desarrollos urbanos, embotelladoras. Intenta implementar el proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.
El Gobierno del Estado de México propuso en 2007 el proyecto llamado “Ciudades del Bicentenario”, que busca crear poblados autosuficientes y competitivas que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca– se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud, comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.
Bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad económica, acusa el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el Gobierno mexiquense ha despojado a diversas poblaciones de sus bienes naturales, lo que constituye “una violación grave” a su derecho a la vivienda, al agua, a una vida digna, a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación en la toma de decisiones.
Los administradores del Sistema Autónomo, liderados ahora por Sergio Velázquez Morales, tienen fresco en la memoria lo que sucedió el 9 de junio de 2013, fecha en la que “hubo un Atenco”. Ese día por la mañana, el Presidente Municipal –en ese entonces el priista Alfredo Anguiano Fuentes– llamó a una asamblea en la plaza central y ahí anunció su intención de municipalizar el agua.
“La gente se inconformó y acto seguido, Anguiano Fuentes se escondió en la delegación. La gente le pidió que saliera y al no hacerlo se decidió cerrar la autopista México-Querétaro. Tras cuatro horas de bloqueo llegaron granaderos y miembros de la policía estatal y replegaron a la gente con balas de goma. Después empezaron a volar helicópteros y desde arriba nos arrojaron gases lacrimógenos sin pensar si caían en domicilios. La gente se ahogaba, hubo golpes y gente muy lastimada”, comentó Velázquez Morales.
Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
Ocho organizaciones civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y amenazas– en contra de los habitantes del municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto de municipalización del agua”.
Posteriormente, en septiembre de 2013 Vicente Moreno Domínguez, defensor de derechos humanos de la comunidad de Coyotepec, fue atacado con una navaja por tres personas afuera de su domicilio, de acuerdo con el CDHZL y Amnistía Internacional. Dos meses después, Israel Doroteo fue golpeado en la calle luego de recibir amenazas vía telefónica.
Para el 11 de enero de 2015, una comisión del Presidente Municipal clausuró la oficina del sistema que se encuentra dentro del Ayuntamiento. Posteriormente, documenta el CDHZL, Tomás Mezas García, el anterior presidente de la Administración de Agua Potable de Coyotepec, fue golpeado para que “firmara un documento en el que accedía a renunciar, entregar las oficinas y municipalizar el servicio de agua potable”. Horas después fue liberado.
De acuerdo con José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL, el intento de municipalizar el agua en Coyotepec –que ha provocado varios heridos y un asesinato a lo largo de casi tres años de tensión– es para lograr construir la Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, proyectada para el año 2020 y que tendrá un aproximado de 104 mil 100 viviendas y 822 hectáreas de área industrial, según estima la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado.
Después del enfrentamiento de junio de 2013, y de una escalada de intentos por arrebatar al pueblo el control del agua, a decir de Lara Duque, la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, que fue presentada en marzo pasado, cobra sentido.
“Por eso alertó en demasía la Ley Eruviel. Ellos [los habitantes de Coyotepec] son los destinatarios de esa ley. El Estado necesita legalizar la represión para no tener consecuencias políticas y legales que ahora suponen esos actos. Aquí la Ley Eruviel adquiere sentido, no es una ocurrencia porque la necesitan precisamente para controlar a pueblos como este”, comentó Lara Duque y agregó que de los 125 municipios del Estado de México, al rededor de 80 tienen un sistema comunitario que no cuadra con los grandes proyectos del Gobierno.
“Lo que pasó en Coyotepec es un modus operandi del Estado de México con los pueblos originarios […] Para la clase política, estas formas de organización resultan agresivas y no las ven como válidas. ”, dijo.
EL PUEBLO SE OPONE
Cargando una pipa en el pozo Chautonco 1. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.
Coyotepec es un municipio en el que no hay tiendas Oxxo, supermercados o grandes plazas comerciales. Y la población, comentaron habitantes a SinEmbargo, tampoco los quiere.
“La lucha es por defender todos los recursos naturales, nuestros espacios y ellos [el Gobierno] quieren desvirtuar nuestros usos y costumbres. Si se llevan a cabo esos grandes proyectos, habría una explosión demográfica; mayor delincuencia que nadie combate en el Estado de México; mayor contaminación por basura, cuando ya tenemos cerca de aquí un relleno sanitario; vamos a tener calles saturadas con autos que sólo vienen de paso; mayor demanda de servicios, es decir, más extracción de agua. No queremos eso y queremos que se nos respete, no queremos pagar problemas que nosotros no generamos, al fin, ellos hacen sus desarrollos urbanos, traen a la gente y se van, no se quedan a sufrir todos los problemas que generarán”, comentó en entrevista Velázquez Morales.
Actualmente, en la localidad de Huehuetoca, se está desarrollando una Ciudad Bicentenario, que es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno estatal, a decir de Lara Duque, es el gran modelo de proyecto de país que tiene el grupo Atlacomulco, “ahí están todos sus planes de desarrollo inmobiliario, industrial, carretero y comercial; quieren construir grandes ciudades que sean autónomas del centro de la población. El problema es que lo hacen con despojo y la lógica de lucro rebasa la planeación. Se les ocurrió poner miles de departamentos y ahorita el problema es cómo dar abastecimiento de agua, obviamente, necesitan el agua de los alrededores”.
La reacción de la gente ante la municipalización, es: “Mi abuelo hizo ese sistema, no te lo vamos a regalar”. El municipio enfrenta una resistencia popular basada en los usos y costumbres y aunque legalmente les corresponde la administración del agua, en la práctica los pueblos se apropiaron de ese papel.
El 3 de febrero del año pasado las autoridades municipales tomaron el pozo Centro, pero actualmente está bajo la administración de la comunidad. En noviembre y diciembre de 2015 siguieron los intentos de tomar las instalaciones del sistema “de forma violenta” por parte de grupos de choque.
Hasta el momento, a casi tres años de enfrentamiento entre la población de Coyotepec y sus autoridades municipales, la red hidráulica, los tres pozos y las pipas siguen bajo el control del sistema comunitario. Ahora, bajo la administración del panista Pedro Luna Vargas, quien empezó su administración el 1 de enero de 2016, los habitantes notaron un cambio en el discurso. Se evita mencionar la palabra “municipalización”, pero dicen, en realidad se persigue lo mismo.
Luna Vargas inició una campaña para promover una consulta ciudadana que decida el control del agua del municipio.
“La gente está consciente del problema y no quiere que se municipalice el agua. Luna Vargas habla de una dirección y un organismo descentralizado. Lo disfrazan y evitan decir la palabra ‘municipalización’, pero la gente sabe que son los pasos para eso. La gente les echa abajo sus juntas y a nosotros nos da cooperación para los volantes”, explicó Gloria Montiel Solano, Secretaría Interina del Frente Popular 9 de junio.
“La gente no quiere ceder su agua. El servicio quizá no es el adecuado, pero no tenemos una crisis en el abastecimiento de agua potable, no hay reclamos fuertes. La gente está preocupada por ponerse al corriente. Confiamos en que la ciudadanía no aceptará la consulta”, agregó Velázquez Morales.
LO QUE SIGUE EN COYOTEPEC
Pozo Centro en la plaza municipal de Coyotepec. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.
Sergio Velázquez reconoce que no se cuenta con el financiamiento necesario para administrar el Sistema Autónomo, ya que “la mayoría” de los usuarios registrados arrastran adeudos. El pago por el servicio es de 50 pesos mensuales (con descuentos a los de menos ingresos), pero algunos deben incluso desde hace 10 o 20 años, calcula señalando las listas de morosos colocadas afuera de la oficina localizada dentro del Palacio Municipal.
–¿La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene presencia en Coyotepec? –se le cuestionó.
–Desde la década de los 70, afirmó, la Conagua tiene 11 pozos que se alimenta del Río Cuautitlán. Pero el agua la traslada principalmente a la Ciudad de México y sólo envía a dos barrios de Coyotepec desde el pozo 30. La falta de ingresos por adeudo ha desembocado en que sólo se utilizan dos de los tres pozos disponibles para distribuir el agua. Cada día en un barrio distinto se lleva el líquido de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Las personas que no lo reciben pueden acudir a la oficina por un vale que les garantiza el envío de una pipa o una camioneta con mil litros. Las pipas distribuyen 10 o 20 mil litros de agua entre los usuarios demandantes.
Además de este problema, desde noviembre de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha cortado la electricidad de los pozos al menos dos veces, por un adeudo de entre 30 y 35 millones de pesos, afirma Velázquez. Esto orilló a los habitantes a abastecerse de agua a través de las pipas.
De acuerdo con José Antonio Lara, los cortes de luz son una forma de “asfixiar” al sistema de agua por parte del Ayuntamiento. Los habitantes también aseguraron que a esa deuda se le agregaron varios millones de multas que la CFE dio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local.
Coyotepec también está en el camino de independizarse de la CFE y pasar a un sistema de energía usando paneles solares.
Actualmente, el pueblo está en alerta. Tienen información de que grupos de choque buscarán tomar de nueva cuenta la delegación. Se han reunido en asamblea y acordaron establecer guardias en la oficina para impedir que eso se realice.
Según lo señaló Gloria Montiel, las personas que integran estos grupos son del mismo municipio y son gente relacionada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En varios enfrentamientos, estos grupos han contado con el apoyo de policía estatal, ya sea encapsulando a los autónomos o sólo mirando cuando están propinando golpes.
“No será sencillo con el Gobierno. El proyecto de Ciudades Bicentenario es millonario y ambicioso y no cesarán en su intención de llevarse el agua. Es un sistema comunitario que tiene bastante actividad y vida, y es mucha gente la que está involucrada”, concluyó Lara Duque.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/28-04-2016/1652698
Policías de Veracruz se los llevaron. Una madre dice que a un cuartel. Están desaparecidos
La madre, Mariela González, lleva tres años buscando a su hijo José Carlos Mejía y exigiendo la sábana de llamadas que la Fiscalía de Veracruz, encabezada por Luis Ángel Bravo Contreras, le lleva prometiendo. Desea comprobar si la ubicación satelital de su hijo es argumento para responsabilizar a elementos de la SSP de Veracruz y de la Sedena, por el delito de desaparición forzada.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo/Blog Expediente).– “Policías estatales levantaron a mi hijo y luego lo entregaron a los militares. Yo llamé a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Veracruz, y me dijeron que lo tenían en un destacamento de Zongolica, que fuera a recogerlo. Fui una vez que junté para mi pasaje de Jalisco a Veracruz, pero cuando llegué a Carlitos se lo habían tragado los soldados, los estatales o la tierra… Ya no supe nada”.
Es el caso de José Carlos Mejía González, originario de la provincia de Jalisco. Con base en la carpeta de investigación número 77/2013, oficio 1049, el joven, de 19 años, fue visto por última vez el 07 de junio de 2013 en el parque central de Fortín de las Flores, Veracruz. Ahí presuntamente fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, junto a otro sujeto por haber sostenido una riña. Ninguno ha aparecido hasta el día de hoy.
La madre, Mariela González, lleva tres años buscando a su hijo, exigiendo la sábana de llamadas que la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras le lleva prometiendo. Desea comprobar si la ubicación satelital de su hijo es argumento para responsabilizar a la SSP y la Sedena, por el delito de desaparición forzada, injuria castigada con 45 años de prisión, según el Código Penal, artículo 318 bis y subsecuentes.
Con base en el anónimo de un policía federal de inteligencia científica, el proceso de rastreo, dependiendo de la colaboración de la telefonía celular, puede obtenerse hasta en ocho días. No obstante, para la FGE 27 meses no han sido suficientes, desde que doña Mariela González impuso su denuncia ante el ministerio público de Fortín de las Flores.
Por ejemplo: en el caso Tierra Blanca, los cinco jóvenes secuestrados por elementos estatales tuvieron equipos celulares de la compañía Telcel, al igual que José Carlos Mejía González. A los padres de Playa Vicente la información les fue proporcionada en menos de 30 días…
“Hubo quienes vieron el levantón, eran las 11 de la mañana, en pleno centro de la ciudad. Además, un malandro que según conoció a mi hijo, me dijo que policías estatales lo torturaron y luego los militares arrojaron su cuerpo al mar. Yo insistí a las autoridades que hicieran declarar al tal “Charly”; pero cuando decidieron buscarlo, meses más tarde, ya había huido de la ciudad.
La madre soltera, con voz rasgada por la zozobra que le causa no hallar rastro de su primogénito, maldice haber puesto algún día sus aspiraciones laborales en el estado próspero de Javier Duarte de Ochoa. A la fecha, asegura que Veracruz se ha convertido en sinónimo de paranoia para ella y su familia.
“Desde que desaparecieron a mi niño, ya nadie de sus hermanos ha vuelto a Veracruz. Para nosotros ya es un territorio prohibido”.
“PENSÉ QUE VERACRUZ ME DARÍA TRABAJO; PERO SOLO GANÉ UNA DESGRACIA”
Doña Elvia soportó ocho años viviendo en Veracruz. Trabajó con el ex alcalde priista César Torrecillas Ramos, hoy detenido por delito de daño patrimonial. Luego mudó de la política a la labor administrativa en una empresa gasera. Sin embargo, terminó decepcionada de los salarios de la región y regresó a su lugar de origen el 05 de enero de 2013.
Intentó llevarse consigo a su hijo José Carlos, sin embargo ya estaba enamorado de una veracruzana que le redoblaba la edad. Pidió unos meses para convencerla de vivir con él en tierras jaliscienses, pero no le dio tiempo de cumplir su odisea sentimental. Desapareció.
La pareja sentimental del muchacho reportó los funestos hechos del sábado 07 de junio de 2013, frente al Palacio Municipal de Fortín de las Flores. Un familiar acudió inmediatamente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los gendarmes no negaron la detención. Sin embargo, aclararon que el chico ya era responsabilidad de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “A ellos se los estregamos” aseguraron.
Con base en la carpeta de investigación número 77/2013, oficio 1049, la madre llamó a las oficinas de la Sedena, en Veracruz el 10 de junio de 2016, al número telefónico: 01-229-923-93-61, ahí una persona del sexo femenino, quien se negó a dar su referencia, aseguró que el joven José Carlos Mejía González aparecía en la bitácora de detenidos, indicándole que para liberarlo debía acudir al destacamento en Zongolica, Veracruz, donde estaba recluido.
Pese a saber las referencias de su hijo, su posición económica le impidió trasladarse de Jalisco a Veracruz, 2 mil 600 pesos aproximadamente el costo del boleto redondo. “Supe dónde estaba mi hijo, quería ir a abrazarlo, pero el maldito dinero me lo impidió”, explica la madre.
Fue hasta el 26 de junio del mismo año cuando doña Elvia terminó de recolectar pesos en la calle, de pedir prestado a sus amigos y vecinos, hasta que pagó su boleto con destino a la desgracia, a un mundo sórdido y sin respuestas. Para entonces ya se habían gastado 16 días y el rastro de su hijo ya era un mito…
Mariela González llegó sin aliento a las oficinas del ministerio público de Fortín, reportó acelerada que ascendería la Sierra de Zongolica, pues allá estaba su hijo. Sin embargo, el titular del Ministerio Público la paró en seco, talló sus hombros y le dijo: “Debe tranquilizarse, señora, seguir los protocolos de búsqueda y acudir a los lugares que le voy a indicar”.
Y así fue, el discurso del funcionario hipnotizó a la madre y buscó en la Presidencia Municipal, en la Subprocuraduría Regional de Justicia, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Agencia Veracruzana de Investigaciones, (AVI), Policía Federal (PF); todos los sitios de justicia en Fortín de las Flores, pero nada. La madre ya había perdido ocho días más.
“AQUÍ NO TENEMOS A SU HIJO, SI TIENE PRUEBAS YO SE LO ENTREGO”
Fue hasta el 04 de julio de 2016 cuando la madre acudió al destacamento militar en Zongolica, con domicilio en colonia Ignacio Zaragoza, entre calle Cuatro Vientos y de las Ánimas, donde las fuerzas militares se instalaron desde el año 2012 en el mandato de la perredista Lidia Irma Mezhua.
A Mariela González la atendió un mando militar, quien tampoco se presentó. Escuchó en posición de firmes el lamento materno, pero a sus lágrimas las esquivó como balas. “Discúlpeme, señora, pero su hijo aquí no lo tenemos. Si me trae la grabación de la llamada donde mi compañera acepta su detención yo se lo entrego”. Una conversación de la milicia que cabe en dos párrafos.
La madre regresó al cuarto que rentaba en Fortín. La serenidad del hombre de casquete corto le provocó confusión. Sin embargo, el 04 de agosto fue alcanzada por una pareja abordo de una motocicleta. Mariela González reconoció a la mujer como una expareja sentimental de José Carlos Mejía. El muchacho, que pellizcaba los 18 años, se presentó como “El Charly”, de cuerpo flacucho y oloroso a marihuana y banqueta.
“Oiga, usted es la mamá del niñón, de José Carlos, ¿verdad?” preguntó acercándosele. “Mire, señora, su hijo es mi amigo y a él se lo llevaron los estatales, lo torturaron por varios días y luego lo entregaron a la Marina. Los militares, a lo último, tiraron su cuerpo al mar”…
Fueron las últimas palabras del “Charly”, luego aceleró su motoneta y dejó a Mariela inconsolable a ras de acera. La madre acudió nuevamente al Ministerio Público, solicitó entrevistar a los dos sujetos. Sin embargo, el Fiscal volvió a tomarlo con calma, pidió tiempo, y suficiente, para que los dos sujetos abandonaran la ciudad. Hasta la fecha no han sido localizados para declarar.
“Desde aquella vez, cada que acudo a las diligencias en el Ministerio Público de Fortín, mis hijos me dicen que quieren acompañarme y, de paso, buscar a su hermano, pero en casa hay una regla: Veracruz es un territorio prohibido”.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/01-05-2016/1654967
Hieren a balazos y con arma blanca a siete integrantes del Cecop de Guerrero
Siete integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), entre ellos dos mujeres, fueron heridos a balazos y con arma punzocortante durante la feria del santo patrono, el Niño Doctor, que se realizó en la comunidad de Rancho Las Marías.
Además, el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y otros comuneros que acudieron ayudar a las víctimas fueron interceptados por los agresores, que encañonaron al contingente a bordo de una camioneta en El Fraile de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
En una reunión del Cecop en La Concepción, se informó que la agresión ocurrió a las 2 de la madrugada, y los jóvenes agresores fueron identificados como habitantes de dicha comunidad y ex trabajadores del gravillero Humberto Marín.
Las siete víctimas del ataque fueron trasladadas al hospital Donato G. Alarcón de la colonia Ciudad Renacimiento para su atención médica y en la mañana fueron dados de alta por los médicos.
En la reunión a la que acudió el vocero del Cecop, los comuneros criticaron que la Policía Municipal Rural que resguardó la feria huyó luego de escuchar los balazos.
Fuente: El Sur
Autor: Argenis Salmerón
http://suracapulco.mx/instante/hieren-a-balazos-y-con-arma-blanca-a-siete-integrantes-del-cecop/
Las reformas al Código Militar, un camino al golpismo
Las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos penales prefiguran un sistema dictatorial castrense, violan la Constitución y la soberanía popular, engrandecen a las fuerzas militares y hacen vulnerables incluso los recintos legislativos. Todo esto les dijo la madrugada del 29 de abril el senador petista Manuel Bartlett a sus pares del PRI y del PAN cuando se disponían a aprobar sin discusión la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. Pero no lo escucharon… y el riesgo está ahí.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Así se empieza… y se termina en dictaduras militares; no se juega con las armas”, sentenció desde la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido de Trabajo, cuando argumentó contra las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que autoriza el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado, aun cuando la Constitución los define como inviolables.
Exsecretario de Gobernación y exgobernador de Puebla, Bartlett intentó infructuosamente, junto con el senador Alejandro Encinas, que se aprobara una “moción suspensiva” a esas reformas aprobadas el 21 de abril en la Cámara de Diputados en medio de un escándalo por la modificación “en lo oscurito” del dictamen, que fue avalado sin modificaciones por el Senado el último día de sesiones del periodo ordinario.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados “se aprobó en siete minutos en la comisión, sin dar la oportunidad de hacer un estudio enorme, que requería mínimo semanas, porque toca asuntos muy delicados del país”, expuso Bartlett.
Y advirtió: “Las facultades de los fiscales militares son excesivas. El Código Militar de Procedimientos Penales crea un sistema dictatorial; este dictamen va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular”.
Críticas de la ONU
No sólo los senadores del PRD y del PT estuvieron en contra de las reformas a los procedimientos de justicia militar para ajustarlos al nuevo sistema acusatorio oral. Un documento de tres cuartillas, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dirigido el 27 de abril a los coordinadores parlamentarios y a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, advirtió que el proyecto de decreto tenía “aspectos sustantivos” que debían revisarse para evitar mayores violaciones a los derechos humanos.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2061, ya en circulación
Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/439097/las-reformas-al-codigo-militar-camino-al-golpismo
Ayotzinapa, una “verdad” demolida
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –llegado a México como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa– se fue del país en plena confrontación con el gobierno federal. Pese a los obstáculos que enfrentaron sus cinco integrantes, lograron desenmascarar al gobierno y sus operadores, de manera notable al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón de Lucio, su comparsa en la escandalosa e inverosímil “verdad histórica” y dejaron abiertas innumerables preguntas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 28 de octubre de 2014, los periodistas gráficos freelance Daniel Villa y José Manuel Jiménez tuvieron una jornada singular: tomaron innumerables fotos y grabaron un video en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Dieciocho meses después sus imágenes cobraron relevancia, pues muestran las irregularidades con las que se construyó la “verdad histórica” pontificada por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esa versión se apoyó en el trabajo del responsable de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el funcionario al que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusaron de presuntamente “tergiversar” los hechos ocurridos en el río San Juan, donde, según la versión oficial, presuntamente quedaron los restos calcinados de los estudiantes.
Ese día, Villa y Jiménez tuvieron problemas para difundir su trabajo, según cuentan a Proceso por separado.
Villa no pudo colocar su serie fotográfica en los medios, en tanto que Jiménez –excolaborador de este semanario– vendió su video a la productora Vice. La empresa no atendió las recomendaciones de incluir en un documental la imágenes en las cuales aparece Zerón junto a Agustín García Reyes –uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas–, y varios hombres armados, uno de ellos fornido, con traje oscuro, relata Jiménez.
Y Villa comenta divertido: “Ahora resulta que la serie fotográfica del 28 de octubre de 2014 –el fracaso de mi vida– sirvió para que Ayotzinapa no quede en el olvido… Movió al sistema”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2061, ya en circulación
Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/439101/una-verdad-demolida
Continúa el paro en las "vocas"; acuerda la AGP marchar a la SEP
Ciudad de México. La Asamblea General Politécnica y representantes de las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional en paro, marcharán el miércoles desde de la Vocacional 5, Ciudadela, a la Secretaría de Educación Pública.
Marchan sindicatos independientes
Ciudad de México. Cientos de trabajadores agrupados en sindicatos independientes iniciaron su marcha del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
La movilización, en la que también participan los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es en contra de las reformas liberales y el modelo neoliberal de desarrollo .
En esta columna, que ocupan los dos sentidos de Paseo de la Reforma, marchan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la Nueva Central de Trabajadores, y del Frente Auténtico del Campo, entre muchos otros.
Marcha desde Eje Central
Se preparan los contingentes de los sindicatos independientes para iniciar la marcha por el Día del trabajo.
Arrancaron sobre Eje Central en dos bloques. Uno encabezado por el Sindicato de Telefonistas, que llegará al zócalo capitalino por la calle 16 de Septiembre, y el otro ingresará a la plancha por 5 de Mayo, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y de sobrecargos.
Fuente: La Jornada
Autor: José Antonio Román y Ángeles Cruz
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/01/sindicatos-independientes-se-alistan-para-marchar-por-el-dia-del-trabajo-1
Incendian vehículo frente a oficina de priísta en Edomex
Cuautitlán Izcalli, Méx. Un vehículo fue incendiado frente a las instalaciones de las oficinas del diputado federal priísta, Francisco Rojas San Román, en este municipio, informó la policía municipal.
Los hechos ocurrieron al filo de la 1:30 horas cuando vecinos reportaron un vehículo incendiándose en calle Cerrada San Fernando, colonia Santa Rosa de Lima.
Los bomberos arribaron al lugar para sofocar el fuego; no se han reportado lesionados. Hasta el momento se desconoce si el vehículo era propiedad del diputado.
El pasado 6 de marzo fueron arrojadas piedras y bombas molotov a las instalaciones del comité municipal del PRI, en Cuautitlán Izcalli, el cual también fue pintarrajeado el pasado 26 de febrero.
Fuente: La Jornada
Autor: Javier Salinas Cesáreo
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/01/incendian-vehiculo-frente-a-oficina-de-priista-en-edomex
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