La determinación del gobierno de EU de considerar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas empieza a afectar a empresas y sectores productivos, ya que los tentáculos del narco han penetrado de una u otra manera industrias lícitas.
En uno de los hoteles enclavados a unos pasos del Parque Papagayo los dueños recibieron un aviso con un documento: el Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero ha activado un protocolo de prevención. ¿La razón?, dos bancos y una casa de cambio han sido señalados por el gobierno de Donald Trump por narcolavado. La acusación se sustenta en la nueva clasificación que coloca a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas.
El dueño del hotel, con el celular temblando entre las manos, lee en voz alta el mensaje que acaba de llegar de sus compañeros, y advierte: “Debes ponerle atención, mucho cuidado”. En la pantalla, un archivo PDF con el protocolo de prevención aparece listo para ser abierto, como si se tratara de un parte de guerra.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tres instituciones del sistema financiero mexicano, fueron señaladas en la última semana de junio de 2025 por lavado de dinero para los cárteles. La reacción de sus clientes y aliados internacionales fue inmediata: fuga de capitales, cancelación de servicios y cierres de cuentas por parte de socios globales.
Para los siguientes meses perderán su capacidad de operar en territorio estadunidense, una sanción devastadora para cualquier institución financiera con vocación internacional.
No obstante, lo más preocupante no es lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir...
Documentos elaborados por el sector privado obtenidos por Proceso, así como entrevistas con especialistas y empresarios, señalan que las implicaciones ya están alcanzando a empresas, empresarios y sectores productivos completos.
De hecho, de acuerdo con la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, tras la declaratoria que clasifica a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, su gobierno tiene identificado que los grupos criminales en México lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anuales.
Parte de los giros comerciales señalados por narcolavado, se fundamentan en el marco legal que habilita al gobierno estadunidense a actuar más allá de sus fronteras, la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), junto con la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Ambas normativas permiten clasificar a individuos, entidades e incluso actividades económicas asociadas con el narcotráfico como amenazas terroristas, lo que habilita sanciones, congelamiento de activos y restricción de operaciones financieras.
“Hay una diversificación, y eso es una forma linda de decir que los tentáculos de los cárteles se han extendido hacia esas industrias o se van a extender más de lo que ya están”, dice en entrevista el abogado Michel Levien, especialista en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y transparencia financiera.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 26 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2025
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.
No hay comentarios: