Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

Sin que se conozcan detalles, un juez federal en Jalisco declaró prescrita la acción penal emprendida hace por lo menos 13 años en contra del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, por su probable responsabilidad criminal en el delito de delincuencia organizada. Fallo que fue impugnado por la Fiscalía General de la República para que sea resuelto por un Tribunal Colegiado de Apelación en la misma entidad federativa.

La polémica resolución fue emitida el 28 de septiembre reciente por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco dentro de la causa penal 53/2024 declarando prescrita la acción penal, y por tanto, la orden de aprehensión dictada en el año 2012 en contra del capo michoacano que también utiliza los nombres de Nemesio Oseguera Ramos y/o Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como el Gallero o el Señor de los Gallos.

El asunto de delincuencia organizada por el que era acusado el Mencho está relacionado con el secuestro de una familia completa (hombres, mujeres y niños) en el año referido en la zona conocida como El Bajío, en el municipio de Zapopan, para despojarles de sus propiedades. Una vez liberados tras ser desapoderados de sus tierras, las víctimas salieron del país para refugiarse en Texas, desde donde se interpuso la denuncia y se llevan a cabo acciones legales para recuperar su inmueble.

Por los hechos existen personas presas, unas procesadas y otras sentenciadas condenatoriamente, pero para el juez de la causa el alcance de las autoridades ministeriales para llevar a cabo la captura del líder del CJNG ya feneció por el simple transcurso del tiempo sin que haya sido localizado ni llevado a juicio, por lo que decretó el sobreseimiento de la causa, dejando en estado de indefensión a las víctimas, según lo considera el Ministerio Público de la Federación, que desde luego apeló al fallo.

El asunto ya fue turnado al Primer tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, donde se radicó el toca penal para resolver si confirma, modifica o revoca la resolución del juzgador. Incluso el expediente ya se turnó a uno de los tres magistrados para que funja como ponente y elabore el proyecto de sentencia correspondiente.

Los coacusados de Nemesio Oseguera Cervantes, visibles en el mismo caso, son, entre otros, César Cazarín Molina, el Tanque; Héctor de Jesús de la Cruz Juan, el Teto; Ulises Héctor Olivares López y Wilfrido Vázquez Gutiérrez.

En una acción coordinada, fuerzas federales detuvieron hoy a Jair Francisco "N", alias "H4", quien es señalado como un integrante del cártel de Los Beltrán Leyva.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la captura se llevó a cabo en la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), a raíz de trabajos de investigación durante los cuales se recabaron pruebas que posteriormente se presentaron ante un Juez para obtener la orden de aprehensión.

"Al detenido se le informaron sus derechos de Ley y fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica", indicó el Gabinete de Seguridad en su comunicado.

En Tepotzotlán, Edomex, derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, y @SSPCMexico detuvieron a Jair Francisco “N”, alias “H4”, integrante de “Los Beltrán Leyva”.

Cuenta con una orden de aprehensión vigente con… pic.twitter.com/XpN2n9MrRo

— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

En la tarde del 8 de marzo, un buque petrolero llamado Torm Agnes entró al Puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico de México, transportando casi 120,000 barriles de diésel.

Un buque así era poco común en ese puerto, que acoge principalmente cruceros, yates de lujo y portacontenedores. Ensenada carece de la infraestructura necesaria para descargar hidrocarburos inflamables de forma segura, lo que lo hacía aún más extraño.

Oleadas de camiones llegaron al muelle para llevarse gran parte de la carga del Torm Agnes.

Los trabajadores se apresuraron a llenar los tanques de los vehículos, hasta seis a la vez, usando mangueras que salían de una más grande fijada al buque. La operación, aunque arriesgada, transcurrió con precisión, según un testigo presencial y una foto y un video del incidente compartidos con Reuters.

“Tenían un equipo, eran muy meticulosos en lo que tenían que hacer y eran muy rápidos”, dijo la persona. “Trabajaron sin parar, incluso de noche”.

La audaz maniobra fue obra de contrabandistas vinculados a un cártel, según tres fuentes de seguridad mexicanas y tres personas familiarizadas con la operación, parte de una ola de contrabandistas que están revolucionando el mercado de combustible de México con una inundación a bajo precio obtenido principalmente de los Estados Unidos y que se disfraza en las declaraciones aduaneras como otra cosa.

Los delincuentes mexicanos no actuaron solos. Una empresa de Houston llamada Ikon Midstream jugó un papel clave en la operación multimillonaria de Ensenada, según descubrió Reuters.

Compró el diésel en Canadá, dijo en la documentación que se trataba de lubricantes y alquiló el buque para entregarlo a un cliente que, según las autoridades mexicanas, es una fachada de uno de los cárteles más grandes y violentos del país.

Ikon Midstream y su director ejecutivo, Rhett Kenagy, no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. El abogado Joseph O. Slovacek, quien representa a la compañía y a Kenagy, le indicó a Reuters en un correo electrónico del 18 de octubre que dejara de contactar a sus clientes. “¡Nadie hablará con su reportero!”, dijo Slovacek.

El Puerto de Ensenada no respondió a una solicitud de comentarios. Torm, con sede en Dinamarca y gestora de una de las flotas de petroleros más grandes del mundo, incluyendo el Torm Agnes, dijo que dejó de operar con Ikon Midstream pocas semanas después del incidente de Ensenada.

Si ese diésel, con un valor aproximado de 12 millones de dólares, se hubiera declarado a las autoridades aduaneras, habría estado sujeto a casi siete millones de dólares en impuestos al ingresar a México, según un cálculo de Reuters basado en el volumen de diésel y la tasa impositiva vigente en ese momento. Sin embargo, el petroquímico estaba exento del gravamen.

Torm Agnes, con bandera danesa, fue uno de varios petroleros que en los últimos años transportaron combustible, pero declararon su carga como lubricantes para evadir impuestos y controles aduaneros, según un resumen sin fecha del presunto esquema de contrabando elaborado por las fuerzas de seguridad del Gobierno y al que tuvo acceso Reuters. La autenticidad del memorando fue confirmada por dos fuentes de seguridad.

El Gobierno de México no ha dicho cuánto le ha costado al país el contrabando de combustible en ingresos perdidos del IEPS, pero la fuente que solía ayudar al fisco a calcular el tamaño del comercio ilícito dijo que era de casi 4,000 millones de dólares en 2024. El partido de oposición PAN ha elevado la cifra aún más, en alrededor de 10,000 millones de dólares, calificándola “el mayor acto de corrupción en la historia de México.”

Ni la autoridad fiscal de México ni su agencia aduanera respondieron a las solicitudes de comentarios.

Torm, en un correo electrónico del 5 de agosto, dijo que no era responsable ni estaba involucrado en la tramitación de los trámites aduaneros para los envíos. Todos los documentos que recibió de Ikon Midstream, agregó Torm, declaraban consistentemente que los productos transportados en sus buques eran “ULSD y/o nafta”. ULSD es el acrónimo de la industria para diésel ultrabajo en azufre. Torm se negó a compartir con Reuters los documentos que afirmó haber recibido de Ikon Midstream, citando obligaciones contractuales.

“Con base en lo que ha salido a la luz, hemos decidido no seguir haciendo negocios con Ikon Midstream”, dijo Torm sin dar más detalles en un correo electrónico a Reuters el 27 de agosto.

Torm rompió relaciones comerciales con Ikon Midstream a principios de abril y canceló dos contratos futuros con la compañía, dijo un portavoz de Torm en un correo electrónico posterior a la agencia de noticias el 5 de septiembre.

Como parte de los esfuerzos de Reuters para buscar comentarios de Ikon Midstream, un periodista visitó la sede de la compañía en Houston en agosto, pero fue rechazado por una persona que dijo que trabajaba para Ikon Midstream y dio su nombre solo como Daniel.

Kenagy, como muchos ejecutivos involucrados en el comercio petrolero mundial valorado en más de un billón de dólares, proyecta una imagen de éxito. A principios de este año, compró una mansión y terrenos en Houston valorados en más de 6 millones de dólares, según registros de propiedad locales. Su cuenta de Instagram está repleta de imágenes de autos deportivos, motocicletas exóticas y jets privados.

Él y su esposa, Janelle Alexis Flatt, aparecieron en un episodio de 2022 del reality show Below Deck Sailing Yacht, que narra la vida de los miembros de la tripulación a bordo de un barco de lujo y sus experiencias con los huéspedes que lo alquilan.

Flatt no respondió a las solicitudes de comentarios.

Kenagy también es un agente registrado de al menos media decena de empresas que ya no están operativas, incluidas de minería, construcción y entretenimiento, según muestran los registros comerciales de Texas.

Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang” y/o “Li Gong Sun Chang” y/o “Ku Li Hernández” y/o “Brother Wang” y/o “BW” y/o “Pancho” y/o “Heh” y/o “Chino” y/o “Summor Ownor” -ciudadano de origen chino, presunto proveedor de fentanilo de los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien escapó, el 10 de julio de 2025, mientras se encontraba en arraigo domiciliario bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional (GN), en un domicilio ubicado en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, el mismo día que ordenaron una nueva captura en su contra en Estados Unidos, por lavar más de 20 millones de dólares en el sistema bancario, y quien fue arrestado en Cuba, el día 21 del mismo mes y año-, fue trasladado a Brooklyn, el 24 de octubre de 2025, para que se presente ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Cogan fue quien llevó los procesos judiciales de Genaro García Luna -ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, así como de los capos sinaloenses, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, e Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, cofundadores y ex líderes del Cártel de Sinaloa, entre otros.

Dong Zhang fue entregado, el 23 de octubre de 2025, por el Gobierno de México a su homólogo de Estados Unidos, luego de su recaptura en Cuba tras haber huido de un arraigo domiciliario en territorio mexicano. Un día después fue presentado ante la Corte Federal de Distrito para el Sur de Texas, en Brownsville.

En dicha audiencia, el juez Ignacio Torteya determinó que el capo chino debería enfrentar inicialmente los cargos en su contra en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, mismos que fueron presentados desde junio de 2021. Dong Zhang no se opuso al traslado.

En la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el capo chino enfrentaría diez cargos de tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas, así como lavado de dinero, aunque la versión pública de la acusación en su contra sólo mencionaba una transacción de 54 mil dólares, llevada a cabo en noviembre de 2020. En este caso, Cosme Avendaño Soto y Qi Yun eran los coacusados de Dong Zhang.

Las dos acusaciones principales contra el capo chino estaban radicadas ante la Corte Federal de Distrito para el Norte de Georgia, con sede en Atlanta, ya que en octubre de 2022 fue imputado por trece cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero, debido a que le detectaron transacciones por 335 mil dólares.

El 24 de octubre de 2025, un juez de esa misma Corte Federal, Justin S. Anand, fijó para el 17 de noviembre del mismo año, como fecha de la audiencia inicial contra el acusado, de 48 años de edad.

El 5 de julio de 2025, sin embargo, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), presentaron una declaración jurada ante la misma Corte, en la que lo identificaron como uno de los líderes de una organización de tráfico de cocaína y fentanilo importados desde México, que operaba en Los Angeles, California, y Atlanta, Georgia.

La investigación detectó al menos 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias vinculadas con “Brother Wang”, que recibieron depósitos por 20 millones de dólares, entre 2020 y 2021. Seis días después de dicha acción de la DEA, el 11 de julio de 2025, un juez federal en México benefició a Dong Zhang con prisión domiciliaria, medida que el fugitivo aprovechó para escapar del territorio mexicano.

La Fiscalía General de Estados Unidos y la defensa del capo michoacano Abigael González Valencia, alias “El Cuini” -líder del grupo delictivo Los Cuinis, socios y administradores de los recursos económicos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”-, solicitaron, el 22 de octubre de 2025, aplazar la audiencia, programada para el día 24 del mismo mes y año, en la Corte Federal del Distrito de Columbia -en Washington D.C.-, al menos tres meses, hasta el 22 de enero de 2026, para dar tiempo a las negociaciones de un potencial acuerdo de culpabilidad.

“Desde la última audiencia de estatus, el Gobierno ha producido una voluminosa cantidad de evidencia a la defensa para el acusado y las partes han diligentemente la evidencia en este caso y posibles resoluciones antes de un juicio. Las partes necesitan tiempo adicional para concluir sus negociaciones con relación a un potencial acuerdo de culpabilidad”, señalaron la Fiscalía General estadounidense y los abogados del capo michoacano.

En aras de avanzar las negociaciones con el Gobierno de EE. UU., la defensa de “El Cuini”, a cargo del abogado Robert Feitl, así como Margaret Moeser y Kaitlin Sahni, representantes de la Fiscalía General de Estados Unidos, solicitaron que la comparecencia de González Valencia se llevara a cabo el 22 de enero de 2026, o en alguna fecha cercana.

Terrance “Terry” Cole, titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), difundió, el 14 de agosto de 2025, una fotografía de él escoltando a “El Cuini”, líder del grupo delictivo Los Cuinis, socios y administradores de los recursos económicos del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como cuñado de “El Mencho”.

“𝐈𝐍 𝐂𝐔𝐒𝐓𝐎𝐃𝐘: El administrador de la #DEA, Terry Cole, detiene al objetivo de alto nivel de la DEA, Abigael “El Cuini” González Valencia, cuñado de “El Mencho” y principal financiero de la operación del CJNG. #DEACartelExperts #OpTakeBackAmerica #GodBlessLE”, escribió en su cuenta de X, la agencia del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), en la cual se anexó la imagen.

En la fotografía se observaba al cuñado de “El Mencho”, esposado de pies y manos, además de que estaba vestido con un overol color beige, tras bajar del avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que lo trasladó desde la Ciudad de México a Washington D.C.

Además de “El Cuini”, se veía al funcionario federal estadounidense, ataviado con unos lentes oscuros, camisa blanca a rayas y una chamarra color azul marino, con las siglas de la DEA. Además de un presunto agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Gobierno de México, que agarró del brazo al capo michoacano.

Cole calificó, el 13 de agosto de 2025, como un “paso significativo para desmantelar a los cárteles”, la entrega, un día antes, por parte de autoridades de México, de 26 capos mexicanos. El funcionario federal estadounidense destacó el traslado a EE. UU. de “El Cuini”.

En un comunicado, publicado en la cuenta de X de la DEA, Cole aseguró que “estas detenciones son el resultado del incansable trabajo de investigación” de dicha agencia del Departamento de Justicia de EE. UU, “y la coordinación operativa entre las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas”.

“Este es un paso significativo en el esfuerzo continuo de la DEA por desmantelar los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Veintiséis fugitivos, muchos de ellos asociados con el CJNG, Sinaloa y Los Zetas, se encuentran ahora bajo custodia estadounidense”, indicó Cole.

“Entre ellos se encuentra Abigael ‘El Cuini’ González Valencia, cuñado del líder del CJNG, ‘El Mencho’, y líder de Los Cuinis, organización responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos. Estos arrestos son el resultado de la incansable labor de investigación de la DEA y la coordinación operativa entre las autoridades estadounidenses y mexicanas”, finalizó el funcionario federal de EE. UU.

“El Cuini” se declaró no culpable, el 13 de agosto de 2025, durante una comparecencia en la Corte Federal del Distrito de Columbia -en Washington D.C.-, por cargos de crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina y uso de armas de fuego. Luego, tuvo su primera comparecencia ante la jueza Beryl A. Howell, el día 26 del mismo mes y año, acusado de liderar una extensa red de tráfico de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, junto con “El Mencho”. Además, de crimen organizado y uso de armas de fuego.

Para el Gobierno de Estados Unidos, “El Cuini”, con su manejo de las finanzas del CJNG, era el responsable de la expansión de las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. En caso de que fuera declarado culpable, enfrentaría la cadena perpetua.

El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó, el 12 de agosto de 2025, que entre los 26 presuntos delincuentes, que a su solicitud fueron trasladados por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con las secretarías SSPC del Gobierno Federal, de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB) a dicho país, se encontraba González Valencia.

“[…] Los Cuinis, un importante cártel mexicano de la droga responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hacia Estados Unidos. Los Cuinis financiaron la fundación y el crecimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y otros países, y es conocido por su violencia extrema, asesinatos, tortura y corrupción”, señaló, el 20 de junio de 2025, el DOJ, en un comunicado.

“En febrero de 2025, el presidente [Donald] Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera. Según documentos judiciales, el máximo líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como ‘El Mencho’, es cuñado de los hermanos González-Valencia. Estrechamente aliados, Los Cuinis y el CJNG forman una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y prolíficas del mundo, responsable del envío de enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y de ejercer una violencia extrema para lograr dicho objetivo”, destacó el Departamento de Justicia de EE. UU.

“En el traslado de hoy se incluyen los siguientes fugitivos: Abigael González Valencia, también conocido como ‘Cuini’, es uno de los líderes de Los Cuinis, un importante cártel de la droga mexicano responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos”, detalló el DOJ, el 12 de agosto de 2025.

Juan Lira Maldonado, considerado prófugo de la justicia por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), creó este año la empresa Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V., junto con otros dos socios. Entre ellos está Sergio Acacio Ramírez Lazcano, quien también fundó en 2025 Transportes ANY JU, S.A. de C.V. como accionista mayoritario.

Hasta octubre de este año no hay evidencia pública de contratos adjudicados o en ejecución para ninguna de las dos compañías. Juan Lira Maldonado, conocido como el “Moco”, además de ser señalado como presunto huachicolero y narcomenudista, fue candidato del partido Fuerza por México y contendió por la alcaldía de Chignahuapan, Puebla.

En el acta constitutiva de Grupo Constructor JLM SARL AAT, S.A. de C.V. los inversionistas son Juan Lira Maldonado, con 33.4 % de las acciones; Sergio Acacio Ramírez Lazcano, con 33.4 % y Alexis Arroyo Téllez, con 33.2 %.

En octubre de ese mismo año fue aprehendido su yerno, Emmanuel Domínguez Galindo, y en julio de 2024 tanto su esposa Margarita como su hija Anallely fueron vinculadas a proceso por diversos delitos.

A pesar de las acusaciones en su contra salió de la cárcel y pasó de “participar activamente en campañas políticas desde el año 2008, apoyando a todos los candidatos ganadores desde esa fecha”, según señala él mismo en información disponible en el IEE, a entrar abiertamente a la política hasta convertirse en aspirante a la presidencia municipal de Chignahuapan.

Fuerza por México, el partido que lo postuló, fue constituido como asociación civil en 2019 por Pedro Haces Barba, actual dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y diputado federal por Morena, así como por Gerardo Islas Maldonado, quien murió en febrero de 2022 en Madrid, España.

Recientemente, grupos empresariales del estado de Durango denunciaron que “las extorsiones y cobros ilegales hechas a manos de operadores vinculados a la organización sindical Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y grupos del crimen organizado”.

Lira Maldonado perdió la alcaldía de Chignahuapan, pese al apoyo de Pedro Haces Barba, tras la anulación de las elecciones que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se convocó a elecciones extraordinarias en las que él ya no participó como candidato.

En diciembre de 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Lira Maldonado, quien buscaba que se declarara inconstitucional un artículo que otorga facultades a las autoridades de Puebla para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito por el que él ha sido investigado en la entidad.

Presumiblemente de 2014 a 2020 adquirió al contado diversos bienes inmuebles, y vehículos de alta gama, entre los que se encuentran un Ford F150, modelo 2002; GM Venture, modelo 2000; GM Chevrolet Cheyenne, modelo 2018; Honda Odyssey, modelo 2011; GM Buick Enclave, modelo 2019.

En la audiencia de vinculación a proceso que se formuló en su contra en 2020 se señaló que probablemente “dichas adquisiciones se realizaron con recursos que proceden o representan el producto o ganancias de una actividad ilícita, tomando en razón el antecedente de las actividades a que se dedica el imputado, así como el nexo familiar que guarda con los testaferros y que son las personas que figuran como titulares de los mismos, que son sus hijos y su concubina”.

El 20 de febrero de 2023, en un video que se difundió en redes sociales, la “Operativa Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) dio a conocer su irrupción en el escenario criminal de Puebla. 

Un grupo de hombres, vestidos con ropa táctica, encapuchados y con armas largas, anunció en esa grabación que haría una “limpia” de supuestos criminales que se hacían pasar como parte del CJNG para delinquir en el municipio de San Martín Texmelucan.

Además, el 11 de septiembre último aparecieron mantas en los bulevares Hermanos Serdán y Atlixco, arterias altamente transitadas, donde la Operativa Barredora anunciaba a los poblanos que iniciaría una cacería de delincuentes. 

A partir de eso el grupo se acreditó diversas ejecuciones y hechos de violencia. Entre ellos, el homicidio de Adán Montes, quien tenía poco que había desertado de la policía estatal, y fue ultimado a balazos el 26 de marzo de 2024 en el estacionamiento del centro comercial Periplaza. 

El 1 de abril último, mismo día que arrancaron las campañas para elegir gobernador, alcaldes y diputados locales, la organización criminal publicó un video en el que dio nombres de supuestos mandos policiacos municipales, estatales y federales que estarían vinculados con robo de transporte de carga y tráfico de migrantes en esta entidad.

También a La Barredora se le adjudica la ejecución de la influencer Vielka Pulido y de su pareja ocurrida el 3 de abril, cuando salían del gimnasio Beats en Zavaleta. 

Dos días después, el 5 de abril, los cuerpos de siete personas descuartizadas, con las cabezas expuestas a la vista de los transeúntes, fueron localizadas en un auto abandonado en el Periférico Ecológico de esta ciudad. 

Entre los desmembrados se encontraba Alejandro N., alias el Tiburón, un expolicía que días antes había aparecido en un video sometido y confesando su participación en el robo al transporte. 

En 2024 La Barredora se atribuyó múltiples ejecuciones como la de Alexis el Jaguar, quien fue baleado el 9 de julio dentro del casino Big Bola de Lomas de Angelópolis y la de su presunto socio César Eduardo Garrido, empresario levantado el 8 de septiembre del bar Mochomo´s en Plaza Solesta y que fue localizado muerto al día siguiente en un vehículo estacionado en el Complejo Metropolitano de Seguridad (C5). Ese mismo día otro auto fue incendiado a las afueras de ese centro policiaco.

De manera similar, el 21 de septiembre de ese año ese grupo abandonó dos autos en llamas en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, en la autopista Puebla-Orizaba; en uno de ellos había restos de cuatro personas y en el otro, de tres más. 

El 17 de octubre de 2024 fue abandonado otro auto sobre la autopista México-Puebla, frente al Arco de Seguridad de Huejotzingo, con cuatro cuerpos calcinados en su interior. Un video que circuló después de los hallazgos mostró a estas víctimas señalando que trabajaban en robo de transporte para Mauricio Céspedes Peregrina, diputado local y hermano del entonces gobernador Salomón Céspedes.

Luego; el 22 de octubre, a este grupo se adjudica el asesinato de dos policías municipales de Xoxtla cuando estaban en el interior de una patrulla. 

El 5 de noviembre miembros de ese grupo delincuencial ingresaron a un hospital de Atlixco para ultimar a Juan Carlos, el Salchichas ; también mataron a dos policías que estaban vigilando. 

Ya en 2025 a La Barredora se le atribuye el acribillamiento de dos policías municipales en la colonia del Valle en esta capital, lo cual fue seguido con los incendios simultáneos de un Oxxo, un automóvil, un depósito de materiales y un camión urbano. 

Entre otras desapariciones y ejecutados, el 5 de abril el grupo La Barredora dejó cinco cuerpos emplayados, junto a un mensaje amenazante en la batea de una camioneta abandonada en la zona histórica de los Fuertes, misma en la que se gestó la Batalla del 5 de Mayo y donde unos días después iniciaría la Feria de Puebla 2025. 

Luego, el 30 de junio, dos policías de Coronago resultaron heridos cuando acudieron a revisar un vehículo abandonado y al acercarse detonaron dos granadas de fragmentación. 

El 31 de julio un custodio de nombre Juan Pablo fue asesinado cuando se encontraba desayunando en una cocina económica en la colonia Lomas de San Miguel, crimen que también fue atribuido a La Barredora. 

Y el 19 de agosto la organización delictiva dejó seis cabezas humanas en la zona limítrofe de Puebla y Tlaxcala. 

En diferentes operativos más de 20 integrantes de La Barredora Puebla han sido detenidos este año, entre ellos los cuatro policías municipales de la capital, acusados de ser parte de una red de infiltración. 

Mauricio Saldaña Rodríguez, analista de seguridad, escribió en un reporte que publicó en el portal Lado B que en tanto los reflectores están enfocados en La Barredora, otros grupos como la Familia Michoana “avanzan en paz” en Puebla. 

Esa agrupación criminal se atribuyó la ejecución de dos hombres que fueron encontrados emplayados el 22 de agosto a las afueras del mercado 5 de Mayo y de otro comerciante cuyo cuerpo fue tirado el 15 de septiembre en el Barrio de Analco, los dos sitios ubicados en pleno Centro Histórico de Puebla.

Sobre la presunta detención de Zhi Dong Zhang, ciudadano chino acusado por autoridades estadounidenses de encabezar una organización criminal transnacional, quien estaría arraigado en Cuba, la presidenta Sheinbaum se negó a confirmar la versión publicada por El País basada en fuentes oficiales. 

–Sí… que informe el secretario de Seguridad

–¿Pero lo puede confirmar?

–Que informe el secretario de Seguridad –acotó la presidenta, poniendo fin al tema, con una risa nerviosa.

Sin embargo, la propia presidenta adelantó que el Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, asistirá hasta el 11 de noviembre a la mañanera, aunque este miércoles comparecerá ante el Senado.

Tampoco la Cancillería mexicana ha brindado mayores informes al respecto, dada la tensa relación entre Cuba y Estados Unidos, que busca procesar a este individuo por tráfico de drogas y lavado de dinero.