José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de ambas organizaciones, plasmó en el juicio de inconformidad que el incumplimiento de estos requerimientos se sustenta en conductas como el ocultamiento y la manipulación de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la falta de investigación y sanción a los mandos superiores que ordenaron la represión en Atenco, y la inaplicación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).
Desde su designación como procurador general de Justicia del Estado de México, el 26 de mayo de 2014, señala el documento, se incrementaron actos de tortura, desapariciones forzadas, y ejecuciones extrajudiciales de personas, incluida la de una menor de 14 años.
Además, acusa, se fabricaron carpetas de investigación a miles de jóvenes, y personas que nunca cometieron delito fueron llevados a prisión y sentenciados siendo inocentes.
En el recurso también detalló su propia detención y permanencia en la cárcel con cuatro carpetas de investigación que le fueron fabricadas y en las que nunca se comprobó su culpabilidad, de manera que fue considerado prisionero de conciencia y resultó liberado como preso político en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La demanda expone que, a 16 días de su nombramiento como procurador, Gómez Sánchez participó en el ocultamiento y manipulación de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, en la que murieron 22 civiles.
Clara Gómez González, sobreviviente y madre de una adolescente de 14 años que fue ejecutada, había ido a buscar a su hija el 30 de junio de 2014, a la bodega de San Pedro Limón, donde ocurrieron los hechos, afirmó que los militares dispararon mientras los civiles dormían, y dijo que todavía vio a su hija con vida, herida, desarmada y pecho tierra para protegerse.
Después fue retenida e incomunicada por varios días en las oficinas centrales de la ahora FGJEM en Toluca, donde sufrió maltrato, tortura y amenazas para firmar declaraciones que acreditaban la versión de los militares en el sentido de que fueron atacados por los civiles y sólo se defendieron.
Un mes después, el hijo de Clara Gómez le mostro´ las fotos del cuerpo de su hija fallecida, con un arma en la mano izquierda (era diestra) y tirada boca arriba en una posición en la que jamás la vio.
El documento indica que el entonces presidente Enrique Peña pretendió dar impunidad a Gómez Sánchez por estos hechos y lo propuso en la terna para ocupar las vacantes de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero en su comparecencia ante el Senado, el 25 de noviembre de 2015, fue cuestionado sobre el tema y vetado para ser nominado como ministro.
La denuncia también plantea que el 21 de noviembre de 2017, Alejandro Gómez quiso justificar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) graves violaciones a los derechos humanos en contra de las mujeres de Atenco ocurridas en 2006, aseguró que 18 elementos policiacos fueron sujetos a proceso penal por el delito de tortura.
Mientras, en la misma fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó “que a 11 años de los sucesos existe una impunidad total, pues las autoridades revictimizan a las personas agredidas y se niegan a investigar si hay responsabilidades en el nivel federal”.
Ambas instancias internacionales cuestionaron por qué no sé investigó a los responsables superiores: Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna, Enrique Peña Nieto, Humberto Benítez Treviño y Wilfrido Robledo, con lo que se advierte que Gómez Sánchez ocultó “actos delictivos”.
De igual manera, plantea un supuesto desvío de recursos públicos, pues el también exfiscal avaló y operó miles de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), destinados a la implementación, instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), sin que los recursos se hayan utilizado para ese fin, como se desprende de diversas documentales públicas obtenidas a través de solicitudes de transparencia que presenta como pruebas.
Lo anterior, se tradujo en la ausencia del servicio civil de carrera ministerial, policial y pericial, falta de certificación de los operadores de justicia, ausencia de protocolos y del sistema policial homologado, dando como resultado “que miles de personas privadas de la libertad son procesadas y sentenciadas siendo inocentes, por delitos que no cometieron, principalmente los de alto impacto”.
En su caso particular, recordó que fue detenido el 4 de noviembre de 2015 con falsas imputaciones de robo a casa-habitación en tres carpetas distintas y una por extorsión, hechos que jamás se acreditaron y por los que resultó absuelto.
El exfiscal, prosigue el juicio, facilitó la invasión de miles de viviendas de conjuntos habitacionales de Tecámac en 2014, y protegió a líderes de esta actividad, como Noé Centeno Ruíz, Delia Hernández, Israel y Ricardo Enríquez Dávila y Norma Leonar Olguín, quienes aparecían como víctimas en las carpetas de investigación que le fueron fabricadas.
En la demanda se asegura que el 18 de mayo de 2025, como parte de su campaña, Gómez Sánchez se reunió con líderes de invasores de viviendas de Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli como Israel Enrique Dávila y Eloy Peralta Mora, exfiscal regional de Tecámac.
Todos estos antecedentes, refirió, no fueron debidamente valorados por los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que postularon al hoy magistrado electo, ni por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quien finalmente le entregó constancia de mayoría.
