La Sofipo no ha pagado la liquidación de alrededor de 300 extrabajadores, con una antigüedad que va de los dos hasta los 17 años, ni la última quincena de marzo; piden que las autoridades los apoyen con sus casos.
Días antes de que terminara ese mes la empresa convocó a los empleados a una reunión virtual para avisarles que estaba pasando por “situaciones complicadas”, por lo que ya no podría seguir con la relación laboral. Les prometió que su última quincena se les depositaría junto con su liquidación, a más tardar dos semanas después del anuncio, pero eso no ha ocurrido hasta el día de hoy.
A tres meses de su despido, nadie responde llamadas ni correos y tampoco hay oficinas abiertas para reclamar. Ante ello, algunos trabajadores acudieron a los Centros de Conciliación de su entidad sin que hayan logrado tener un avance ya que solo han recibido una carta de “no conciliación” debido a que, en la mayoría de los casos, los representantes de CAME no se presentaron a las audiencias.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, la carta de no conciliación certifica que se agotó la etapa en la que ambas partes pueden negociar y que los extrabajadores pueden presentar una demanda ante el Tribunal Laboral e iniciar un proceso judicial.
Animal Político platicó con al menos ocho extrabajadores de CAME que laboraban en las oficinas de Chiapas, CDMX, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Jalisco y San Luis Potosí, quienes igual que sus compañeros reclaman su liquidación por una antigüedad que va de dos hasta 17 años.
También se consultó a representantes de la Sofipo, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta. La CNBV indicó que hay tiempos legales y procesos que deben respetar y no pueden dar información del proceso, del caso de los ahorradores o de los trabajadores.
En tanto, Centros de Conciliación laboral locales en los que se han interpuesto las quejas, cuyas copias tiene este medio, informaron que el proceso de los trabajadores continuará “dejando a salvo los derechos de los interesados para ejercer las acciones respectivas ante el Tribunal Laboral competente en término del artículo 123”, que hace referencia a los derechos y obligaciones de los trabajadores y los patrones.
Extrabajadores de CAME exigen el pago de sus liquidaciones
Marco, extrabajador de CAME, señala que no habían querido dar declaraciones o sumarse a las protestas que han hecho los ahorradores ya que querían esperar su pago y terminar la relación laboral de la mejor manera; sin embargo, la falta de respuestas los ha dejado en la incertidumbre, que ha crecido ante los señalamientos de un posible fraude o quiebra.
“El llamado es a que la empresa nos responda tal como nosotros le respondimos, en mi caso cinco años. Si las autoridades ya intervinieron la empresa pues que también nos tomen en cuenta. Sí, los afectados son los ahorradores, pero también lo somos los trabajadores ya que están violando nuestros derechos”, declara.
Marco indica que seis meses antes de que lo despidieran dejaron de pagar el Seguro Social y en los tres últimos años CAME cambió de razón social al menos en seis ocasiones. “Nosotros nos dábamos cuenta por el IMSS, cuando ya aparecía otra razón social”.
“Éramos parte de CAME y por no querer afectar a la empresa y recibir nuestro finiquito no levantamos la voz, pero sí necesitamos que también nos volteen a ver”, asegura el extrabajador.
Paula, quien trabajó para la financiera casi durante 17 años, terminó internada dos semanas después de que la despidieran al ver que en las noticias comenzaron a hablar de un posible fraude, y su preocupación creció al pensar que tal vez no le pagarían por todos los años laborados.
Sin dinero tuvo que enfrentarse a una operación de emergencia y comenzar a organizarse vía WhatsApp con otros empleados en su misma situación; convaleciente acudió a interponer su denuncia.
Paula aún no ha podido buscar trabajo debido a su operación, aún le resta una recuperación que durará aproximadamente seis meses. Los pocos ahorros se le están agotando, por lo que exige que se le deposite lo que les corresponde por ley y su última quincena que tampoco recibió.
Recuerda que mientras trabajó en CAME fue víctima de asaltos que la llevaron al hospital y no paró de trabajar durante la pandemia de Covid-19. “No se vale porque nosotros como empleados dimos todo por la empresa y ahora no nos quieren pagar, que se hagan responsables de nuestra liquidación, nosotros ya lo trabajamos y estuvimos al pie del cañón y no es justo que no nos paguen lo que nos corresponde”.
En tanto, Martha, otra extrabajadora, tenía alrededor de 8 mil pesos ahorrados en la aplicación Techcreo CAME donde le depositaban su sueldo, pero una vez que ésta dejó de funcionar ya no pudo acceder a sus recursos.
Ella tenía planeado juntar 10 mil pesos para apoyar en la operación de cataratas que su mamá se realizaría a finales de julio, cirugía que se tendrá que retrasar.
“Exigimos nuestros derechos, estamos esperando el depósito de nuestra liquidación, no peleamos nada más. Estamos desempleados y sin dinero, yo tengo ahí mis ahorros por 8 mil pesos, está pendiente también mi quincena”, reclama.
Mientras que Alberto, cuyo nombre se cambió para proteger su identidad, cuenta que en 2024 algunas oficinas de la Sofipo comenzaron a cerrar y a finales del año CAME les ofreció un porcentaje extra por cada ahorrador que invirtiera en la empresa. Muchos de los trabajadores invitaron a sus familiares y ahora están a la espera de saber cómo van a recuperar su dinero.
Otra cosa que llamó su atención desde las oficinas de Chiapas es que hicieron un préstamo a nombre de toda la plantilla de trabajadores sin que ellos lo solicitaran. Todo por Techcreo CAME, aplicación que utilizaban los ahorradores y donde a ellos les depositaban su sueldo.
“Prácticamente nos obligaron a firmar y los que no firmamos el préstamo aún así se reflejó en la aplicación. En mi caso se hizo un préstamo por 48 mil pesos, se hacía dependiendo del sueldo del trabajador, desde coordinadores, ejecutivos, promotores, asesores, gerentes, toda la oficina”.
“Era como un préstamo fantasma porque en realidad no nos descontaban, solo que en el sueldo aparecía como una ‘compensación’ por la cantidad que teníamos que pagar del préstamo para que así se compensara (…) Nos dijeron que no nos preocupáramos y ante nuestro nerviosismo nos entregaron una carta finiquito de dicho préstamo”, dice Alberto.
Moody’s advierte que recursos no alcanzan para indemnizar a ahorradores
El pasado 13 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención y suspensión de operaciones de la Sofipo, tras detectar irregularidades contables y una situación de insolvencia financiera crítica. La autoridad tiene pendiente todavía dar una resolución definitiva sobre la situación de CAME.
En su comunicado, el organismo supervisor del sistema financiero destacó que los recursos de los ahorradores están protegidos por el Fondo de Protección, el cual garantiza hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIS), alrededor de 211 mil pesos por persona física o moral, sin importar el número o tipo de operaciones que mantengan con la entidad intervenida.
En caso de que se active el seguro de depósitos, el monto asegurado podría cubrir a una parte de los ahorradores; sin embargo, quienes tengan más de ese monto no tendrían asegurada la parte excedente de sus depósitos como el es caso de algunas personas que llegaron a invertir más de 10 millones de pesos.
Recientemente la calificadora Moody’s advirtió en un reporte que los recursos del fondo que respalda a los ahorradores no son suficientes para cubrir la totalidad de los depósitos y el fondo no tiene capacidad suficiente para enfrentar una devolución simultánea de recursos a más de un millón de personas.
Asimismo, recordó que el gobierno federal tiene la facultad de realizar aportaciones extraordinarias para fortalecer la capacidad de respuesta del fondo.
Preocupa a ahorradores de CAME que su caso se minimice
Los ahorradores han expresado su preocupación porque su caso se minimice ante los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra Intercam, CI Banco y la casa de bolsa Vector, por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.
Los afectados no han dejado de hacer manifestaciones en avenidas principales de la Ciudad de México para exigir la devolución total de sus recursos. Hace unos días un grupo asistió a la Cámara de Diputados para solicitar “un mecanismo legislativo y financiero de emergencia para garantizar la devolución de su dinero”.
También demandan que los funcionarios de la CNBV y de Hacienda comparezcan para explicar qué fue lo que pasó y por qué se tardaron tanto en intervenir en el caso.
El miércoles 2 de julio, un grupo de ahorradores cerraron Paseo de la Reforma, frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), en donde los recibió su titular, Alfredo Higuera Bernal, quien les prometió una reunión para el próximo 9 de julio para hablar sobre sus demandas interpuestas de manera individual y colectiva, así como de la investigación en curso.
Leticia Ávila, una de las afectadas, sostuvo que hasta ahora no han recibido información clara sobre los responsables ni sobre el destino de sus ahorros, por lo que piden que se amplíen las líneas de investigación del caso, incluso a posibles operaciones ligadas a lavado de dinero.
También exigen que se identifique a los funcionarios involucrados en la operación de la financiera y se congelen sus cuentas hasta que se deslinden responsabilidades.
“Nosotros no vamos a ser otro Ficrea, se tiene que hacer justicia y exigimos la devolución completa de nuestros ahorros”, demanda Leticia, hija de uno de los afectados que tiene 80 años e invirtió con CAME más de 2 millones de pesos.
Hasta el momento, ni la CNBV ni la Secretaría de Hacienda han explicado a las víctimas cómo ni cuándo se activará el proceso de devolución de sus ahorros. Sobre los trabajadores no han dado ninguna postura.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.
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