A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad, violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.
A pesar de su relevancia en la resolución de controversias entre particulares y la administración pública —incluidas aquellas que involucran grandes cantidades de recursos públicos—, el TFJA ha sido señalado por operar bajo lógicas de opacidad , violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados.
En SinEmbargo se le ha dado seguimiento a diversas denuncias internas por violencia, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia. Estas situaciones son parte de la realidad que se ha instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ahora dos denuncias más se agregan a la serie de señalamientos en dicho Tribunal, éstas involucran o señalan a dos magistrados, Jorge Octavio Gutiérrez Vargas y Gerardo Brizuela Gaytán, por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo por parte de Gutiérrez Vargas, así como actos de violencia laboral, hostigamiento y despido presuntamente injustificado hacia una trabajadora por parte de Brizuela Gaitán.
Una fuente cercana a los casos explicó que la Junta de Gobierno, quien se encarga de dar seguimiento y resolución a las denuncias, mantiene un patrón de conducta que tiende a dejar en el olvido los casos, pues asegura que una vez que se presenta una queja en contra de un Magistrado o por actos de corrupción, le inician un procedimiento de responsabilidad a quien presenta la denuncia.
Desde el pasado 2 de julio, SinEmbargo consignó una denuncia que daba cuenta cómo la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, que encabeza Guillermo Valls Esponda, ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y por otras prácticas que violan el propio “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.
Guillermo Valls Esponda trabajó en la Procuraduría General de la República (SAT) de Felipe Calderón Hinojosa y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Enrique Peña Nieto. Como él, hay otros magistrados que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Cevallos; Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón así como el exsenador Carlos Chaurand Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones, y la Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, propuesta por Calderón en 2012.
Irregularidades en adscripción de plazas
Un nuevo caso documenta una denuncia presentada el 31 de enero de 2025 a través del portal de la Secretaría de la Función Pública, dirigida a la Dirección de Denuncias y Atención Ciudadana de la Dirección General de Investigación de la Unidad de Combate a la Impunidad y compartida. En ésta se acusan posibles actos de responsabilidad administrativa cometidos por el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, titular de la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), a quien se le acusa de un manejo irregular en una plaza que está pendiente por una prejubilación.
La denuncia señala que el Magistrado Gutiérrez Vargas, usando su posición como integrante de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, se adscribió el 31 de diciembre de 2024 a una ponencia cuya plaza se encontraba desocupada por prejubilación, a pesar de que un juez federal había otorgado una suspensión a la Magistrada anterior para que permaneciera en su cargo hasta la conclusión del juicio de amparo promovido en su defensa.
La denuncia también involucra al Magistrado presidente Guillermo Valls Esponda, a quien se señala de haber dado anuencia para que dicha adscripción ocurriera, pese a que el 13 de diciembre de 2024 ya se habían dado por concluidas las sesiones de la Junta de Gobierno.
De acuerdo con la parte denunciante, la plaza en cuestión no debió ocuparse sino hasta que finalizara el proceso de prejubilación o, en su defecto, hasta que concluyera un juicio de amparo promovido por la Magistrada en funciones, pero no fue así.
Además del presunto nombramiento irregular, la denuncia también destaca que el Magistrado Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, se ausenta con frecuencia, lo que —según indica el denunciante— entorpece la tramitación de los juicios asignados a su ponencia. Y es que, de acuerdo con la denuncia, el Magistrado emite instrucciones a través de una secretaria de acuerdos que no está adscrita a su sala, sino que pertenece a la Sala Superior del Tribunal
Eso se constata en los acuerdos de la Junta de Gobierno del Tribunal correspondientes a diciembre de 2024, publicados en el portal institucional y en el Diario Oficial de la Federación, así como los reportes del sistema electrónico del Tribunal usados para el control de juicios en enero de 2025, donde se pueden advertir las fechas de turnado de asuntos y los retrasos en la tramitación.
Violencia laboral
Otra denuncia por violencia laboral se le suma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de un escrito dirigido a la Junta de Gobierno del propio tribunal el 27 de septiembre de 2024 en Tijuana, Baja California, donde la denunciante señala que fue víctima de actos de violencia laboral por parte del Magistrado Gerardo Brizuela Gaytán durante los días 19, 25 y 26 de septiembre del mismo año, cuando fue presionada para que firmara su renuncia, aunque ella no quería, y finalmente la despidieron.
La denunciante alude que fue un despido injustificado y que, además, los días posteriores a su despido, cuando fue a recoger sus pertenencias, fue tratada como delincuente.
La queja refiere que desde la llegada del Magistrado Gerardo Brizuela Gaitán se marcó un deterioro progresivo en su ambiente laboral, y que, pese a contar con capacitación para promover una cultura de derechos en el trabajo, fue víctima de un trato autoritario, excluyente y violento. La denuncia detalla una serie de eventos que, según la víctima, constituyen un patrón de hostigamiento, humillaciones y presión indebida para forzar su renuncia.
El jueves 19 de septiembre de 2024, a través de su secretaria particular Yomara Sainz Landeros, el Magistrado en mención la mandó llamar a su oficina “a privado”, se lee. Durante la reunión, el Magistrado le expresó su desacuerdo con un proyecto de sentencia, la denunciante pidió la presencia de la oficial jurisdiccional que había elaborado los proyectos previos, para verificarlo, pero el Magistrado se negó a esto y exigió a la denunciante que lo elaborara nuevamente, advirtiéndole que tenía hasta el 25 de septiembre para entregarlo. La trabajadora relató que ella le pidió más tiempo para evitar errores por la premura, el Magistrado se negó a concederle plazo, por lo que el 20 de septiembre a las 2 de la tarde, la denunciante entregó el proyecto en mano.
Sin embargo, el 25 de septiembre, fue llamada de nuevo al privado del Magistrado, quien —según la denuncia — la recibió con reclamos por errores ortográficos en el documento y la interrumpió mientras intentaba señalarle que sí había revisado el documento, pero que por la premura en la que se lo solicitaron se podrían ir errores, ademas de justificar las fallas por la falta de herramientas tecnológicas. En esa reunión, el Magistrado le sugirió cambiarla de ponencia y le insinuó que debía renunciar, a lo que ella respondió que no pensaba renunciar, defendió su trabajo y denunció que sus expedientes eran los últimos en salir del despacho, pese a entregarlos primero, y que sufría restricciones arbitrarias como no poder hablar, reír o prestar expedientes a sus compañeros.
De acuerdo con la denuncia, de manera insistente la volvió a presionar para renunciar, pero ella se negó a hacerlo, por lo que le solicitó el expediente para corregirlo, pero él se negó a entregárselo, y –al no lograr que ella renunciara– le dijo que estaba despedida. “Nos vemos en los tribunales”, fue la respuesta de la trabajadora al salir del despacho.
Ese mismo día, según la denuncia, la trabajadora trató de comunicarse con el Magistrado visitador Jorge Octavio Gutiérrez Barrugas, pero fue atendida por su personal. A su vez, ella solicitó al Magistrado que le diera oportunidad de seguir en su puesto hasta la visita oficial, del Visitador Gutiérrez, la cual estaba prevista entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, como medida de protección a sus derechos laborales y de género, pero no recibió respuesta.
Al día siguiente, jueves 26 de septiembre, a las 9:08 horas, la denunciante acudió a su lugar de trabajo, pero al intentar ingresar, el guardia de seguridad le impidió el acceso por órdenes del magistrado Brizuela y de la delegada administrativa, quien habría ordenado al personal operativo que sacara sus pertenencias hasta el lobby del edificio, negándole incluso el acceso al sistema para tomar sus pertenencias y realizar la entrega formal de su puesto.
Sus compañeras de trabajo le ofrecieron apoyo moral durante el desalojo, y ella insistió en que no se había cumplido con el debido proceso para una remoción e insistió en que le permitieran ingresar y usar una computadora para redactar el acta de entrega. Finalmente logró que le permitieran usar un equipo de cómputo, hizo el acta de entrega, pero –se establece en la denuncia– el Magistrado se negó a firmarla como superior jerárquico.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
