A los empleados por honorarios del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa les dicen que no se preocupen, “que sus recursos están asegurados”, pero sus pagos no llegan; deben colegiaturas, renta, han tenido que pedir préstamos y recurrir al empeño para subsistir estos meses.
Personal que está bajo el esquema Capítulo 3000 (servicios profesionales por honorarios) denuncia que solo recibió el sueldo correspondiente de enero y febrero, pero a partir de marzo, a la mayoría de los afectados −alrededor de 100 personas− no le han hecho ningún pago. Apenas este mes unas 20 personas recibieron solo lo correspondiente a julio.
En agosto les dijeron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia por la que supuestamente se han retrasado los pagos, les autorizó la firma de contrato por los últimos cuatro meses del año, y que cada mes les depositarían un extra para subsanar lo que se les debe, pero ya está por terminar septiembre y nada se ha concretado.
Ante la situación, los empleados decidieron enviar un oficio a la dirección de administración del INIFED, encabezada por Roberto Huerta, en el que le solicitan el pago de los adeudos, que se garanticen contratos y que no haya más atrasos. No hubo ninguna respuesta. El oficio llegó a la dirección general, pero nuevamente, silencio total.
Fue hasta el viernes 19 de septiembre cuando Roberto Huerta los convocó a una reunión −la primera en siete meses de impago− en la que se comprometió a que el sueldo de julio lo recibirían a finales de este mes. Otro compromiso fue mejorar la comunicación para informales cómo va avanzando el tema.
Trabajadoras y trabajadores entrevistados por Animal Político coinciden en que su situación es muy complicada, deben colegiaturas, renta, han tenido que pedir préstamos y recurrir al empeño para subsistir estos meses, e incluso, sin recursos, deben conseguir para pagar la gasolina y poder trasladarse a ciertas obras y cumplir con su trabajo.
“Seguimos cumpliendo con la chamba de la mejor manera, no hemos parado. A cambio, no tenemos pagos ni respuestas, cualquier comunicación sobre lo que ocurre es informal, pasan los meses y nuestra situación se agrava”, dice uno de los trabajadores.
Lisa, quien tiene más de 5 años laborando en el INIFED, cuenta que en marzo ya no les pagaron bajo el argumento de que “no había dinero”. La mayoría decidió seguir trabajando bajo la promesa que todo se resolvería, pero los meses pasaron y la respuesta solo era “no se preocupen, los recursos están asegurados”.
Un grupo decidió que lo mejor era desarrollar sus proyectos desde casa; los que no pudieron tuvieron que lidiar también con falta de luz y de agua en las oficinas.
“Las lámparas no sirven, no hay agua en los baños. Las personas que hacen la limpieza sacan agua de una fuente para echarle a los baños, pero no tenemos para lavarnos las manos. Es decir, ni siquiera tenemos las condiciones mínimas para trabajar dentro del instituto”, señala Lisa.
Denuncian violencia laboral
Otra trabajadora con la que conversó Animal Político denuncia agresiones verbales por parte del coordinador técnico, Rafael Estrada Cano quien, según la empleada, se refiere a sus compañeras con gritos y con calificativos de “pendejas”, “idiotas”, y amenaza con tener poder en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y ser muy cercano de Mario Delgado, titular de la SEP.
“Las amenazas han llegado a tal punto que nos advierten que si nos quejamos no nos van a pagar, por eso muchos meses hemos guardado silencio”, señala.
En la última reunión, del 22 de septiembre, les advirtió que el empleado que no esté dispuesto a seguir trabajando bajo las condiciones actuales lo notifique para que ya no se les asignen los contratos pendientes.
Los trabajadores cuentan que desde el INIFED supuestamente se fomenta la denuncia por violencia laboral, pero la gente tiene miedo, además de que por la forma en la que están contratados les han hecho sentir que “son trabajadores de segunda”, de honorarios y “sin derechos”.
“Nos piden que saquemos el trabajo porque la presidenta Sheinbaum se comprometió, desde el inicio de su administración, a dar preferencia al programa Escuelas Prioritarias, que se enfoca en establecimientos educativos ubicados en zonas de alta marginación, con bajos ingresos, y que atiende a poblaciones vulnerables (…) Nosotros somos los que administrativamente vemos todo el tema del dinero, de los proyectos, y están muy interesados que no paremos porque es un tema que están cuidando mucho, pero hay agresiones, hay amenazas y no nos pagan. Ojalá que ella se entere de todo lo que está pasando”.
“Lo que pedimos es que nos den la certeza, que nos digan si va a existir ese contrato o no. Nunca nos hemos negado a trabajar, pero también nos afecta emocionalmente no saber si tenemos una estabilidad laboral, económica. Exigimos que nos traten de una manera digna y sobre todo que den la cara, que alguien tenga esa mínima responsabilidad moral de decir está pasando esto, ustedes decidan”, dice una de las trabajadoras con más de 7 años de antigüedad.
El INIFED es el encargado del fortalecimiento de la infraestructura educativa, el apoyo en la reconstrucción o rehabilitación de planteles a nivel nacional. El expresidente Andrés Manuel López Obrador quiso desaparecerlo, pero eso no se concretó.
Igual que los trabajadores del INIFED, alrededor de 400 empleados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), laboran bajo el Capítulo 3000, esquema que no les permite el reconocimiento de sus derechos básicos, como la seguridad social, vacaciones, aguinaldo o la posibilidad de generar antigüedad para adquirir una vivienda. Han denunciado precarización y malos tratos, por lo que exigen a autoridades un proceso de regularización estructural y que se abra una ruta formal, pública y calendarizada de diálogo y negociación para remediar su situación, principalmente el retraso de sus pagos.
En la misma situación están trabajadores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo del exclavadista olímpico Rommel Pacheco, quienes han denunciado retrasos en su salario y que laboran bajo la amenaza de perder sus empleos si, a pesar de no cobrar, dejan de asistir.
Animal Político ha buscado a las instituciones para conocer las razones del retraso de los pagos, cuántos empleados están en esta situación y si hay alguna fecha estimada para que se resuelva el problema, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA CASASOLA.
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