La ministra Loretta Ortiz explicó que, pese a la extinción del INAI, la Corte puede resolver las controversias porque fueron presentadas antes de su desaparición.
En la sesión del pleno, la ministra Loretta Ortiz, a cargo de la ponencia de las controversias constitucionales, explicó que, aunque el INAI fue recientemente extinguido como institución autónoma, la Corte puede resolver estos casos porque las controversias fueron presentadas antes de su desaparición.
Primer caso: datos de funcionarias
En el primer proyecto, la ministra Ortiz explicó sobre las controversias constitucionales 291/2024 y 292/2024 —promovidas por la Fiscalía General de la República en contra de resoluciones dictadas por el INAI— que la entrega de información solicitada no comprometía las funciones ni la seguridad de la fiscalía.
Ortiz destacó que los nombres de las servidoras ya eran conocidos públicamente y que los demás datos estaban disponibles en fuentes abiertas, como declaraciones patrimoniales y publicaciones oficiales. Además, descartó los argumentos de la fiscalía sobre la imposibilidad de impugnar resoluciones del INAI o la falta de interés legítimo de quienes solicitaron la información, subrayando que el derecho a la información debía prevalecer siempre que no se afectaran competencias constitucionales.
Posturas en contra
Durante la discusión, las ministras Yasmín Esquivel y María Estela Ríos expresaron su desacuerdo. Esquivel advirtió que divulgar los nombres, cargos y salarios de las funcionarias adscritas a la fiscalía especializada en delitos electorales podría debilitar la seguridad pública, ya que la exposición de servidores públicos genera riesgos para ellos, sus familias y, por extensión, para la sociedad.
Ríos coincidió en que incluso datos aparentemente simples, como la ubicación de trabajo o la ruta de traslado de un funcionario, podían representar un riesgo real, por lo que consideró necesario proteger esta información frente al derecho general a la transparencia.
En la votación final, siete ministros votaron a favor de confirmar la entrega de los datos, mientras las ministras Esquivel y Ríos votaron en contra.
Segundo caso: acuse con nombres de funcionarios
En la segunda controversia, identificada como 314/2024, y también a cargo de la ministra Ortiz, la FGR solicitó declarar inválida una resolución del INAI que ordenaba entregar la versión íntegra de un acuse de demanda relacionada con la controversia 325/2019, documento que incluía nombres de funcionarios.
Ortiz explicó que, a diferencia del primer caso, en este asunto los nombres no eran conocidos previamente por el solicitante, por lo que su divulgación podría permitir identificar a los funcionarios y, mediante información complementaria pública, exponer datos sensibles sobre la fiscalía.
Este riesgo, explicó la ministra, se conoce como la “teoría del mosaico”, que advierte que piezas de información aparentemente inocuas pueden combinarse para revelar información confidencial.
Ortiz recordó un precedente, la controversia 327/2019, en la que la Suprema Corte determinó que los nombres y cargos de funcionarios de la fiscalía podían afectar la capacidad de la institución para cumplir con sus funciones de seguridad pública. Aplicando esta lógica, concluyó que entregar los datos pondría en riesgo la vida, integridad y desempeño de los funcionarios y sus familias, afectando directamente la operación de la fiscalía.
El proyecto fue respaldado por unanimidad por los ministros, quienes coincidieron en la necesidad de proteger la integridad de los servidores públicos frente a la divulgación de información sensible.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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