Después de la explosión en 2015 de una pipa frente a un hospital de Cuajimalpa (ocho muertos, 66 heridos), Miguel Ángel Mancera implementó acciones para supervisar esos vehículos, pero con la llegada de la 4T todo se olvidó, hasta ahora, con una nueva tragedia.
Hasta la tarde del lunes 22, la lista de personas fallecidas por la explosión de la pipa de gas de la empresa Transportadora Silza, parte del Grupo Tomza, se había elevado a 29, mientras que seguían internadas 16 y 39 habían sido dadas de alta. Las llamas dejaron cerca de 100 heridos.
Esa tragedia que ocupó espacios en todos los titulares de los periódicos y los noticieros de radio, televisión e internet trae a la memoria otra que ocurrió hace poco más de 10 años, en el poniente de la capital.
A las 07:15 de la mañana del 29 de enero de 2015, una pipa de la empresa Gas Express Nieto abastecía de combustible al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa cuando se presentó una fuga y una explosión. El hecho dejó ocho personas fallecidas —entre ellas, dos bebés y una enfermera—, 66 heridas y 70% de las instalaciones en escombros.
Entre los resultados que arrojaron los peritajes se contó una falla en la bomba de trasiego por falta de mantenimiento, válvulas en mal estado y la manipulación del medidor de gas para falsificar la cantidad de combustible suministrado por la unidad.
Además se hallaron violaciones a la Ley de Hidrocarburos y a las normas de seguridad industrial. La Secretaría de Energía revocó el permiso a la empresa y ésta fue acusada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.
Los operativos
El 17 de abril de 2015, dos meses y medio después de la tragedia, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ordenó el arranque de los operativos de supervisión de pipas de gas en la capital, aleatorios e itinerantes, con el objetivo de revisar que cumplieran con las normas técnicas, administrativas y mecánicas de operación y con ello evitar otra tragedia.
Las revisiones iniciaron en la avenida Eduardo Molina y la calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza, con la participación de personal de las secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública, Movilidad y Gobierno, además de la Consejería Jurídica y la PGJ local.
En tres horas fueron revisadas 38 pipas, de las cuales tres fueron sacadas de circulación, pues no cumplían con las medidas de circulación necesarias y los conductores no tenían su documentación vigente. Al cierre del 2015, la Secretaría de Protección Civil reportó que se habían verificado mil 252 unidades, de las cuales 24 fueron remitidas a las autoridades por no cumplir con las medidas de seguridad.
“Fue hasta cierto punto muy complicado llevar a cabo operativos, porque eso es materia federal. Todo el tema energético, al menos en esos tiempos, le correspondía más a la autoridad federal hacer las revisiones de todo ese tipo de infraestructura, que a la Secretaría de Protección Civil”, recuerda su extitular, Fausto Lugo García.
En entrevista con Proceso, el hoy consultor en temas de seguridad y Protección Civil explica lo que hicieron al iniciar las revisiones: “Nosotros utilizamos las herramientas con las que contábamos para empezar a hacer revisiones de pipas y de todo lo que circulara con combustible peligroso hacia la Ciudad de México”.
Detalla que desde entonces muchas de las pipas que surten de gas LP a la CDMX provienen del Estado de México, Morelos e Hidalgo, principalmente. En territorio capitalino hay estaciones para surtir en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Gustavo A. Madero.
El exfuncionario asegura que en ese tiempo “teníamos registros de que prácticamente la mitad de pipas circulando no estaban en las mejores condiciones, no sólo a nivel de infraestructura, sino a nivel también de documentación”. De hecho, una de las primeras revisiones que hacían era que las unidades estuvieran en el padrón de la Secretaría de Energía (Sener) para evitar la circulación de pipas clonadas.
Por eso, dice, trataron de “alinear precisamente los seguros, las responsabilidades, las consignas, que todo estuviera en orden, al menos en lo que correspondía a lo que entraba a la Ciudad de México”.
Los operativos se realizaban prácticamente cada semana en diferentes puntos de la ciudad. Incluían revisión de cilindros en mal estado para disminuir el riesgo. En las revisiones hallaban de todo:
“Se encontró que algunos elementos no tenían el equipo de protección personal; personas no autorizadas, en teoría, para andar circulando con pipas; pipas que no estaban en condiciones de circulación o en malas condiciones administrativas. Las que traían fuga las poníamos a disposición de la Fiscalía y algunas las remitíamos de regreso por el riesgo que manejaban hacia su origen. Hubo prácticamente de todo".
Doctorante en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Fausto Lugo asegura que esos operativos se mantuvieron hasta que concluyó esa administración, en septiembre de 2018.
—¿Cuando usted encabezó estos operativos, se redujeron en algún porcentaje estos accidentes con pipas?
-Sí, sí, sí. Obviamente, cuando hay acciones de la autoridad, pues hay temas medio clandestinos que no se presentan porque saben que se está vigilando la ciudad.
En segundo lugar, detalla, “los que están formales tratan de tener todos sus documentos en orden, su personal en orden, precisamente para evitar que tengan multas o que tengan revisiones porque, obviamente, tener un auto sin circular para ellos representa pérdidas en su negocio”.
Reitera que en su momento las acciones de vigilancia permanente funcionaron para evitar que se presentaran situaciones desafortunadas de todo tipo. Incluso detectaron que “había zonas en la Ciudad de México donde hacían traspaso de combustible en vía pública, o sea, desde las pipas cargaban cilindros, y eso no está bien. Eso se hace en una estación final”.
Protocolo… olvidado
El 5 de octubre de 2018, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como jefa de Gobierno de la CDMX y nombró a Myriam Urzúa Venegas al frente de la reformada Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Los operativos de revisión de pipas de gas para evitar tragedias ya no figuraron entre las acciones de la dependencia.
Seis años después, el 5 de octubre del 2024, Clara Brugada Molina llegó a ocupar la oficina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y ratificó a Myriam Urzúa en su cargo. La especialista en reducción de desastres fue la única funcionaria, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, en repetir el encargo como parte del llamado “segundo piso” de la 4T.
Al paso de casi un año y sólo después de la volcadura y explosión de la pipa de la empresa Transportadora Silza en la alcaldía que ella gobernó durante tres trienios, Clara Brugada instruyó a la titular de la SGIRPC a elaborar un “protocolo de seguridad sobre cómo deben estar transitando las pipas, los vehículos que transportan combustibles en la ciudad”. Además, dijo que se analizarán los horarios de circulación de estas unidades.
La instrucción incluyó coordinar los trabajos con el gobierno federal a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El viernes 11, cuestionada por la prensa en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que, tras la tragedia, las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya trabajan para “fortalecer la regulación, sobre todo el transporte de gas LP”, en particular, los vehículos que tienen placa federal. Dijo que esa regulación podría anunciarse esta misma semana.
De acuerdo con los primeros peritajes hechos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la volcadura y explosión de la pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP el pasado miércoles 10 a la altura del Puente de La Concordia, ocurrió probablemente porque el chofer conducía a exceso de velocidad y golpeó con “un objeto sólido”. Ello ocasionó la “ruptura en un casquete” que dio paso a la fuga del combustible y luego la ignición.
La fiscal Bertha Alcalde descartó que en la vialidad existieran baches o pavimento en mal estado que hubiera provocado el accidente, pese a que en las mismas redes de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino se difundieron datos y fotografías de trabajadores haciendo labores de pavimentación en la zona horas después del suceso. La investigación fue abierta por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y daños.
Peritaje, a fondo
Lugo García, extitular de Protección Civil, habla sobre los primeros resultados del peritaje de la tragedia del pasado 10 de septiembre.
“Mencionan que se volteó y para que se haya volteado debieron de haber pasado algunas cosas que habría que ver el peritaje: si el vehículo estaba en malas condiciones y no debía de estar circulando, o alguna situación de la infraestructura o si estaba en exceso de velocidad. Hay muchos elementos que se tienen que revisar”, asegura.
Fausto Lugo asegura que en su gestión “documentamos el incidente del Hospital Materno-Infatil de Cuajimalpa para compartirlo hacia los siguientes ciclos y, obviamente, lo delicado que puede llegar a representar cualquier pipa en mal estado. Y ya lo volvimos a ver”.
Sin embargo, insiste en que hay que esperar los resultados del peritaje para saber exactamente la causa de esta tragedia y luego decidir qué hacer para prevenir otra igual o peor.
Se prevé que este martes 23 Brugada Molina presente el nuevo protocolo de seguridad para el transporte de combustibles en la CDMX.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
No hay comentarios: