La consejera deberá comparecer el próximo 8 de octubre en una audiencia para presentar sus alegatos. El caso, posteriormente, podría pasar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Advirtió que la medida atenta contra la independencia del instituto y pone en riesgo la vida democrática del país.
“Lo que se está haciendo con esto es sancionar la valoración jurídica que hicieron integrantes de un órgano colegiado, jamás lo había visto desde que empecé a trabajar en el Instituto en 2008”, declaró en entrevista con Aristegui en Vivo.
El procedimiento fue notificado el jueves pasado por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, instancia cuyo titular fue designado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024.
Eso no es una sanción del INE. El órgano interno de control fue designado por la Cámara de Diputados, nosotros no tenemos ninguna injerencia en sus decisiones.
La queja que dio origen al proceso fue presentada en diciembre de 2021 por Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el Consejo General, tras la decisión de una mayoría de consejeros de posponer actividades de la consulta por falta de recursos.
“El 17 de diciembre de 2021, una mayoría de consejeros y consejeras aprobamos posponer temporalmente la consulta hasta que la Suprema Corte resolviera una controversia constitucional o cuando la autoridad competente generara las suficiencias presupuestales”, recordó Ravel.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron en su momento que el INE actuó dentro de la legalidad.
“La Corte determinó que el INE actuó de manera eficaz y eficiente, y que quien puso en riesgo los derechos políticos de la ciudadanía fue la Cámara de Diputados al recortar el presupuesto”, enfatizó la consejera.
El proceso alcanza a las seis consejerías que votaron a favor de la posposición, entre ellas Claudia Zavala, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz.
De prosperar la acusación, dijo, las sanciones podrían ser severas.
El artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.
La consejera deberá comparecer el próximo 8 de octubre en una audiencia para presentar sus alegatos y el caso, posteriormente, podría pasar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“Más allá de la cuestión personal, a mí me preocupa mucho como precedente para nuestro sistema democrático, porque se abre una puerta que nunca se había abierto para castigar las valoraciones jurídicas de quienes integran el máximo órgano de dirección del INE cuando estas no gusten”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: REDACCIÓN.
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