Que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, contrató empresas fantasma es un asunto conocido. Por eso fue condenado a nueve años de prisión —de los cuales, ya ha purgado siete— y a una multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Sin embargo, quedaron algunos casos sin considerar. Más de ocho años después de que abandonara su cargo y huyera a Guatemala, donde fue detenido, salen a la luz contrataciones con compañías fachada que, hasta la fecha, no han sido incluidas en las 71 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra su administración.

Este nuevo capítulo de la larga historia del político que gobernó Veracruz de 2010 a 2016, se escribe a partir de los hallazgos en una base de datos de contratos realizados entre el gobierno y Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), creada por el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México y Quinto Elemento Lab.

Casi todas las obras eran para trabajos carreteros del norte al sur de Veracruz. La SIOP respondió por Transparencia que no halló los expedientes de cinco contratos y, de otros 19, admitió que existían, pero condicionó su revisión a que fuera presencial y solo si se acreditaba pertenecer a la empresa. Sobre uno más, relacionado con el parque Reino Mágico, la secretaría indicó que no podía entregar información porque estaba en medio de un juicio administrativo.

La dependencia también recibió un cuestionario por escrito, pero no contestó a las preguntas para este reportaje.

Los contratos también llegaron a Inmobiliaria Gomgo y Grupo Inmobiliaria Frabersa, que se encargaron de 49 obras carreteras por más de 80 millones de pesos. Gomgo fue creada un par de semanas antes de que Duarte tomara posesión como gobernador, mientras que Frabersa se constituyó durante su primer año de mandato.

NOTAS:

* Inmobiliaria Gomgo y Grupo Inmobiliaria Frabersa se fundaron en domicilios de colonias populares en Coatzacoalcos al inicio de la gubernatura de Javier Duarte. Fotografías extraidas de Animal Político: Cortesía para Quinto Elemento Lab; imagen: Google Maps

** El domicilio señalado por Yajaira Sánchez en los registros de comercio de las EFOS se encontraba en una zona popular del puerto de Veracruz. Vecinos dijeron que la mujer ya no vivía ahí. Imagen: Captura de pantalla de Google Maps

*** De entre un grupo de EFOS inmovilizadas por el SAT, solo Infraestructura en Construcción ha reclamado adeudos al Gobierno de Veracruz. La administración estatal no ha confirmado que el pago se haya realizado. Imágenes: SIOP y SEFIPLAN, respuestas de Transparencia

**** Imágenes: SIOP y SEFIPLAN, respuestas de Transparencia

***** El gobierno del Estado de Veracruz ha continuado contratando como proveedor a Ernesto Carvajal, quien fuera socio fundador de una empresa boletinada por el SAT. Imágenes: Secretaría de Turismo, AVC Noticias

Mientras pacientes reclamaban la falta de medicinas para atender sus enfermedades, la administración de Andrés Manuel López Obrador instruyó beneficiar a la empresa representante en México del gobierno de Cuba, con contratos directos para la adquisición de medicamentos que sumaron 111 millones de pesos en 2022 y 2023.

Entre las compras estuvieron 3.4 millones de gotas para los ojos por las que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) pagó 80 millones de pesos, aunque resultaron de mala calidad, caducas y sin permisos sanitarios. Mientras que de Cisplatino, tratamiento para cáncer, sólo llegó 65 % del pedido, de acuerdo con información oficial obtenida por transparencia. 

El proveedor fue Neuronic Mexicana, S. A. de C. V., representante en México de Laboratorios AICA, que a su vez forma parte de Biocubafarma –un conglomerado de 48 compañías dedicadas a la investigación y comercialización de fármacos– propiedad del gobierno cubano.

La empresa fue beneficiada a raíz de la instrucción del expresidente de importar medicamentos sin permiso sanitario de la Cofepris o sólo con la validación de agencias de otros países. Orden que se materializó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2020. 

Empresa cubana incumplió entregas

Uno de los primeros contratos de medicinas ocurrió en 2022, cuando Birmex entregó 1 millón 950 mil pesos a Neuronic Mexicana por la adquisición de Aminofilina, tratamiento para enfermedades pulmonares, y Fluorouracilo, tratamiento contra el cáncer. 

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que 54 mil dosis de Aminofilina no tenían comprobación de entrega o estaban dañadas; y lo mismo ocurrió con 10 mil dosis de Fluorouracilo.

Aún con esos incumplimientos, Birmex contrató nuevamente a Neuronic Mexicana el año siguiente, con un contrato directo por 109 millones de pesos. Mismo que fue firmado por las principales autoridades de la institución: la representante legal de Birmex, Sandra Gómez Ríos; el director de Comercialización, Manuel Arizpe Diez Martínez; el gerente de Adquisiciones, Ignacio Cruz Zúñiga y la autorización de la directora de Administración y Finanzas, Diana Soto Araballo.

Otro punto, agregaron funcionarios de Birmex, fue que el proveedor no cumplió con las fechas de entrega pactadas en el contrato ni con las cantidades solicitadas, además de que no pasó la prueba de volumetría realizada por la Cofepris en algunos lotes de los medicamentos: Atropina, Cloranfenicol y Diclofenaco. 

Aún así, “se instruyó a la Dirección de Calidad de Birmex que se hiciera la liberación interna del medicamento y emitiera el Dictamen de Cumplimiento Regulatorio para que se continuara con el proceso de distribución, por lo que algunas instituciones de salud rechazaron la entrega derivado de que dichos medicamentos no aprobaron la prueba de volumetría realizada por Cofepris”, se lee en las declaraciones ante la Auditoría.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en al menos 70 ocasiones durante su administración que el sistema de salud mexicano sería como el de Dinamarca. Sin embargo, las cifras oficiales demuestran que la atención médica, sobre todo la dirigida a los más pobres del país ha decrecido. 

El gobierno de AMLO dejó a seis millones de bebés sin vacunas, puesto que no las compró; se dejaron de hacer medio millón de cirugías y aumentó cinco veces las recetas no surtidas en comparación con el gobierno anterior. Todo, resultado del objetivo de ahorrar recursos en todos los rubros, incluida la salud, como parte de su política de austeridad.

Al mismo tiempo, la gestión del morenista favoreció al gobierno de Cuba entregándole al menos 2 mil millones de pesos a través de diferentes mecanismos, provenientes del presupuesto de salud para los mexicanos.

Uno de ellos, con la contratación de médicos cubanos para integrarlos a los hospitales mexicanos. El gobierno mexicano erogó 472 millones de pesos a la empresa cubana Comercializadora de Servicios Cubanos SA por salarios de los médicos, de acuerdo a una investigación de El Universal. 

Incluso, Neuronic Mexicana S. A. de C. V. también participó en este caso, toda vez que recibió depósitos del IMSS como parte del servicio de los médicos, según consta en el convenio de cooperación firmado por el Instituto en septiembre de 2022. 

Mientras que en los contratos por la adquisición de medicamentos por parte de Birmex, y que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, ésta solicitó información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La elección judicial local está marcada por la intervención del gobierno de la morenista Mara Lezama Espinosa, ya que por medio de una impugnación que interpuso su Consejería Jurídica logró cambiar el diseño original de las boletas electorales. Con esto, diversos candidatos, muchos de ellos relacionados con funcionarios de alto nivel de los poderes locales, tienen asegurado su lugar como próximos jueces y magistrados.

Perfiles con parentesco están involucrados no sólo en las candidaturas, sino también en las distintas instancias y tribunales donde se solicitó y se autorizó el cambio de las boletas.

Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana del presidente del Tribunal Electoral del Estado, Sergio Avilés Demenegui, aparecen entre las candidatas beneficiadas, pues sus nombres se repiten en las tres listas contendientes luego del cambio forzado por el recurso.

La impugnación ganada por la Consejería Jurídica de la gobernadora Mara Lezama Espinosa fue presentada por Carlos Felipe Fuentes del Río, quien es hijo de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Estas maniobras provocaron que en el estado iniciara una campaña de anulación del voto de la elección judicial local.

Campaña de anulación

“Salga a votar, pero anule su voto, que le demuestre su repudio a los gobernantes, que le demuestre su rechazo a todos aquellos que le están forzando a usted, que puede ser legal, porque la elección es legal, pero va a ser ilegítima”.

La trampa

El Tribunal Electoral de Quintana Roo le dio la razón y ordenó al órgano local electoral modificar el diseño de las papeletas.

El 10 de abril se cambió el diseño de las boletas, lo que ha provocado la controversia pública.

En la entidad se aceptaron 148 candidaturas para juez de primera instancia en diversas materias y 19 para magistrados que buscan integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Quintana Roo y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.

Los nombres de Rosalba Maribel Guevara Romero y Deyliana Avilés Demeneghi, esposa y hermana de Sergio Avilés Demenegui, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se repiten en las tres listas contendientes.

Sergio Avilés resolvió uno de los recursos de apelación que obligó a cambiar el diseño de las boletas.

El 11 de abril, Carlos Vega, candidato a juez civil y familiar, presentó un Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales contra las determinaciones de los órganos electorales quintanarroenses, alegando intromisión de la Consejería Jurídica al no estar legitimada para impugnar porque su función en el Comité de Evaluación de Candidatos por parte del Poder Ejecutivo concluyó con la selección de los mismos.

La impugnación llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la que forma parte Felipe Alfredo Fuentes Barrera, padre del consejero Jurídico de Mara Lezama. El magistrado se excusó de resolver la impugnación. La Sala encabezada por Mónica Aralí Soto Fregoso aceptó su decisión.

Los magistrados restantes dieron la razón a la exigencia de Carlos Vega, al determinar que la injerencia del consejero Jurídico de Mara Lezama, como representante del Comité de Evaluación del Ejecutivo, no era válida, es decir, no estaba legitimado para interponer la impugnación que cambiaría el diseño de las boletas como lo aceptó el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Sin embargo, esta demanda finalmente fue desechada luego de que Sergio Arturo Ramírez Moxca, candidato a juez penal, acudió con un escrito oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (sin que se explicara cómo lo obtuvo sin ser funcionario) con el que argumentó que obligar a cambiar el diseño de las boletas iba ocasionar un daño al presupuesto aprobado para la elección, por más de 67 millones de pesos, por el inicio de la impresión de las boletas.

El tribunal admitió dicho argumento y avaló que las boletas quedaran con los cambios aprobados.

Pero Proceso encontró que Ramírez Moxca hace todavía unos meses se desempeñaba como director de área dentro de la Consejería Jurídica de Quintana Roo, bajo las órdenes de Carlos Felipe Fuentes del Río.

Esta información fue corroborada en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde Ramírez Moxca aparece con un último sueldo en dicha área de octubre del año pasado por 43 mil 165 pesos.

“Manipuló la interpretación de la ley, sesgó la interpretación y se le dio la razón al consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, a pesar de que no contaba con las facultades para impugnar. Se puede estar posiblemente en un abuso de autoridad porque no tenía facultades para impugnar o ejercer una apelación ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo”, expuso en entrevista Carlos Vega.

Con el cambio de diseño la población no podrá acceder a un verdadero ejercicio democrático, dijo. Y remató:

“Se viene es una elección sesgada, sesgada por ciertos personajes de la vida política pública, donde han cambiado la boleta electoral para evitar que los ciudadanos conozcan a los candidatos, seleccione a los mejores candidatos (...) sesgaron mal la votación porque hay personas que están inscritas en las tres planillas”.

Proceso buscó la postura del gobierno del estado sobre su intervención, pero no hubo respuesta.

La familia del médico tabasqueño Jorge Enrique Flores Silva llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el caso en el que acusan a la Fiscalía Estatal de Tabasco y a la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar dar carpetazo a la investigación sobre la muerte del joven, ocurrida el 31 de diciembre de 2022.

Proceso informó el 7 de octubre de 2023 que, pese a la existencia de elementos que apuntan a un posible homicidio, la fiscalía estatal declaró en un inicio que el joven médico se suicidó.

Otro dictamen desestimado fue el de la autopsia psicológica en el que la perito designada por la familia, Patricia Rodríguez Reyes, destacó que no hubo un resguardo apropiado de la escena del crimen por parte de la fiscalía de Tabasco y se omitieron pruebas halladas en la casa del médico.

Por ello, en diciembre de 2024, Jorge Enrique Flores Mendoza, padre de la víctima, presentó una denuncia contra los funcionarios y peritos de la FGR que revisaron la carpeta de investigación de la fiscalía estatal y desestimaron las evidencias de un posible homicidio.

“Los ciudadanos agentes del Ministerio Público de la federación, adscritos a la célula 1-3 de Villahermosa, Tabasco, señalados con antelación, fueron omisos en emitir una determinación en la carpeta de investigación con el número FED/TAB/VHS/0001299/2023”, dice la denuncia de la que Proceso posee una copia.

“Los peritos que fueron convocados mediante solicitud del fiscal encargado, a efecto de que emitieran sus opiniones periciales, solicitudes que fueron aceptadas sin ostentar la experticia requerida, realizaron sus planteamientos retardados”.

Entre violencia, acusaciones de nepotismo y cambios de partido, transcurre el proceso electoral para renovar las 212 presidencias municipales en Veracruz, en una elección histórica que se efectuará el 1 de junio, ya que por primera vez en años, PRI y PAN no van en alianza y Morena rompió con el Partido del Trabajo. 

El inicio de la contienda se ha visto marcado por el asesinato de dos candidatos de Morena en los municipios de Coxquihui y Texistepec -uno del norte y otro en el sur del estado-. En este último se cometió una masacre, con cinco personas muertas y al menos tres heridas.

A esto se suma la polémica interna en Morena por el tema del nepotismo. La propia presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la ley contra nepotismo -que será vigente hasta el 2030- y que prohíbe la herencia de cargo político a familiares hasta el cuarto grado, se aplique en esta elección.  Pero los cacicazgos de partidos como el PAN y el PRI parecen perpetuarse en sus bastiones tradicionales.

La elección del próximo domingo 1 de junio podría significar para Morena su consolidación como la primera fuerza política del estado. Su crecimiento fue exponencial en la última elección municipal del 2021,  cuando pasó de gobernar 17 ayuntamientos a 131 en total. 

En esa elección desplazó al PRI y PAN de varios bastiones históricos. Y ganó 13 de los municipios con más habitantes y más presupuesto del estado. Aunque Veracruz y Boca del Río -sedes del poder empresarial- se conservaron en manos del PAN y del grupo político de la familia Yunes, lo cual podría cambiar en las próximas elecciones. 

Para el acádemico Rafael Vela, esta elección también representa para Morena una prueba de su forma de gobernar Veracruz: “Todo poder desgasta. Me parece que no en todos lo casos se generaron las condiciones para el desarrollo municipal. El crecimiento de los últimos seis años fue cercano al 0%; fue un sexenio perdido”.

Consideró que en ese contexto, hay ciudadanos inconformes con quienes fueron sus autoridades municipales “Es posible que no vayan a repetir el triunfo aquellos municipios donde ganó y exista una alternancia”.

Conflictos por candidaturas

El ejemplo más evidente fue Alberto Gómez Cazarín, hijo del actual alcalde de Hueyapan de Ocampo, Juan Gómez Martínez, y hermano del delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín. Aunque al final no fue incluido como candidato suplente, sí va un familiar, Miguel Cazarín Figueroa, actual director del DIF municipal. 

Otro caso ocurre en Sayula de Alemán, donde Modesta Clemente acusó a la dirigencia estatal de Morena de ignorar su designación desde el Comité Nacional y permitir en su lugar la candidatura de una familiar de la actual alcaldesa Lorena Sánchez.

La lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, defendió al partido y aseguró que estas prácticas no existen donde Morena va solo, sin alianza. 

Pero la realidad es que esta práctica es común en todos los partidos, por ejemplo:  en Lerdo de Tejada, la candidata por el Partido del Trabajo, Flor María Sosa, es madre del actual presidente, Fabián Cárdenas Sosa.

En Alto Lucero, en medio de una pugna familiar, fue postulado como candidato del PT Constantino Aguilar Aguilar, cuyo sobrino, Luis Vicente Aguilar, es diputado local y alcalde con licencia. El padre de Luis Vicente y hermano del actual candidato es líder petista.

Ruptura de alianzas y nueva configuración electoral

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), ha aprobado desde el inicio de la contienda electoral 405 renuncias y cambios de candidaturas.

La gobernadora Rocío Nahle reconoció la existencia de 32 focos rojos y 75 solicitudes de protección por parte de candidatas y candidatos de distintos partidos. Movimiento Ciudadano encabeza la lista con 24 solicitudes, seguido del PT con 11, y la coalición Morena-PVEM-PT con 14.

Sobre los incidentes, el subdirector de Integralia, Carlos Rubio, advirtió que Veracruz concentra la mayor parte de los incidentes de violencia política del país, debido a disputas entre cárteles y al intento del crimen organizado de cooptar gobiernos locales. De enero a marzo se registraron 13 incidentes graves, incluidos cuatro homicidios y cuatro secuestros.

Tras el asesinato de dos candidatos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que la violencia electoral en Veracruz tiene una relación directa con la operación de células criminales en distintas regiones del estado. 

Señaló que aunque los ámbitos de seguridad general y electoral puedan parecer distintos, ambos confluyen en territorios donde grupos delictivos ejercen control.

 En este contexto, confirmó que el asesinato de la candidata de Morena en Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, motivó un reforzamiento inmediato con más de 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la entidad, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la diputada federal del PRI e integrante del comité nacional, Lorena Piñón Rivera, advirtió que los 3 mil 500 elementos de seguridad anunciados por el Gobierno federal son insuficientes para garantizar la seguridad durante el proceso electoral en Veracruz, dada la magnitud de la violencia y el número de secciones electorales.

Como ejemplo del nivel de violencia que se ejerce sobre candidatos, la diputada citó el caso de Amatlán de los Reyes, en el centro de Veracruz, donde el PRI tuvo que cambiar siete veces de candidato por amenazas.

También denunció la insuficiente protección otorgada al candidato del PRI en Álamo, Javier Pérez Roldán, a quien, tras sobrevivir a un atentado, se le ofrecieron escoltas sin recursos para traslados ni viáticos.

Por su parte, el dirigente del PAN, Federico Salomón, pidió de forma urgente que los partidos sean incluidos dentro de la mesa de coordinación de seguridad para atender las peticiones.

“No sabemos cómo va a terminar la elección. Tenemos diez candidatos amenazados, pero la seguridad para los candidatos cuesta. Si les asignan a un elemento de seguridad tienen que pagar hospedaje y comida para que los cuide. Estamos evitando concentraciones grandes, eventos anunciados con mucha anticipación, porque estamos en un proceso electoral donde el crimen organizado está presente”, señala en entrevista Adolfo Ramírez, dirigente estatal del PRI.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, dijo que tienen detectados focos rojos en regiones del territorio veracruzano en esta campaña electoral para la renovación de los 212 ayuntamientos.

Carbonell de la Hoz detalló que se tienen detectados focos rojos en Pueblo Viejo, El Higo, Juan Rodríguez Clara, Isla, Ixhuatlán del Sureste, entre otros municipios.

Sobre el tema, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que se ha blindado al estado y garantizará que las elecciones se realicen de forma tranquila y en paz.

Alumnas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), así como la entrenadora del equipo de básquetbol femenil de bachillerato, se han sumado públicamente a la exigencia de justicia tras la aprehensión y vinculación a proceso del exjefe de educación física de la institución, Miguel T., por la presunta comisión del delito de abuso sexual en contra de una estudiante menor de edad.

Sus compañeras comenzaron a organizarse en el transcurso de la semana en diferentes cuentas de Instagram, como Justicia UPAEP y UpaContingente, que reclaman cómo la institución utilizó la imagen de una de sus alumnas con beca deportiva para publicidad y al mismo tiempo le dio la espalda.

Animal Político dio a conocer que pese al posicionamiento público de la universidad en un comunicado donde aseguró que había actuado de inmediato ante la denuncia contra quien ocupaba el cargo de jefe de educación física y deporte desde 2023, en los registros del Consejo de la Judicatura Federal consta un amparo promovido para reclamar la omisión de las autoridades universitarias, que hasta por lo menos el 14 de abril, tiempo después de tener conocimiento de los hechos, mantenían al docente en su cargo.

“Alguien se aprovechó de mi vulnerabilidad y de mis sueños”

Esos hechos, según describe en su carta, fueron conocidos por las demás jugadoras y por los directivos deportivos. Cuando ella preguntó sobre cómo proceder —asegura— en lugar de recibir orientación, le indicaron que no se metiera y dejara que las autoridades institucionales atendieran los incidentes. Luego, ante la repetición y gravedad de los hechos, con el consentimiento de la alumna lo hizo de conocimiento a sus padres. “A partir de ahí se me hostigó y aisló laboralmente, sin embargo, como una profesionista con ética y responsabilidad, continué con el proyecto por el cual inicié en mi alma mater”, relata. 

“La UPAEP nunca consideró que todo lo sucedido afectaba de manera directa el desempeño del equipo que dirijo, nunca me ha considerado o se me ha informado nada de manera directa, en todo momento la institución me ocultó cualquier protocolo o decisión que hayan tomado cuando el equipo que dirijo era directamente afectado, puesto que para cualquier deportista la estabilidad emocional es fundamental y esta se veía afectada al una de sus integrantes estar siendo vulnerada”, indica.

“UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no”

En tanto, las alumnas organizadas que estudian en la institución hicieron una manifestación en sus instalaciones, en la que difundieron mensajes como “¡upaep, escucha, esta es tu lucha! Jefe de deportes de UPAEP vinculado a proceso por hostigamiento y abuso sexual en contra de menor de edad becada, en un periodo de por lo menos dos años”; “encubrir a un agresor también es violencia”; “ella solo quería jugar, no sufrir”; “su imagen no es un escudo para su corrupción”; “no estás aquí, pero nosotras gritamos por ti”, entre otros. La estudiante regresó a la entidad de la que es originaria luego de que la universidad determinara, como una supuesta medida de protección, desalojarla de las residencias escolares, según el amparo que se interpuso para reclamar las omisiones de la institución. 

“Aunque te protejan, sabemos lo que hiciste. Sin consentimiento, es violación”; “la violencia no se borra con discursos vacíos”; “estamos hartas de su silencio, cobarde”; “estamos contigo hoy y siempre” y “UPAEP te dio la espalda, pero nosotras no” fueron otros entre los mensajes pegados en hojas y cartulinas de protesta, y después replicados en las cuentas de Instagram de las alumnas organizadas.

Durante toda la campaña electoral del 2024, el exministro Arturo Zaldívar Arturo Zaldívar negó que altos mandos bajo su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubieran ejercido presión contra jueces y magistrados para que resolvieran a modo diversos asuntos, pero una carta revela que no solo fue informado del asunto desde un año antes de dejar la presidencia del Máximo Tribunal del país sino que tampoco ordenó abrir ninguna investigación para resolver el asunto. 

La carta, contenida en el libro El Ministro del Poder de la autoría del periodista Hernán Gómez Bruera y la edición de Grijalbo, fue enviada a Zaldívar el 14 de febrero de 2022, casi un año antes de que la Suprema Corte eligiera a la ministra Norma Piña como su nueva presidenta. La carta fue redactada y firmada por Arturo Guerrero Zazueta, quien no solo se desempeñaba como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino que era uno de los personajes más cercanos al entonces presidente de la Corte.

En ella, Guerrero señaló diversas irregularidades presuntamente cometidas por Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la Presidencia del CJF, a quién no solo señaló por ejercer presión contra jueces y magistrados, sino por temas de hostigamiento laboral, uso personal de recursos públicos, violencia sexual y hasta la ocupación total de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), órgano encargado de la investigación de faltas administrativas cometidas en el CJF.

Las quejas, según el escrito, habrían llegado del juez Adrián Rivera López y el magistrado José Nieves Luna Castro, quienes tenían bajo su jurisdicción el expediente de los hermanos Rafael y Zaga Tawil involucrados en el llamado “caso Infonavit”, así como la magistrada Cristina Porras, quien fue presionada por el caso Lozoya.

De acuerdo con el periodista Hernán Gómez, el 17 de febrero de 2022, Zaldívar ya había leído la carta de Guerrero y, a través de Spitalier, lo citó para conversar. “Extraña y sospechosamente, un día antes de que eso ocurriera, el 21 de febrero, el presidente de la Corte se reunió en sus oficinas con Carlos Alpízar. ¿Por qué el ministro presidente no esperó a hablar con Guerrero, el denunciante, y, en cambio, se apresuró a ver antes al denunciado?”, cuestiona Hernán Gómez. 

Luego de que Guerrero insistió en persona sobre el asunto, Zaldívar aseguró que las denuncias se investigarían y se actuaría con celeridad, y contundencia, cosa que de acuerdo con el autor no pudo hacerse porque “las víctimas no se atrevieron a denunciar (pues) sabían hasta qué punto la UGIRA estaba capturada por Alpízar y cómo este último, a su vez, estaba protegido por Arturo Zaldívar”. 

Meses después de que se diera a conocer la denuncia anónima, el 11 de junio de 2024, Guerrero Zazueta se presentó ante la UGIRA como parte de las investigaciones que se abrieron por orden de la ministra Norma Piña. 

De acuerdo con el documento de 31 páginas, al que tuvo acceso el periodista para la elaboración de su libro, Guerrero declaró haber tenido información de varias fuentes directas que apuntaban a que Carlos Alpízar presionaba a jueces y magistrados. 

De hecho, antes de enviar su carta a Zaldívar, Guerrero Zazueta también le notificó de todas las irregularidades a Alejandra Spitalier, una de las colaboradoras más cercanas al entonces ministro “sin que hiciera nada al respecto”. Actualmente, Spitalier aparece como directora general o coordinadora general de la Oficina de la Presidencia de la República.

Zaldívar, de la presidencia de la Corte al círculo cercano de Sheinbaum

Denuncia alcanzó a Guerrero, actual colaborador cercano de Piña

Meses después y pese a los señalamientos en su contra, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que entre los perfiles para integrar al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, órgano encargado de evaluar las candidaturas al proceso de elección de personas juzgadoras en 2025, estaba Zaldívar.