Una carta revela que el exministro Arturo Zaldívar fue informado de diversas irregularidades presuntamente cometidas por Carlos Antonio Alpízar Salazar, su mano derecha, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La carta, contenida en el libro El Ministro del Poder de la autoría del periodista Hernán Gómez Bruera y la edición de Grijalbo, fue enviada a Zaldívar el 14 de febrero de 2022, casi un año antes de que la Suprema Corte eligiera a la ministra Norma Piña como su nueva presidenta. La carta fue redactada y firmada por Arturo Guerrero Zazueta, quien no solo se desempeñaba como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino que era uno de los personajes más cercanos al entonces presidente de la Corte.
En ella, Guerrero señaló diversas irregularidades presuntamente cometidas por Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la Presidencia del CJF, a quién no solo señaló por ejercer presión contra jueces y magistrados, sino por temas de hostigamiento laboral, uso personal de recursos públicos, violencia sexual y hasta la ocupación total de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), órgano encargado de la investigación de faltas administrativas cometidas en el CJF.
Pese a que estas y más irregularidades se dieron a conocer públicamente en abril de 2024, cuando se filtró una denuncia anónima presentada en contra de Zaldívar por vulnerar la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), en diciembre de ese año el CJF ordenó el cierre de la investigación, dando así carpetazo al caso de corrupción más importante de dentro de este poder en los últimos años, en tan solo 8 meses.
Actualmente, Arturo Zaldívar labora como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República; Carlos Alpízar, mano derecha de Zaldívar en el CJF, ocupa un puesto como jefe de unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación; mientras que los juzgadores que los denunciaron perderán su trabajo producto de la reforma al Poder Judicial, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada y redactada por el propio Zaldívar.
La carta publicada por editorial Grijalbo da nueva información sobre una investigación que concluyó sin que se conocieran más detalles y sin llegar a deslindar responsabilidades de ningún tipo.
“Todo pone en peligro el legado que usted se ha dedicado a construir”: la carta que Guerrero envió a Zaldívar
En el capítulo 8 titulado El testimonio de Arturo Guerrero, el periodista Hernán Gómez da cuenta de que, interesado en que el entonces ministro presidente conociera lo que estaba ocurriendo al interior del CJF, el 14 de febrero de 2022 Guerrero Zazueta redactó una carta de siete páginas y se la entregó a Alejandra Spitalier, quien entonces se desempeñaba como secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte, para que se lo diera a su jefe.
En su carta, que fue escaneada y reproducida íntegramente en el libro, Guerrero Zazueta le especifica a Zaldívar que “son tantos temas y tan delicados cada uno” que prefirió escribirle todo antes de “tener la oportunidad de plantarle de viva voz” todas las irregularidades presuntamente cometidas por Carlos Alpízar.
En primer lugar, Guerrero le indicó que existían asuntos donde “el problema pareciera de formas”, pues los jueces “se han sentido sencillamente intimidados para que resuelvan contra lo que -sienten- que deben de resolver, incluso ‘echándole ganas’ o ‘viendo el expediente con buenos ojos’”.
Las quejas, según el escrito, habrían llegado del juez Adrián Rivera López y el magistrado José Nieves Luna Castro, quienes tenían bajo su jurisdicción el expediente de los hermanos Rafael y Zaga Tawil involucrados en el llamado “caso Infonavit”, así como la magistrada Cristina Porras, quien fue presionada por el caso Lozoya.
“Segundo, hay casos donde los asuntos no parecen ser ‘de Estado’, pero igual (Alpízar) me pidió readscribir a los titulares sin razones reales. En dos de ellos, cuando comenté que los vería con usted, las solicitudes quedaron ‘sin materia’ (Taissia Cruz Parcero y Francisco Migoni, este para un asunto del interés de YEM -Yasmín Esquivel Mossa- y S. Nieto -Santiago Nieto-).
“En dos más, el problema fue la forma, pues entiendo que usted sí los avaló. Uno lo justificamos con nombramientos cruzados (Rodolfo Sánchez Cepeda, en un concurso mercantil) y en otro el juez terminó pidiendo un cambio (Alberto Roldán, un asunto sobre una orden de aprehensión de una mujer de la SSP de Peña). Todos lo han comentado con Bátiz e intuyo que el último tiene una grabación”, se puede leer en la carta.
Es decir que, desde aquel entonces, Guerrero intentó advertir por el caso del fraude por más de 2,500 mdp en la Policía Federal, mismo que Zaldívar y Alpízar intentaron cerrar y que fue incluida en una nueva denuncia presentada por el ahora magistrado Alberto Roldán en contra Zaldívar con audios que confirmaron las presiones en la Corte para modificar resoluciones de jueces y magistrados.
Como tercer punto, Guerrero describió casos donde el asunto “parece carecer del más mínimo interés de Estado o político, pero involucran mucho dinero”. Por ejemplo, un tema por un crédito fiscal por 62 millones de pesos; un arrendamiento de C&A por 18 millones (caso que involucra presión contra la juzgadora María Emilia Molina y la supuesta intervención de “un amigo del presidente con quien juega béisbol”) y un arrendamiento de Forever 21 por 14 millones de dólares.
Hay, además, temas de hostigamiento laboral, uso personal de recursos públicos y dinero en efectivo, violencia sexual, y la ocupación total de la UGIRA (en la que supuestamente hubo una restructuración que se tradujo en que 16 de las 32 plazas de este organismo fueron ocupadas por “gente de Alpízar”.
“Sé que Carlos ha jugado un rol importantísimo en el proyecto y haría hasta lo imposible por usted. También sé que es imposible que usted esté al tanto de todo lo que hace. El tema es que el recuento no es exhaustivo, los temas son gravísimos y los casos han llegado a muchísimas fuentes […] Todo pone en peligro y atenta contra el valiosísimo legado que usted ha dedicado una vida a construir y en el que miles de personas creemos. Estoy convencido de que es mi deber transmitirle esta información. Mi lealtad con usted y mi historia de vida me obligan a hacerlo”, finalizó la carta que Guerrero envió a Zaldívar.
De acuerdo con el periodista Hernán Gómez, el 17 de febrero de 2022, Zaldívar ya había leído la carta de Guerrero y, a través de Spitalier, lo citó para conversar. “Extraña y sospechosamente, un día antes de que eso ocurriera, el 21 de febrero, el presidente de la Corte se reunió en sus oficinas con Carlos Alpízar. ¿Por qué el ministro presidente no esperó a hablar con Guerrero, el denunciante, y, en cambio, se apresuró a ver antes al denunciado?”, cuestiona Hernán Gómez.
Luego de que Guerrero insistió en persona sobre el asunto, Zaldívar aseguró que las denuncias se investigarían y se actuaría con celeridad, y contundencia, cosa que de acuerdo con el autor no pudo hacerse porque “las víctimas no se atrevieron a denunciar (pues) sabían hasta qué punto la UGIRA estaba capturada por Alpízar y cómo este último, a su vez, estaba protegido por Arturo Zaldívar”.
Meses después de que se diera a conocer la denuncia anónima, el 11 de junio de 2024, Guerrero Zazueta se presentó ante la UGIRA como parte de las investigaciones que se abrieron por orden de la ministra Norma Piña.
De acuerdo con el documento de 31 páginas, al que tuvo acceso el periodista para la elaboración de su libro, Guerrero declaró haber tenido información de varias fuentes directas que apuntaban a que Carlos Alpízar presionaba a jueces y magistrados.
De hecho, antes de enviar su carta a Zaldívar, Guerrero Zazueta también le notificó de todas las irregularidades a Alejandra Spitalier, una de las colaboradoras más cercanas al entonces ministro “sin que hiciera nada al respecto”. Actualmente, Spitalier aparece como directora general o coordinadora general de la Oficina de la Presidencia de la República.
Zaldívar, de la presidencia de la Corte al círculo cercano de Sheinbaum
El 7 de noviembre de 2023, de manera intempestiva el ministro Arturo Zaldívar presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, dejando así no solo un lugar vacante en el Máximo Tribunal del país sino también la puerta abierta para que el mandatario federal tuviera la oportunidad de nombrar a cinco ministros, cuando originalmente solo le correspondían tres, movimiento que culminó con la designación directa de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte.
Horas después de dar a conocer la renuncia, la entonces aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, confirmó que Zaldívar se uniría a su campaña para trabajar juntos y “avanzar en la transformación del país”, aunque luego se dio a conocer que la decisión se tomó un día antes de informarlo públicamente.
Tan solo unos meses después, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber intervenido en la Suprema Corte cuando Zaldívar era el presidente para modificar decisiones de jueces en ciertos casos, por ejemplo cuando algunos jueces con casos de delincuencia organizada ordenaban liberaciones.
“Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, dijo el mandatario federal durante una de sus conferencias de prensa matutinas.
La declaración causó tanto impacto mediático y político que el exministro Arturo Zaldívar tuvo que negar que durante su mandato haya intervenido para que jueces o magistrados modificaran sus resoluciones en algunos casos a petición del presidente de la República.
El caso volvió a revivir luego de que el 9 de abril de 2024, la ministra Norma Piña, en su calidad de presidenta del CJF, recibió una denuncia anónima en contra del exministro Arturo Zaldívar y algunos de sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, por lo que ordenó iniciar investigaciones para recabar pruebas que permitieran esclarecer la existencia de causas de responsabilidad administrativa.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exministro dijo que la investigación tenía intenciones políticas de desprestigiar a exfuncionarios del CJF que, en su momento, emitieron criterios favorables al gobierno del presidente López Obrador, por lo que acusó la existencia de una “cacería de brujas”.
“Es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave además que se utilice los medios para tratar de desprestigiar, veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección y tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos que me parecen inadmisibles en un estado de derecho”, comentó.
En plena campaña electoral de 2024, tanto Arturo Zaldívar como Mario Delgado, entonces presidente nacional del partido Morena, convocaron a una conferencia de prensa en la que informaron que promoverían un juicio político en contra de la ministra Norma Piña por supuesta “intervención en el proceso electoral”, luego de que la presidenta de la Corte ordenara iniciar una investigaciones por presuntos actos de corrupción cuando Zaldívar estuvo al frente de la Corte.
Ahí, a pregunta expresa de Animal Político, el exministro negó haber tenido conocimiento alguno de que colaboradores suyos hubieran presionado a jueces y magistrados para que resolvieran a modo diversos asuntos.
-Ministro, ¿usted puede asegurar totalmente que ninguno de sus colaboradores se reunió en ningún momento con un juez o magistrado para…? – se le preguntó.
-A ver, lo que yo puedo asegurar es: Primero, yo tengo confianza en mis colaboradores. Segundo, yo no tengo conocimiento de que haya habido ninguna reunión de ese tipo. Es lo único que puedo decir, no puedo afirmar cosas que no sé. Simplemente tengo confianza en ellos y no tengo conocimiento que se hubiera hecho nada indebido-, respondió-, afirmación que gracias a la carta de Guerrero se puede comprobar que fue mentira.
Denuncia alcanzó a Guerrero, actual colaborador cercano de Piña
Luego de darse a conocer la denuncia anónima presentada contra Zaldívar y sus excolaboradores, Animal Político reveló que estas acusaciones por presuntos actos de corrupción también alcanzaron a colaboradores cercanos de la ministra Norma Piña, actual presidenta de la Suprema Corte.
Entre ellos estaba precisamente Guerrero Zazueta, exsecretario ejecutivo del Pleno del CJF quien se unió al equipo de la ministra Norma Piña cuando fue nombrado como nuevo director general de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del mismo órgano.
En el caso de Guerrero Zazueta, tanto en la denuncia anónima como en el expediente J/108/2024 se le señala por ejercer “presión” contra una magistrada en el caso Lozoya, en conjunto con Carlos Antonio Salazar Alpízar, entonces secretario general de la Presidencia del CJF, a quien se le señala por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión, y Jaime Santana Turral, extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina.
A pesar de lo anterior, el propio Zaldívar se atrevió a calificar a Guerrero Zazueta como una persona que lo “traicionó”, que “está ahora con Norma Piña” y que incluso lo acusa de ser el autor de la denuncia anónima.
Luego de ganar las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, entonces virtual presidenta electa, presentó a dos integrantes más de su gabinete ampliado, entre los que se encontraba Arturo Zaldívar que asumió el cargo de coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, mismo que mantiene hasta el día de hoy.
Meses después y pese a los señalamientos en su contra, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que entre los perfiles para integrar al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, órgano encargado de evaluar las candidaturas al proceso de elección de personas juzgadoras en 2025, estaba Zaldívar.
Precisamente, a través del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo fue que tres personajes cercanos al exministro Arturo Zaldívar y al expresidente López Obrador se apuntaron a las listas para dirigir el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano del PJF que será en encargado de investigar y sancionar a jueces, magistrados y ministros.
Mientras esto pasaba fue que el CJF ordenó el cierre de la investigación interna por la presunta presión a jueces y magistrados, dando carpetazo al asunto, según lo reportaron diversos medios nacionales e internacionales.
Apenas en abril de este año, una investigación periodística elaborada por el equipo de Aristegui Noticias reveló la existencia de un equipo de Televisa llamado “El Palomar” dedicado a la creación de propaganda sucia y desinformación en redes sociales, agencia que habría sido contratada para fortalecer la imagen del exministro Arturo Zaldívar y atacar a sus adversarios políticos con recursos del propio PJF, sin que hasta ahora se conozca sobre la existencia de una investigación formal por parte de las autoridades.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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