La resolución aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corte el 3 de marzo pasado en sesión privada, también protege a la ministra presidenta Norma Piña quien fue denunciada por Zaldívar en abril de 2024 por supuestamente interferir en la elección presidencial a favor de la excandidata panista, Xóchitl Gálvez.

“Este Tribunal Constitucional determina que lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario 9/2005 ya no se encuentra vigente para atender las quejas y/o denuncias ciudadanas en que se atribuya responsabilidad administrativa a alguna ministra o ministro de este Alto Tribunal.

“Por tanto, las quejas y/o denuncias ciudadanas en las que se atribuyan alguna responsabilidad administrativa en contra de alguna Ministra o Ministro, ya sea en funciones o en retiro, deben ser remitidas a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para su desechamiento, teniendo como referente lo determinado en la presente consulta a trámite”, establece la resolución cuyo proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

En su resolución el ministro precisó que la ley establece que los integrantes del Pleno cuentan con fuero que los protege contra acusaciones de responsabilidad política y penal e incluso frente a su propia renuncia, pero no especifica qué pasa con acusaciones de responsabilidad administrativa.

Añadió que el acuerdo General 9/2005 facultaba al Pleno de la Corte para investigar las acusaciones de posibles responsabilidades administrativas en contra de los ministros, pero que a partir de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya dejó de tener vigencia debido a que esa facultad fue transferida al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que entrará en funciones el 1 de septiembre próximo y ni siquiera es aplicable a estos casos.

“Actualmente ya no se sostiene la vigencia del Acuerdo General Plenario 9/2005, tratándose de faltas administrativas atribuidas a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es así, ante la inexistencia de un marco legislativo que desarrolle y precise el procedimiento sancionador aplicable a dichos juzgadores, así como el tipo de faltas administrativas que les pueden ser atribuidas (incluyendo su gravedad) y las sanciones susceptibles de imponerse”, indica.

“No pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia”.

Es decir, que pese a que la facultad le fue conferida al TDJ para investigar a los ministros, estos sólo pueden ser removidos de sus cargos por causas graves y a través de un juicio político o declaratoria de procedencia.

“Sin que lo anterior implique dotar de impunidad alguna a dichos impartidores de justicia, pues como ya se destacó, sí pueden ser sujetos de responsabilidad penal en términos de lo previsto por el artículo 111 de la Constitución Federal, o bien, ser sometidos a responsabilidad política de conformidad con el diverso artículo 110 del mismo ordenamiento”, enfatiza el fallo.

“Mientras no exista un marco legislativo que desarrolle con precisión las faltas susceptibles de atribuirse a los ministros y ministras de la Suprema Corte, así como las sanciones y el procedimiento a seguir para su determinación, no se les puede reprochar responsabilidad administrativa a fin de no interferir con la alta función jurisdiccional que se les ha conferido. Aunado a que la falta de ese desarrollo legislativo no puede ser subsanada a través de un Acuerdo General Plenario, como el 9/2005, que motivó la apertura de la presente consulta a trámite”.

Pese a que estas y más irregularidades se dieron a conocer públicamente en abril de 2024, cuando se filtró una denuncia anónima presentada en contra de Zaldívar por vulnerar la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), en diciembre de ese año el CJF ordenó el cierre de la investigación, dando así carpetazo al caso de corrupción más importante de dentro de este poder en los últimos años, en tan solo 8 meses. 

Actualmente, Arturo Zaldívar labora como coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República; Carlos Alpízar, mano derecha de Zaldívar en el CJF, ocupa un puesto como jefe de unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación; mientras que los juzgadores que los denunciaron perderán su trabajo producto de la reforma al Poder Judicial, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada y redactada por el propio Zaldívar.

La carta publicada por editorial Grijalbo da nueva información sobre una investigación que concluyó sin que se conocieran más detalles y sin llegar a deslindar responsabilidades de ningún tipo. 

“Todo pone en peligro el legado que usted se ha dedicado a construir”: la carta que Guerrero envió a Zaldívar

En el capítulo 8 titulado El testimonio de Arturo Guerrero, el periodista Hernán Gómez da cuenta de que, interesado en que el entonces ministro presidente conociera lo que estaba ocurriendo al interior del CJF, el 14 de febrero de 2022 Guerrero Zazueta redactó una carta de siete páginas y se la entregó a Alejandra Spitalier, quien entonces se desempeñaba como secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte, para que se lo diera a su jefe.

En su carta, que fue escaneada y reproducida íntegramente en el libro, Guerrero Zazueta le especifica a Zaldívar que “son tantos temas y tan delicados cada uno” que prefirió escribirle todo antes de “tener la oportunidad de plantarle de viva voz” todas las irregularidades presuntamente cometidas por Carlos Alpízar. 

En primer lugar, Guerrero le indicó que existían asuntos donde “el problema pareciera de formas”, pues los jueces “se han sentido sencillamente intimidados para que resuelvan contra lo que -sienten- que deben de resolver, incluso ‘echándole ganas’ o ‘viendo el expediente con buenos ojos’”.

“Segundo, hay casos donde los asuntos no parecen ser ‘de Estado’, pero igual (Alpízar) me pidió readscribir a los titulares sin razones reales. En dos de ellos, cuando comenté que los vería con usted, las solicitudes quedaron ‘sin materia’ (Taissia Cruz Parcero y Francisco Migoni, este para un asunto del interés de YEM -Yasmín Esquivel Mossa- y S. Nieto -Santiago Nieto-).

“En dos más, el problema fue la forma, pues entiendo que usted sí los avaló. Uno lo justificamos con nombramientos cruzados (Rodolfo Sánchez Cepeda, en un concurso mercantil) y en otro el juez terminó pidiendo un cambio (Alberto Roldán, un asunto sobre una orden de aprehensión de una mujer de la SSP de Peña). Todos lo han comentado con Bátiz e intuyo que el último tiene una grabación”, se puede leer en la carta. 

Es decir que, desde aquel entonces, Guerrero intentó advertir por el caso del fraude por más de 2,500 mdp en la Policía Federal, mismo que Zaldívar y Alpízar intentaron cerrar y que fue incluida en una nueva denuncia presentada por el ahora magistrado Alberto Roldán en contra Zaldívar con audios que confirmaron las presiones en la Corte para modificar resoluciones de jueces y magistrados. 

Como tercer punto, Guerrero describió casos donde el asunto “parece carecer del más mínimo interés de Estado o político, pero involucran mucho dinero”. Por ejemplo, un tema por un crédito fiscal por 62 millones de pesos; un arrendamiento de C&A por 18 millones (caso que involucra presión contra la juzgadora María Emilia Molina y la supuesta intervención de “un amigo del presidente con quien juega béisbol”) y un arrendamiento de Forever 21 por 14 millones de dólares. 

Hay, además, temas de hostigamiento laboral, uso personal de recursos públicos y dinero en efectivo, violencia sexual, y la ocupación total de la UGIRA (en la que supuestamente hubo una restructuración que se tradujo en que 16 de las 32 plazas de este organismo fueron ocupadas por “gente de Alpízar”. 

“Sé que Carlos ha jugado un rol importantísimo en el proyecto y haría hasta lo imposible por usted. También sé que es imposible que usted esté al tanto de todo lo que hace. El tema es que el recuento no es exhaustivo, los temas son gravísimos y los casos han llegado a muchísimas fuentes […] Todo pone en peligro y atenta contra el valiosísimo legado que usted ha dedicado una vida a construir y en el que miles de personas creemos. Estoy convencido de que es mi deber transmitirle esta información. Mi lealtad con usted y mi historia de vida me obligan a hacerlo”, finalizó la carta que Guerrero envió a Zaldívar.

El 7 de noviembre de 2023, de manera intempestiva el ministro Arturo Zaldívar presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, dejando así no solo un lugar vacante en el Máximo Tribunal del país sino también la puerta abierta para que el mandatario federal tuviera la oportunidad de nombrar a cinco ministros, cuando originalmente solo le correspondían tres, movimiento que culminó con la designación directa de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte. 

Horas después de dar a conocer la renuncia, la entonces aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, confirmó que Zaldívar se uniría a su campaña para trabajar juntos y “avanzar en la transformación del país”, aunque luego se dio a conocer que la decisión se tomó un día antes de informarlo públicamente. 

Tan solo unos meses después, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber intervenido en la Suprema Corte cuando Zaldívar era el presidente para modificar decisiones de jueces en ciertos casos, por ejemplo cuando algunos jueces con casos de delincuencia organizada ordenaban liberaciones. 

“Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, dijo el mandatario federal durante una de sus conferencias de prensa matutinas. 

La declaración causó tanto impacto mediático y político que el exministro Arturo Zaldívar tuvo que negar que durante su mandato haya intervenido para que jueces o magistrados modificaran sus resoluciones en algunos casos a petición del presidente de la República. 

El caso volvió a revivir luego de que el 9 de abril de 2024, la ministra Norma Piña, en su calidad de presidenta del CJF, recibió una denuncia anónima en contra del exministro Arturo Zaldívar y algunos de sus colaboradores más cercanos por supuestos actos de corrupción, por lo que ordenó iniciar investigaciones para recabar pruebas que permitieran esclarecer la existencia de causas de responsabilidad administrativa. 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exministro dijo que la investigación tenía intenciones políticas de desprestigiar a exfuncionarios del CJF que, en su momento, emitieron criterios favorables al gobierno del presidente López Obrador, por lo que acusó la existencia de una “cacería de brujas”. 

“Es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave además que se utilice los medios para tratar de desprestigiar, veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección y tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos que me parecen inadmisibles en un estado de derecho”, comentó.

En plena campaña electoral de 2024, tanto Arturo Zaldívar como Mario Delgado, entonces presidente nacional del partido Morena, convocaron a una conferencia de prensa en la que informaron que promoverían un juicio político en contra de la ministra Norma Piña por supuesta “intervención en el proceso electoral”, luego de que la presidenta de la Corte  ordenara iniciar una investigaciones por presuntos actos de corrupción cuando Zaldívar estuvo al frente de la Corte. 

Ahí, a pregunta expresa de Animal Político, el exministro negó haber tenido conocimiento alguno de que colaboradores suyos hubieran presionado a jueces y magistrados para que resolvieran a modo diversos asuntos. 

-Ministro, ¿usted puede asegurar totalmente que ninguno de sus colaboradores se reunió en ningún momento con un juez o magistrado para…? – se le preguntó. 

-A ver, lo que yo puedo asegurar es: Primero, yo tengo confianza en mis colaboradores.  Segundo, yo no tengo conocimiento de que haya habido ninguna reunión de ese tipo. Es lo único que puedo decir, no puedo afirmar cosas que no sé. Simplemente tengo confianza en ellos y no tengo conocimiento que se hubiera hecho nada indebido-, respondió-, afirmación que gracias a la carta de Guerrero se puede comprobar que fue mentira.

Luego de darse a conocer la denuncia anónima presentada contra Zaldívar y sus excolaboradores, Animal Político reveló que estas acusaciones por presuntos actos de corrupción también alcanzaron a colaboradores cercanos de la ministra Norma Piña, actual presidenta de la Suprema Corte. 

Entre ellos estaba precisamente Guerrero Zazueta, exsecretario ejecutivo del Pleno del CJF quien se unió al equipo de la ministra Norma Piña cuando fue nombrado como nuevo director general de la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del mismo órgano. 

En el caso de Guerrero Zazueta, tanto en la denuncia anónima como en el expediente J/108/2024 se le señala por ejercer “presión” contra una magistrada en el caso Lozoya, en conjunto con Carlos Antonio Salazar Alpízar, entonces secretario general de la Presidencia del CJF, a quien se le señala por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión, y Jaime Santana Turral, extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. 

A pesar de lo anterior, el propio Zaldívar se atrevió a calificar a Guerrero Zazueta como una persona que lo “traicionó”, que “está ahora con Norma Piña” y que incluso lo acusa de ser el autor de la denuncia anónima. 

Luego de ganar las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, entonces virtual presidenta electa, presentó a dos integrantes más de su gabinete ampliado, entre los que se encontraba Arturo Zaldívar que asumió el cargo de coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, mismo que mantiene hasta el día de hoy.

Precisamente, a través del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo fue que tres personajes cercanos al exministro Arturo Zaldívar y al expresidente López Obrador se apuntaron a las listas para dirigir el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano del PJF que será en encargado de investigar y sancionar a jueces, magistrados y ministros.

Mientras esto pasaba fue que el CJF ordenó el cierre de la investigación interna por la presunta presión a jueces y magistrados, dando carpetazo al asunto, según lo reportaron diversos medios nacionales e internacionales. 

Apenas en abril de este año, una investigación periodística elaborada por el equipo de Aristegui Noticias reveló la existencia de un equipo de Televisa llamado “El Palomar” dedicado a la creación de propaganda sucia y desinformación en redes sociales, agencia que habría sido contratada para fortalecer la imagen del exministro Arturo Zaldívar y atacar a sus adversarios políticos con recursos del propio PJF, sin que hasta ahora se conozca sobre la existencia de una investigación formal por parte de las autoridades.

El Ministro en retiro Arturo Zaldívar afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) carece de un marco jurídico para sancionarlo, tras una investigación que ordenó la Ministra Presidenta Norma Piña de él y sus excolaboradores.

Por medio de sus redes sociales, el expresidente de la SCJN aseguró que las acusaciones en su contra sólo demuestran que es un “problema político electoral” para demeritar al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.