A pesar del entusiasmo con el que habla del curso, reconoce que la falta de experiencia es un reto. “Cuando otros presumen su currícula, pues me siento chiquito, la verdad. Digo, algunos tienen 15, 20 años, o más de 20 años de experiencia y, pues, voy corriendo atrás de ellos”, afirma.

También admite que la capacitación no es suficiente: “Esto no termina jamás. Es continuo. Porque nuestras leyes presentan muchas contradicciones entre lo que dice el legislador, lo que dice la norma y lo que dice la realidad”.

Aunque insiste en que es un ciudadano común, su trayectoria incluye varios cargos públicos. Ha sido regidor en Valle de Chalco, asesor legislativo en el Senado y en el Congreso local, y director municipal de vinculación y reglamentación. En 2024 buscó una diputación local por el PRI, y en la etapa final del proceso electoral fue visto en eventos de Morena.

Tapia González sabe que estará bajo escrutinio. “Vamos a estar ahora sí que en el ojo del huracán”, dice con firmeza. Asegura que ha sentido la presión desde que fue electo y que la expectativa sobre su desempeño es alta, especialmente entre quienes dudan de la reforma judicial y del perfil de los jueces ciudadanos.

—¿Cuál cree que será su mayor desafío cuando asuma el cargo? —se le pregunta.

—Híjole… pues la falta de experiencia, sin duda. Pero tengo algo que me legitima y que me fortalece: el apoyo de la ciudadanía.

—¿Qué le representa saber que, sin carrera judicial, va a tener en sus manos decisiones que pueden afectar la libertad o el patrimonio de una persona?

—Estoy aprendiendo que esto nos va a comprometer más, y sobre todo en esta etapa de adaptación. Por eso es tan importante estar aquí, preparándonos todos los días.

Asegura que la escuela judicial está haciendo un esfuerzo por brindarles las herramientas necesarias. Él, por su parte, se mantiene en contacto con sus electores a través de redes sociales. “Es una de mis fortalezas”, dice, y muestra con orgullo un video que grabó saludando “desde Toluca” para informar que está en formación. Repite que fue el voto popular el que lo colocó en esta posición y que no va a desaprovechar esa legitimidad.

El nuevo modelo de elección judicial no solo ha generado dudas entre la ciudadanía, también ha provocado fricciones dentro del propio sistema de justicia. Tapia González habla abiertamente del debate que percibe entre quienes fueron electos por voto popular y los jueces formados dentro del Poder Judicial.

“Desde que se abrieron las convocatorias, descubrí el debate entre lo que es la carrera judicial y esta apertura para que el pueblo decida”, explica. “Esto todavía es una de las partes complicadas”, reconoce.

Dice que hay diferencias de visión, pero también resistencias. Asegura que algunos de sus compañeros electos comparten la sensación de no ser reconocidos por quienes hicieron carrera tradicional. “Es un reto porque, insisto, choca un poco”, afirma.

Un juez no se forma en dos meses

María del Refugio Elizabeth Rodríguez, directora de la Escuela Judicial del Estado de México, lo dice sin rodeos: un juez no se forma en dos meses. Explica que, en condiciones normales, la formación completa de un juzgador toma cerca de un año: seis meses de preparación académica y tres más para el concurso de oposición. “No puede ser menos de seis meses, más otros tres del proceso de oposición. El proceso completo toma más o menos un año”, detalla.

Pero ante la llegada de jueces electos por voto popular sin carrera judicial, ese proceso se compactó en un curso intensivo de poco más de dos meses. “Fíjate que el diseño inicial tenía horarios de nueve de la mañana a nueve de la noche, con dos horas para alimentos. Pero como muchos trabajan, hubo que ajustar sobre la marcha. Ahorita es de lunes a viernes. Incluso la escuela tendría que entrar en periodo vacacional en dos semanas, y no lo vamos a tener”.

“Un juez no se forma en dos meses. Las competencias para impartir justicia no las da solo la universidad: eso lo enseña una escuela judicial, con práctica, acompañamiento y experiencia real”.

El curso fue diseñado entre enero y abril de 2025, con un tronco común para todos los electos, seguido de módulos especializados por materia. La etapa más exigente será la capacitación en sitio: ahí los nuevos jueces acudirán a juzgados reales, observarán audiencias y practicarán con supervisión directa. “Tendrán un mentor a su lado, pero estarán viendo casos reales, estructuras internas, resoluciones, acuerdos… todo en tiempo real”.

Para ella, este primer proceso con jueces electos todavía está a prueba. “Es muy temprano para dar una postura firme. Es el primer ejercicio. Pero de lo que sí estoy segura es de que queremos los mejores jueces”.

“Hay que darles seguimiento, analizar sus resoluciones, y ver qué tan actualizados están. Yo no quiero que se queden solo con lo que aprendieron en la licenciatura. Para ser juez, eso no alcanza”.

A pesar de los ajustes, la escuela sostiene que no basta con ganar una elección para impartir justicia. Rodríguez insiste en que el modelo debe corregirse desde el origen:

“Yo creo que los siguientes candidatos deberían haber pasado previamente por la Escuela Judicial. Ya estamos trabajando en un estándar de competencia que se pueda exigir desde antes de la elección”.

“La preparación —agrega— debe ser condición, no consecuencia. Queremos los mejores jueces, y para eso no basta con ir a votar”.

La decisión de regresar a labores ocurrió luego de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México amagara a las y los trabajadores judiciales con imponerles sanciones administrativas, descuentos y no pagarles la nómina en caso de continuar con las protestas. 

¿A qué acuerdo llegaron trabajadores y autoridades?

Asimismo, garantiza que no habrá represalias económicas o administrativas para las y los trabajadores que hayan participado en el paro, las protestas o reuniones organizativas, por lo que no se aplicarán descuentos, sanciones ni medidas disciplinarias. 

El acuerdo fue firmado por el oficial mayor del Poder Judicial de la CDMX, Sergio Fontes Granados; con la representación del presidente Tribunal Superior de Justicia capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, y los representantes de las sedes del órgano judicial durante la mesa de negociación que sostuvieron esta mañana con el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Fadlala Akabani.

El paro de labores en el Poder Judicial de la CDMX

Desde el 29 de mayo de 2025, las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México iniciaron un paro de labores demandando un aumento salarial, la renovación de su sindicato y mejores condiciones de trabajo que incluyeran la basificación de todos los integrantes de la institución. 

El paro laboral paralizó la justicia capitalina, afectando sobre todo diversos casos en materia familiar. Desde que iniciaron las protestas, los asuntos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, demandas de alimentos, guardia y custodia, y hasta de violencia intrafamiliar, se mantienen en suspenso.

La situación ha provocado cansancio y frustración en la ciudadanía al no poder continuar con sus procedimientos. 

El 26 de junio de 2025, Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, hizo un llamado a reanudar las actividades a partir del lunes 30 de junio para evitar más afectaciones, sin embargo, las y los trabajadores del Poder Judicial rechazaron la solicitud y aseguraron que el sistema de justicia ya se encontraba colapsado desde antes.

El de Gabriela es un caso más que se suma a la lista de miles de asuntos que se mantienen en parálisis en la capital del país, sobre todo en materia familiar, luego de que las y los trabajadores comenzaron a manifestarse en demanda a una mejora salarial y de sus condiciones laborales, exigencias que las autoridades no han podido solventar. 

“En mi familia llevamos más de dos años con esto y sí quisiera terminar, pero creo que esto (el paro) lo ha retrasado bastantes meses. Yo quisiera ya acabar. Ya quiero paz”, dice Gabriela, con el semblante visiblemente cansado, en entrevista con Animal Político.

“No sé si voy a durar meses y no voy a resolver nada”

En circunstancias similares se encuentra Eluvia Martínez Nila, una extrabajadora jubilada de la empresa Teléfonos de México (Telmex), que a pesar de que su esposo falleció desde marzo de este año, no ha podido iniciar un juicio intestamentario -que se promueve cuando una persona muere sin dejar testamento-, necesario para hacer diversos trámites.  

“Por ejemplo, el departamento donde vivo, porque me casé con bienes mancomunados, no puedo ni heredarlo, ni venderlo hasta que no haga el juicio intestamentario. Y pues no lo puedo realizar porque los juzgados están cerrados”, señala Eluvia, quien tiene 62 años. 

La muerte del esposo de Eluvia, quien falleció en un gimnasio en la zona sur de la capital, fue difundida en su momento en medios de comunicación. El hombre murió de forma repentina tras caer de una máquina para hacer ejercicio.

“Yo ya quisiera arreglar mis asuntos, la verdad, porque con esto de la pérdida de mi esposo, uno hace reflexión y piensa ‘no sé si voy a durar dos meses o tres meses y no voy a arreglar nada, ningún papel’. De mis hijos van a decir: murió su papá, murió su mamá y no arreglaron nada. Pero no saben las dificultades que nos vamos presentando ahorita, de que está detenido todo”, comenta. 

Además, Eluvia no solo tuvo que lidiar con promover el juicio, sino también con el retraso en la entrega de los documentos de la muerte de su marido por parte del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Poder Judicial de la Ciudad de México, que por falta de material, también acumulan cadáveres sin identificar o mal almacenados.

Los peritos y médicos forenses del Incifo se sumaron al paro de labores -aunque de forma activa para no agravar más la crisis forense- de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, en demanda a un aumento salarial, mejora en sus condiciones de trabajo y el despido de sus directivos.

Autoridades piden a trabajadores de juzgados en CDMX regresar a laborar

El 26 de junio de junio de 2025, tras un mes de protestas, Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, informó que, a pesar de sostener 19 mesas de diálogo, no habían podido alcanzar un acuerdo con las y los trabajadores, por lo que simplemente volvió a exhortarlos para que regresaran a trabajar a partir del lunes 30 de junio.

“Sabemos que cada día que el Tribunal no opera plenamente representa un inmenso retraso para la ciudadanía en sus asuntos y en sus procesos legales. Estamos evaluando todas las oposiciones para mitigar los efectos de esta situación en sus trámites […] Por ello, exhorto, así lo vuelvo a decir, a cada uno de nuestros trabajadores que regresen a sus áreas de trabajo”, señaló en una conferencia, sin ofrecer mayores soluciones.

“Yo quisiera decirles que, por favor, tomen cartas en el asunto de los trabajadores. Que los apoyen, que los ayuden, para que a su vez también ellos, como resultado al público, a la gente que necesitamos de esa atención, pues nos atiendan a la brevedad para recuperar el tiempo que estamos aquí detenidos. Sí, me gustaría que las autoridades tomaran cartas en el asunto y le pusieran más atención a su personal. Al fin de cuentas, todo tiene que ser a través de ellos. No hay otro camino”.

Finalmente, demandaron que en las negociaciones para el levantamiento del paro no tenga ninguna participación el Sindicato Único de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o cualquiera de sus secciones, luego de que este órgano gremial se ha mantenido omiso ante la movilización de la base trabajadora.

Tribunal Superior de Justicia de CDMX recibe pliego petitorio de trabajadores en paro

En respuesta, el Tribunal Superior de Justicia, en su calidad de parte patronal, propuso revisar el presupuesto para analizar la viabilidad de otorgar un estímulo económico. También se comprometió a no tomar represalias contra los trabajadores movilizados.

Durante la mesa de negociación del pasado viernes, que se prolongó por más de seis horas, las autoridades reiteraron que el monto del posible bono se conocería hasta septiembre, una vez que se revisen los ahorros presupuestales, pero se negaron a establecer un monto concreto o, incluso, a garantizar dicho estímulo.

Esta propuesta oficial implica una modificación al acuerdo ofrecido en la mesa de diálogo previa, realizada el martes 18 de junio, en la que se prometió a los trabajadores un bono y, si quedaba presupuesto, un aumento adicional.

Según los trabajadores, las autoridades insisten en que no es viable un incremento adicional este año por la política de austeridad, pero el movimiento consideró que el problema no es la falta de recursos, sino la necesidad de revisar el gasto y redistribuirlo con justicia, mediante una auditoría.

“Incluso, nos dijeron que no jugáramos a las vencidas con Sansón. Fue una especie de amenaza entre líneas. Los trabajadores ya queremos volver a las actividades, pero no así, si firmamos cualquier cosa, en diciembre nos dicen que no hay dinero y otra vez quedamos igual”, subrayó.

González Nahle será magistrada Civil. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como subdirectora de Verificación en el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

De acuerdo con su semblanza curricular, en 2017 formó parte del equipo de asesores del senador priista José Marco Antonio Olvera, quien actualmente es delegado general del tricolor en Zacatecas.

Otro cercano a grupos influyentes del morenismo es Oscar Medina Alonso, quien será magistrado penal. En 2020 fue designado agente del Ministerio Público en la Fiscalía capitalina, donde después fue nombrado líder coordinador de Proyectos en la oficina de Ulises Lara, cuando éste quedó como encargado de la institución.

Zeila Eunice Pérez Herrera será magistrada en Justicia para Adolescentes, luego de que hasta el 31 de marzo último se desempeñó como directora de Instrumentos Normativos y Administrativos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, con quien trabajó como directora jurídica en la alcaldía Iztapalapa.

Denuncias y señalamientos

Entre los juzgadores con antecedentes cuestionados se encuentra Carmen Alejandra Lozano Maya, quien será jueza penal pese a que en 2020 tuvo que dejar su cargo como ministerio público en el Estado de México, luego de casi dos décadas en activo. Se separó del cargo porque fue denunciada por actos de tortura, abuso sexual y extorsión en agravio de una mujer y sus dos hijos menores de edad.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Edomex desechó la denuncia por falta de pruebas, pero después fue denunciada nuevamente por actos de corrupción y abusos por parte del colectivo “Presunción de inocencia”, durante un foro legislativo realizado en 2020. Sin embargo, tampoco fue sancionada.

También es el caso de Alejandro Torres Jiménez, quien será magistrado civil. En 2017 fue sujeto a investigación por el Consejo de la Judicatura capitalino por supuestas faltas administrativas en el caso del abogado Ulrich Richter Morales contra la empresa Google.

En aquel momento, Torres era juez Octavo Civil y fue acusado por Richter Morales de dilatar dolosamente el juicio al ordenar 10 intentos para notificar al autor material de las publicaciones reclamadas por el jurista, en un periodo de 12 meses, lo que implicó un promedio de un intento de notificación por mes que mantuvo, todo ese tiempo, empantanado el asunto.

Otro caso es el de Miguel Morales Monter, quien logró quedarse como magistrado familiar pese a que, como juez Quinto Familiar, cargo que ocupaba hasta septiembre último, fue señalado continuamente como cómplice de hombres que ejercen violencia vicaria por favorecerlos con sus determinaciones.

El caso más reciente fue cuando otorgó la custodia de los hijos de Berenice Gervassi al padre de estos, lo que terminó en la muerte de uno de los niños menores de edad; también entregó a los cinco hijos de Maha Schekaibán, a Bernardo Vogel, caso informado por la edición mensual Proceso 0021.

Al postularse como candidato a magistrado, Monter ocupaba el cargo de juez Familiar de Oralidad en los juzgados recientemente creados por la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Uno más es el de Erick Javier Martín Salas, quien será magistrado penal pese a que, como director general para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puesto que ocupó del 1 de enero de 2022 a noviembre de 2023, fue denunciado junto con otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) por hostigamiento, acoso laboral, sexual, discriminación y lo que resulte en agravio de Lucero Muñoz García, abogada que trabajó en la Unidad de Evaluación de Riesgos del mecanismo.

Olimpia García Torres conservará su cargo como juez civil. En mayo del año pasado prohibió a partidos de oposición referirse a lo ocurrido con el derrumbe de la Línea 12 durante la campaña electoral.

El 1 de junio último la capital del país renovó la mitad de sus jueces y magistrados y, por primera vez, conformó el Tribunal de Disciplina Judicial mediante comicios.

En total, se eligieron a 98 jueces y 49 magistrados en materias familiar, civil, de justicia para adolescentes, especializados en adopción y laborales, quienes iniciarán sus nuevas funciones a partir de septiembre próximo.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó que en la elección participó 14.91% del total de ciudadanos registrados en la lista nominal, es decir, un millón 188 mil 863 personas.

De lo federal a lo local

Proceso realizó una revisión de cada uno de los perfiles de los ganadores, entre los que destacan personas que optaron por dejar del Poder Judicial Federal para incorporarse a la justicia local, como Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, quien dejará su puesto como secretario de acuerdos en tribunal Colegiado de Circuito, para ocupar una magistratura en materia penal.

En 2023, en su edición semanal número 2426, Proceso informó que Sánchez Talledo, trabajador del Poder Judicial de la Federación (PJF), denunció que una secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en el Estado de México, donde él era magistrado interino (provisional), lo amenazó de muerte.

La administración del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, antes de entregar a la actual presidenta, Norma Piña, decidió reubicarlo en Tamaulipas como solución a su denuncia.

Para evitar su traslado solicitó apoyo a Piña Hernández, quien envió el asunto al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde rechazaron reubicarlo en un circuito más cercano al Estado de México, su lugar habitual de residencia.

Anaid Elena Valero Manzano, quien será magistrada penal, antes de postularse para la elección judicial fue una de las candidatas a ser la nueva Fiscal General de Justicia en la CDMX, junto con Bertha María Alcalde y Ulrich Richter Morales, para la administración de Clara Brugada.

Anteriormente, se desempeñó como secretaria de acuerdos en la ponencia de la ministra Norma Piña en la SCJN y también fue directora del Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica.

Paulina Cal y Mayor Turnbull, actualmente directora del Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) del Tribunal, área encargada de elaborar los exámenes y cursos de carrera judicial, a partir de septiembre próximo será magistrada familiar.

También es el caso de Santiago José Vázquez Camacho, quien dejará el PJF para incorporarse al Poder Judicial local como magistrado familiar. Durante la gestión de Norma Piña en la Suprema Corte fue designado director general de Relaciones Institucionales. Antes se había desempeñado como secretario de estudio y cuenta en la ponencia del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Aspiraciones frustradas

La reforma judicial permitió a los jueces y magistrados locales que llegaron a esos puestos por carrera judicial, tener una candidatura automática para participar en la elección del 1 de junio último.

Aunque el Tribunal local rechazó dar a conocer cuántos de esos juzgadores declinaron sus candidaturas, el IECM informó que 26 magistrados y 30 jueces de primera instancia rechazaron participar.

Proceso documentó casos de nepotismo ejercido por juzgadores que decidieron participar en la elección.

Conforme a los resultados de los comicios, ninguno de ellos logró obtener un puesto, aunque no todos quedaron fuera del Tribunal.

El 25 de marzo reciente esta casa editorial dio a conocer el caso de la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza, quien buscó conservar su cargo en la elección, pero no alcanzó los votos requeridos, por lo que en septiembre próximo deberá dejar su cargo.

Los dos hijos de la magistrada trabajan en el Tribunal, uno de ellos, Joaquín Campos Santos, director de la Unidad de Gestión Administrativa de Proceso Oral en materia Familiar, fue candidato a juez Familiar pero no resultó electo. Sin embargo, conservará su cargo porque la reforma no le exige su renuncia para participar en la contienda.

Saraí Campos Santos, hija de la magistrada, es secretaria de Acuerdos del juzgado Décimo Teercero de lo Familiar; su esposo y yerno de la magistrada, Vicente del Valle Noriega, fue candidato a juez Familiar y tampoco resultó electo.

El 6 de mayo pasado se informó también el caso de María del Socorro Cecilia Jiménez Vega, jueza de Proceso Oral en materia Familiar, quien fue candidata a magistrada familiar pero no resultó electa.

Sin embargo, sólo deberá dejar su cargo si su plaza formó parte de las vacantes que el Poder Judicial local sometió a la elección de este año.

El esposo de la juzgadora, Omar Arturo Pérez Ricalde, también trabaja en el Tribunal como secretario de Acuerdos Titular de la Unidad de Gestión Judicial Tipo 2 y participó como candidato a juez Familiar, pero no resultó electo, por lo que no será obligado a dejar su cargo.

Mientras que Rebeca Yazmín Rodríguez Pujol, juez interina en el juzgado Sexto de lo Familiar e hija de la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas, intentó ser magistrada pero no lo logró.

Debido a que ni siquiera tiene cargo de juzgadora, no será obligada a abandonar el tribunal.

Desde las 6:00 de la mañana de este día, un grupo de personas identificadas como “cargadores”, quienes suelen acompañar a actuarios en diligencias judiciales, se apostó en las entradas de varios edificios del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entre ellos, había hombres y mujeres que, de acuerdo con testimonios de personal del Tribunal, actuaron como golpeadores para impedir la protesta laboral.

“Estaban desde las seis de la mañana en cada puerta de los inmuebles: Niños Héroes 132, Torre Norte, Torre Sur, Claudio Bernard 150, el 119 y Claudio Bernard 60”, declaró Yanet Villagómez, trabajadora administrativa especializada en juzgados civiles. “Son los que acompañan a las actuarias para los lanzamientos, para las diligencias que tienen que hacer; sin embargo, pues entre esos cargadores hay golpeadores”, afirmó.

Los disturbios comenzaron alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando los trabajadores intentaban iniciar su manifestación. “Fue en la entrada principal del edificio Niños Héroes 132, que es la entrada para el Consejo de la Judicatura. Ahí se armó todo. Aventaron piedras, botellas, tierra. No sabíamos ni con qué nos estaban golpeando”, relató.

También se reportaron agresiones en el estacionamiento de ese edificio, así como en las demás sedes. “Desde que llegamos no nos dejaron poner lonas, lazos, cintas. Nos las quitaban. A una compañera le aventaron una piedra y le abrieron la cara”, narró Yanet. La trabajadora fue atendida por Protección Civil y trasladada primero al ISSTE de Indianilla y posteriormente al Hospital Ángeles.

“Nos quisieron intimidar desde temprano, pero no nos vamos a echar para atrás. Vamos a seguir hasta que nos cumplan”, dijo Yanet al insistir que la huelga se mantendrá.

“No sabemos quién los mandó, pero no fue gratis”, agregó. “Hay versiones de que fue el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, o el sindicato de Diego, o el de un compañero que se llama Rafael. Pero alguien les pagó”.

La protesta

Desde el pasado 29 de mayo, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial local decidieron iniciar una protesta para reclamar un aumento salarial del 7% a sus salarios, que no fueron incrementados a pesar de que la Ley Federal del Trabajo estipula que, desde el primer semestre de cada año, debe haber un incremento.

El 5 de junio de 2025, luego de días de manifestaciones, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Diego Valdez Medina, emitieron un comunicado en el que informaron sobre un 5% de aumento directo al salario y 2% en prestaciones.

Los trabajadores no aceptaron dicha propuesta, debido a que señalaron que este acuerdo fue tomado en cuenta sin consultar a la propia base trabajadora.

Ayer, tras una mesa de negociación, autoridades capitalinas indicaron a los trabajadores que no podían seguir en las negociaciones, si no regresaban a laborar, por lo que estos tomaron la decisión de escalar sus protestas, comenzado con bloqueos en diversas calles de la capital este miércoles.

Por este motivo, hoy a las 11:00 horas, autoridades jurisdiccionales y de la Ciudad de México citaron a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México a una reunión en el edificio de Niños Héroes 119.

“El comentario fue ‘piensen que deben de regresar porque el gobierno de la Ciudad no puede negociar si está interrumpido un servicio que sí consideran sensible para la ciudadanía’. Entonces la respuesta fue no, por eso la comunicación que vamos a tener es que continúa el paro de actividades”, señaló un líder de los trabajadores la tarde de ayer.

🚨#Ahora | Presuntos grupos de choque agreden a los trabajadores del poder judicial de la CDMX que mantienen un paro de labores, en las inmediaciones de Ciudad Judicial en la colonia Doctores.

📹 Especial pic.twitter.com/lBWm0dQ99g

— Animal Político (@Pajaropolitico) June 11, 2025