ARTICLE 19, R3D y SocialTIC condenan la presunta corrupción y el espionaje ilegal ligados a la compra del software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, mientras el expresidente califica de “totalmente falsas” las acusaciones.
Según documentos judiciales y reportajes internacionales, dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Uri Ansbacher, habrían servido de intermediarios para la venta del spyware, obteniendo 25 millones de dólares en contratos gubernamentales. El diario israelí The Marker señala que la contratación de Pegasus permitió “violaciones masivas a la privacidad”, facilitadas por una red de corrupción y complicidad entre funcionarios y empresarios.
Las investigaciones periodísticas y judiciales han documentado que Pegasus fue utilizado para espiar a periodistas, activistas y figuras públicas, incluyendo a la periodista Carmen Aristegui y al excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón. En uno de los juicios, un testigo protegido afirmó que Ansbacher actuaba por órdenes directas de Peña Nieto y altos funcionarios, operando intervenciones ilegales de comunicaciones desde oficinas privadas.
Por su parte, Enrique Peña Nieto negó categóricamente las acusaciones y calificó como “totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones”.
“Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación”, señaló el exmandatario a través de sus redes sociales.
Exigimos investigación a fondo sobre red de empresas intermediarias vinculadas en la compra y uso ilegal de Pegasus
Ciudad de México, 7 de julio de 2025.- Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC expresamos nuestra condena ante las recientes revelaciones sobre la presunta corrupción, lavado de dinero y delitos fiscales relacionados con la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
A partir de documentos judiciales obtenidos con respecto a un laudo arbitral, el reportaje del diario israelí The Marker revela cómo dos empresarios israelíes –Avishai Neria y Uri Ansbacher– sirvieron como intermediarios y facilitadores de diversas entidades comerciales entre Israel y el gobierno mexicano, beneficiándose con 25 millones de dólares por la asignación de contratos gubernamentales durante la administración de Peña Nieto. Con lo anterior, se confirma la contratación –ampliamente documentada– a través de una “empresa de inteligencia” que ofrecía tecnología cuyas características coinciden con la descripción del spyware Pegasus a varias autoridades del país.
En este marco, diversas investigaciones periodísticas han evidenciado la corrupción en la compra de Pegasus, que representó un abuso de recursos públicos y facilitó violaciones masivas a la privacidad.
Lo anterior coincide además con la información obtenida en el único juicio penal que se siguió con motivo de la vigilancia con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui, en donde se reveló un entramado de corrupción y complicidad entre Ansbacher, dueño del conglomerado de compañías KBH, intermediarias que comercializaron Pegasus en México, y el gobierno de Peña Nieto. Según el testimonio del testigo protegido “Zeus”, Ansbacher actuaba por órdenes directas del expresidente Peña Nieto, del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del extitular del extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz, operando intervenciones ilegales de comunicaciones sin mandamiento judicial desde las oficinas de KBH.
Asimismo, se dio a conocer en ese juicio que el excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, fue víctima de espionaje con Pegasus, con sus conversaciones interceptadas y grabadas, lo que refuerza la gravedad y alcance de estas prácticas ilegales.
Adicionalmente, la información revelada resulta particularmente preocupante en un contexto en el que:
Información obtenida tanto por medios de comunicación, como El Pegasus Project y el New York Times, así como ante tribunales estadounidenses, revela cómo México ha sido el primer y principal cliente de NSO Group, empresa creadora de Pegasus.
Diversas investigaciones periodísticas y de sociedad civil documentan el uso ilegal de Pegasus en México para perseguir, reprimir, censurar y espiar a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y opositoras políticas, tanto en la administración de Peña Nieto como en la de Andrés Manuel López Obrador, usualmente en contextos en los que denuncian o inician investigaciones por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y demás autoridades mexicanas.
La semana pasada se aprobaron un paquete de leyes en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, en donde se le dan facultades a diversas autoridades indefinidas, pero incluyendo al Ejército, para un acceso irrestricto e inmediato a una plataforma interconectada con todas las bases de datos públicas y privadas del país.
Por lo que, estas acusaciones refuerzan la urgente necesidad de una investigación exhaustiva, transparente e independiente para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar justicia.
Al respecto, es importante destacar que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el uso de Pegasus no cesó. Diversas investigaciones han demostrado que el software fue utilizado por el Ejército mexicano para espiar a periodistas, defensoras de derechos humanos e incluso a funcionarios del propio gobierno. Comercializadora Antsua, una de las empresas de la red KBH, vendió el malware al Ejército en 2019. Por otro lado, en el marco del juicio Meta vs. NSO Group, se documentaron 456 infecciones con Pegasus tan solo en mayo de 2019 en territorio mexicano.
Ante estos hechos, exigimos a la Fiscalía General de la República y al gobierno federal:
Una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus y su uso indebido para espiar a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y opositoras.
Que se investigue y sancione a todos los responsables, incluidos exfuncionarios de alto nivel mencionados en las acusaciones y aquellos involucrados en el uso de Pegasus durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Plena rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en la adquisición de tecnologías de vigilancia y garantías de no repetición.
Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información. No permitiremos que estas graves violaciones permanezcan impunes. La verdad y la justicia no solo son indispensables para fortalecer nuestra democracia, sino también para garantizar que estos abusos no se repitan. Esta exigencia cobra aún mayor urgencia ante la aprobación reciente de marcos legislativos que, de forma individual y acumulativa, amplían las facultades del Estado para ejercer vigilancia masiva, sin controles adecuados ni garantías suficientes para proteger los derechos fundamentales de la población.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios: