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Sheinbaum descarta vínculos de su gobierno con empresarios ligados a Pegasus

“No, por lo menos con el gobierno, con la Secretaría de Seguridad, las secretarías del Gobierno de México, no”, afirmó Sheinbaum.

Durante su conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno mantenga vínculos o negociaciones con los empresarios israelíes relacionados con la venta del software espía Pegasus al gobierno mexicano.

Al ser cuestionada sobre la investigación en curso por el uso del programa durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la mandataria subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar la información necesaria a las autoridades israelíes.

“A partir de lo que mencionó aquí el fiscal es que se abrió una investigación y corresponde al fiscal poder solicitar toda la información que se requiera no solamente en México, sino en cualquier país”, puntualizó Sheinbaum.

El periodista de The Marker, Gur Meggido, quien reveló detalles sobre un arbitraje legal entre dos empresarios israelíes vinculados con la comercialización de Pegasus en México, advirtió que ambos continúan intentando establecer negocios con el gobierno mexicano.

Frente a esta información, la mandataria aseguró que, en lo que compete a la Secretaría de Seguridad y otras dependencias federales, no se ha detectado ninguna relación con dichos individuos.

“No, por lo menos con el gobierno, con la Secretaría de Seguridad, las secretarías del Gobierno de México, no”, afirmó Sheinbaum.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

No hay duda de que empresarios israelíes 'invirtieron' millones en Peña Nieto: Periodista israelí

Gur Megiddo, periodista de The Marker, consideró que no hay obstáculos para que el gobierno israelí entregue los documentos a México.

El periodista israelí Gur Megiddo, del periódico The Marker, reveló la existencia de un arbitraje secreto entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, en el cual se discutieron inversiones millonarias realizadas en el expresidente Enrique Peña Nieto y que abrieron la puerta para que obtuvieran contratos durante su sexenio.

Según los documentos presentados ante un tribunal civil de Israel, ambos empresarios habrían invertido hasta 25 millones de dólares en el exmandatario mexicano al inicio de su presidencia.

En entrevista con Aristegui En Vivo, reveló los detalles del arbitraje, cómo obtuvo la información y qué tendría que pasar para que las autoridades mexicanas tengas acceso al caso.

“Básicamente, [Avishai Neriah y Uri Ansbacher] eran socios en el pasado […] y tenían un acuerdo por el que, -dado que ambos estaban vinculados al expresidente-, se repartirían México, por más ridículo que pueda parecer”, explicó Megiddo. Detalló que el conflicto legal surgió cuando ambas partes se acusaron de invadir el “territorio” del otro.
Ansbacher exigió que Neriah le pagara su parte de los 25 millones de dólares invertidos, que había dado dado  a cambio de tres reuniones privadas con Peña Nieto que nunca sucedieron.

“Una de las partes, Ansbacher, exigió parte de su supuesta inversión en el presidente. Utilizan un lenguaje ambiguo, por lo que no dicen directamente ‘presidente’, sino que utilizan la letra ‘noon’, que en hebreo es la primera letra de la palabra ‘presidente’”, explicó.

Según Megiddo, los árbitros —tres rabinos que actuaron bajo la ley religiosa judía— concluyeron que el acuerdo perdió validez una vez Peña Nieto terminó su mandato.

El periodista subrayó que no hay ninguna duda de que el arbitraje se refiera a Enrique Peña Nieto.

“No, no puede haber ninguna duda porque se refieren a un presidente que fue elegido en México en 2012 y que terminó su mandato en 2018. Solo conozco un presidente mexicano que cumpla con estos requisitos”, dijo Megiddo. Afirmó que fuentes directas también confirmaron que se trataba de Enrique Peña Nieto.

Respecto al arbitraje religioso, Gur Megiddo detalló que las partes eligieron resolver el conflicto con base en la ley hebrea. “Eligieron a tres personas que son todas rabinos y estos rabinos tuvieron que dictaminar de acuerdo con la antigua ley judía… concluyeron básicamente que nadie merecía recuperar nada”, dijo. Ansbacher no fue compensado por su inversión, ya que, según el fallo, “también había disfrutado de las puertas abiertas del Gobierno mexicano de acuerdo con esa inversión o como resultado de ella”.

“Los tres árbitros dictaminaron que no hay duda de que se había realizado una inversión de millones de dólares en el expresidente o en el antiguo ‘P’. Ansbacher afirma que la presunta inversión ascendió a 25 millones de dólares”. Aunque Avishai Neriah argumentó que la cifra era menor, ninguno de los empresarios negó la existencia de la inversión.

Respecto al uso de esos fondos, el periodista indicó que los documentos del arbitraje no detallan cómo se utilizaron los 25 millones de dólares, pero una fuente le indicó que “se trataba principalmente de pagar o financiar gastos políticos”. Según Megiddo, esa información más específica podría estar en el expediente completo del caso.

El arbitraje incluyó testimonios adicionales, como el del hermano de Avishai Neriah, también rabino. “Parte de la historia tiene que ver con cómo los ingresos comerciales llegaron a Israel a través de sus organizaciones sin ánimo de lucro”, dijo Megiddo. También hubo participación de empleados de ambos empresarios, quienes aportaron más testimonios.

Al ser cuestionado sobre si el contenido del arbitraje es publico el periodista respondió que sí.

“Este arbitraje fue llevado a los tribunales civiles israelíes… está abierto a cualquier periodista que tenga permiso para ver los procedimientos. Y eso incluye a todos los periodistas israelíes”, por lo que considera que fácilmente la Fiscalía mexicana podría obtener el arbitraje.

Megiddo explicó que el arbitraje derivó en un proceso civil, ya que es el tribunal quien debe confirmar o anular el fallo.

“Mientras intentaban disputar la aprobación de este arbitraje, tuvieron que presentar la sentencia arbitral como parte de este procedimiento y, por lo tanto, conseguí acceder a ella”, detalló.


Sobre el software espía Pegasus, cuya compra por parte del gobierno mexicano está relacionada con los empresarios, Gur Megiddo confirmó que sí se menciona en el arbitraje.

“Una de las partes alegó que la otra vendió Pegasus a una autoridad que pertenece a la otra”, dijo. Afirmó que, aunque no se menciona el nombre del software directamente, la descripción coincide completamente con Pegasus y se hace referencia a que requiere aprobación del Ministerio de Defensa israelí. Sin embargo, señaló que el software no fue lo único que los empresarios vendieron al gobierno, sino también, cámaras, uniformes y más productos.

Respecto a las reuniones entre Ansbacher y Peña Nieto, Megiddo señaló que “tenían un acuerdo por el que Ansbacher recibiría tres reuniones... Ansbacher afirmó que merecía recibir millones de dólares como compensación por no haber recibido las reuniones con el expresidente”. Los árbitros determinaron que no tenía derecho a dicha compensación, ya que Neriah ya le había pagado previamente 4 millones de dólares por ese concepto.

A pesar de no haber obtenido las reuniones,  Ansbacher sí recibió contratos gubernamentales durante el sexenio. “No hay ninguna duda de que Ansbacher recibió contratos con el gobierno”.

El periodista informó que el caso continúa en tribunales civiles, y que aún falta decidir si se confirma o anula la sentencia arbitral. Indicó que si bien esto ya no involucra al gobierno de Peña Nieto directamente, “si ocurriera una investigación criminal en Israel, eso probablemente retrasaría el proceso”.

En cuanto a las declaraciones de Peña Nieto, quien negó rotundamente haber recibido dinero, Gur Megiddo respondió: “Yo me baso en citar documentos que se presentaron ante un tribunal israelí, y la mayoría de las afirmaciones que he hecho públicas no se discuten”.

“Obviamente, no esperaba que el presidente confirmara que había recibido cualquier tipo de dinero o donaciones ocultas… pero si el Gobierno mexicano se toma en serio la investigación… encontrarían que hay motivos para sospechar”.

Gur Megiddo consideró que no hay obstáculos para que el gobierno israelí entregue los documentos a México.

“No creo que haya ningún obstáculo para conseguir estos documentos. Provienen de un procedimiento abierto y el gobierno (isrealí) debería tardar muy poco tiempo en obtenerlos y mandárselos a la fiscalía mexicana”.

Megiddo aseguró que según algunas de sus fuentes, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los empresarios no realizaron muchos negocios en México, pero afirmó que  “ambos estaban presentes en México y estaban buscando negocios” en los últimos meses.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proveedor de Pegasus en México facturaba 5 mil millones de pesos al año: Zeus

Zeus afirmó que el espionaje realizado mediante Pegasus no solo afectó a periodistas y activistas, sino que involucró información sensible del Estado mexicano.

El testigo protegido Zeus, también conocido como “Cazador de cazadores”, afirmó que el litigio entre los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher, relacionados con NSO Group y Pegasus, es apenas una parte de una trama mayor y consideró que debe de haber un tema personal entre ellos.

“Por 25 millones de dólares parece una tontería”, dijo, en referencia al pleito legal, pues aseguró que el grupo de empresas vinculado a los empresarios y a Pegasus facturaba 5 mil millones de pesos anuales al Gobierno mexicano.

“Creo que es algo más personal… además, también la ley israelita asume una parte religiosa. Al parecer es un pecado haber defraudado a uno mismo de su comunidad”, comentó.

“BH Apply Technology Group -que dirigía Uri Ansbacher-  facturaba al Gobierno mexicano 5 mil millones de pesos anuales”, explicó Zeus.

Según su testimonio, ese nivel de ingresos vuelve irrelevante el monto que actualmente disputa en tribunales Uri Ansbacher contra Avishai.

Zeus explicó en entrevista con Aristegui En Vivo que estos contratos se habrían realizado mediante un entramado de empresas y prestanombres. “La única correlación que tienen es que se han hecho a través de testaferros”, dijo. Señaló que estas personas solían ser choferes, personal doméstico o trabajadores de confianza que firmaban documentos sin saber que asumirían legalmente la responsabilidad de las operaciones.

“A mí me consta que el señor Uri Ansbacher le decía ‘patrón’… se refería a Enrique Peña Nieto”, afirmó.

Según su declaración, Ansbacher sostenía línea directa con el expresidente. “Le gustaba presumir que en su escritorio tenía una fotografía abrazando a Peña Nieto”, añadió.

El testigo indicó que, aunque KBH Play Technology Group figuraba en la fachada del edificio donde operaban, legalmente no existía como grupo constituido.

“KBH Play Technology Group no existe como grupo, pero sí había unas letras en la entrada del edificio que así lo señalaban, aunque no existiera legalmente”, explicó. Añadió que esta estructura facilitaba a los empresarios la evasión fiscal.


Zeus afirmó que el espionaje realizado mediante Pegasus no solo afectó a periodistas y activistas, sino que involucró información sensible del Estado mexicano.

Explicó que el Gobierno de Israel tenía acceso a la información obtenida por el software Pegasus en México porque los datos interceptados circularan por servidores triangulados y afirmó que el gobierno mexicano era consciente de la situación.

‘Zeus’ señaló que este tipo de transferencia de datos podría implicar incluso “traición a la patria”, ya que involucraba el envío de información sensible de instituciones como el CISEN, la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Toda esa información circulaba a través de sus servidores. Y esos servidores estaban triangulados directamente con el Gobierno israelí”, declaró. Según su testimonio, “el Gobierno mexicano sabía perfectamente que toda la información pasaba por el Gobierno israelí”.

Durante la entrevista, Zeus subrayó que las operaciones con Pegasus no fueron aisladas ni únicas. “No dudo que existan 10 empresas que hacen lo mismo que NSO Group y que sean del mismo grupo… es el modus operandi”. Afirmó que estas compañías saben “cómo quitarse la marca gubernamental, legal, financiera, fiscal”, para operar con impunidad.

Asimismo, señaló que Pegasus no es el único no fue el único software especializado adquirido por el Estado mexicano a NSO Group.

Sobre la cooperación internacional, Zeus recordó que existe un tratado de libre comercio con Israel que incluye un apartado de cooperación legal.

“En la parte de cooperación, está obligado a cooperar”, señaló, aunque reconoció que hay “complicidad de quien no quiera aportar la información”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pegasus: diez años de corrupción y espionaje impunes

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto.

Desde 2015, México se convirtió en laboratorio del uso masivo del spyware Pegasus, desarrollado por NSO Group. Esta arma silenciosa invade teléfonos, graba conversaciones, rastrea ubicaciones y roba datos sin dejar huella visible. Casi una década después, su uso está más que documentado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado que se condene a un sólo responsable. 

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), Pegasus se usó como herramienta para vigilar a periodistas, activistas y opositores. Esta semana, una disputa legal en Israel entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Neria —líderes de KBH y BSD, respectivamente— reveló que, desde 2012, se habrían pagado hasta 25 millones de dólares para "invertir" en Peña. Ambas empresas estaban directamente involucradas en la venta de equipos y sistemas de seguridad al Gobierno mexicano durante el sexenio de EPN. La red KBH sirvió como intermediaria de NSO Group para introducir Pegasus en México.

En nuestro país, los registros de la FGR confirman la existencia de esta red. Un testigo protegido, identificado como "Zeus", ha señalado desde 2019 a Peña Nieto, Osorio Chong y Eugenio Ímaz como los responsables directos del aparato de espionaje. A pesar de contar con contratos, facturas y testimonios, la FGR sólo ha judicializado un caso, el de Juan Carlos García Rivera, quien fue absuelto en 2024, pese a que el propio Juez reconoció que sí hubo espionaje contra Carmen Aristegui… por investigar y publicar sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con el espionaje, pero los datos lo desmintieron. Según documentos del litigio WhatsApp/Meta contra NSO Group, en mayo de 2019 se detectaron 456 infecciones con Pegasus. México concentró el 37  por ciento de los casos globales en esa muestra. Citizen Lab, organización experta en ciberseguridad, identificó múltiples dispositivos infectados entre 2019 y 2022, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios del propio gobierno obradorista.

La Sedena adquirió Pegasus desde 2019, a través de Comercializadora Antsua, empresa ligada a la red KBH, la misma que habría sobornado al Gobierno anterior. Los contratos fueron ocultados bajo el pretexto de "seguridad nacional". Sólo tras una orden judicial en 2024, se obligó al Ejército a entregarlos. Aun así, la opacidad persiste y no se han entregado.

Pese a las pruebas —documentos, análisis forenses, testimonios— la FGR no ha avanzado en una sola carpeta de investigación abierta  por los casos ocurridos en este sexenio. La Sedena niega a la institución investigadora la existencia de contratos que ya fueron exhibidos. En resumen: nadie ha sido nombrado, nadie ha sido juzgado, nadie ha rendido cuentas.

México tiene derecho a saber: ¿quién ordenó espiar?, ¿a quiénes?, ¿para qué?

Para nada resulta increíble que desde el periodismo de investigación, el trabajo de la sociedad civil organizada y la academia se haya avanzado más en el esclarecimiento de los hechos sobre un caso tan complejo. Lo que sí resulta inverosímil es que, pese a tantos hallazgos que se han traducido en pruebas en el marco de investigaciones formales, se siga diciendo desde el discurso de la FGR que “faltan pruebas”.  

Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto. Hay evidencia y hay víctimas concretas. Por eso: no, no faltan pruebas. Lo que falta es voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, cosa que el Fiscal Gertz no ha hecho hasta ahora.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

No hubo pacto de impunidad con Peña; FGR debe aclarar denuncias en su contra: Claudia

La Presidenta de México insistió en que a la FGR le corresponde informar a detalle por qué no procedieron las denuncias anteriores contra Enrique Peña Nieto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este miércoles que no existe un pacto de impunidad entre el Gobierno federal que actualmente encabeza y el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), esto al preguntarle por qué no procedieron las investigaciones anteriores iniciadas contra el priista.
"No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública", recalcó durante la "mañanera del pueblo".
Al responder una pregunta expresa de SinEmbargo durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró que no existe un pacto con Peña Nieto, ni de parte de su Gobierno ni del de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).


"No es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el Presidente López Obrador, que es público, es 'a nosotros nos interesa de aquí en adelante'", recordó Sheinbaum.
FUENTE: SIN EMBARGO.

FGR abre investigación contra Peña Nieto por supuesto soborno en caso Pegasus; pedirá a Israel información

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal", dijo Gertz Manero.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego de que el diario israelí The Marker publicara que el exmandatario presuntamente recibió 25 millones de dólares por parte de empresarios de Israel, a cambio de beneficios como la venta del software de espionaje Pegasus.

“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel esta información que dieron, de carácter mediático, la podamos incorporar para poder seguir adelante”, declaró el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario detalló que desde la administración anterior se presentaron varias denuncias sobre el software Pegasus, que habría sido usado como sistema de espionaje, pero no fueron corroboradas con las pruebas suficientes.

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, dijo.

“Tenemos nosotros que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de, que a esta persona (Peña Nieto), le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha”, comentó el funcionario.
Asimismo, el fiscal reconoció que la relación con las autoridades de Israel no ha sido fácil, pero espera que en este caso de los presuntos sobornos a Peña Nieto haya respuesta rápida.

El medio israelí publicó que dos empresarios, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, presuntamente le entregaron al exmandatario 25 millones de dólares a cambió de ciertos beneficios.

“El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país”, se menciona en el reportaje del diario.

Peña Nieto niega señalamientos

Enrique Peña Nieto aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que estaba fuera del ámbito de su competencia el asignar contratos a empresas o prestadores de servicio, por lo que negó haber recibido sobornos por parte de empresarios israelíes para facilitar la venta del software espía Pegasus durante su administración.

“Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor, no es mi tarea. Yo fui presidente, goberné un país, me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones”, declaró.

Peña Nieto afirmó que las especulaciones buscan dañar su imagen y son “con dolo y mala fe” ya que en la publicación solo se habla de la disputa de dos empresas y solo insinúa que hubo aportaciones, pero no dice a quién.

“Entiendo que son dos empresas que estaban constituidas antes de que yo asumiera la Presidencia de la República, que prestaban ya servicios al gobierno anterior, seguramente continuaron con mi gobierno, no sé a qué grado, no sé que hayan realizado, no lo sé, sinceramente no lo sé”, insistió.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN suma otro escándalo a la casa blanca, el caso OHL, Odebrecht, desvíos de Sedesol…

La FGR abrió una nueva carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por la compra de Pegasus, ya que el fin de semana se dio a conocer que en la adquisición de este software hubo sobornos. El expresidente ya era investigado de hecho por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito, acusaciones que la Fiscalía dijo que no fueron ratificadas.

Una nueva acusación de corrupción se suma a la gestión de Enrique Peña Nieto (EPN). El fin de semana el medio israelí The Marker reveló que el expresidente recibió un soborno de 25 millones de dólares con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya tiene abierta una carpeta de investigación, es decir, que busca elementos para presentar una causa ante un Juez en contra del exmandatario mexicano. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el Fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Peña Nieto calificó cómo una "una insinuación carente de sustento alguno" las acusaciones que en su contra hicieron los empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah.

Aunque el expresidente negó las acusaciones a través de una publicación en su perfil de X, en la que señaló que la nota de The Marker es “totalmente falsa” ya que no tiene “el mínimo rigor periodístico”, lo cierto es que a lo largo de su sexenio, el priista y varios miembros de su gabinete estuvieron involucrados en escándalos de corrupción, que mantienen investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.

Hace cuatro años, la UIF informó de transferencias millonarios para Peña Nieto provenientes de España. Semanas después, en agosto de 2022, la FGR confirmó que tenía abiertas tres carpetas de investigación en contra de Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales.

El primer caso incluía diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.

El segundo caso es por lo señalado por la UIF que denunció a Peña Nieto “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó en ese entonces que antes de judicializar el caso, se precisaban “dictámenes periciales hacendarios y fiscales". La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Desde que la FGR informara esto, no había vuelto a notificar el avance de estas investigaciones hasta este martes que Gertz Manero  acusó al Gobierno federal, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de no haber ratificado todos los elementos para poderlo judicializar estas causas.


LAS POLÉMICAS

Una de las polémicas más recordadas es la llamada Casa Blanca. En noviembre de 2014, el equipo del portal Aristegui Noticias exhibió la lujosa y moderna residencia que habitaba la entonces la esposa de Peña Nieto y Primera Dama, Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos y ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana.

En agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, fue quien le facilitó la propiedad al exmandatario, a cambio de que el priista lo beneficiara con contratos para obras públicas de su Gobierno.

Según esta información, tras el escándalo que generó la Casa Blanca, Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro que había otorgado al consorcio China Railway Construction Company (CRCC), sin importar que esto significara "sacrificar la relación con China", en lugar de excluir a Grupo Higa de dicho proyecto, ya que, Lozoya afirmó, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra.
“Me llamó el Presidente para informarme sobre el inminente anuncio [de la cancelación]. Yo le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países por lo emblemático del proyecto para el Gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo ‘es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa’”, relató Lozoya
“Ante esto, yo le sugerí simplemente excluir a Grupo Higa del proyecto, pero él prefirió sacrificar el proyecto y la relación con China para intentar esconder el tema de las casas”, apuntó en su declaración”, agregó el exdirector de Pemex, quien reveló que el Grupo Higa también le habría facilitado la casa de Malinalco a Luis Videgaray, quien se desempeñó como Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Relaciones Exteriores durante el mandato peñista.

Lozoya sostuvo que Juan Armando Hinojosa le reveló que el expresidente Peña Nieto lo "instruyó a hacer negocios en Pemex" para obtener recursos económicos y que luego de que se destapó el escándalo de la casa blanca, el empresario fungió como intermediario entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex, intervenciones por las que recibía comisiones de entre 2 y 5 por ciento.

“Después de la casa blanca, Juan Amando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex. Es de mi conocimiento por voz propia de Juan Amando Hinojosa-, que (él) recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, los compartió -también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”, expuso el exfuncionario ante la FGR.

Este hecho evidenció que Andrade recibió el nombramiento de Secretario de la Función Pública con el propósito de exonerar a los implicados en el escándalo de la millonaria propiedad. Otro funcionario involucrado en el caso fue José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien perdió el expediente del caso de la "Casa Blanca".

Sin embargo, en 2022, un Juez concedió la suspensión del proceso Carreño Camacho por el delito de ejercicio indebido del servicio público y en su lugar determinó que el exfuncionario público sólo debía hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original", pese a la insistencia de la SFP y de la FGR para que el exsubsecretario, y demás involucrados, fuesen sancionado con la privación de la libertad.

En 2017, una investigación periodística reveló que entre entre 2013 y 2014, dependencias federales, como Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de varias universidades, principalmente la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), desviaron más de siete mil millones de pesos de recursos públicos a empresas fantasma, hecho conoció como la Estafa Maestra.

El dinero estaba destinado a personas en situación de pobreza alimentaria en México, a quienes nunca llegaron los recursos, a través del programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que los fondos, con los que se planeaba impulsar campañas electorales del Estado de México, en 2017, y la presidencial, en 2018, eran transferidos primero a la Sedesol y después a la Sedatu, por lo que Rosario Robles, titular de ambas dependencias en distintos momentos, es una de las principales señaladas en el caso.

Luego de diversos señalamientos de corrupción contra el Gobierno federal, éste creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluso, durante la promulgación del organismo, Peña Nieto pidió perdón hoy a los mexicanos por la llamada "casa blanca". No obstante, el SNA sólo se quedó en buenas intenciones ya que ni el Jefe del Ejecutivo federal ni los legisladores priistas nombraron al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados especializados que se requerían.
"Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura Presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos", dijo el Presidente en su mensaje de la promulgación del SNA en el Palacio Nacional.


En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó a la luz el caso Odebrecht, en el que se reveló que presidentes y funcionarios de 12 países de Latinoamérica, entre ellos México, recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos de obras públicas a la empresa brasileña Odebrecht. En México, el principal implicado en este caso es Emilio Lozoya, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos durante la Administración de Peña Nieto.

Sin embargo, en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios mexicanos inmiscuidos con la constructora. De acuerdo con las declaraciones del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio Lozoya recibió cuatro millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.

De acuerdo con la declaración, Lozoya planteó a Odebrecht, que sería “muy importante” si pudieran contribuir con algo cuando él los había apoyado desde 2009. El reconocimiento pedido era de cinco millones de dólares, pero le dieron cuatro millones. Luego, ya al frente de Pemex, recibió otros seis millones de dólares. Lozoya, según la empresa, tenía potencial en el gobierno y eso ameritaba una relación “más estrecha y de confianza” con él.

Tras estas revelaciones, en 2020, Lozoya realizó una serie de señalamientos que implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios en el caso de la constructora brasileña, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya. Sin embargo, ninguno de los mencionados ha sido sancionado.

En 2017, dos personas perdieron la vida tras caer al socavón que se abrió en el llamado Paso Exprés, en Cuernavaca, Morelos, una vía que tenía sólo tres meses de haber sido inaugurada y ese a que se exigió la renuncia de Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), éste se negó, alegando que sólo renunciaría si el Presidente Peña Nieto, con quien presumió la obra, exigía su renuncia.

Las investigaciones arrojaron diversos actos de corrupción en la administración de la obra, ya que, la Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades por unos 300 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2015. También se reveló que el precio se duplicó, ya que el costo del proyecto original de la rehabilitación de la vía se calculó en mil 50 millones de pesos, pero terminó siendo de dos mil 213 millones 500 mil pesos, es decir, mil 163 millones de pesos más. Además, el proyecto se inauguró con cuatro meses de retraso.
Un caso de corrupción que también involucró a Ruiz Esparza fue el de OHL. El 7 de mayo de 2015 se destaparon las conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades mexiquenses en las que se evidenciaban acuerdos y favores entre funcionarios. También OHL y el PRI fueron señalados por fraude y malversación de recursos. A OHL también se le acusó por financiar con 4 mil millones de pesos las campañas del PRI.

El Gobierno de Peña Nieto ha sido señalado en diversas ocasiones por el uso del software Pegasus, que fue utilizado para espiar a figuras clave, incluyendo al círculo cercano del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, así como a periodistas y defensores de derechos humanos. En 2017, el diario New York Times reveló una campaña de espionaje del Gobierno de México contra activistas, políticos y periodistas.

El software Pegasus, desarrollado por una empresa israelí que fabrica ciberarmas, sólo se comercializa a gobiernos y bajo la condición explícita de que únicamente sea utilizada para monitorear a terroristas y a otros criminales, por eso cuando se destapó el caso, el Parlamento Europeo, exhortaron a Peña Nieto a crear un grupo de expertos independientes para que se investigue el espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones y activistas.

Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

Pero aún al terminar su sexenio, Peña Nieto siguió con una vida llena de lujos en España, a donde se refugió tras concluir su mandato y donde en 2020 adquirió un departamento valuado en millones de pesos para obtener la “visa dorada”, un permiso de residencia que se otorga a extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en activos, todo esto pese a que no recibe una pensión como expresidente, ya que ésta se retiró a la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dos años después de haber adquirido el lujoso departamento, lo puso a la venta por, aproximadamente, 13 millones de pesos. En su lugar compró una residencia de súper lujo a las afueras de Madrid. Se trata de un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en donde se realizó la boda de su hija. Este sitio pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.

Desde que abandonó la Presidencia en 2018, Enrique Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo y ha dado cuenta al mismo tiempo de una vida llena de lujos, sin que se conozca con certeza el origen de los recursos con los que costea el tipo de vida que tiene. Sobre todo porque se le ha visto en Nueva York; y en Italia, saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país. También se especula que muy probablemente el exmandatario se moviliza en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.

FGR pide a Israel dar información de presunto soborno a EPN, por adquisición de Pegasus

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó, el 8 de julio de 2025, que la institución de procuración de justicia solicitaría al Gobierno de Israel que brindara información respecto al presunto soborno de 25 millones de dólares por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus, que supuestamente recibió Enrique Peña Nieto, quien se desempeñó como presidente de México, desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018.

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al Gobierno de Israel la autorización, a través del sistema de asistencia jurídica internacional, para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, dijo el titular de la FGR.

“Tenemos nosotros que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha”, comentó Gertz Manero.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular de la FGR afirmó que no iba a permitir que este caso quedara en el vacío legal, por lo que buscaría que el Gobierno de Israel brindara la información con precisión.

“Esa es la solicitud concreta. La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud, y esa solicitud queda ya en la responsabilidad de ese Gobierno para permitirnos iniciar un procedimiento, que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía, se ratifica en esas denuncias”, enfatizó Gertz Manero.

“Y se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características para que esto no quede nada más, como lo ocurrió en la vez anterior, que no se consolidaron con las pruebas suficientes. En este caso, no lo vamos a permitir”, mencionó el titular de la FGR.

El titular de la Fiscalía General de la República admitió que la relación con las autoridades de Israel no había sido fácil, pero esperaba que en este caso de los presuntos sobornos a Peña Nieto hubiera una respuesta rápida.

“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podemos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante”, destacó Gertz Manero.

“Nuestra relación con estas autoridades no ha sido fácil, hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa, y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida”, agregó el titular de la FGR.

Tras calificar de dolosas y sin sustento las ‘”insinuaciones” de que recibió un soborno de 25 millones de dólares por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus, Peña Nieto aseguró, el 7 de julio de 2025, que no estaba en sus facultades como titular del Poder Ejecutivo Federal, asignar contratos a empresas o prestadores de servicios.

“Yo fui presidente, gobernador de un estado y nunca me he desempeñado en ningún área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el presidente o el gobernador […] sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno, no está en nuestro ámbito de competencia, no nos corresponde, yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor, no es mi tarea”, enfatizó el ex mandatario nacional.

“Como presidente me dediqué a dictar líneas de conducción hacia donde queríamos ir como país, a desarrollar proyectos de infraestructura a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones correspondientes para tales fines y nada más”, dijo Peña Nieto durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

El diario israelí The Marker difundió, el 5 de julio de 2025, una nota respecto al litigio entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, dueño de Grupo KBH, proveedor del software Pegasus, debido a diferencias por una presunta “inversión”, es decir soborno, hacia el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No obstante, Peña Nieto aseguró que en México se retomó y tergiversó la nota original publicada en Israel, que también calificó como poco objetiva, para después enredarla y hacer otro tipo de “insinuaciones”, las cuales, según él, eran falsas, no tenían sustento, además de que había dolo y mala fe con su difusión.

Asimismo, al ex mandatario nacional le llamó atención que los medios mexicanos que retomaron dicha información se tardaron horas en publicar su aclaración que hizo pública respecto a esas insinuaciones dolosas, para poner en duda su honorabilidad.

“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación”, escribió, un día antes, Peña Nieto en su cuenta de la red social X.

“Pues sí estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel, entre dos personas que hicieron negocio en México y que entre ellos hubo un conflicto, allá, y a la hora que se hace público uno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto, que dice que fueron 25 millones de dólares, no viene el nombre, nada más dice ‘N’, viene más información, nada más que en un lugar viene ‘N’ electo, en el 2012, y luego también montos por visita, pero bueno, ya el ex presidente Peña Nieto dijo que no, que no es así, entonces bueno, pues allí está el tema”, comentó, el 7 de julio de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Por su parte, la organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 6 de julio de 2025, que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación del caso, y de ser necesario, se actúe en contra del ex mandatario nacional.

Aunque no se precisó en qué consistió la “inversión”, el texto firmado por el periodista Gur Meggido y publicado en el diario The Marker -que tuvo acceso al laudo emitido por las autoridades israelíes-, indicó que los empresarios dieron cuenta que tenían un acuerdo para obtener “lucrativos contratos” con el Gobierno de Peña Nieto y que el negocio más fuerte fue la venta de Pegasus.

La revisión del laudo arrojó que Avishai Neriah y Uri Ansbacher se dividieron el acceso a las autoridades gubernamentales en México, así como la relación con “El Hombre Mayor”, una frase encriptada supuestamente alusiva a Peña Nieto, a quien también identificaron como “N”.

Ansbacher fungió como intermediario de la compañía israelí NSO Group para vender el software espía Pegasus al Gobierno de Peña Nieto, mismo que habría sido utilizado en México para espiar a periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos.

“El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país”, reveló el reportaje en The Marker, un medio especializado en negocios.

El medio israelí sostuvo que el primer contacto con Peña Nieto fue de Neriah, quien incluso fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, nombramiento que le permitió abrir las puertas para hacer negocios con el Gobierno mexicano.

El reportaje del diario israelí explicó que el laudo arbitral fue firmado en 2024 por un panel de tres Jueces autorizados bajo la Ley del Torá y un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, el pleito provocó que el caso pasara al Tribunal de Distrito de Jerusalén.

En los alegatos se indicó que las diferencias entre Neriah y Ansbacher se dieron a finales de 2018, justo cuando concluyó el Gobierno del militante priista. Ambos solicitaron “cuantiosas sumas de dinero” relacionadas con el agasajo a la “personalidad”, según se señaló en el documento del arbitraje.

“La Parte B [Ansbacher] reclama el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente en las inversiones en esta personalidad que, según la Parte B, se estimaron en 25 millones de dólares”, precisó el laudo.

Además, en el texto se subrayó que Ansbacher alegó que “la relación con el alto cargo”, que según él se adquirió por 25 millones de dólares, constituía un “activo” y un “negocio conjunto entre las partes”. Los árbitros reconocieron que ambos empresarios “se beneficiaron enormemente”.

La disputa surgió por la exigencia de Ansbacher de recuperar los fondos que transfirió, debido al supuesto incumplimiento de la promesa de Neriah de organizar al menos tres reuniones con Peña Nieto, tras la disolución de la sociedad de ambos. El primer empresario estimó el valor de las tres reuniones en 5 millones de dólares.

Sin embargo, la demanda de Ansbacher fue rechazada por los árbitros, tras determinar que Neriah ya le había devuelto 4 millones de dólares anteriormente, para resolver las reclamaciones, es decir, “la increíble suma de 1.3 millones de dólares por cada reunión”.

El desacuerdo fue por la “inversión” en el personaje de alto rango, presuntamente identificado como Peña Nieto. En los documentos del laudo arbitral se citó una “gran dificultad” para recuperar esos fondos, y se refiere a la “personalidad” y su cargo de presidente como “el N”.

Además, se especificó que “el mandato” de “N” concluyó en 2018, además de referir que el primer contacto con “N” fue en 2012, cuando “N [era] electo”. El reportaje del diario israelí detalló que debido al cambio de Administración, Neriah y Ansbacher “disolvieron apresuradamente su sociedad”, por lo que se “dividieron” los poderes y los contactos exclusivos con las diferentes instituciones.

“A finales de 2018, con el cambio de Gobierno en el país, la mayoría de los funcionarios públicos renunciaron a sus cargos. Este es, de hecho, un País ‘nuevo’ en cuanto a su sector público, y por esta razón también, los documentos del período posterior a 2018 no son “relevantes”, destacó el texto periodístico.

El medio israelí recordó que diciembre de 2023, al iniciar el juicio contra Juan Carlos García Rivera, empleado de KBH, proveedor de Pegasus a distintas instituciones gubernamentales en el Gobierno del militante priista, el testigo con nombre clave “Zeus” declaró que su jefe, Uri Ansbacher, recibía instrucciones de Peña Nieto, para supuestamente espiar a objetivos específicos, entre ellos a periodistas, opositores, activistas y familiares de Andrés Manuel López Obrador.

The Marker afirmó que intento contactar al ex presidente Peña Nieto para obtener una versión, pero no hubo respuesta, mientras que NSO, fabricante del software israelí, respondió: “Los eventos descritos en el artículo, en la medida en que ocurrieron, no son conocidos por NSO y no están necesariamente relacionados con la empresa o sus empleados”.

“Zeus” siempre aseguró que Peña Nieto era amigo personal de Ansbacher. Sin embargo, las revelaciones de The Marker apuntaron a que la relación de confianza del ex presidente mexicano era con Neriah, quien incluso, hizo negocios con el Gobierno del Estado de México, cuando el militante priista fue gobernador de dicha entidad.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Ni doy ni di línea nunca para asignar contratos a empresas, dice Peña sobre sobornos

"Esta insinuación, completamente carente de sustento alguno, es dolosa para poner en duda mi honorabilidad", expresó Enrique Peña Nieto durante un enlace en vivo que realizó con Grupo Fórmula.

El expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) reapareció la mañana de este lunes en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para volver a negar que haya recibido un soborno de 25 millones de dólares (mdd) para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México, tal y como reveló la prensa israelí el fin de semana. También aseguró que no da ni dio línea para la asignación de contratos en el Gobierno.
"Nunca me he desempeñado en ninguna área de la administración pública que no fueran estos importantes cargos de responsabilidad política, en donde el Presidente o el Gobernador, por así decirlo, sean responsables de asignar contratos a empresa o prestador de servicio alguno. No está en nuestro ámbito de competencia. No nos corresponde", dijo en el programa radiofónico "Por la mañana".
"Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o tal proveedor. No es mi tarea. Yo fui Presidente. Goberné un país. Me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura, claro, a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones correspondientes para tales fines y nada más", sostuvo Peña Nieto.

Una reportaje publicado por el diario The Marker reveló el sábado pasado que dos empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah, habrían entregado un soborno de 25 mdd al expresidente mexicano con el objetivo de permitir la operación de Pegasus en territorio nacional. Aunque ya había rechazado la acusación ayer en su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter, hoy salió en el espacio de Grupo Fórmula para hablar un poco más del tema.
"Absolutamente falso. Lo más crítico para mí, lo más lamentable es esta insinuación, no con la debida precisión de que en la disputa de dos empresas sobre el monto invertido para realizar la supuesta venta, después inversiones en México, para distintos propósitos de software o lo que sea para el tema de seguridad, hayan hecho supuestas aportaciones. Es lo que dicen las notas originales, sin embargo, dejan entrever dolosamente e insinuando que esas aportaciones incluso las hubiese podido recibir un servidor", declaró.
De acuerdo con el hombre que llevó las riendas del país de 2012 a 2018, hay una "disputa de dos empresas por montos sobre lo que cada uno debe tener o participar por las inversiones realizadas en México en la gestión del Presidente Peña Nieto".
"Yo no sé si el medio alude como tal a que supuestamente esas inversiones las hubiese recibido un servidor, pero me parece que ni el medio hace tal afirmación. El medio insinúa que hubo aportaciones, que no puede precisar a qué. De repente especula que si a campañas políticas o a algo. Pero ese no es el punto de la disputa. Realmente se trata de una disputa entre dos empresas sobre inversión que realizaron en el país. Se disputan lo que cada una de las empresas invirtió", explicó a Gómez Leyva.
"El meollo del asunto es esta insinuación completamente carente de sustento alguno porque ni siquiera es lo que la nota referida por el medio israelí apunta, pero que da lugar a este tipo de insinuaciones, donde yo califico de dolosas, para poner en duda mi honorabilidad", insistió Peña en buena parte de su intervención. "Es una insinuación totalmente falsa, carente de sustento y donde parece que se desvía, se tergiversa la nota original difundida en Israel, en un medio periodístico de allá, para enredarla un poco y hacer un tipo de insinuaciones", agregó.

También recordó que "en su momento" hizo "una investigación" y "un esclarecimiento" sobre Pegasus, "un software o plataforma desarrollada por empresas israelíes de inteligencia adquirida por varios países que tienen sus propias áreas de inteligencia". "Todo eso fue adquirido por empresas de inteligencia del Estado mexicano y de otras partes del mundo simplemente para fortalecer sus capacidades de inteligencia, y generar condiciones de seguridad, y combatir al crimen organizado", afirmó.
"Ese es el objetivo central de la adquisición de ese tipo de software. Después se fue tergiversando. Que por qué se había adquirido, que si se 'pinchaban' a periodistas y demás. En mi gestión, todavía yo siendo Presidente, iniciamos una investigación amplia para ver si realmente se había mal usado esta plataforma, este software, que se había adquirido por parte del Gobierno por distintas entidades gubernamentales", señaló EPN.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones exigen se investigue a fondo a empresas vinculadas en la compra y uso de Pegasus

ARTICLE 19, R3D y SocialTIC condenan la presunta corrupción y el espionaje ilegal ligados a la compra del software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, mientras el expresidente califica de “totalmente falsas” las acusaciones.

ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC expresaron su condena ante las recientes revelaciones sobre presunta corrupción, lavado de dinero y delitos fiscales asociados a la adquisición del software espía Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según documentos judiciales y reportajes internacionales, dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Uri Ansbacher, habrían servido de intermediarios para la venta del spyware, obteniendo 25 millones de dólares en contratos gubernamentales. El diario israelí The Marker señala que la contratación de Pegasus permitió “violaciones masivas a la privacidad”, facilitadas por una red de corrupción y complicidad entre funcionarios y empresarios.

Las investigaciones periodísticas y judiciales han documentado que Pegasus fue utilizado para espiar a periodistas, activistas y figuras públicas, incluyendo a la periodista Carmen Aristegui y al excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón. En uno de los juicios, un testigo protegido afirmó que Ansbacher actuaba por órdenes directas de Peña Nieto y altos funcionarios, operando intervenciones ilegales de comunicaciones desde oficinas privadas.

Por su parte, Enrique Peña Nieto negó categóricamente las acusaciones y calificó como “totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones”.
“Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quiénes, se hace tal publicación”, señaló el exmandatario a través de sus redes sociales.

Exigimos investigación a fondo sobre red de empresas intermediarias vinculadas en la compra y uso ilegal de Pegasus

Ciudad de México, 7 de julio de 2025.- Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC expresamos nuestra condena ante las recientes revelaciones sobre la presunta corrupción, lavado de dinero y delitos fiscales relacionados con la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A partir de documentos judiciales obtenidos con respecto a un laudo arbitral, el reportaje del diario israelí The Marker revela cómo dos empresarios israelíes –Avishai Neria y Uri Ansbacher– sirvieron como intermediarios y facilitadores de diversas entidades comerciales entre Israel y el gobierno mexicano, beneficiándose con 25 millones de dólares por la asignación de contratos gubernamentales durante la administración de Peña Nieto. Con lo anterior, se confirma la contratación –ampliamente documentada– a través de una “empresa de inteligencia” que ofrecía tecnología cuyas características coinciden con la descripción del spyware Pegasus a varias autoridades del país.

En este marco, diversas investigaciones periodísticas han evidenciado la corrupción en la compra de Pegasus, que representó un abuso de recursos públicos y facilitó violaciones masivas a la privacidad.

Lo anterior coincide además con la información obtenida en el único juicio penal que se siguió con motivo de la vigilancia con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui, en donde se reveló un entramado de corrupción y complicidad entre Ansbacher, dueño del conglomerado de compañías KBH, intermediarias que comercializaron Pegasus en México, y el gobierno de Peña Nieto. Según el testimonio del testigo protegido “Zeus”, Ansbacher actuaba por órdenes directas del expresidente Peña Nieto, del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del extitular del extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz, operando intervenciones ilegales de comunicaciones sin mandamiento judicial desde las oficinas de KBH.

Asimismo, se dio a conocer en ese juicio que el excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, fue víctima de espionaje con Pegasus, con sus conversaciones interceptadas y grabadas, lo que refuerza la gravedad y alcance de estas prácticas ilegales.

Adicionalmente, la información revelada resulta particularmente preocupante en un contexto en el que:

Información obtenida tanto por medios de comunicación, como El Pegasus Project y el New York Times, así como ante tribunales estadounidenses, revela cómo México ha sido el primer y principal cliente de NSO Group, empresa creadora de Pegasus.

Diversas investigaciones periodísticas y de sociedad civil documentan el uso ilegal de Pegasus en México para perseguir, reprimir, censurar y espiar a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y opositoras políticas, tanto en la administración de Peña Nieto como en la de Andrés Manuel López Obrador, usualmente en contextos en los que denuncian o inician investigaciones por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y demás autoridades mexicanas.

La semana pasada se aprobaron un paquete de leyes en materia de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, en donde se le dan facultades a diversas autoridades indefinidas, pero incluyendo al Ejército, para un acceso irrestricto e inmediato a una plataforma interconectada con todas las bases de datos públicas y privadas del país.

Por lo que, estas acusaciones refuerzan la urgente necesidad de una investigación exhaustiva, transparente e independiente para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y garantizar justicia.

Al respecto, es importante destacar que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el uso de Pegasus no cesó. Diversas investigaciones han demostrado que el software fue utilizado por el Ejército mexicano para espiar a periodistas, defensoras de derechos humanos e incluso a funcionarios del propio gobierno. Comercializadora Antsua, una de las empresas de la red KBH, vendió el malware al Ejército en 2019. Por otro lado, en el marco del juicio Meta vs. NSO Group, se documentaron 456 infecciones con Pegasus tan solo en mayo de 2019 en territorio mexicano.

Ante estos hechos, exigimos a la Fiscalía General de la República y al gobierno federal:

Una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus y su uso indebido para espiar a personas periodistas, defensoras de derechos humanos y opositoras.

Que se investigue y sancione a todos los responsables, incluidos exfuncionarios de alto nivel mencionados en las acusaciones y aquellos involucrados en el uso de Pegasus durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Plena rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en la adquisición de tecnologías de vigilancia y garantías de no repetición.

Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información. No permitiremos que estas graves violaciones permanezcan impunes. La verdad y la justicia no solo son indispensables para fortalecer nuestra democracia, sino también para garantizar que estos abusos no se repitan. Esta exigencia cobra aún mayor urgencia ante la aprobación reciente de marcos legislativos que, de forma individual y acumulativa, amplían las facultades del Estado para ejercer vigilancia masiva, sin controles adecuados ni garantías suficientes para proteger los derechos fundamentales de la población.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pegasus Project: la red de empresas que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto

Investigación apunta a ciudadano israelí de operar red de compañías vinculada al espionaje que sufrió Manuel Mondragón.

El empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama operó una red global de empresas que vendió bienes y equipo de seguridad a agencias de seguridad del gobierno mexicano, incluyendo el software espía Pegasus de la compañía NSO Group.

Ansbacher Bendrama abrió una oficina en Ejército Nacional 598, en la zona de Polanco, con las siglas “KBH” en la fachada, desde donde dirigió todos sus negocios, de acuerdo con más de 20 mil documentos que fueron entregados por un extrabajador del consorcio que ha sido contratista del gobierno mexicano desde 2007, pero que tuvo una época de auge durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

A lo largo de cuatro años, esa fuente, identificada como Cazador de Cazadores, entregó a los reporteros mexicanos de Pegasus Project miles de documentos que acreditan la compra de la plataforma espía por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como una serie de archivos con el registro del espionaje a un teléfono personal del excomisionado Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb.

Mondragón confirmó la autenticidad de toda la información que fue extraída de su dispositivo en una entrevista que concedió a la periodista Carmen Aristegui en noviembre de 2019.

En la trama, se identificaron al menos 30 empresas “fachada” constituidas en México, Panamá y Estados Unidos, así como una serie de transferencias de dinero entre compañías fachada. En este rubro destacan pagos de las compañías mexicanas a NSO Group y una transferencia adicional a las cuentas bancarias de Shalev Hulio, uno de los creadores del software espía y director ejecutivo de la compañía.

Un socio clave de Ansbacher Bendrama es Samuel Avishai Naria, un empresario de origen israelí dedicado a la venta de equipo de espionaje y que en 2014 fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa, Israel, por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De forma paralela a la investigación periodística, El Cazador de Cazadores se convirtió en testigo de la FGR y aportó su archivo de más de 20 mil documentos a la carpeta de investigación que se inició por el espionaje con el uso de la plataforma Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. Además, ha declarado que está listo para presentarse ante un juez para sostener sus imputaciones.

Los elementos y diligencias realizados por la FGR no serán revelados en este reportaje, en espera de que las autoridades terminen sus investigaciones y procedan de acuerdo a sus atribuciones.

En el marco de la investigación Pegasus Project, NSO Group afirmó en repetidas ocasiones que es imposible que el software opere o haya sido operado en una oficina privada. Sin embargo, este martes la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que informa que la empresa identificada como KBH Track “realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales”.

Tras las revelaciones de Pegasus Project, NSO Group y sus principales ejecutivos se han desmarcado de todos los señalamientos de abusos cometidos con su producto.

“Cualquier señalamiento sobre el mal uso del sistema me preocupa. Viola la confianza que damos a los clientes; investigamos todas las alegaciones”, dijo en una llamada que hizo al diario estadounidense The Washington Post horas después de que comenzaran a hacerse las revelaciones periodísticas de Pegasus Project.

Pegasus es un malware o programa intrusivo capaz de activar la cámara y el micrófono de los teléfonos celulares, además de extraer toda su información. El programa está diseñado para perseguir a criminales y terroristas, pero la investigación internacional coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional apunta a que se utilizó contra políticos, activistas, defensores de derechos humanos, abogados e, incluso, jefes de Estado.

EL CONTACTO

El 30 de junio de 2017, la persona identificada como El Cazador de Cazadores escribió un correo electrónico a Aristegui Noticias para decir que quería “realizar una colaboración muy importante acerca de los hechos de espionaje”.

En un largo texto relató que trabajó en una red formada por 18 empresas fachada, la cual fue diseñada para vender programas de espionaje a dependencias del gabinete de seguridad nacional y procuradurías estatales.

Afirmó que el ciudadano israelí Uri Emanuel Ansbacher Bendrama estaba al frente de esta red.

En solo unos días de conversaciones aportó facturas que comprobaban que PGR, CISEN y Sedena gastaron 500 millones en actualizaciones del programa, los documentos resultaron ser auténticos, tras verificaciones hechas por este medio. Hasta ese momento no se sabía que CISEN y el Ejército mexicano tenían este programa.

Durante los meses siguientes el informante mantuvo contacto con Aristegui Noticias y siguió aportando datos y sendas narraciones sobre la operación de la red de empresas, el papel que jugaba cada empleado, sus vínculos con los círculos políticos más importantes del país y de Israel.

Sin embargo, fue hasta febrero de 2019 que los periodistas sostuvieron por primera vez una reunión en persona con la fuente.

La persona se identificó plenamente, relató cómo se integró al círculo cercano de Ansbacher Bendrama y durante cinco meses proporcionó 20 mil 640 documentos que describen prácticamente todos los aspectos de la red de empresas: actas constitutivas, documentos fiscales (como firmas electrónicas y facturas), transferencias bancarias, contratos con el gobierno, estados de cuentas bancarios, recibos telefónicos, pedimentos aduanales y hasta documentos personales del personal operativo.

Entre todos esos documentos fue encontrada la carpeta que después se identificó como el registro de las comunicaciones extraídas del celular de Manuel Mondragón.

RED DE EMPRESAS

La filtración que Cazador de Cazadores entregó a los periodistas mexicanos del Pegasus Project documentó que Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama creó al menos 18 empresas fachada en las que sus propios empleados, ya sea recepcionistas, personal de intendencia, choferes y contadores, fungen al mismo tiempo como accionistas, comisarios y apoderados legales de dichas compañías. Durante la investigación se logró conocer que se trata de más de 30 firmas en México y el extranjero.

A través de dicha red, Ansbacher vendió las actualizaciones y licencias del malware Pegasus a tres dependencias federales: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), de acuerdo con facturas, oficios y comprobantes de transferencias de dinero que Cazador de Cazadores entregó en un primer momento.

La cabeza de la operación era Corporativo KBH, una empresa sin registro oficial que se origina del acrónimo “Kadosh Baruj Hu”, frase religiosa del hebreo que significa “Santo, Bendito Sea”. “Es nada más un nombre comercial para operar y hay una serie de empresas mexicanas que son las componentes de este grupo”, aseguró Cazador de Cazadores en el marco de la investigación periodística.

A pesar de que no existe como tal, la empresa de Uri Ansbacher se desdoblaba en compañías con nombres similares como KBH Track, Satellital KBH Geolocalizacion Systems, KBH Applied Technology Group y KBH Aviation, entre otras. 

Las empresas se creaban de forma constante para evitar que una misma compañía llamara la atención como contratista del gobierno mexicano, por lo que entre 2009 y 2018 los prestanombres de Uri Ansbacher fundaron empresas en la Ciudad de México y diversos estados. Las compañías ganaban contratos oficiales y posteriormente eran sustituidas por otras que formaban parte de la estructura comercial.

Así nacieron compañías con nombres tan diversos como Zaracota; Tecnología Empresarial; Sortech Systems; Ingeniería Aplicada Internacional; Financial Structure, Traffilog o Sistemas de Geolocalización Digital; Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos; Proyectos y Diseños VME; Air Cap; Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale; Grupo Comercial Vicra, Blitz Corp; Comercializadora Antsua; BS.D Applied Technologies, entre otras.

Ansbacher Bendrama abrió en septiembre de 2018 la empresa Pine Tree Group SA en Panamá, que aparece como propietaria de una casa en Pinetree Drive, Miami Beach. En Estados Unidos, el ciudadano israelí aparece como directivo de las firmas “O A Manhattan LLC” (una aperturada en Miami y otra en Nueva York). Una de estas compañías LLC compró un departamento por un millón 200 mil dólares en el condominio Cassa NY.

Las empresas ligadas a Uri Ansbacher han recibido contratos públicos por 681 millones de pesos desde 2008 a la fecha, sin contar los equipos de espionaje que están reservados por seguridad nacional, según una revisión en el portal QuienEsQuien.Wiki que expone datos abiertos de los contratos públicos.

Hasta el momento, derivados de los contratos que se han conocido públicamente, Peña Nieto invirtió al menos 950 millones de pesos en licencias para poder realizar espionaje gubernamental.

Los conceptos públicos abarcan servicios tan diferentes como construcciones de obra hidráulica, compra de chalecos antibalas y uniformes tácticos, turbinas, mantenimiento para aviones y helicópteros, plástico, aluminio y hasta revisiones de programas sectoriales, entre otros.

Entre todos destaca un contrato de 2013 para la compra de uniformes de la Policía Federal por 869 millones de pesos, el cual no fue transparentado en el sexenio anterior. 

Las dependencias que beneficiaron a la red de empresas ligadas con la venta de Pegasus en México abarcan desde la Comisión Nacional del Agua, (Conagua), el Servicio de la Protección Federal (Seprofe), el CISEN, la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las Secretarías de Marina-Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena).

También existen depósitos millonarios del Fideicomiso 2124 para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública a otras cuatro empresas de la red: KBH Aviation, Constructora del Centro y del Bajío, Ingeniería Aplicada Internacional y BSD Security Systems, según estado de cuenta público de ese instrumento financiero manejado por Banobras.

Dentro de los documentos filtrados por Cazador de Cazadores destaca una serie de depósitos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a las empresas ligadas con el empresario de origen israelí. Por ejemplo, el 19 de agosto del 2016, Constructora del Centro y del Bajío recibió 4 millones 579 mil 346 pesos.

Transferencias a NSO y Shalev Hulio

Entre los reportes se observa una transferencia de Grupo Comercial Vicra a Shalev Holy (el nombre oficial de Shalev Hulio, uno de los fundadores de NSO), por 500 mil dólares, el 26 de enero de 2015.

También aparecen transferencias electrónicas a la empresa israelí que creó el programa espía: el 25 de enero de 2015 Vicra le depositó un millón de dólares y el 19 de enero de ese mismo año le transfirió 2.5 millones de dólares adicionales. 

También hay registro de dos transferencias a NSO mediante casas de bolsa. El 21 de octubre de 2016, Proyectos y Diseños VME traspasó un millón de dólares con los servicios de “Vector Casa de Bolsa” y el 18 de octubre se transfirieron 600 mil dólares más con “Casa de Bolsa Ve por Más”.

Además, se observan  decenas de gastos vinculados al CISEN, visitas de NSO Group a México, compra de equipo electrónico y decenas de tarjetas SIM.


Los testaferros de un fantasma

El nombre del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama no figura en ninguna de las compañías mexicanas que han hecho negocios con el gobierno de México durante dos sexenios consecutivos, pero sí en varias sociedades panameñas que comparten socios o apoderados legales con las empresas creadas en México.

Además, se pudo corroborar que Ansbacher Bendrama no es el titular de cuentas bancarias en nuestro país. Públicamente es un fantasma: no aparece en el registro público de la propiedad, no hay reportes de sus actividades sociales y en internet solo hay una fotografía con su imagen: el 2 de agosto de 2018 firmó un acuerdo comercial con una compañía china de energía que decidió boletinar el encuentro.

El Cazador de Cazadores es uno de los pocos personajes que conoce a Ansbacher y gracias a sus archivos y testimonio se puede reconstruir cómo operaba la red de empresas ligadas a la operación de Pegasus en México.

La mayoría de las compañías subordinadas a Ansbacher Bendrama sólo se usaron para transferir recursos de nuestro país hacia cuentas del extranjero o para transferir dinero entre las propias compañías, dificultando su fiscalización.

Además, el empresario israelí acostumbra variar su nombre cuando registra alguna empresa en otros países, alegando las adaptaciones del hebreo al español, por lo que a veces aparece como Oury Emmanuel u Oury Emanuel e inclusive, variando sus apellidos por Ezra Benrama.

Una de las compañías clave en la trama es la panameña Ingeniería Aplicada Internacional, empresa que en junio del 2011 nombró a la mexicana Ximena Benítez García como Directora Presidenta, al también mexicano Héctor Silva Picazo como su Director Secretario y al propio Oury Emmanuel Ezra Ansbacher como Director Tesorero y encargado de los recursos de la misma, según la escritura pública 14,002 que está disponible en el Registro Público de Panamá.

Tanto Ximena Benítez como Héctor Silva aparecen como empleados de las empresas mexicanas ligadas a la red Pegasus que operaba en México, según registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Otros nombres que aparecen con diversos cargos en las compañías ligadas a Pegasus en México son Tania Pamela Velázquez Díaz, Diana Zuhaila Guerra Quintanilla – que fue funcionaria administrativa en la Policía capitalina -, Víctor Raúl Cedillo Hernández, Marco Antonio Suárez Cedillo, Alejandro González Esquenazi, Raúl González Contreras, Emilio Sánchez Maya y Dante Abel Castillo Enríquez, entre otros.

Las direcciones de la red de empresas se repiten e intercambian de manera constante, pero además en algunas ocasiones coinciden con los domicilios particulares de la red de Pegasus. Entre las direcciones que están identificadas por Pegasus Project se encuentran Tlaxcala 178, colonia Condesa; Ermita Iztapalapa 429 que coincide con una unidad habitacional en la colonia Prado Churubusco; Calle 11, número 6, colonia San Pedro de los Pinos; Pennsylvania 15, colonia Nápoles y tres ubicaciones distintas en la colonia Polanco: Ejército Nacional 718, Ejército Nacional 624 y Ejército Nacional 598, está última, sede oficial del corporativo.

En la mayoría de los casos, se trata de departamentos para uso habitacional que ya están desocupados, por lo que es imposible encontrar oficinas de las empresas ligadas a Uri Ansbacher.

Conexión diplomática

Otra de la compañías panameñas relacionadas con el caso es BS.D High Tech Tec- Supplies Trading, registrada en Panama el 5 de agosto del 2008, y en la cual aparecen como accionistas originales Samuel Avishay Neriya y Oury Emmanuel Ansbacher Benrama, según el acta protocolaria 14,497 del Registro Público de Panamá. En esa misma fecha, Oury Ansbacher fue nombrado representante legal de la empresa.

Ese mismo año, BSD High Tec-Supplies Trading, BSD Tech-Supplies Trading y BSD Security Systemas comenzaron a venderle uniformes a la Policía Federal y a la Secretaría de Marina, según los datos abiertos.

Samuel Avishay Neriya fue nombrado en 2014 Cónsul honorario de México en la ciudad de Haifa, Israel por el ex presidente Enrique Peña Nieto, cargo por el que no recibe un salario, pero que le permite ostentar la representación oficial del gobierno mexicano en esa ciudad israelí.

En el primer trimestre de 2018, funcionarios de la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México tuvieron una reunión con Samuel Avishay Neriya, de acuerdo con registros oficiales a los que se puede acceder mediante la página de transparencia de esa entidad federativa.

En la agenda de reuniones del gobierno mexiquense Avishay quedó registrado como “cónsul de Israel en México”. Unas semanas después, el gobierno de Alfredo del Mazo compró a Air Cap, una empresa de la red Pegasus, brazaletes electrónicos por 96 millones de pesos, un sistema de videovigilancia por 60 millones y bloqueadores de señal telefónica para tres penales estatales por 30 millones de pesos adicionales.

Wikileaks publicó un correo de junio del 2011 en el que empleados de BSD contactaron a la firma italiana de espionaje Hacking Team para ser sus intermediarios en México.

En los correos filtrados por Wikileaks, Samuel Avishay Neriya aparece como “Samuel Ner” y este presume que han logrado cerrar varios contratos con el gobierno mexicano para la venta de “circuito cerrados, intervención de celulares, proyectos de aviación y más”. Esos rubros, son exactamente los que corresponden a varios de sus contratos con la Policía Federal, la Semar y la construcción de los penales federales privados, conocidos como “CPS”.

Un directorio de Relaciones Exteriores (SRE) presenta a Shamuel Avishay Neriya como cónsul honorario en Haifa, con el mail ofice.bsd@gmail.com

Pegasus Project es una investigación periodística internacional que revela los abusos que 10 gobiernos clientes de la empresa israelí NSO Group perpetraron con el spyware Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, tanto en sus países como en el extranjero.

Durante varios meses, más de 80 periodistas de 17 medios de comunicación ubicados en 10 países, entre ellos Proceso, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, el Süddeutsche Zeitung o Aristegui Noticias, colaboraron en esta investigación, coordinada por Forbidden Stories, una organización periodística sin fines de lucro con sede en París, con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, para revisar más de 50 mil datos telefónicos ingresados por clientes de NSO Group a la plataforma Pegasus, lo que convertía a esos números en posibles blancos de espionaje.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: CARMEN ARISTEGUI, JUAN OMAR FIERRO, SEBASTIÁN BARRAGÁN.