La FGR abrió una nueva carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por la compra de Pegasus, ya que el fin de semana se dio a conocer que en la adquisición de este software hubo sobornos. El expresidente ya era investigado de hecho por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito, acusaciones que la Fiscalía dijo que no fueron ratificadas.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya tiene abierta una carpeta de investigación, es decir, que busca elementos para presentar una causa ante un Juez en contra del exmandatario mexicano. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el Fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.
Peña Nieto calificó cómo una "una insinuación carente de sustento alguno" las acusaciones que en su contra hicieron los empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah.
Aunque el expresidente negó las acusaciones a través de una publicación en su perfil de X, en la que señaló que la nota de The Marker es “totalmente falsa” ya que no tiene “el mínimo rigor periodístico”, lo cierto es que a lo largo de su sexenio, el priista y varios miembros de su gabinete estuvieron involucrados en escándalos de corrupción, que mantienen investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.
Hace cuatro años, la UIF informó de transferencias millonarios para Peña Nieto provenientes de España. Semanas después, en agosto de 2022, la FGR confirmó que tenía abiertas tres carpetas de investigación en contra de Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales.
El primer caso incluía diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.
El segundo caso es por lo señalado por la UIF que denunció a Peña Nieto “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó en ese entonces que antes de judicializar el caso, se precisaban “dictámenes periciales hacendarios y fiscales". La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Desde que la FGR informara esto, no había vuelto a notificar el avance de estas investigaciones hasta este martes que Gertz Manero acusó al Gobierno federal, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de no haber ratificado todos los elementos para poderlo judicializar estas causas.
LAS POLÉMICAS
Una de las polémicas más recordadas es la llamada Casa Blanca. En noviembre de 2014, el equipo del portal Aristegui Noticias exhibió la lujosa y moderna residencia que habitaba la entonces la esposa de Peña Nieto y Primera Dama, Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos y ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana.
En agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, fue quien le facilitó la propiedad al exmandatario, a cambio de que el priista lo beneficiara con contratos para obras públicas de su Gobierno.
Según esta información, tras el escándalo que generó la Casa Blanca, Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro que había otorgado al consorcio China Railway Construction Company (CRCC), sin importar que esto significara "sacrificar la relación con China", en lugar de excluir a Grupo Higa de dicho proyecto, ya que, Lozoya afirmó, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra.
“Me llamó el Presidente para informarme sobre el inminente anuncio [de la cancelación]. Yo le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países por lo emblemático del proyecto para el Gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo ‘es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa’”, relató Lozoya
“Ante esto, yo le sugerí simplemente excluir a Grupo Higa del proyecto, pero él prefirió sacrificar el proyecto y la relación con China para intentar esconder el tema de las casas”, apuntó en su declaración”, agregó el exdirector de Pemex, quien reveló que el Grupo Higa también le habría facilitado la casa de Malinalco a Luis Videgaray, quien se desempeñó como Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Relaciones Exteriores durante el mandato peñista.
Lozoya sostuvo que Juan Armando Hinojosa le reveló que el expresidente Peña Nieto lo "instruyó a hacer negocios en Pemex" para obtener recursos económicos y que luego de que se destapó el escándalo de la casa blanca, el empresario fungió como intermediario entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex, intervenciones por las que recibía comisiones de entre 2 y 5 por ciento.
“Después de la casa blanca, Juan Amando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex. Es de mi conocimiento por voz propia de Juan Amando Hinojosa-, que (él) recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, los compartió -también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”, expuso el exfuncionario ante la FGR.
Este hecho evidenció que Andrade recibió el nombramiento de Secretario de la Función Pública con el propósito de exonerar a los implicados en el escándalo de la millonaria propiedad. Otro funcionario involucrado en el caso fue José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien perdió el expediente del caso de la "Casa Blanca".
Sin embargo, en 2022, un Juez concedió la suspensión del proceso Carreño Camacho por el delito de ejercicio indebido del servicio público y en su lugar determinó que el exfuncionario público sólo debía hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original", pese a la insistencia de la SFP y de la FGR para que el exsubsecretario, y demás involucrados, fuesen sancionado con la privación de la libertad.
En 2017, una investigación periodística reveló que entre entre 2013 y 2014, dependencias federales, como Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de varias universidades, principalmente la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), desviaron más de siete mil millones de pesos de recursos públicos a empresas fantasma, hecho conoció como la Estafa Maestra.
El dinero estaba destinado a personas en situación de pobreza alimentaria en México, a quienes nunca llegaron los recursos, a través del programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que los fondos, con los que se planeaba impulsar campañas electorales del Estado de México, en 2017, y la presidencial, en 2018, eran transferidos primero a la Sedesol y después a la Sedatu, por lo que Rosario Robles, titular de ambas dependencias en distintos momentos, es una de las principales señaladas en el caso.
Luego de diversos señalamientos de corrupción contra el Gobierno federal, éste creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluso, durante la promulgación del organismo, Peña Nieto pidió perdón hoy a los mexicanos por la llamada "casa blanca". No obstante, el SNA sólo se quedó en buenas intenciones ya que ni el Jefe del Ejecutivo federal ni los legisladores priistas nombraron al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados especializados que se requerían.
"Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura Presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos", dijo el Presidente en su mensaje de la promulgación del SNA en el Palacio Nacional.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó a la luz el caso Odebrecht, en el que se reveló que presidentes y funcionarios de 12 países de Latinoamérica, entre ellos México, recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos de obras públicas a la empresa brasileña Odebrecht. En México, el principal implicado en este caso es Emilio Lozoya, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos durante la Administración de Peña Nieto.
Sin embargo, en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios mexicanos inmiscuidos con la constructora. De acuerdo con las declaraciones del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio Lozoya recibió cuatro millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.
De acuerdo con la declaración, Lozoya planteó a Odebrecht, que sería “muy importante” si pudieran contribuir con algo cuando él los había apoyado desde 2009. El reconocimiento pedido era de cinco millones de dólares, pero le dieron cuatro millones. Luego, ya al frente de Pemex, recibió otros seis millones de dólares. Lozoya, según la empresa, tenía potencial en el gobierno y eso ameritaba una relación “más estrecha y de confianza” con él.
Tras estas revelaciones, en 2020, Lozoya realizó una serie de señalamientos que implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios en el caso de la constructora brasileña, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya. Sin embargo, ninguno de los mencionados ha sido sancionado.
En 2017, dos personas perdieron la vida tras caer al socavón que se abrió en el llamado Paso Exprés, en Cuernavaca, Morelos, una vía que tenía sólo tres meses de haber sido inaugurada y ese a que se exigió la renuncia de Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), éste se negó, alegando que sólo renunciaría si el Presidente Peña Nieto, con quien presumió la obra, exigía su renuncia.
Las investigaciones arrojaron diversos actos de corrupción en la administración de la obra, ya que, la Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades por unos 300 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2015. También se reveló que el precio se duplicó, ya que el costo del proyecto original de la rehabilitación de la vía se calculó en mil 50 millones de pesos, pero terminó siendo de dos mil 213 millones 500 mil pesos, es decir, mil 163 millones de pesos más. Además, el proyecto se inauguró con cuatro meses de retraso.
Descubre, junto al Presidente @EPN, los beneficios de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca, conocido como Paso Exprés Tlahuica. pic.twitter.com/M4v1RAmyML
— Presidencia EPN 2012-2018 (@PresidenciaMX) May 2, 2017
Un caso de corrupción que también involucró a Ruiz Esparza fue el de OHL. El 7 de mayo de 2015 se destaparon las conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades mexiquenses en las que se evidenciaban acuerdos y favores entre funcionarios. También OHL y el PRI fueron señalados por fraude y malversación de recursos. A OHL también se le acusó por financiar con 4 mil millones de pesos las campañas del PRI.
El Gobierno de Peña Nieto ha sido señalado en diversas ocasiones por el uso del software Pegasus, que fue utilizado para espiar a figuras clave, incluyendo al círculo cercano del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, así como a periodistas y defensores de derechos humanos. En 2017, el diario New York Times reveló una campaña de espionaje del Gobierno de México contra activistas, políticos y periodistas.
El software Pegasus, desarrollado por una empresa israelí que fabrica ciberarmas, sólo se comercializa a gobiernos y bajo la condición explícita de que únicamente sea utilizada para monitorear a terroristas y a otros criminales, por eso cuando se destapó el caso, el Parlamento Europeo, exhortaron a Peña Nieto a crear un grupo de expertos independientes para que se investigue el espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones y activistas.
Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Pero aún al terminar su sexenio, Peña Nieto siguió con una vida llena de lujos en España, a donde se refugió tras concluir su mandato y donde en 2020 adquirió un departamento valuado en millones de pesos para obtener la “visa dorada”, un permiso de residencia que se otorga a extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en activos, todo esto pese a que no recibe una pensión como expresidente, ya que ésta se retiró a la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dos años después de haber adquirido el lujoso departamento, lo puso a la venta por, aproximadamente, 13 millones de pesos. En su lugar compró una residencia de súper lujo a las afueras de Madrid. Se trata de un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en donde se realizó la boda de su hija. Este sitio pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.
Desde que abandonó la Presidencia en 2018, Enrique Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo y ha dado cuenta al mismo tiempo de una vida llena de lujos, sin que se conozca con certeza el origen de los recursos con los que costea el tipo de vida que tiene. Sobre todo porque se le ha visto en Nueva York; y en Italia, saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país. También se especula que muy probablemente el exmandatario se moviliza en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.
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