Seis años le tomó a Morena que sus funcionarios se corrompieran, hicieran ligas con el narco, abusaran del recurso, les revocaran las visas (esto de hecho nunca antes había sucedido en el país ni con gobiernos del PRI, ni con gobiernos del PAN), los investigaran, los mencionaran y los indagaran en carpetas oficiales.
Y es evidente que García Harfuch sabe lo que habla y lo que acusa, dado que lo hizo frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una de sus conferencias matutinas, cuando señaló, que, efectivamente, en aquel mes del año pasado se inició la carpeta de investigación contra Hernán Bermúdez Requena, nada menos el que fue Secretario de Seguridad en Tabasco, cuando ese estado era gobernado por Adán Augusto López Hernández, quien dejaría tirada la entidad para incorporarse en calidad de Secretario de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, intentar competir contra Sheinbaum Pardo en la interna de Morena y finalmente haber sido acomodado en el Poder Legislativo como premio de consolación, pero a la vez de concentración de poder.
Como Felipe Calderón Hinojosa en su momento, cuando fue señalado de complicidad luego que su exsecretario de seguridad, Genaro García Luna fue señalado de nexos con los cárteles de la droga, Adán Augusto López es ahora el centro de la polémica con el mismo rasero con el que su partido midió a Calderón: es imposible que no supiera de las actividades ilícitas de su secretario de seguridad, especialmente cuando en el caso del tabasqueño, Hernán Bermúdez es además su amigo cercano.
Bermúdez es hoy prófugo de la justicia. De hecho, desde febrero de 2025 ha evadido la orden de aprehensión que se generó en su contra al ser ligado en la carpeta de investigación con el grupo criminal "La Barredora", célula en la esfera mafiosa del Cártel Jalisco Nueva Generación, que se dedica, de acuerdo a la misma indagación, al narcotráfico, la extorsión, el robo de combustible y el tráfico de migrantes.
El primer instinto del Senador López Hernández fue esconderse. Los días iniciales a darse a conocer la información de la investigación y la orden de aprehensión contra quien fue su Secretario de Seguridad y además por nexos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, no se supo nada del exsecretario de Gobernación, ni sus luces, ni su voz, ni nada de nada. Fue hasta el fin de semana en el consejo nacional de Morena, que apareció y acaparó la atención, sólo para justificar que todo se trataba de “politiquería”, cuando quien investiga a su exsecretario no es un gobierno opositor, sino uno de su propio partido, Morena, al mismo al que pertenece la Presidenta que informó a través de García Harfuch, es decir, son funcionarios de Morena investigando a exfuncionarios de Morena, por lo que eso de la politiquería, pues no cabe en esa ecuación.
Pero el caso del exsecretario de seguridad de Tabasco, y amigo y colaborador de Adán Augusto López, no es el único de abuso de poder desde el Gobierno, sí el más notorio dado que se trata, aun guardadas las proporciones entre la dimensión de un orden de gobierno y otro, de un caso similar al que tanto han criticado los morenistas, el de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Es decir, con la vara que midieron están siendo medidos, aunque justifiquen politiquería.
Hace no muchos meses, a la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila, la segunda emanada de Morena en ostentar esa posición, le fue revocada su visa para entrar a los Estados Unidos, luego que a su esposo se la retiraran físicamente cuando intentó cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego. Se sabría más adelante, que el nombre del esposo de la mandataria morenista, Carlos Torres Torres, aparece en indagaciones por huachicol fiscal y lavado de dinero en altas esferas investigadoras de los Estados Unidos. Además, que Carlos, junto a su hermano Luis Torres Torres, son mencionados en una carpeta de investigación en la FGR, por huachicol fiscal, y corrupción en aduanas, indagación que, por cierto, no es desconocida para García Harfuch.
Otro Gobernador de Morena que carga con el tufo de las ligas con el crimen organizado, es Américo Villarreal del estado de Tamaulipas, donde ha sido evidenciado en imágenes con miembros del crimen organizado y señalado de esos nexos. No se queda atrás Rubén Rocha Moya, el mandatario estatal de Sinaloa, quien ha sido muy defendido por la Presidenta, pero que vive en un clima de inseguridad y violencia que no da tregua a los sinaloenses, y quien fue señalado por el propio narcotraficante Ismael Zambada García, "El Mayo", de ser una de las personas con las que acordó reunirse en julio de 2024, cuando terminó en un aeropuerto de Nuevo México, detenido por agentes de los Estados Unidos.
Los escándalos de corrupción no iniciaron en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque a ella le ha correspondido, como el caso de Hernán Bermúdez, ordenar las investigaciones para no encubrir a nadie, pero en el sexenio anterior, en el encabezado por López Obrador, se conocieron otros casos que no han sido debidamente investigados. Como las propiedades de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, una institución por cierto desmantelada, sin mantenimiento, sin recursos y cuyo legado son los cada vez más frecuentes apagones en todo el País.
O los denunciados excesos de la ahora Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, señalada de irregularidades en la edificación de la refinería de dos bocas, cuando fue Secretaria de Energía y por lo cual se presentaron decenas de denuncias ante la autoridad procuradora de justicia.
Sin embargo, ninguna investigación ha prosperado, salvo la del exsecretario de seguridad de Tabasco y cercano colaborador de Adán Augusto López Hernández, quien, hasta antes de conocerse la indagación y la orden de aprehensión, gozaba de poder no sólo en el Legislativo, cuanto más dentro de Morena.
Seis años le tomó a Morena que sus funcionarios se corrompieran, hicieran ligas con el narco, abusaran del recurso, les revocaran las visas (esto de hecho nunca antes había sucedido en el país ni con gobiernos del PRI, ni con gobiernos del PAN), los investigaran, los mencionaran y los indagaran en carpetas oficiales.
Durante más de 70 años el Partido Revolucionario Institucional creó las condiciones en México para seguir ostentando el poder político y público, generando políticos millonarios, nuevos ricos (algunos aún lo son y se afiliaron a Morena), modificando las leyes para perpetuarse en el centro de la toma de las decisiones administrativas de México y la concesión de contratos, convenios, adquisiciones y adjudicaciones de las cuales aprendieron a llevar tajada. Morena ha seguido y superado tal ejemplo.
El Partido Acción Nacional gobernó estados de la República por 30 años o más, y la presidencia solamente 12 años. Los excesos de los panistas en estados como Baja California, de hecho, la entidad donde ganaron su primera gubernatura, hizo mella en su postura de oposición y alternancia con administraciones como la de Francisco Vega de Lamadrid, señalado por la corrupción de su gabinete y la cerrazón del PAN para un grupo en el poder, siendo precisamente ese exgobernador ahora en el ostracismo político, quien entregó el poder a Morena, en manos en 2019, de Jaime Bonilla Valdez.
Aunque nada como la rapidez de Morena para entender el sistema político y gubernamental mexicano, modificarlo, y en los primeros seis años del triunfo, a partir de 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador finalmente, después de dos intentos anteriores, logra la Presidencia de la República, ya suma casos de sospechas de corrupción, de abuso de poder, y cuenta entre sus filas a prófugos de la justicia, como Hernán Bermúdez, el exsecretario de seguridad de Adán Augusto López Hernández, investigado por gobiernos morenistas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
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