Petróleos Mexicanos (Pemex) debe revelar a la ciudadanía la cantidad de combustible enviado a Cuba durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Asimismo, debe dar transparentar los envíos que se han efectuado durante el primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expuso el Instituto.

A través de un comunicado, el INAI dio a conocer que dicha información fue solicitada a Pemex por un ciudadano y que la petrolera respondió que no encontró en sus archivos la información requerida.

En particular, la persona solicitante pidió a Pemex entregar la información desglosada por cantidad de combustible, valor comercial, fechas de envío y recepción, nombre y cargo de la persona responsable de los envíos, la partida presupuestal, las condiciones comerciales y los importes.

Pemex le respondió que los países, entidades, empresas o instituciones extranjeras no están contempladas como posibles beneficiarias de donaciones de productos petrolíferos o combustibles, por lo que no encontró la documentación solicitada. 

“Esto, a pesar de que la solicitud incluyó enlaces con citas del Presidente López Obrador hablando sobre los envíos”, recalcó el INAI en su comunicado.

Mexicana de Aviación debe dar a conocer los contratos que celebró con Petrus Aero Holdings y cualquier otra empresa para el arrendamiento de aviones, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Una persona presentó una queja ante el INAI porque el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM) reservó la información sobre el arrendamiento de aviones.

La empresa del gobierno argumentó que forma parte de un expediente judicial derivado de una demanda por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas determinó que la reserva de los contratos es improcedente, pues se trata de información de naturaleza pública desde su creación.

Advirtió que, si bien existe un juicio en tribunales de Estados Unidos por la demanda contra la aerolínea del Estado mexicano, los contratos se firmaron antes de la controversia jurídica y no refieren una actuación, diligencia o constancia propias del procedimiento jurisdiccional en curso, por lo que no se puede validar la reserva.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contempla la creación de al menos dos oficinas que realizarán actividades en materia de transparencia y acceso a la información, ante la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó un presupuesto interno de casi 500 millones de pesos para garantizar su operación hasta abril de 2025, priorizando los sueldos de los 759 trabajadores, el mantenimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la seguridad de los documentos públicos y gastos esenciales como renta y mantenimiento.

La bancada de Morena en la LXV Legislatura del Senado no sólo carga con acusaciones por presunta corrupción en el manejo de las finanzas, según lo ha denunciado el propio Senador Adán Augusto López, también carga con la opacidad en sus gastos, refiere una solicitud alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente a la partida 39903 "Asignaciones a grupos parlamentarios".

Las leyes secundarias que se promulguen tras la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán clave para conocer cómo se administrará la Plataforma Nacional de Transparencia, señaló esta mañana la comisionada Julieta del Río Venegas. 

Los gobiernos, cualquiera que sea su ideología o color de origen, invariablemente tienden a controlar todo aquello que signifique recurso público, desde quién lo administra, quién lo asigna, a quién se lo ceden, por cuál concepto, en qué tiempo y bajo qué condiciones. De manera sistemática, esto ha quedado evidenciado, generalmente, a partir de investigaciones periodísticas, ciudadanas, de organizaciones u opositores.

Entre las cuestiones no previstas por el Congreso en el proceso de extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI) está el futuro de los 14 mil millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)  a los que cualquiera tuvo acceso de manera sencilla y rápida en los últimos 10 años, pero que ahora existe el riesgo que los ciudadanos pierdan ese derecho. 

Por ello, la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de los derechos humanos, está proponiendo ser el encargado del resguardo y respaldo de la información contenida en la PNT, toda vez que se trata de información pública y ya publicada.

El futuro de 14 mil 958 millones de archivos que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia es incierto si el Congreso aprueba la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

La ciudadanía le ha dado una “utilidad social” al acceso a la información, contrario a la idea de algunos políticos que “piensan que la plataforma es para molestar”, pues a través de ella pueden acceder a sus número de semanas cotizadas, historiales clínicos, sueldos, contratos y otros datos de instituciones públicas, señala la comisionada Julieta del Río Venegas.

El Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar acceso a una persona migrante a sus datos personales, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La persona extranjera afectada, que pidió protección humanitaria, solicitó al INM el comprobante de los trámites realizados para obtener su residencia en México, incluido el comprobante del refugio aprobado y la residencia autorizada. El INM respondió que le entregaría la información en la oficina más cercana a su domicilio en México luego de acreditar la titularidad de los datos.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su estrategia de prevención y combate a la corrupción, en donde se dota de más herramientas a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual absorberá también las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por estos días la sensación es de pérdida y de exceso a la vez. Pérdida no muy paulatina de la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en la vida política y administrativa del País, y un exceso de poder a partir de una ventajosa interpretación de la Ley en favor de un partido político y sus aliados a sueldo. Una patente de corso en demérito de la Constitución.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de su titular de transparencia, Saddam Abigael Sosa Gutiérrez, ha negado en dos ocasiones a Noroeste la información sobre desapariciones en el estado a partir de marzo de este año, mes en el que fueron privadas de la libertad al menos 66 personas en diversos puntos de Culiacán.

Un juez de la Ciudad de México concedió un amparo a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) para que se le haga entrega de las versiones públicas de los contratos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con Pegasus, el software de espionaje ilegal utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 

El hermetismo en los detalles de la búsqueda de los restos del personaje histórico Catarino Erasmo Garza, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha llegado hasta los principales acuerdos firmados entre México y Panamá, documentos relacionados con el plan de búsqueda, las metodologías empleadas, el rol de todos los funcionarios en la encomienda presidencial y las cuentas del gasto público destinado a encontrar, recuperar, identificar y repatriar los restos del combatiente, del que se tiene registro de muerte en 1895 en Isla Colón.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en contestaciones por separado, se negaron a entregar datos de interés público y reservaron los archivos relacionados con este caso por cinco años, de 2024 a 2029. 

Las impugnaciones por las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) a solicitudes de información casi se duplicaron al crecer 92% en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al de su antecesor priista Enrique Peña Nieto, un dato que muestra el retroceso en acceso a la información, de acuerdo con un reporte de Artículo 19 presentado este martes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este martes que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá entregar la versión pública de la información sobre el trámite de cambio de uso de suelo forestal para la construcción de una base área militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, Quintana Roo.

Esto luego de que el Pleno de la Corte confirmara las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las cuales fueron promovidas en octubre de 2023.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debe informar el folio único de búsqueda y la entidad federativa donde desapareció cada una de las 20 mil 193 personas reportadas como localizadas al 18 de marzo de 2024

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó esta mañana a través de un comunicado que instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que debe buscar, y en su caso, dar a conocer el informe de cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el traslado de la operación y administración de la Guardia Nacional a esa secretaría.

Según afirma el documento, publicado en el sitio oficial del INAI y compartido en sus redes sociales oficiales, la Sedena respondió a una solicitud de información que no cuenta con documentos relacionados con el cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte.