La Cámara alta cerró su año legislativo con la aprobación de la ley que pone a disposición de las autoridades bases de datos con información personal con la intención de combatir delitos
La nueva ley fue aprobada con 67 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 29 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La discusión en el pleno se dio en medio de acusaciones entre el bloque oficialista y el opositor. Por un lado, fue colocado una enorme manta con una silueta oscura y la leyenda “Morena. Gobierno espía”.
Como respuesta, la coalición morenista colgó una lona de similares dimensiones en el lado opuesto que tenía el mensaje “Genaro García Luna, narcotraficante; Calderón, su jefe”, y lo acompañaba con los rostros de ambos políticos.
La ley crea la Plataforma Central de Inteligencia que en menos de seis meses, según la propia ley, estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública en el país, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública y, en su caso, la información de particulares para su consulta en las tareas de prevención, investigación y persecución de delitos.
Esa facultad se realizará, según señala la ley, en apego a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
El dictamen aprobado establece que el Centro Nacional de Inteligencia podrá acceder de forma irrestricta y directa a toda la información que esté al alcance de la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad (que será creada con la reforma en materia de desapariciones), para las tareas de inteligencia en seguridad pública.
También señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá solicitar información a otras instituciones y dependencias del Estado para la identificación y el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos, en particular si se tratan de alto impacto.
Así, la ley faculta al secretario Omar García Harfuch a solicitar a las instituciones de seguridad pública y otros entes públicos y privados que se permita la interconexión de la Plataforma Única de Identidad a sus sistemas de inteligencia.
También podrá solicitarles que le envíen información contenida en cualquier registro de donde se puedan extraer indicios e información.
Puede tratarse de datos vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, personas prestadoras de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, o registros en materia marítima.
Acusan vigilancia masiva
La oposición acusó que con la nueva ley se consolidó la creación de un régimen de vigilancia masiva hacia la ciudadanía, sin controles judiciales efectivos.
“Estamos convencidos de que es literalmente el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”, lanzó el coordinador panista Ricardo Anaya desde la tribuna.
Por parte del PRI, el coahuilense Miguel Riquelme insistió que dicha legislación abona a la concentración del poder en el Ejecutivo.
Amalia García, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la aplicación de la inteligencia gubernamental no puede hacerse sin la inclusión de la sociedad civil.
“Las Naciones Unidas han subrayado, lo ha dicho el relator especial para Libertad de Expresión, que los Estados deben aplicar el principio de minimización de datos, sólo para recordar lo estrictamente necesario por el tiempo indispensable con salvaguardas claras. Qué bueno que haya la decisión de aplicar inteligencia e investigación, pero falta hacerlo para construir un Estado democrático de derecho con controles desde la sociedad civil.
Lo que se plantea en el texto de estos dictámenes es un estado policial sin procesos legales claros ni rendición de cuentas, se normaliza la vigilancia sin controles judiciales, se debilita la frontera entre lo civil y lo militar y se abre la puerta a un autoritarismo amparado en el miedo.
No es la seguridad lo que están construyendo, es un régimen de control que amenaza nuestras libertades más básicas.
En tanto, la senadora del Verde, Laura Estrada, argumentó que la inteligencia será usada para obtener pruebas y si no lo realiza de manera legal serán inválidas.
“La información y las pruebas que las policías recaben, gracias a la ley que hoy discutimos, no podrán ser obtenidas de manera arbitraria so pena de ser declaradas nulas”.
El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió que la ley será una herramienta para la prevención de los delitos y rechazó que se utilice con fines políticos.
“Por primera vez en la historia del país dotamos al Estado mexicano, escúchese bien, de un sistema coordinado, legal y profesional de inteligencia para la seguridad pública, no para la vigilancia política, como hacían antes, no para la represión como hacían antes, sino para la justicia y la paz. Se trata de crear inteligencia sin represión, con plena garantía a los derechos humanos, con reglas claras, con enfoque de legalidad y federalismo cooperativo”.
Tras la aprobación en lo particular y el rechazo de todas las reservas ingresadas por parte de legisladores de la oposición, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, festejó.
“Después de un intenso periodo extraordinario: Pueblo de México, te volvimos a cumplir, ¡hemos sacado la tarea que se nos fue encomendada!”, dijo al final el presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña y desde los escaños se oyó un grito de celebración.
La reforma aprobada forma parte de un conjunto de leyes que fortalecen las funciones y alcances de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, aprobadas en apenas nueve días por parte de ambas Cámaras, para lo que el Senado acordó no esperar los tiempos correspondientes a su normativa interior.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.
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