El Partido Acción Nacional puso a la disposición de la ciudadanía un formato para la promoción de un juicio de amparo indirecto contra el paquete de reformas aprobado en el anterior período extraordinario de sesiones y con el que, a decir del dirigente panista Jorge Romero, el gobierno podrá espiar a los mexicanos sin mediar una orden judicial.

En un comunicado emitido este domingo 20 de julio el Comité Ejecutivo Nacional del PAN señaló que, además de la localización geográfica, el gobierno podría intervenir las comunicaciones de los ciudadanos en la modalidad de llamada o mensajes de texto, así como la información contenida en los dispositivos móviles y que igualmente tendrá acceso a los datos personales, a saber: nombre, domicilio, nacionalidad, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes.

“No podemos permitir que el gobierno utilice la tecnología para espiar a las y los mexicanos sin justificación y sin orden de un juez. La ciudadanía no tiene nada que temer si nada debe, pero el Estado sí tiene límites y esos límites los marca la Constitución”, indicó el presidente del CEN, Romero Herrera.

A inicios de julio el dirigente nacional manifestó en rueda de prensa celebrada en Mexicali que en razón de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en el Congreso de la Unión autoridades de seguridad y de procuración de justicia podrían solicitarles a las telefónicas la ubicación de la ciudadanía en tiempo real sin que mediara una orden judicial.

Durante la misma conferencia el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, indicó que la Ley General de Población obligará a entregar la CURP biométrica a la hora de hacer un trámite ante el gobierno o ante un particular. “Con teclear tu CURP van a poder saber dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste, a dónde viajaste”, abundó.

A su vez, el coordinador de los diputados federales Elías Lixa denunció que con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública los datos de la población pueden ser compartidos con gobiernos extranjeros, con el uso de mecanismos de interconexión.

El 4 de julio, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se pudiera geolocalizar a los ciudadanos sin orden judicial de por medio. Aseguró que el “artículo 183” obligaba a los operadores de las compañías a colaborar “en términos que establecen las leyes”.

Ante ello Romero reviró: “Usted dice que mentimos porque señala que ese artículo refiere que se hará según las leyes aplicables, nada más que con ese mismo argumento yo le digo cuál es otra ley igual de aplicable: la nueva Ley de la Guardia Nacional que ustedes también volvieron a votar recién en estos días, y que en su artículo 9 claramente antes de esta reforma señalaba que para geolocalizar personas se ocupaba de una previa autorización judicial, ustedes acaban de quitarle precisamente esa parte”.

El formato de amparo, disponible en el portal del Partido Acción Nacional, apunta a la protección de la justicia federal contra diversas normatividades: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Ley General de Población, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Como autoridades responsables refiere a la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la titular del Poder Ejecutivo federal y el director general del Diario Oficial de la Federación.

Romero Herrera reiteró la invitación a sumarse al amparo colectivo. “No se trata sólo de un tema partidista sino de un derecho que le pertenece a toda la ciudadanía”, mencionó.

Aseguró que, con leyes como tales, Morena tiene pretensiones de “normalizar el espionaje político y social”, tentativa que consideró como un riesgo para la democracia en el país.

“El gobierno debe servir a las personas, no vigilarlas ni intimidarlas”, remató.

En un proceso de apenas cuatro meses, el Gobierno Federal reformó la Ley General de Desaparición Forzada, que había permanecido ocho años sin cambios sustantivos. Las familias organizadas participaron de una manera cosmética en el proceso, siendo invitadas a una serie de eventos apodados “diálogos en Gobernación”, los cuales fungieron como un gran desahogo de múltiples problemáticas que atraviesan las familias en búsqueda, pero no como espacio de consulta sobre estas modificaciones importantes. Sobre todo, porque las familias tendrían muchas cosas que agregar sobre lo que no funciona en la búsqueda de las más de 120,000 personas desaparecidas en México. 

La urgencia gubernamental por el cambio surgió del impacto mediático que en marzo de este año tuvo la denuncia sobre la existencia del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, como un posible espacio de reclusión, entrenamiento o inhumación clandestina de personas. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se conocen avances en la investigación ministerial del predio o sus posibles víctimas, salvo por el anuncio del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, que rechazó la hipótesis del crematorio clandestino, pero eso fue todo. 

La atención mediática de marzo fue perdiendo fuerza con el anuncio presidencial sobre la  “prioridad nacional” que tenían entonces las personas desaparecidas en México, y fue menor para fines de mes, cuando el Ejecutivo envió la propuesta de reforma de las leyes de desaparición y de población. Este lunes 30 de junio, la cámara de Diputados aprobó las modificaciones que ya venían avaladas del Senado, que integraron los datos biométricos y la fotografía a la clave única de registro de población, buscando convertir al documento general de identificación en el país, conocido como CURP, en una “herramienta” para la búsqueda. 

“Una de las críticas centrales a la reforma es que no toca lo más importante que es la búsqueda, fortalecer el sistema nacional y las comisiones. Lo que nosotros decimos es que es una simulación, un caballo de Troya para imponer un sistema de vigilancia masivo de la población, lo cual es muy riesgoso y poco útil para la búsqueda”, dijo en entrevista, Jorge Verátesgui, uno de los familiares movilizados, quien busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino, Antonio Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos desde el 24 de agosto de 2009, en Parras, Coahuila.

CLAUSURA SIMBÓLICA

En la mañana del miércoles 2 de julio, familias de personas desaparecidas hicieron una clausura simbólica en la puerta dos de la sede del legislativo en San Lázaro, en la Ciudad de México, como una forma de mostrar rechazo por las modificaciones legales mencionadas. “Estamos en la cámara de Diputados haciendo esta acción, para dejar constancia de que fue un proceso simulado”, apuntó Verástegui durante el evento. 

La fuente apuntó que la creación de la Plataforma única de identidad, -que en la ley pasa a ser considerada una “plataforma primaria de consulta permanente”- a partir de la modificación de la ley general de población que incluye los datos biométricos de cada persona en su CURP, “registrará todo lo que se hace ante entes privados o públicos”, apuntó. 

La reforma implica la obligatoriedad para los tres niveles de gobierno de hacer un registro “administrativo y consultable en tiempo real”, del CURP de cualquier persona como “mecanismo de identidad oficial”; también se obliga a los privados a generar y compartir información referente a servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, paquetería o “todos aquellos que tengan información útil que sume a las acciones de búsqueda”, según la información oficial publicada por Presidencia. 

“Si vas a comprar al Oxxo, al súpermercado, o hacer una compra en internet, el empresa está obligada a pedirte tu CURP y eso se va a registrar en una plataforma. Igual si vas a una oficina de gobierno a que te presten un servicio. Todo eso queda en manos del Gobierno Federal, sin que se necesite una orden judicial o que exista una investigación criminal para acceder a esos registros. Este tipo de cosas sirven para espiar a las personas, y que no sólo vulneran las privacidad sino también la seguridad, de las personas desplazadas en el país”, sostuvo Verástegui. 

Sus palabras revelan una desconfianza de las familias en búsqueda hacia las instituciones estatales: “el gobierno no ha dado muestras para confiarle todos nuestros datos de manera irrestricta, y la negativa a tener controles judiciales, genera más dudas. Así como no saber realmente quién va a utilizar la plataforma”, apuntó. Según la ley, ésta deberá ser desarrollada en un plazo no mayor a 90 días naturales. 

SIN MEJORAS

Colocando carteles con los rostros y nombres de personas desaparecidas y pintando en el piso, con grandes letras blancas la frase “Sin las familias no, espiar no es buscar”, dejaron plasmada su posición frente a las medidas del nuevo gobierno. Entre ellas, estuvo María Coronado, quien busca a su esposo Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido desde el 27 de mayo de 2011, en Córdoba, Veracruz, quien redobló la desconfianza: “creo que esto es muy peligroso porque de por sí, las familias ya están en riesgo por buscar, ¡imagínate! Con esto van a saber todo lo que hacemos, dónde estamos, dónde nos movemos, si tenemos una reunión. Todo esto es para ponernos en bandeja de plata”, contó en entrevista a Desinformémonos. 

Para la buscadora, la desconfianza ha sido la tónica en la relación con el poder público, la cual se ha nutrido, en sus palabras, por la falta de un diálogo genuino con quienes viven este flagelo: “creo que las reuniones del gobierno con las familias sobre este tema han sido una farsa, porque no invitó a todas. Ellos dan una cifra de que recibieron a más de 500 colectivos y familias que estuvieron de acuerdo con los cambios, cuando eso es una mentira. Desde ahí vuelven a engañar a la sociedad, pero nosotros sabemos que nos siguen poniendo trabajas para encontrar a nuestras familias”, analizó. 

En su caso, considerado de “larga data” en los ámbitos gubernamentales, dado los 14 años y un mes, -según contó Coronado- que lleva en búsqueda: “al gobierno no le importa mi caso, ni los presos políticos hacia atrás y mucho menos los de esta época. Entonces, en la actualidad, día a día, seguimos viendo las desapariciones y no podemos encontrarlos. Somos las familias quienes ponemos a los ministerios públicos, toda la información sobre sus familiares”, apuntó una situación que es común a las buscadoras, quienes además de cargar con el dolor que las embarga, deben cargar con el peso de las investigaciones. “En el caso de mi esposo, lo que ellos tienen es porque yo investigué y lo puse sobre la mesa. Pero cuando voy a verlos, me presentan lo mismo que les dije y les reclamo ¡dime algo que yo no sepa! ¡que tú hayas investigado!”, acusó. En su caso, han pasado tres funcionarios ministeriales encargados de su carpeta, sin mayores avances. 

El día de su desaparición, su esposo salió de la ciudad de Córdoba, Veracruz, y en el trayecto por el municipio de la Concepción, “él venía en coche y se lo tragó la tierra”, contó. “Iba a recoger a mi hijo, que iba a hacer unas prácticas de fútbol en Querétaro, en segunda división, pero ya no llegó. Yo vivía entonces en Coahuila y quise poner la denuncia allá, pero me dijeron que tenía que ir a Veracruz y cuando llegué, los mismos policías me decían: ¡ah! ¡es que fue atravesando el triángulo de las bermudas! ¡ahí todo el mundo desaparece!”

La aceptación de la desaparición sin la mayor conmiseración que les mostraron los funcionarios públicos, obligó a las familias a afrontar la difícil situación por su cuenta: “tú sola tienes que ver los medios, para moverte, para buscarlos. En ese tiempo, mi hijo enfermó de cáncer y yo corría del hospital, a la marcha, a fiscalía. Era una locura. Y no te das cuenta que tu familia se desintegró, porque el papá está desaparecido, pero la mamá prácticamente también, porque desde temprano sale de la casa y llega hasta la noche, por andar de un lado a otro. Desgastada emocionalmente, físicamente. Ha sido todo muy difícil para nosotros como familia. Y no quiero siquiera ya pensar en cómo está él, en qué condiciones. Todo eso no nos deja en paz, por eso, hoy estamos aquí”, concluyó.

En un periodo extraordinario que concluyó el 1 de julio de 2025 el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, aprobó un paquete de reformas legales que constituye el más ambicioso sistema de vigilancia y espionaje en la historia de México. Ese andamiaje jurídico, presentado bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia, representa en realidad una amenaza sin precedentes a la privacidad, los datos personales y los derechos fundamentales de los mexicanos.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobada en el Senado con 67 votos en favor, 29 en contra y tres abstenciones, otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) facultades de acceso irrestricto a toda la información contenida en la Plataforma Única de Identidad. Esta ley establece en su artículo 12, fracción III, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas el envío de información contenida en cualquier registro administrativo.

La Plataforma Única de Identidad creada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada permitirá consultas en tiempo real y estará interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta plataforma realizará búsquedas continuas y seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas con la CURP.

La Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada con 63 votos en favor en el Senado, crea la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP. Esta herramienta permitirá eliminar 75% de los trámites presenciales, pero a costa de centralizar toda la información personal en una sola plataforma gubernamental, con los riesgos que ello implica en términos de ciberseguridad.

El artículo 72 de esta ley establece que la Llave MX podrá asociarse a fotografía y huellas dactilares contenidas en registros administrativos. Además, contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas para integrar, consultar y compartir información.

La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada con 369 votos en favor en Diputados, preserva y amplía el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales de la ley de 2014. 

El artículo 183 establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.

Esta disposición permite que cualquier ciudadano con celular (prácticamente todos) pueda ser geolocalizado en tiempo real sin orden judicial. Los operadores deberán conservar los datos por dos años y las autoridades podrán consultarlos sin control judicial. Esto afecta a más de 100 millones de mexicanos que utilizan teléfonos móviles.

Resulta particularmente preocupante que estas reformas ignoren por completo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de las Nación. En marzo de 2025, la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplaba la entrega de datos conservados sin control judicial previo.

La SCJN determinó que los datos conservados ameritan una protección constitucional fuerte y que su acceso requiere autorización previa de la autoridad judicial.

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. Los promotores de estas reformas argumentan que son necesarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos. 

La extinción de organismos garantes de derechos fundamentales como el INAI, el IFT y la renovación del Poder Judicial por voto popular agudizan los riesgos y la politización. En un país donde las instituciones de seguridad han sido infiltradas por el crimen organizado, entregarles acceso irrestricto a información personal de todos los ciudadanos representa un peligro mayúsculo.

El andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T constituye una grave amenaza a la democracia mexicana. Al eliminar los controles judiciales, centralizar la información en manos del Ejecutivo y crear mecanismos de vigilancia masiva sin contrapesos, este sistema transforma al Estado mexicano en un aparato de control social, vigilancia y espionaje incompatible con los principios democráticos.

Acceso a datos personales, biométricos y registros digitales por parte de instituciones civiles y militares, interconexión de bases de datos del gobierno y hasta de particulares, compartir la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin controles son algunas de las facultades que tendrán las autoridades con las reformas aprobadas en fast track por la mayoría de Morena en el Congreso. 

Las reformas modificaron leyes en materia de población, seguridad, desaparición de personas, telecomunicaciones y Guardia Nacional y crearon una ley de inteligencia lo que, de acuerdo con especialistas, dará capacidades de vigilancia masiva sin controles al gobierno y representa una amenaza a los derechos humanos como la privacidad y protección de datos personales.

“Estas diferentes leyes conformaban una especie de rompecabezas que, al ir uniendo diferentes piezas, lo que buscan es ampliar las capacidades de vigilancia del Estado”, explica José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). “Ese sistema de vigilancia masiva puede llevar al espionaje de personas en específico”, alerta. 

En las conferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha negado. “Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar”, dijo el 2 de julio. Por eso en El Sabueso te explicamos en qué consiste cada ley aprobada y sus implicaciones.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que esto no implica la intervención de comunicaciones, pues el artículo 14 constitucional establece que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”. 

Sobre esta reforma, el abogado Luis Fernando García cuenta que desde 2014 las empresas de telecomunicaciones estaban obligadas a resguardar y conservar los datos de tráfico de comunicaciones o metadatos de comunicaciones, por ejemplo, quién se comunicó con quién, la fecha, hora y duración de esas conversaciones y la ubicación. 

Sin embargo, especialistas coinciden en que desde entonces no estaba claro qué autoridades podían requerir esos metadatos y si era necesario el control judicial, es decir, pedirle permiso a un juez antes de que las empresas tuvieran que entregar esta información a las autoridades, ambigüedad que persiste pese a la reforma, pero que en el marco de las demás leyes, representa otro riesgo de vigilancia a la ciudadanía.

“‘Las autoridades facultadas’ pero no hace explícito quiénes son. Entonces, si otro orden legal hace creer a una autoridad que se encuentra facultada y ese ordenamiento no le dice que requiere una autorización judicial, entonces muchas veces se toman esas atribuciones”, alerta García.

Organizaciones civiles alertaron que las recientes reformas legislativas aprobadas en fast track por la aplanadora de Morena y sus aliados en el Senado y en la Cámara de Diputaos representan riesgos para la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que llamaron a los legisladores a frenarlas.  

En un comunicado firmado por un conjunto de organizaciones sociales agrupadas en el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), criticaron que las reformas a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Población, fueron a probadas “sin garantizar un proceso de discusión pública, sin parlamento abierto y en total opacidad”.

Los recientes cambios a las leyes en materia de seguridad, telecomunicaciones y Guardia Nacional (GN) estarían configurando un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con los derechos de los ciudadanos, según consideró, el 2 de julio de 2025, la Oficina regional para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19.

La ONG internacional sostuvo, en un comunicado, que las nuevas facultades otorgadas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Guardia Nacional (GN), para acceder a información de usuarios de telefonía prefiguraban un sistema de vigilancia con pocos o nulos controles efectivos.

“La Ley de Inteligencia establece que el Centro Nacional de Inteligencia podría acceder sin restricciones a las bases de datos, y la Ley de la Guardia Nacional determina que los militares también tendrán acceso a los datos personales de la población sin controles, se perfila la configuración de un sistema de vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con la protección a los derechos humanos”, sostuvo Artículo 19.

Según dijo la ONG internacional, cuyo director es Leopoldo Maldonado Gutiérrez, aunque en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se exigía control judicial para intervenir comunicaciones privadas, no se explicitó el mismo estándar para la geolocalización en tiempo real o el acceso a datos conservados de las ubicaciones de los usuarios.

“Una redacción tan ambigua deja abierta la puerta para ingresos arbitrarios por parte de distintos funcionarios públicos”, advirtió Artículo 19, que también externó su preocupación por el establecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, como requisito para la contratación de líneas móviles telefónicas y de comercio electrónico.

“Esta disposición, sumada a las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada que imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real, además de ser discriminatorias ponen en extrema vulnerabilidad los datos de las personas sin el más mínimo control, transparencia ni rendición de cuentas”, destacó la ONG internacional.

“Además, por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que ordena la interconexión entre bases de datos públicas y privadas, las autoridades podrán acceder irrestrictamente a toda la información de una persona para fines compatibles, o no, con los principios democráticos”, alertó la organización no gubernamental internacional.

Sin embargo, el 3 de julio de 2025, en respuesta a las críticas lanzadas contra la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se constituyó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), así como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso darle un nuevo nombre a dicha norma y denominarla “Ley de Apoyo a la Población”.

“Entonces, se incorporaron muchísimas observaciones, ahora la famosa ‘Ley Espía’ hoy otra vez ahí están no sé cuántos comentócratas. No, no, es la Ley de Seguridad y Apoyo a la Población, así debería llamarse, no tiene nada que ver con el espionaje”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Porque es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano fuera de la Constitución para vigilar a las personas. Falso de toda falsedad”, manifestó la mandataria nacional, quien también acusó que las críticas a la citada Ley obedecían a un tema político por parte de algunos personajes, a quienes acusó de estar siempre en contra de su Administración.

“Es un tema político de criticar al Gobierno, no importa qué ley hubiéramos puesto, no importa el contenido de la ley. Hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra, todo. El problema es que dicen mentiras, por eso tenemos nuestra sección del ‘Detector de Mentiras’. Por eso, ahora la ley habla del derecho de las audiencias, o sea, el derecho del pueblo a la información”, insistió Sheinbaum Pardo.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que era falso que su Gobierno fuera a espiar a la población y que esta actividad sólo se realizaría a partir de la orden de un juez, como parte de una carpeta de investigación.

“Hay nuevas disposiciones en la ley ahí, es falso, absolutamente falso, que el Gobierno, que cualquier institución del Estado mexicano vaya a vigilar a alguna persona. ¿Cómo puede hacerse la vigilancia a partir de la orden de un juez?, ¿cómo puede otorgar un juez esa orden?, pues a partir de una carpeta de investigación y de pruebas”, agregó la presidenta.

En nombre de la seguridad y de la necesidad de resolver la crisis de desapariciones que hay en el país, el Congreso aprobó en nueve días y en fast track un paquete de reformas que permitirán al gobierno federal acceder a los datos biométricos y personales de la población, y que otorga más facultades a instituciones de seguridad para realizar labores de inteligencia.

En un periodo extraordinario que se extendió entre el 23 de junio y el 2 de julio, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron leyes en materia de población, seguridad, inteligencia, desaparición de personas, telecomunicaciones, así como en torno a la Guardia Nacional, con el principal argumento de prevenir y combatir delitos.

El común denominador de las reformas es que permiten a autoridades civiles y militares acceder a los datos personales y biométricos de la ciudadanía, así como sus registros digitales, tanto los que estén en posesión de empresas privadas como de instituciones públicas.

Esta ley fue aprobada el pasado 26 de junio en la Cámara de Diputados en un proceso lleno de polémica, ya que 12 horas antes de la discusión Morena modificó totalmente el contenido del dictamen, sin que los cambios se discutieran primero en la Comisión de Seguridad.

Morena realizó los cambios al dictamen a través de una “adenda” firmada por seis de los 18 integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad, un grupo de trabajo que el pasado mes de marzo ya había aprobado la iniciativa enviada por Sheinbaum.

Con la ley en materia de inteligencia, el CNI obtuvo la atribución de coordinar la Plataforma Central de Inteligencia, en la que estarán interconectados los registros y bases de datos de todas las instituciones públicas. De manera temporal o permanente también podrán estar interconectados los registros de las empresas que posean información utilitaria para realizar una investigación.

El artículo 12 de la ley de inteligencia establece los tipos de registros a los que podrá acceder el CNI, entre ellos los que tienen información fiscal, telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria y de salud.

La información y los productos de inteligencia que se recopilen en la Plataforma Central serán utilizados para perseguir delitos de alto impacto, con énfasis en el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transporte con violencia y la desaparición de personas. Aunque la ley también establece que los trabajos de inteligencia se utilizarán para prevenir delitos en general.

La Guardia Nacional formará parte del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, y tendrá la facultad de realizar labores de investigación e inteligencia para resolver delitos con el acompañamiento del Ministerio Público.

Gracias a su nueva atribución de investigar delitos, la Guardia Nacional podrá solicitar a las empresas de telecomunicaciones registros telefónicos y geolocalizaciones en tiempo real de equipos móviles. Además podrá intervenir comunicaciones privadas con la autorización de un juez.

La ley también establece que sólo podrán tener servicio móvil de teléfono e internet aquellas líneas cuyos propietarios hayan sido identificados con su CURP, que funcionará como la identificación oficial. Las líneas que no cumplan con ese requisito serán suspendidas. En el artículo 103, la nueva ley establece que las empresas que presten el servicio móvil sólo podrán activar y mantener activo el servicio de las líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado su identificación oficial.

Asimismo, en el artículo transitorio 30, la ley establece que la recientemente creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá hasta 120 días hábiles tras la promulgación de la nueva legislación para emitir los lineamientos para la identificación de líneas de servicio móvil. Si pasan otros 120 días sin cumplir ese requisito, las líneas tendrán que ser suspendidas y sólo servirán para realizar llamadas de emergencia y atención ciudadana.

La ley en materia de desapariciones: CURP con datos biométricos

Ante las acusaciones de la oposición a su Administración de imponer un “Estado espía”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó, el 2 de julio de 2025, que su Gobierno estuviera espiando y aseguró que solamente un juez podría permitir la intervención de las comunicaciones privadas.

“Solamente puede haber una intervención, una localización de [Sistema de Posicionamiento Global] GPS, etcétera, bajo orden judicial. A menos que se trate de un desaparecido, de un secuestro en donde se pide la información directamente a la telefónica para poder atender de manera extraordinaria”, dijo la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Un caso de este tipo, que no creo que nadie se pueda poner a eso exclusivamente, la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada para ello”, comentó la mandataria nacional.

“Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie, que quede claro eso”, destacó Sheinbaum Pardo, quien también aseguró que ninguna ley puede violar a la Constitución, que claramente dicta que las comunicaciones privadas son inviolables.

“Ninguna ley puede violar la Constitución. Dice la Constitución: las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella”, destacó la presidenta.

“Ahora, el juez valorará el alcance de esta siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca exclusivamente la autoridad judicial federal, que es lo que dicen las leyes, es lo que dice el Código Penal”, indicó la mandataria nacional, quien también subrayó que fuera falso que el Gobierno fuera a espiar a los ciudadanos y contó que ella junto con los que encabezaron el autodenominado “movimiento de transformación”, fueron espiados por el Estado en el pasado.

“En el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor, ayer ya [José Antonio] Pepe [Peña Merino] mostró las otras. Es decir, es falso, es mentira, que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso, se miente deliberadamente, el Gobierno no va a espiar a nadie como nos espiaron a nosotros”, abundó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje ciudadanos o que tenga que ver con censura. Por cierto, yo creo que todos los que estamos aquí, todos de una u otra manera, fuimos espiados, porque todos los compañeros y compañeros, pues son militantes del movimiento desde hace muchísimos años”, finalizó la presidenta de la República.

El Senado cerró sus trabajos del primer año legislativo con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que crea una plataforma a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y una subsecretaría responsable de coordinar la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal.

La nueva ley fue aprobada con 67 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 29 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

No es la seguridad lo que están construyendo, es un régimen de control que amenaza nuestras libertades más básicas.

En tanto, la senadora del Verde, Laura Estrada, argumentó que la inteligencia será usada para obtener pruebas y si no lo realiza de manera legal serán inválidas.

“La información y las pruebas que las policías recaben, gracias a la ley que hoy discutimos, no podrán ser obtenidas de manera arbitraria so pena de ser declaradas nulas”. 

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió que la ley será una herramienta para la prevención de los delitos y rechazó que se utilice con fines políticos.

“Por primera vez en la historia del país dotamos al Estado mexicano, escúchese bien, de un sistema coordinado, legal y profesional de inteligencia para la seguridad pública, no para la vigilancia política, como hacían antes, no para la represión como hacían antes, sino para la justicia y la paz. Se trata de crear inteligencia sin represión, con plena garantía a los derechos humanos, con reglas claras, con enfoque de legalidad y federalismo cooperativo”.

Tras la aprobación en lo particular y el rechazo de todas las reservas ingresadas por parte de legisladores de la oposición, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, festejó.

“Después de un intenso periodo extraordinario: Pueblo de México, te volvimos a cumplir, ¡hemos sacado la tarea que se nos fue encomendada!”, dijo al final el presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña y desde los escaños se oyó un grito de celebración.

La reforma aprobada forma parte de un conjunto de leyes que fortalecen las funciones y alcances de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, aprobadas en apenas nueve días por parte de ambas Cámaras, para lo que el Senado acordó no esperar los tiempos correspondientes a su normativa interior.

Tras una larga jornada de más de siete horas y con un pleno semivacío, la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.

La minuta enviada por el Senado de la República fue aprobada en dos votaciones, primero fue avalada en lo general la reforma sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas por 438 votos a favor y 38 en contra. En lo particular hubo 417 sufragios a favor y 60 en contra.

Con 88 votos a favor y 16 sufragios en contra, el Pleno del Senado aprobó, el 1 de julio de 2025, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -cuyo titular es Omar Hamid García Harfuch-, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Alrededor de media hora después, con 77 votos a favor y 30 sufragios en contra, el Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión aprobó, en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A través de la cual, la SSPC Federal podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.

Los votos a favor, en lo general, fueron emitidos por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC). Mientras que los sufragios en contra fueron de la bancada del Revolucionario Institucional (PRI).

“¡Esta ley no defiende a la gente, defiende al poder! Votamos EN CONTRA de las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no busca seguridad, busca construir control, miedo y un Estado vigilante. ¡Esta no es una estrategia, es una amenaza a las libertades de las y los mexicanos!”, escribió el grupo parlamentario priista en el Senado, en su cuenta de la red social X.

“Esta reforma impone un modelo centralista y autoritario que debilita el federalismo y militariza la seguridad pública. Le quita recursos a estados y municipios, vulnera la autonomía local y los deja sin herramientas para proteger a su gente. Legalizan la vigilancia masiva sin control judicial: El gobierno podrá espiar dispositivos, acceder a datos bancarios, médicos o escolares sin orden judicial. Se institucionaliza el espionaje y se viola el derecho a la privacidad”, enfatizaron los senadores del PRI.

“Con esta reforma, la Guardia Nacional queda bajo un régimen especial determinado por SEDENA. No tiene obligación de cumplir estándares civiles. Se pone en riesgo a ciudadanos y se vulnera la Constitución que exige un mando civil en seguridad. Esta reforma se aprueba sin diagnóstico, sin diálogo, sin presupuesto y sin escuchar a víctimas ni a expertos. ¡No fortalecen la seguridad, fortalecen el miedo! México no necesita un Estado espía, necesita justicia, verdad y respeto a las libertades”, insistió la bancada del PRI en el Senado.

Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo Federal envió, el 13 de febrero de 2025, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma que crearía el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

A través del cual, la SSPC Federal -cuyo titular es García Harfuch-, podría solicitar a cualquier institución de seguridad, del Estado o privada, información contenida en cualquier registro, incluidos biométricos, con el objetivo de obtener indicios y pruebas para investigaciones.

La propuesta expediría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la reforma al artículo 21 constitucional, cuyo decreto fue publicado en el DOF, el martes 31 de diciembre del 2024, la cual le otorgó a la SSPC Federal, facultades de investigación, bajo la conducción y el mando del MPF.

El Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública sería una herramienta tecnológica de interconexión de los sistemas de inteligencia de los tres niveles de Gobierno, que debería recabar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar información para crear bases de datos criminalísticos.

Además de aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas, así como generar productos de inteligencia para contar con información de valor que aportara pruebas en el desarrollo de las investigaciones de objetivos específicos. La coordinación y operación del Sistema y de la plataforma tecnológica que lo alojaría y gestionaría, estaría a cargo de la SSPC Federal.

Asimismo, según la iniciativa presidencial, el titular de la SSPC Federal sería el encargado de promover y celebrar los convenios para la interconexión e integración de la información al Sistema, emitir las reglas y lineamientos para su funcionalidad, así como coordinar las acciones de colaboración de los tres niveles de Gobierno.

Aunado a lo anterior, en el proyecto se detalló que el titular de la SSPC Federal también podría requerir a las instituciones de seguridad pública, instituciones y dependencias del Estado, así como a entes privados la interconexión, el envío de información en materia de seguridad contenida en registros vehiculares y de placas, datos biométricos y telefónicos, registros públicos inmobiliarios, catastro, registros fiscales, telefónicos, de armas de fuego, de comercio, inmuebles, prestadores de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, “en todos aquellos casos de donde pueda extra indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.

Además, el titular de la SSPC Federal tendría también la atribución de recolectar, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información del Sistema, con el fin de producir inteligencia en materia de seguridad, realizar acciones de vinculación e incidencia con la Fiscalía General de la República (FGR), sus pares locales, los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus pares estatales, así como de disponer de la aplicación de medidas de inteligencia y de contrainteligencia con el objetivo de detectar, neutralizar, contrarrestar y combatir delincuentes, organizaciones y grupos criminales locales, regionales, nacionales e incluso trasnacionales.

Según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, el Sistema se conformaría a partir de la interconexión de los sistemas de investigación e inteligencia en materia de seguridad de las secretarías SSPC, de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Marina (SEMAR), así como de la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las fiscalías y secretarías de Seguridad locales, los centros penitenciarios de los tres niveles de Gobierno y las institución encargadas de la seguridad municipal.

La propuesta presidencial también propuso que a los entes privados no se les permitiría la interconexión de entes privados a las bases de datos y registros públicos, así como su participación en el Sistema se limitaría a permitir el acceso de la SSPC Federal a sus sistemas o registros, para obtener información que contribuyera a la seguridad pública.

Además, según la iniciativa enviada por Sheinbaum Pardo, podrían interconectarse, las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Relaciones Exteriores (SRE), así como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), además del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además los registros públicos y catastros.

Según la propuesta presidencial, con esto el Gobierno Federal retomaría el modelo de policía guiada por inteligencia, como un método preventivo basado en situar la investigación de cada tipo delictivo, a nivel territorio, a fin de lograr una actuación policial anticipada. Además, señaló que la Guardia Nacional (GN) podría acceder a información del Sistema, “así como diseñar productos y estrategias de inteligencia”, en colaboración con la SSPC.