"Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo que antes hacían agencias secretas o corporaciones privadas en los márgenes de la ley, ahora lo hace el Estado con aval legislativo. El problema es quién vigila, con qué controles y para qué fines".
La más reciente de ellas son las reformas al Código Fiscal de la Federación (artículo 30-B), aprobadas en el Congreso, que otorgan a las autoridades la capacidad de acceder, permanentemente y en tiempo real, a las plataformas digitales para obtener información “que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales", y de bloquear dichas plataformas si se niegan a otorgar dicho acceso.
Estas modificaciones vulneran el derecho a la privacidad y abren la puerta a la censura de contenidos digitales. Lo que se presenta como herramientas para mejorar las capacidades de recaudación fiscal, se erigen en verdaderos instrumentos de vigilancia y control. Las autoridades podrán acceder a datos personales sin supervisión judicial, y ordenar el bloqueo de plataformas de información, si éstas no cooperan. En la práctica, significa que el Estado podría vigilar, sancionar o censurar con un margen amplísimo de discrecionalidad.
Estas reformas forman parte de un paquete legislativo más amplio, promulgado en julio pasado, que reconfigura el aparato de vigilancia estatal. En ese conjunto se incluyeron las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley General de Población, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley en Materia de Desapariciones, Ley de Guardia Nacional; así como la creación de la la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Todo ese entramado legal permite el acceso cruzado y en tiempo real a registros, y bases de datos públicas y privadas, y crean la CURP Biométrica obligatoria. El discurso oficial habla de “eficiencia administrativa” y “seguridad”, pero en realidad lo que se construye es una infraestructura permanente de control ciudadano.
Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo que antes hacían agencias secretas o corporaciones privadas en los márgenes de la ley, ahora lo hace el Estado con aval legislativo. El problema es quién vigila, con qué controles y para qué fines.
En paralelo, se consuma la restricción legislativa de los mecanismos con los que ese mismo pueblo puede defenderse. Las recientes reformas a la Ley de Amparo diluyen la figura del interés legítimo y de la suspensión, gracias a la cual personas, organizaciones y colectivos habían logrado frenar normas y actos inconstitucionales. Todo en un contexto de cooptación del Poder Judicial.
En otras palabras, se consolidan simultáneamente dos movimientos regresivos: un Estado que amplía sus facultades de vigilancia y un Poder Judicial debilitado para contenerlo. El resultado es un desequilibrio de poder profundo. La privacidad se convierte en una ficción legal y la ciudadanía queda sin amparo —literal y jurídicamente— frente a los abusos institucionales.
El argumento oficial es conocido: “no hay nada que temer si no se hace nada malo”. Pero esa lógica es el corazón de todos los regímenes de control. La privacidad no es el refugio del crimen, sino el espacio indispensable de la libertad. Además, está plenamente documentando -por lo menos en los sexenios de Peña Nieto y López Obrador- que las herramientas de espionaje de alta gama (como Pegasus) se usan preferentemente contra voces críticas y que su eficacia anti-crimen ha sido nula.
México no llega paulatinamente a este punto. Lo hace paso a paso, con la complicidad del silencio político y la abulia social. Se normaliza la idea de que la seguridad y la eficiencia justifican la intrusión. Se apela a la bondad y la superioridad moral de quienes conforman el actual proyecto político hegemónico. Pero un Estado que todo lo sabe termina creyendo que todo lo puede, y eso es fuente de abusos.
El futuro digital del país no puede edificarse sobre la renuncia a la privacidad y negando las consecuencias sobre resto de nuestras libertades públicas. Si las “leyes espía” avanzan y los mecanismos de defensa se extinguen, las personas quedaremos atrapadas bajo un gobierno que dice hablar por el pueblo, mientras vigila, en tiempo real y sin controles, cada uno de sus movimientos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.
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