Personas con discapacidad celebran que la Corte abra una audiencia pública para discutir el proyecto de la ministra Lenia Batres sobre el derecho a la consulta. pero advierten que la convocatoria fue apresurada y con fallas de accesibilidad.
“Lamentablemente, cuando se lanzó la convocatoria hubo algunas cuestiones de accesibilidad que no estuvieron previstas, por ejemplo, la Lengua de Señas Mexicana no estaba, lo que dejaba fuera a la comunidad sorda; también faltó un formato de lectura fácil para el vocabulario técnico. Por eso tenemos un poquito de miedo, en el sentido de que no queremos que haya simulación”, señaló Israel Morales, quien trabaja como consultor independiente.
Morales viajará desde San Luis Potosí a la Ciudad de México para estar en la audiencia que se celebrará el lunes 20 de octubre. Hasta el momento no se sabe quiénes podrán participar en ella, pues la convocatoria pidió a los interesados llenar un formulario, “pero no existe un criterio establecido sobre la selección ni el tiempo que tendrán las intervenciones”, así que está en duda si podrá exponer su punto de vista o si deberá aguardar afuera de la Corte para conocer las conclusiones.
“Entendemos que los ministros tienen una carga de trabajo amplia, pero esperamos que se nos escuche para que se cambie la idea que se está manejando con el nuevo criterio, porque aunque se considere que una ley amplía derechos, si se hace desde la perspectiva de quienes no conocen nada de discapacidad y no nos preguntan, no se establecen las condiciones adecuadas a lo que necesitamos”, agregó.
Martha García, integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad que acudió el 13 de octubre a la SCJN para pedir a los ministros que los tomaran en cuenta en la propuesta de Batres, comentó que la convocatoria que se emitió para la audiencia resultó apresurada y poco accesible, por lo que “una de dos, o los ministros no nos han entendido o no nos quieren entender“.
“Con tan poquito tiempo estamos viendo si podemos organizarnos para llevar argumentos que sean relevantes y que no se quite la consulta, que se sigan escuchando las voces de las personas con discapacidad, porque tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre lo que nos beneficie o nos pueda vulnerar”, apuntó.
Argumentos de las personas con discapacidad contra la propuesta de Lenia Batres
El proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 184/2024, presentado por la ministra Batres, propone que se adopte un nuevo criterio para evitar invalidar normas generales por la falta de consulta previa a personas con discapacidad.
La acción fue promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo (CEDHMO), contra dos artículos de la Ley que rige a este organismo, en los que se establece que “sus visitadores tienen la atribución para realizar visitas en distintas instituciones y establecimientos con el fin de verificar que no se violen derechos humanos. Sin embargo, no especifican a qué tipo de visitas se refieren, entre todos los que se prevén en la normativa aplicable”.
Asimismo, señala que “el decreto impugnado viola los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, porque no se les consultó previamente sobre el tema relativo a los orfanatos”, y que las normas que corresponden a personas con algún tipo de discapacidad mental o psicosocial, cuando se aluden a visitas en hospitales psiquiátricos, tampoco fueron consultadas.
Sobre esta acción de inconstitucionalidad, Batres Guadarrama concluyó que la consulta a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad no era obligatoria, dado que “las normas impugnadas no implican una afectación negativa para sus derechos”.
Israel Morales consideró que esta postura coloca en situación de discriminación y segregación a las personas con discapacidad, pues “muchas veces se piensa que ante la ampliación de derechos no se nos tiene que preguntar, porque ya nos los está garantizando la ley, pero no es lo más adecuado, porque la ley no prevé nuestras necesidades al asegurar nuestro acceso”.
“Por otro lado, un segundo punto que busca el nuevo criterio es que sean las organizaciones de y para personas con discapacidad, pero sobre todo las personas con esta condición, quienes soliciten la consulta por medio de acciones de inconstitucionalidad, según la propia ministra, para fortalecer nuestra capacidad jurídica”, lo que no toma en cuenta que “aún estamos despertando y organizándonos para esta participación”.
“Aún hay muchas personas con discapacidad que enfrentan barreras para salir de su casa, para buscar u obtener un empleo, que enfrentan obstáculos económicos y de educación, ¿cómo podemos dejarles la responsabilidad a ellas y ellos de que sus organizaciones sean las que pidan la consulta?”, cuestionó.
Dada la importancia de discutir el contenido y las implicaciones del proyecto, el integrante de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión dijo no estar de acuerdo con el corto plazo para organizarse y que la mayor cantidad de personas con discapacidad pudieran estar presentes y dar su opinión en la audiencia.
Prevén movilización e ir a otras instancias en caso de aprobarse el criterio
Catalina Torres, integrante de la asociación Cambio de Ruta, es una de las promotoras de varios amparos que están en curso contra el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a la falta de consulta a personas con discapacidad.
“Lo que está pasando en la Corte nos preocupa mucho, porque vemos una regresión de derechos. Cualquier persona no tendría que estar pendiente de todas las leyes que salen, porque no es su chamba, y a veces no nos enteramos de las modificaciones y de cómo repercuten en nuestra vida como personas con discapacidad, porque necesitamos apoyos específicos”, indicó.
Además, subrayó que “por eso mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que para elaborar y aplicar legislación o políticas relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados deben celebrar consultas”.
La activista señaló que frente a la posibilidad de que se apruebe el proyecto impulsado por Lenia Batres, y que se rechacen los amparos que impulsaron contra el PND sin estudiar a fondo los reclamos, “vamos a llevar la discusión a la ONU —organismo internacional que publicó en 2006 la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, suscrita por México—, porque no es posible que aún con el artículo que establece el derecho a la consulta, digan que no tienen por qué acatarlo”.
El lunes que se llevará a cabo la audiencia, se prevé que personas con discapacidad y colectivos acudan a la Corte para participar en el diálogo, y en caso de que por cupo o tiempo no les permitan el ingreso, realizarán una manifestación afuera del recinto.
“No sabemos cuántas personas se van a registrar para participar, ni a cuántas se les va a permitir hablar. Probablemente tendremos un acuerpamiento afuera, por las condiciones de la convocatoria tan rigurosas, y también por redes sociales, para que puedan sumarse los compañeros en otros estados”, concluyó Martha García.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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