Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Ministras y ministros electos alistan la transición y el plan de trabajo para la SCJN

En su primera reunión, ministras y ministros electos coincidieron en la necesidad de hacer más eficiente y transparente el sistema judicial.

Las ministras y los ministros electos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron anoche el inicio de sus actividades tras recibir las constancias de mayoría emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El Ministro Hugo Aguilar Ortiz compartió el comunicado conjunto a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también destacó la importancia de este momento para el Poder Judicial del país.

En el mensaje, las y los integrantes de la nueva Corte informaron que el pasado 23 de junio llevaron a cabo su primera reunión de trabajo “en un ambiente de unidad y concordia”.

Durante el encuentro, intercambiaron opiniones, delinearon actividades clave para la etapa de transición y comenzaron a definir el plan de trabajo institucional.
“El espacio fue propicio para conocernos, intercambiar opiniones y planear las actividades que son indispensables atender durante la etapa de transición”, detallaron.
Además, coincidieron en “reconocer la trascendencia de este momento histórico” y la necesidad de construir una Corte “cercana al pueblo a fin de ganar la confianza de la ciudadanía”, así como en que su prioridad será garantizar justicia para todas las personas.
Asimismo, expresaron su disposición a colaborar con la Comisión de Transición, integrada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la actual SCJN, que tiene el mandato de organizar la transferencia de funciones, recursos y atribuciones hacia esta nueva etapa.

El anuncio de la nueva Suprema Corte cierra con un mensaje directo al pueblo de México: "Refrendamos nuestro compromiso de construir una justicia inclusiva, humana y abierta para todas y todos".

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CSP deja a Congreso decisión sobre toga en la SCJN; descarta reunión con Hugo Aguilar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que no tiene planeado reunirse con Hugo Aguilar, quien fue electo como próximo Ministro presidente de la Suprema Corte.

Ante la polémica que surgió a raíz de la propuesta para que las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no vistan con toga durante las sesiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que esa decisión no le corresponde al Ejecutivo, sino al Congreso, al tiempo que recalcó que la vestimenta "no define a un buen Juez".

El debate en torno a este tema inició luego de que Hugo Aguilar Ortiz, quien fue electo como el próximo Ministro presidente de la Suprema Corte en la elección judicial del pasado domingo 1 de junio, declarara su interés por dejar de utilizar el tradicional atuendo para vestir con trajes típicos de la región mixteca de Oaxaca, de donde es originario.

Durante la "mañanera del pueblo" de este martes, la Presidenta fue cuestionada sobre si dicha propuesta fue analizada por la Consejería Jurídica, a lo que Sheinbaum Pardo respondió que este tema le corresponde revisarlo al Congreso de la Unión y no al Poder Ejecutivo.


"Vamos a dejárselo al Congreso [...]. No creo que le corresponda al Ejecutivo definirlo. Se lo dejamos ahí al Congreso para que el Congreso lo defina", dijo la mandataria.
La Jefa del Ejecutivo también subrayó que la forma de vestir de las y los juzgadores no define su capacidad para ejercer el cargo, pues esto se determina por los valores que guían su actuar.
"Un buen Juez no se define por una toga y un birrete. Se define por su honestidad, su conocimiento y cómo aplica la justicia. La toga y el birrete es parte de un protocolo que se definió en cierta época, pero eso no define a un buen Juez", expresó.


Sheinbaum descarta encuentro con próximo Ministro presidente de la SCJN

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que hasta el momento no tiene planeado reunirse con Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá el cargo de Ministro presidente de la Suprema Corte el próximo 1 de septiembre, luego de ser el candidato más votado durante la elección judicial que se celebró el pasado 1 de junio.

Cabe mencionar que durante una entrevista en el programa "Los Periodistas", conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el canal de Sin Embargo Al Aire, el abogado oaxaqueño prometió que en su encargo como Ministro de la SCJN no cederá a presiones provenientes del Poder Ejecutivo o del Legislativo, además de que buscará promover el diálogo interinstitucional.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Eliminar la prisión automática y el arraigo: las últimas batallas de la actual Suprema Corte

Pese a que la Presidencia solicitó a la Corte abstenerse de pronunciarse sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, el pleno del Máximo Tribunal se perfila para discutir dos asuntos que podrían derivar en la eliminación o restricción de dichas figuras, señaladas como contrarias a los derechos humanos.

Antes de que entren en septiembre las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) electos tras las elecciones judiciales, el Máximo Tribunal del país perfila discutir dos asuntos que podrían eliminar o limitar las figuras de prisión preventiva oficiosa y el arraigo, pese a que la Presidencia del país solicitó que se abstuvieran de pronunciarse al respecto.

Se trata de la revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al país al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo; así como una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la prisión automática. Asuntos que están en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, respectivamente. 

La discusión de ambos asuntos llegará en un contexto político muy difícil para la Suprema Corte, no sólo porque la mayoría de sus integrantes serán reemplazados por ministras y ministros nuevos que llegarán después de la elección judicial del pasado 1 de junio, sino porque llega después de la aprobación de otras reformas constitucionales que ampliaron la lista de delitos que ameritan el uso de la llamada prisión automática y la eliminaron la facultad que podía tener la Corte para revisar reformas constitucionales.

En otras palabras, las decisiones que tome la Corte en las próximas semanas podrían colocar a México en riesgo de incurrir en responsabilidad internacional, al incumplir una sentencia de un organismo internacional. Esto podría derivar en consecuencias jurídicas para el Estado mexicano, o bien, en la eliminación de una figura legal que permite a las autoridades mantener en prisión a personas sin necesidad de justificar su encarcelamiento ante un juez.

Corte perfila analizar sentencia de la CoIDH contra México por uso de la prisión automática

En primer lugar, antes de que acabe su periodo, la Suprema Corte perfila abordar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que condenó a México al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso, precisamente, de la prisión preventiva oficiosa.

En su resolución por el caso García Rodríguez vs México, emitida en abril de 2023, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano reformar la Constitución para que la prisión preventiva sea justificada, con valoración judicial, y no aplicada de forma automática.  

Así como lo señaló Simón Hernández León, defensor de derechos humanos, la Suprema Corte estará en la disyuntiva entre defender los derechos fundamentales y superar su criterio de jerarquía que indica que las restricciones contenidas en la Constitución están sobre las sentencias internacionales o sumarse al desacato de prácticamente la totalidad del Estado mexicano, según un artículo de opinión publicado en el diario El Universal.

Un desacato que se evidenció aún más con la aprobación del llamado “Plan C”, en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el Congreso de la Unión ampliaron la lista de delitos que ameritan el uso de la llamada prisión preventiva oficiosa y eliminaron la revisión judicial de reformas constitucionales, generando así una “responsabilidad internacional agravada”.


Luego, la presidencia de México solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación abstenerse de revisar los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa, con el argumento de que la decisión debía recaer en las ministras y ministros que fueran electos el 1 de junio.

“Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1° de septiembre de 2025 las ministras y ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que retire el proyecto de resolución listado para su estudio, discusión y eventual resolución y que este sea realizado por la integración que derive de las elecciones al Poder Judicial de la Federación”, señala el escrito firmado 26 de mayo de 2025. 

El documento fue enviado luego de que el ministro Jorge Pardo Rebolledo repartió su proyecto de sentencia sobre el expediente 3/2023 -que no es público-, relativo a la recepción de sentencias de tribunales internacionales, en el que propone que se determine la inaplicación del arraigo y de la figura de prisión preventiva oficiosa, atendiendo así la resolución de la CoIDH. 

Por ello, en la presunta responsabilidad internacional agravada estarían implicados tanto gobernadores, la Fiscalía General de la República (FGR) y secretarías de estado como la de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, como la propia Presidencia de la República que envió la carta a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. 

Farjat proponen nuevas reglas para aplicar la prisión automática

Como segundo asunto, la Suprema Corte perfila discutir el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, en el que la ministra Ríos Farjat propone que lo establecido en el artículo 19 de la Constitución, respecto a que “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente”, debe interpretarse como una facultad de las personas juzgadoras para ordenar abrir un debate sobre el análisis de la imposición (o no) de esta medida, sin que sea necesario que el Ministerio Público lo solicite. 

En otras palabras, la ministra no propone eliminar la prisión preventiva oficiosa ni la liberación inmediata de personas en prisión, sino que propone un nuevo criterio de interpretación sobre esta figura, en el que que las personas acusadas por uno de los llamados “delitos graves” no sean encarceladas de forma automática, sino que exista una obligación por parte de las autoridades de debatir las razones para dejar a alguien en prisión. 

“Su proyecto de sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa no la inaplica, sino que la reinterpreta conforme al marco constitucional y convencional de los derechos humanos […] Quienes sostengan lo contrario, sin más, se colocan del lado del Estado punitivo, no de la justicia ni de la protección de los derechos fundamentales”, señaló el abogado Francisco Burgoa, especialista en derecho constitucional, en publicación en su cuenta de X. 

Originalmente, la CNDH fue la que promovió esta acción de inconstitucionalidad en la que formuló en sus conceptos de invalidez distintos argumentos para evidenciar que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es inconstitucional e inconvencional, por no tener un carácter de “excepcional” y violentar los derechos humanos a la presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso. 

Pero hasta la propia CNDH, que impulsó estas y otras acciones jurídicas a nivel nacional e internacional contra la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, terminó justificando esta medida, alineándose así con el oficialismo.

En su proyecto, la ministra Ríos Farjat establece cuatro lineamientos obligatorios para que al solicitar, analizar y determinar la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, las personas juzgadoras, fiscales, defensoras y asesoras jurídicas, tanto del fuero federal como del fuero local, puedan hacerlo de forma clara, respetuosa de derechos humanos y compatible con los estándares internacionales. 

Primero: que la necesidad de aplicar una medida cautelar como la de prisión preventiva oficiosa debe estar respaldada por datos de prueba. 

Segundo: que la gravedad del delito es relevante, aunque por sí mismos no son suficientes para imponer la prisión de forma “automática”. 

Tercero: que el agente del Ministerio Público puede acreditar o justificar la necesidad de imponer esta figura con base en las pruebas que considere pertinentes, incluyendo evaluaciones de riesgo que hagan las autoridades. 

Cuarto: que en los casos en los que exista una víctima u ofendida es “insoslayable” que deba ser notificada en la audiencia para que pueda manifestar el riesgo que pudiera representar que la persona imputada no sea sujeta a la medida de prisión preventiva. 

“Sentado lo anterior, se concluye que la aplicación de la figura de la prisión preventiva oficiosa no encuentra un soporte argumentativo válido en términos de un margen nacional de apreciación que justifique la forma en que sacrifica los derechos humanos a la presunción de inocencia, la libertad personal, la igualdad ante la ley, así como el desarrollo a un proyecto de vida. 

Esto es así, pues aun cuando es cierto que varios indicadores dan cuenta de que México atraviesa por una importante crisis delictiva, ello no constituye una justificación válida en términos históricos, sociales o de idiosincrasia nacional para restringir esos derechos humanos a través de la imposición de esa medida privativa de la libertad, sin distinción, siempre que se procesen cierto tipo de delitos”, señala el proyecto.


Eliminar la prisión automática, la eterna lucha de la Corte contra el gobierno

La propuesta de la ministra Ríos Farjat y el ministro Pardo Rebolledo también llega en medio de un complicado contexto político y jurídico en México resultado de las reformas constitucionales de 2024, que incluyó la reforma judicial por la que se impuso que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular y no por preparación jurisdiccional. 

A esto se suma el hecho de que la nueva composición de la Suprema Corte, cuyos perfiles fueron 100 % coincidentes con los acordeones difundidos ampliamente por Morena, tiene fuertes afinidades con el oficialismo, incluso varios son funcionarios o exfuncionarios del gobierno morenista.

Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la figura de la prisión preventiva oficiosa frente a la situación de inseguridad que vive el país, con la presencia de grupos de la delincuencia organizada, tal y como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Frente a la situación actual pienso que es correcto que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso, entonces esa es la discusión que se presenta ahora y hay quien de la oposición está en contra de ello, pero tampoco plantean otras opciones, entonces es una medida que se toma frente a la situación actual y las condiciones en las que viven nuestro país frente a una situación de grupos de delincuencia organizada”, dijo. 

Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son personas de escasos recursos.  

Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusadas de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida, situación que incluso evidencia el por qué no han bajado los niveles de violencia en el país pese a que hay más detenidos. 

Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021 la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir que son inocentes, pasó de ser de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.

Para aprobar el asunto del ministro Pardo Rebolledo, la Corte necesita apenas 6 votos para reconocer que México desacató la sentencia de la CoIDH, mientras que la acción de inconstitucionalidad de la ministra Farjat necesita de 8 votos a favor. 

El 24 de noviembre de 2022, la Suprema Corte resolvió el último asunto importante sobre la prisión preventiva oficiosa: la acción de inconstitucionalidad 130/2019 bajo la ponencia del ahora ministro en retiro Luis María Aguilar Morales. 

En ella se determinó como inconstitucional la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el asunto no cuenta con sentencia al día de hoy, mientras que esta lista fue ampliada una vez más por los Poderes Ejecutivo y Legislativo que ahora pretenden esperar a las y los nuevos ministros para resolver estos asuntos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Corte declara inconstitucional el cobro de 2% de impuesto a apps de reparto de alimentos

Durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros rechazaron con tres votos contra uno, el proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, que proponía negar el amparo a la empresa Cargamos Mobility en contra del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el cobro del 2% a plataformas de servicio de repartidores por el uso de vialidades públicas de la Ciudad de México es inconstitucional.

Durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros rechazaron con tres votos contra uno, el proyecto de Yasmín Esquivel Mossa, que proponía negar el amparo a la empresa Cargamos Mobility en contra del artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, impulsado por la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, en esta ocasión la Sala no returnó el asunto a otro ministro para que presente un nuevo proyecto, sino que el presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez asumió directamente la redacción de la sentencia final en el sentido de amparar a la empresa contra la aplicación del artículo.

Los ministros que votaron en mayoría, Laynez, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos, que acudió a la Segunda Sala para desempatar el asunto, indicaron que el cobro del 2% por el uso de infraestructura pública no constituye un aprovechamiento sino un impuesto y que el Congreso capitalino no puede legislar en materia de comercio electrónico ni establecer contribuciones sobre ingresos derivados de un modelo de negocios como las aplicaciones de servicio de repartidores, pues esta facultad la tiene exclusivamente al Congreso de la Unión.

El precedente de la Corte no es de aplicación obligatoria pero puede ser considerado para otros casos similares como el amparo de Uber contra el mismo cobro cuya resolución está pendiente en la Primera Sala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Lenia Batres impide a la Corte aprobar deducción de 4,442 mdp en impuestos a Movistar

La Ministra Lenia Batres rompió el quorum de la sesión de trabajo de la Segunda Sala de la SCJN para evitar una deducción de impuestos millonaria a Movistar.

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, dio a conocer este miércoles que mediante su ausencia en la Segunda sala del máximo Tribunal impidió que se resolviera un amparo a favor de Movistar para una deducción de impuestos equivalente a cuatro mil 442 millones de pesos.
"Tomé la decisión de no acudir ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública. Y, el próximo martes, en la sesión del pleno de la Corte, estaré proponiendo que todos los asuntos fiscales se voten en el Pleno mismo, de manera transparente ante la inminencia de la conclusión del cargo de los actuales ministros", explicó Batres Guadarrama en X.
Con dicha inasistencia, la Ministra rompió el quorum de la sesión de trabajo de la Segunda Sala, pues juzgadora explicó que se había listado para este miércoles 18 de junio la resolución de un asunto que, de aprobarse, significaría una pérdida de cuatro mil 442 millones 423 mil 090 pesos para el erario Federal.

Se trata del recurso de reclamación 158/2025 que el Ministro ponente, Javier Laynez Potisek, propuso para que se aprobara como fundado. Una decisión que llevaría a desechar el amparo en revisión 1172/2025 y permitir esta cuantiosa deducción a favor de la empresa Pegaso, PCS, S.A. de C.V., razón social de la marca Movistar, por concepto de amortización fiscal de gastos diferidos del ejercicio de 2014.
La Ministra expresó que las sesiones privadas de las salas de la Corte, las cuales desaparecen con la Reforma al Poder Judicial, son "obscuras e injustificadas" y advirtió que las causas que sostienen deducción, exención o devolución de impuestos han aumentado en las últimas sesiones.

Por dicho motivo, Guadarrama explicó que solicitó que todos los asuntos fiscales que aún quedan pendientes de resolver en salas de la SCJN se aborden en sesiones públicas del Pleno en vez de sesiones privadas, esto ante la inminente renovación de ministras y ministros producto de la elección judicial.

Respecto al asunto de Movistar, subrayó que la empresa argumenta que el pago de la multimillonaria cantidad se le debe deducir debido a que el impuesto sobre la renta que se le cobró fue generado por otra firma del mismo grupo, con la que se fusionó en ese ejercicio fiscal.


"Al realizar esa fusión, dejó de obtener ingresos provenientes del Contrato de Operación Delegada de Servicios de Telecomunicaciones de la empresa fusionada, por lo que —afirma Pegaso— se le debió deducir de la base gravable el monto señalado en el proyecto. Sin embargo, el grupo empresarial mantuvo la concesión de la que derivaba ese contrato, que le siguió generando ingresos", añadió.
Batres aclaró que el proyecto del Ministro Laynez propone no entrar al fondo del asunto, pues afirma que el caso no contiene ningún tema de constitucionalidad, por lo cual la SCJN debería desecharlo, ignorando que el Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa claramente que es una obligación contribuir a la hacienda pública.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aguilar llama a nuevo PJ a etapa sin corrupción, nepotismo, discriminación y clasismo

Tras recibir su constancia de mayoría como próximo Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz envió un mensaje en el que llamó a que el nuevo Poder Judicial de México se conduzca con honestidad y se eliminen prácticas como la corrupción y la desigualdad.

Hugo Aguilar Ortiz, elegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a las ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados y magistradas que conformarán el Poder Judicial a que esta nueva etapa sea una guiada por la honestidad y donde la corrupción y otros males que han aquejado a la justicia mexicana no tengan lugar.

Durante la recepción de su constancia de mayoría otorgada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que le acredita como próximo Ministro presidente de la SCJN, Aguilar Ortiz dirigió un mensaje a las personas juzgadoras que le acompañarán en el que será un nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), elegido por primera vez en la historia de México mediante un ejercicio democrático.
En su mensaje, el Ministro electo invitó a las y los juzgadores a forjar una etapa en la que "la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva" sean los objetivos centrales. "Una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar", añadió.


En su participación Hugo Aguilar también mencionó que “México está cambiando. La reforma judicial se inscribe en este contexto de cambios profundos, sustentada en un diagnóstico compartido por todos y que la justicia no debe ser un privilegio sino un derecho. Por ello, reitero mi petición de un voto de confianza para la nueva SCJN y el nuevo Poder Judicial. Vamos a construir una justicia para todas y para todos”.

Añadió: “A nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, permítanme expresar mi agradecimiento a este INE por el trato digno que hoy estamos recibiendo. A quedado atrás la etapa en la que nuestra palabra, nuestras peticiones, e incluso, nuestra sola presencia era motivo de escarnio y discriminación en estas mismas instituciones. Gracias por todo ello.

Su mensaje se dio durante la sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó este 15 de junio, donde declaró oficialmente la validez de la elección de las nueve magistraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF 2024-2025).

La decisión, tomada durante una sesión extraordinaria que llevó a cabo el Consejo General del INE este domingo 15 de junio, marca un hito en la historia democrática de México, al ser la primera vez que la ciudadanía elige directamente a las y los ministros de la Corte mediante voto popular, tras la reforma judicial de septiembre de 2024.

Durante la sesión, se hizo entrega de sus constancias a las nueve personas que fueron elegidas en la elección: Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Irving Espinosa Betanzos, Giovani Figueroa Mejía, María Estela Ríos González, Loretta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Hugo Aguilar Ortiz, quien presidirá la SCJN.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando el Consejo General del INE reanudó la sesión extraordinaria que comenzó desde las 10:00 horas del domingo, para la entrega de constancias de mayoría a los ganadores de la elección a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Previo a la entrega de constancias, Guadalupe Taddei destacó que hoy culmina un proceso electoral sin precedentes en el país, y dijo: “se trata de un hecho inédito que el INE ha organizado con plena observancia de la Constitución y de los principios que rigen nuestra función: la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, certeza, independencia y máxima transparencia”.

Taddei destacó: “El INE no emite juicios sobre los cambios institucionales que dan origen a nuevos mecanismos de elección, nuestra tarea, como organismo constitucional autónomo, es clara y está definida por la Ley: garantizar que cualquier proceso electoral, sin importar su naturaleza, o su novedad, se lleve a cabo con profesionalismo, integridad y respeto absoluto de los derechos políticos de todas las personas”.

Y añadió: “La legalidad del proceso ha sido garantizada por múltiples mecanismos, desde la fiscalización de los recursos utilizados por las candidaturas hasta la implementación de medidas de accesibilidad, paridad, seguridad en el traslado de materiales y capacitación ciudadana y vigilancia del voto a través de observadores electorales nacionales y visitantes extranjeros”.
La Consejera presidenta del INE citó las palabras de Fray Servando Teresa de Mier, quien en 1820 advirtió: “México no será libre sino cuando sus leyes sean hijas de su realidad y no imposiciones de sus gobernantes”.

Por su parte, la Secretaria General del INE, Claudia Arlett Espino, fue la encargada de nombrar a cada una de los nuevos ministros y ministras, y Taddei entregó las constancias, excepto la de Hugo Aguilar, quien fue entregada por la misma Claudia Arlett, quien es de origen indígena (rarámuri). La secretaria ejecutiva del INE entregó una primera constancia en su lengua materna y luego un intérprete tradujo al mixteco —la lengua del nuevo presidente de la Corte— el mismo mensaje.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hugo Ortiz, presidente electo de la SCJN, asegura que trabajará para garantizar la seguridad jurídica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) trabajará para que el nuevo Poder Judicial garantice seguridad jurídica a todos; que actúe con pleno respeto a sus derechos, al medio ambiente, a la perspectiva de género y a la pluriculturalidad de la nación, aseveró Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la SCJN.

En representación del resto de los 8 candidatos a ministros que resultaron electos el 1 de junio pasado y que este domingo, 15 de junio de 2025, recibieron sus constancias de mayoría, Aguilar Ortiz prometió que la nueva SCJN será “guardián” de la Constitución Mexicana. “De su texto, de su espíritu fortalecido en los últimos años con un enfoque social y pluricultural”.

Pese a las irregularidades cometidas en el proceso electoral del Poder Judicial y la poca participación ciudadana, Aguilar Ortiz aseguró que con la elección judicial “gana la democracia”, se reivindica la división de Poderes y se fortalece la independencia judicial. “Independencia que debe ser la base de un diálogo respetuoso y constructivo con los otros Poderes de la Unión, a fin de lograr una justicia, paz y bienestar para todos”, manifestó.

Asimismo, Aguilar Ortiz resaltó las “historias de lucha”, el ejercicio profesional y el compromiso con el país y “en particular con las causas sociales” del resto de quienes integrarán el máximo tribunal del país a partir del 1 de septiembre próximo. Lo cual dijo será la base del “nuevo rostro” de la justicia en México.

“Una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales. Una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar”, según dijo.

La sesión en la que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó la constancia de candidaturas electas a los ministros de la SCJN en los que además de Aguilar Ortiz las recibieron Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides García y Sara Herrerías tuvo un receso de varias horas, debido a la discrepancia entre las consejerías del INE por la declaratoria de validez de la elección judicial.

El consejero electoral Arturo Castillo propuso declarar inválida la elección judicial ante las irregularidades detectadas, aunque sí entregar las constancias de mayoría. Al final, la declaratoria de validez tuvo 6 votos a favor de los consejeros Guadalupe Taddei, Uuc-kib Espadas, Jorge Montaño, Norma Cruz, Rita López y Carla Humphrey) y 5 en contra.

Por unanimidad se excluyeron los casos observados (818 casillas) en 25 entidades federativas, que sumaron 3 millones 779 mil 662 votos, los cuales fueron anulados. La mayor parte de las casillas con anomalías fueron instaladas en Chiapas.

Las irregularidades constituyeron una participación igual o superior al 100% de la lista nominal, boletas sin dobleces que presuntamente no estuvieron en las urnas, y casillas que en su totalidad tuvieron sufragios para una misma candidatura.

Además, se anularon casillas donde la participación fue mayor al 50%, lo que resultó imposible por el tiempo que llevaba sufragar. Todas las irregularidades denotaron prácticas “antidemocráticas” que desafían a las autoridades electorales y a la Constitución, señalaron consejeros del INE.

Además, se analizaron 20 dictámenes correspondientes a igual número de casos para constatar que las personas candidatas a los diferentes cargos cumplían con la elegibilidad del cargo señalado y no tenían sentencias firmes por delitos relacionados con violencia de género contra las mujeres y no eran deudoras alimentarias morosas o prófugas de la justicia ni tenían suspendido sus derechos político-electorales, sin que se detectaran “hallazgos concluyentes que actualicen alguno de los supuestos”.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JULIETA ARAGÓN.

Elección judicial: el nuevo presidente de la Corte tendrá menos atribuciones y facultades

La presidencia de la Corte tendrá menos funciones que antes con la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Órgano de Administración Judicial.

Representar al Poder Judicial de la Federación, tramitar los asuntos que le competen al Pleno y turnarlos a las demás ministras y ministros para su resolución son algunas de las atribuciones de quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque a partir de septiembre, Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila para ocupar este cargo según los cómputos distritales, contará con menos facultades que Norma Piña, actual presidenta del máximo tribunal.

El artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece las atribuciones del presidente de la SCJN.  Sin embargo, tras la reforma judicial, sus funciones administrativas fueron reducidas por la creación de un Órgano de Administración Judicial. 

Tras la reforma judicial, la presidencia de la Suprema Corte también redujo sus atribuciones ante la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de ​​ la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de juzgados y tribunales, que será reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial. 

“¿Qué es lo que se pretende? Quitar ese poder omnímodo que tenía el presidente de la Suprema Corte, que era el que decidía todo lo que pasaba en el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura. Ahora su sustituto (el Tribunal de Disciplina) y el órgano de administración quedan fuera de sus manos”, explica el abogado penalista Jorge Reyes Peralta.

¿Qué funciones tendrá la presidencia de la Corte?

Las atribuciones del la nueva presidencia de la SCJN, establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyen tramitar los asuntos competencia del Pleno y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los proyectos de resolución, designar a ministras o ministros ponentes de distintos asuntos para que determinen el trámite que les corresponde, así como dirigir los debates y conservar el orden de las sesiones, así como autorizar la lista de asuntos que se revisen en las sesiones del Pleno. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre actualmente, la nueva Corte no contará con salas especializadas y sólo sesionará en pleno, lo que complicará la resolución de los asuntos y podrá generar un mayor rezago en su atención.

“Las salas estaban especializadas por materia. Ahora los ministros serán todólogos, ya no existirán las dos salas y dejan la operación fundamentalmente en el Pleno, lo cual es un tanto más complicado y, desde luego, aumentará el rezago que es brutal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostiene Reyes Peralta.

Como te contamos en esta publicación, la reforma judicial implicará retrasos en 1.5 millones de litigios, según advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un informe.

La presidencia de la Corte también se encargará de designar a los ministros para formular nuevos proyectos de resolución en caso de no obtenerse una votación mayoritaria en el pleno y para los casos en que haya impedimentos legales para que un ministro o ministra conozca de un asunto. 

Además, se encargará de presentar un informe de labores de la SCJN al término del segundo periodo de sesiones de cada año. Y establecerá las disposiciones para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo de la Corte.

Las funciones administrativas que ya no le corresponden a la presidencia de la Corte

Antes, a quien presidiera la SCJN le correspondía llevar la administración del Poder Judicial de la Federación y formular anualmente el anteproyecto del presupuesto de egresos, someterlo a la aprobación del Pleno para enviarlo al Poder Ejecutivo. 

Ahora esto le corresponde al Órgano de Administración Judicial, que se integrará por cinco personas mexicanas por nacimiento, con experiencia profesional mínima de cinco años; con título de licenciatura en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad que no estén inhabilitadas para desempeñar un cargo en el servicio público.

“Someter a la consideración del Pleno el anteproyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que, una vez aprobado, lo proponga al Presidente o Presidenta del Órgano de Administración Judicial para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación”, establece como atribución de quien presida la Corte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

¿Cómo se definirá la presidencia de la Corte?

La forma de elegir a la presidencia de la Suprema Corte también cambió con la reforma judicial. Ahora, el artículo 94 constitucional establece que esta “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”.

Así, de acuerdo con los cómputos distritales de la pasada elección judicial, Hugo Aguilar será presidente de 2025 a 2027 luego de obtener la mayor votación, 6 millones 195 mil 612 sufragios, equivalente a 5.3%.

Las ministras en funciones que contendieron en la elección también presidirán la SCJN. Lenia Batres, quien obtuvo el segundo lugar en votos, lo hará de 2027 a 2029. Luego, Yasmín Esquivel, quien quedó en tercer lugar en la votación, presidirá la Corte de 2029 a 2031. Tras ella, será presidenta de 2031 a 2033 Loretta Ortiz, quien se ubicó en cuarto lugar, según los cómputos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LUZ RANGEL.

Batres acusa a la SCJN de excluirla y confabular con empresas de Salinas Pliego

Tras denunciar que la Primera Sala del máximo tribunal constitucional buscaba aprobar un tercer impedimento en su contra, promovido por Grupo Salinas, la ministra Lenia Batres Guadarrama acusó, el 12 de junio de 2025, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por “confabular” con las empresas del magnate regiomontano Ricardo Salinas Pliego, para permitirles evadir pagos fiscales por más de 35 mil millones de pesos, incluyendo recargos y multas.

En su cuenta de la red social X, la ministra señaló que la SCJN había permitido una estrategia dilatoria del grupo empresarial encabezado por Salinas Pliego, lo que, según ella, había retrasado por más de medio año la resolución de los juicios, con un acumulado de 56 impedimentos y otros recursos.

Batres Guadarrama publicó un video de 11 minutos de duración, en el que reveló que la Primera Sala de la SCJN alistaba la votación del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía aceptar la recusación promovida por Elektra, para excluirla de la discusión del amparo directo en revisión 6321/2024, relacionado con un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos contra dicha empresa.

La ministra afirmó que el proyecto de Pardo Rebolledo la acusaba de haber perdido objetividad e imparcialidad, al validar la denuncia de Elektra sobre una supuesta animadversión hacia Salinas Pliego, basada en publicaciones que ella hizo en redes sociales entre 2014 y 2021, antes de integrarse a la SCJN.

“¿Qué Corte puede llamarse suprema si sanciona retroactivamente la libertad de expresión de una de sus integrantes, que ni siquiera es materia de sanción? ¿Qué Corte puede llamarse suprema si no solo permite, sino que confabula con particulares para ayudarles a que no cumplan con la Constitución de la que deberían ser guardianes?”, cuestionó Batres Guadarrama, quien se autodenomina “la ministra del pueblo”.

La integrante de la SCJN rechazó la interpretación del proyecto de Pardo Rebolledo, argumentando que la causal de impedimento por “enemistad manifiesta” debía implicar un conflicto de interés comprobable, no simples opiniones públicas o percepciones subjetivas. Ante ello, respaldó su postura con precedentes en asuntos similares (39/2024, 40/2024, 42/2024), donde se resolvió que la emisión de opiniones no comprometía la imparcialidad de un ministro.

“Algunos ministros que sí parecen tener interés particular por resolver estos asuntos han censurado mi libertad de expresión de manera retroactiva, con argumentos insostenibles y absurdos para convertir esas opiniones antiguas en causa de impedimento. Es como si al Inter Miami se le ocurriera expulsar a [Lionel Andrés] Messi [Cuccittini], por haber opinado hace 10 años que el mejor equipo era el Barcelona, si me permiten el símil”, ironizó Batres Guadarrama.

Además, la ministra recordó que la Primera y la Segunda Sala de la SCJN ya habían aprobado dos impedimentos anteriores promovidos por el mismo grupo empresarial, lo cual calificó de ilegal, al no haberse acreditado que su participación derive en algún beneficio o perjuicio personal. También denunció una estrategia jurídica sistemática impulsada por Salinas Pliego y sus compañías, con la colaboración -activa o pasiva- del máximo tribunal constitucional.

“Primero, porque se aceptó pasivamente una retahíla de 56 impedimentos y recursos como táctica dilatoria, lo que permitió posponer durante al menos siete meses la resolución de estos juicios”, subrayó Batres Guadarrama, quien también recordó que en marzo de 2024, la SCJN amparó a Totalplay, también del Grupo Salinas, para reducir un adeudo fiscal de 645 millones 763 mil 797 pesos, correspondiente a omisiones del Ejercicio Fiscal 2011.

“Como ministra no puedo presumir la existencia de ningún adeudo de nadie, pero en este caso ya se eximió del pago de 621 millones de pesos a una empresa de este grupo, en una resolución injustificada”, insistió la auto denominada “ministra del pueblo”.

El 21 de mayo de 2025, por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la SCJN declaró que Batres Guadarrama estaba impedida para votar el amparo directo en revisión 5654/2024 de Elektra, por sus múltiples pronunciamientos públicos contra Salinas Pliego. Loretta Ortiz Ahlf fue la única ministra que votó en contra. Sin embargo, el resto de sus homólogos rechazaron el impedimento de dicha empresa contra Yasmín Esquivel Mossa.

El 6 de mayo de 2025, la Segunda Sala de la SCJN multó por 65 mil pesos -el monto máximo permitido por la ley- a Grupo Elektra, por sus tácticas dilatorias, para no pagar dos créditos fiscales que sumaban 34 mil 743 millones de pesos.

La empresa perteneciente al conglomerado de Grupo Salinas promovió impedimentos infundados contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ortiz Ahlf, en su estrategia para bloquear durante siete meses la votación respectiva.

El 1 de mayo de 2025, tras ser cuestionada respecto a los dichos de Salinas Pliego de que políticos llegaban al Gobierno sin pagar impuestos, ni poder administrar una empresa con un mínimo de 50 gentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que había mucha hipocresía en ello.

Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Poder Ejecutivo Federal se le preguntó sobre los dichos de Pedro Sola Murillo, presentador de TV Azteca, respecto a que votaran en las elecciones, quienes pagaran impuestos, a los cuales Salinas Pliego respondió diciendo que para ser “gobiernicola” deberían también presentar sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los últimos 20 años.

“Totalmente de acuerdo, es más para ser #Gobiernicola deberían también presentar sus declaraciones del SAT de los últimos 20 años. Luego salen con que nunca han tenido una cuenta y por lo tanto nunca han pagado impuestos, además deben demostrar que pueden administrar una empresa con un personal minimo de 50 gentes. Eso de que llegue puro ignorante que cree que el dinero crece en los árboles está cabrón”, publicó Salinas Pliego, en su cuenta de la red social X.

“Yo creo que ya no saben ni qué decir, la verdad. Además, son muy ignorantes porque todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. Cuando compras un producto pagas el [Impuesto al Valor Agregado] IVA. Todos pagan, todas y todos. Entonces, hay mucha ignorancia, la verdad, y segundo, mucho racismo y mucho clasismo”, respondió la mandataria nacional.

“¿Qué decimos nosotros? Solo que cumplan con la ley, porque eso sí se llenan de discursos del Estado de derecho pero cuando se trata de que llegue a ellos, no, ese sí no es derecho, ese sí tiene que seguir siendo chueco. O se llenan de discursos hablando de libertad, pero cuando algún compañero de ustedes saca algo en su contra, no, entonces sí que no haya libertad, porque eso sí está muy tremendo. Entonces hay mucha hipocresía, pero miren, que haya libertad de expresión, es lo más importante, que siga habiendo libertad de expresión”, comentó la presidenta.

El 14 de marzo de 2025, Sheinbaum Pardo expresó que el tema de fondo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Salinas Pliego, era si debía pagar impuestos, más allá de cuáles ministras estaban impedidas para resolver sobre los recursos que había presentado el empresario ante adeudos fiscales.

“Primero, mi solidaridad con Lenia Batres porque ayer subieron un hashtag, ahí muy ofensivo y la verdad es que se puede estar o no de acuerdo, pero la ofensa no, la ofensa personal, entonces mi solidaridad con ella, primero que nada”, indicó la mandataria nacional.

“Segundo, hay que ir al tema de fondo más allá de las reglas internas de la Corte, que no conozco en particular de si ella debía votar o no votar, ayer dije que porque no debía votar porque porque no era objetiva, eso fue lo que le dije a ella”, apuntó la presidenta.

“Sí, entonces siempre la objetividad, ustedes que son periodistas saben que, pues tiene sus matices siempre, en fin, hay toda una discusión hasta filosófica sobre la verdad y la objetividad y todo lo demás, pero yo decía: ¿por qué no se quejaron los mismos que se quejan ahora cuando el ministro [Luis María] Aguilar [Morales] tuvo guardado el caso durante tanto tiempo?”, recordó Sheinbaum Pardo.

“Y el tema de fondo es si se deben pagar impuestos ¿o no? Y la respuesta de fondo es: se deben pagar impuestos. Todo mexicano y mexicana debe pagar impuestos, de acuerdo con las normas establecidas, entonces, eso es lo que está de fondo”, destacó la mandataria nacional.

Asimismo, la presidenta criticó el uso reiterado de amparos por parte del empresario regiomontano, para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Además, reiteró que lo realmente importante era el pago de impuestos, en vez de discutir sobre la imparcialidad de los ministros. Sugirió que centrarse en cuestiones individuales o personales no contribuía a un diálogo más productivo.

“Los amparos y los requeteamparos, y los requetequetequete amparos que se han dado para este caso, en todo caso eso es lo que hay que plantear más allá de, yo creo que Yasmín también es una buena Ministra, Lenia también, pues ustedes saben que Loretta también, pues han defendido muchas de las posiciones que hemos planteado nosotros”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“Entonces, más allá, pues yo creo que las redes y todo lo que discutan es el fondo del asunto y que se defienda una ministra o a cualquier persona, a cualquiera coincida con nosotros, coincida con nosotros o no coincida con nosotros no ayuda a un debate político de altura que es lo que queremos en nuestro país”, finalizó la presidenta.

La titular del Poder Ejecutivo Federal acotó que esperaría la resolución de la SCJN y expresó que el domingo 1 de junio de 2025, la ciudadanía podría elegir a los jueces, magistrados y ministros, para renovar el Poder Judicial. Justificó que la reforma fue un paso necesario para garantizar que la justicia fuera equitativa y no estuviera influenciada por el poder económico.

“No se les olvide, primero de junio la elección al Poder Judicial, viene un nuevo Poder Judicial porque el fondo de por qué cambia el Poder Judicial son dos cosas: uno es la corrupción y el nepotismo, vamos a poner las juntas y la otra, pues es que en México se separó, con la cuarta transformación, se separó el poder económico del poder político, solamente que falta una parte”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Lo que se quiere es que se separe el poder económico de la justicia y que todos tengan acceso a la justicia por igual, que el más pobre tenga acceso a la justicia igual que el más rico en la misma dimensión, que no sea el dinero lo que defina si hay justicia o no frente a un caso en nuestro país, entonces vamos a esperar al Poder Judicial”, abundó la presidenta.

El 13 de marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- afirmó que sería un funesto precedente y un acto de favoritismo, que la SCJN le concediera a Salinas Pliego un amparo contra la investigación que inició de todos sus movimientos bancarios, crediticios y bursátiles, de 2012 a 2021.

Un día después de que Batres Guadarrama fuera declarada impedida para votar este asunto, la UIF destacó, en un comunicado, que el titular del Juzgado Décimo Sexto Administrativo de Distrito en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, que en primera instancia le otorgó el amparo al empresario, pretendía “golpear” la capacidad del país para combatir el lavado de dinero.

La UIF aseguró, además, que pidió a la SCJN atraer y resolver en definitiva este amparo, porque la sentencia de dicho juzgador había convertido al dueño de Grupo Salinas en el único mexicano que estaba exento de la aplicación de las leyes que permitían pedir y revisar la información de sus cuentas bancarias.

“Sería un funesto precedente y un acto de claro favoritismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidara el amparo concedido por el Juez Décimo Sexto de Distrito, Gabriel Regis López, quien evidentemente pretende una vez más golpear la capacidad de nuestro país para prevenir, evitar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”, argumentó la Unidad de Inteligencia Financiera.

“El amparo impugnado por la UIF es, ahora, más grave que otras inocuas resoluciones judiciales debido a que deja sin efectos cuatro disposiciones de ley para una sola persona”, enfatizó el organismo adscrito a la SHCP, cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez.

“El juez conoce que la UIF recibe reportes procedentes del sistema financiero y del extranjero por mandato de ley y que su objeto es justamente su análisis para los fines establecidos en la legislación. Sustraer a una sola persona de la aplicación de leyes, la ubica por encima de todo un país al otorgarle capacidad definitiva y permanente para eludir la aplicación de la legislación en materia de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados, ya que su información financiera personal no podría usarse en procedimiento penal o civil alguno, dentro y fuera del país, para siempre”, advirtió.

Además, la UIF expuso que la solicitud de la información bancaria de Salinas Pliego respondía a que era uno de los 72 mexicanos cuyo nombre fue publicado en los ‘Pandora Papers’, y, en octubre de 2021, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió a los países miembros obtener y analizar los datos financieros de sus nacionales enlistados en dicha publicación.

Sin embargo, el 4 de julio de 2022, el titular del Juzgado Décimo Sexto Administrativo en la Ciudad de México, otorgó el amparo al magnate regiomontano, contra la solicitud que hizo la UIF a distintos bancos, para obtener los datos de sus actividades financieras.

Según la UIF, dicho amparo impedía que se aplicara al dueño de TV Azteca la Ley de Instituciones de Crédito y Ley del Mercado de Valores, que facultaban a la Unidad de Inteligencia Financiera, para obtener datos de actividades financieras, “como parte de sus funciones tendientes a proteger al sistema financiero y la economía nacional”.

“Asimismo, el juez Regis determinó que la información que por ley deben entregar los sujetos obligados [instituciones financieras del país] a la UIF no podrá ser utilizada nunca en ningún caso ni bajo motivo alguno, ni aún para la presentación de denuncias por la posible comisión de delitos”, subrayó la Unidad de Inteligencia Financiera.

La UIF aseveró que, con este fallo, Salinas Pliego “ha sido convertido por disposición de un juez de distrito en el único mexicano cuya esfera jurídica ha sido desincorporada de cuatro artículos de las dos leyes mencionadas”.

El 9 de marzo de 2023, la UIF solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la revisión del amparo concedido por el juez Regis López. Ante ello, la Segunda Sala del máximo tribunal constitucional admitió atraer el caso.

El organismo adscrito a la SHCP aseguró que pidió a la SCJN asumir el caso, porque se trata bade un asunto de la mayor importancia nacional, ya que el conocimiento y análisis de las operaciones financieras inusuales y sospechosas eran parte de un sistema mundial de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, compromiso internacional que México había incorporado a su legislación.

La ministra Batres tenía un proyecto en el que proponía sobreseer o cancelar el trámite del amparo contra el magnate regiomontano, argumentando que la pesquisa de la UIF no ocasionaba ningún perjuicio a los derechos de Salinas Pliego.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Cómputo final del INE: Hugo Aguilar será presidente de la Corte; hubo 22.8% de votos nulos

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

El Instituto Nacional Electoral (INE) terminó de computar hoy las últimas de las 84 mil 266 actas de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que alcanzó la revisión del 100% de boletas –dos días después del plazo definido--; los resultados marcan una participación de 13.01%, una tasa de votos anulados o no utilizados de 22.8%, y confirman que Hugo Aguilar Ortiz será el presidente del máximo tribunal de justicia del país durante los próximos dos años, tras obtener el 5.3% de los votos. 

Aunque los resultados estaban conocidos desde días antes, hasta las 5 de la tarde de ayer el INE seguía sin recibir y revisar 155 actas, que llegaron y fueron computadas este jueves.

Poco antes de mediodía de este 5 de junio, el INE había revisado el 99.72% de las actas relativas al Tribunal de Disciplina Judicial, que reflejan una tasa de abstención ligeramente superior a la de la SCJN –87.12% por el momento--, y unos resultados también alineados con los “acordeones” atribuidos a Morena, que fueron difundidos antes de las elecciones. 

Los funcionarios del organismo electoral siguen revisando las actas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las magistraturas de circuito y de los juzgados de distrito, que marcan --hasta el momento-- unas tasas de abstención mayores a las de la SCJN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

“Que un indígena presida la Corte no significa que vaya a defender las causas”: consejo de pueblos originarios sobre Hugo Aguilar

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señaló que la deuda histórica continúa con las comunidades originarias, pues la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se pronunció sobre el abogado Hugo Aguilar, quien se perfila para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señaló que, aunque una persona indígena asuma el cargo, eso no significa que defenderá las causas de las comunidades originarias.

“Informamos a los pueblos, que el hecho de que un indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias”, sentenció el consejo en un comunicado sobre la deuda histórica que persiste con ellos en medio de la aplicación de la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras que se llevó a cabo el pasado 1 de junio.

“Recordemos como Benito Juárez impulsó la desamortización de los bienes de las comunidades, lo que significó el despojo de tierras comunales y que miles de indígenas y campesinos se convirtieran en peones explotados rapazmente por las grandes haciendas”, añadió.

“No hay nada que celebrar”: consejo indígena señala discriminación por elección judicial

El consejo constituido por autoridades tradicionales de 70 comunidades de Michoacán señaló que a pesar del discurso oficial de la reforma judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros, la deuda histórica continúa con los pueblos originarios debido a que no consideraron su cultura, organización ni sus sistemas de justicia ancestrales.

Aseveró que la reforma al Poder Judicial no se consultó de forma apropiada con los pueblos indígenas en Michoacán, pues no hay una acta de Asamblea General para verificar que se llevó a cabo una consulta “previa, libre e informada sobre las implicaciones de las reformas constitucionales que restructuraron el poder judicial, transgrediendo el derecho a la consulta sobre medidas legislativas que nos afectan”.

Refirió que la reforma y la elección judicial discriminó a jueces nombrados por usos y costumbres al no considerar los sistemas de justicia ancestrales que existen en las comunidades originarias, como es el caso de Michoacán, donde hay más de 200 juzgadores tradicionales que no son reconocidos, pero que cada día resuelven diversos asuntos, entre ellos problemas territoriales, familiares, civiles y de delitos menores.

Añadió que alrededor de 20 comunidades no permitieron la instalación de casillas para el pasado 1 de junio como parte de su autonomía y libre autodeterminación.

“En perspectiva histórica, no hay nada que celebrar, la deuda con la justicia de los pueblos indígenas continúa”, concluyó.

Hugo Aguilar aparecía en acordeones distribuidos por Morena

Hugo Aguilar, un abogado mixteco, hizo campaña para ministro con la frase “ya nos toca” y se comprometió con la justicia ambiental y de las comunidades indígenas, pero desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coordinó consultas para los megaproyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador sin cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Aguilar fue propuesto como candidato a la Corte por el Poder Ejecutivo y recibió el apoyo público de Claudia Sheinbaum.

El 22 de febrero, antes del inicio formal de las campañas, pero ya con las listas de candidatos publicadas por los comités de evaluación, la mandataria expresó su respaldo, sin decir su nombre. “Queremos que un indígena llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo. Hugo Aguilar Ortiz fue el único aspirante indígena.

Durante las campañas, su nombre y su número, el 34, coincidían en primer lugar en los acordeones impresos y digitales que fueron distribuidos de forma masiva para favorecer a candidatas y candidatos morenistas. La operación dio resultado.

Ahora, el funcionario del gobierno morenista no sólo se perfila para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también para presidir el máximo tribunal del país.

Con el 99.89 % de las actas computadas, Hugo Aguilar sumaba este miércoles 6 millones 131 votos, mientras que la ministra Lenia Batres registraba 5.7 millones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hugo Aguilar: de operador de AMLO para megaproyectos a presidente indígena de la Suprema Corte

Hugo Aguilar, quien será el segundo ministro indígena en presidir el máximo tribunal, enfrentará el rechazo de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. “No nos representa”, denuncian en entrevista.

“Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juárez fue su primer titular en 1858), lo cual generó júbilo en la 4T. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas, de desencanto, rechazo y franca indignación.

Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.

En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”.

Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.

Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas.

Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.

“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista.

Como activista, Hugo Aguilar defendió los derechos de las comunidades indígenas en la organización Servicios del Pueblo Mixe y participó en la elaboración de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, publicada en 1996, que a la fecha reconoce que de los 570 municipios que conforman la entidad, 417 se rigen por los sistemas normativos indígenas y 153 por el régimen de partidos políticos.

“Como abogado soy fan de Hugo; él es una persona brillantísima, por eso ha logrado escalar en los movimientos indígenas del sureste y con esa formación dentro del activismo indígena construyó un nombre y una carrera”, afirma el defensor mixe Joaquín Galván.

En sus inicios "nos vimos representados en Adelfo Regino y Hugo. Esa dualidad Hugo-Adelfo está en todo el camino que han hecho con las comunidades indígenas, pero la segunda etapa de su vida, con la llegada de Gabino Cué, genera esa ruptura con la base social de los noventa y el movimiento zapatista”, recuerda.

Esta ruptura, dice, comenzó cuando entró como funcionario y operó apoyando los intereses del Estado y confrontando a los movimientos indígenas. De cierto perfil bajo, de manejo moderado dentro de las estructuras del Estado, ya con Andrés Manuel López Obrador finalmente se proyectó como subdirector del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

"Aquí es el punto medular, porque estuvo en dos momentos clave de las estrategias o políticas de la 4T imponiendo megaproyectos y consultas a modo. En este caso, Hugo fue el cerebro de las consultas del Tren Maya y del Interoceánico, que estuvieron marcadas por las denuncias de despojos violentos y Hugo sólo estaba sirviendo para legitimar el proceso de despojo para pueblos indígenas a través del INPI, más allá que de las mismas comunidades", sostiene Galván.

Galván menciona que después de que la activista Sandra Domínguez exhibió el chat de funcionarios Sierra XXX que mostraba a mujeres indígenas, la llamaron “desde el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar”, para entregarle un cheque en blanco como un tipo de reparación, que ella rechazó. Finalmente, el organismo optó por destituir a Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas.

"Y sí, los proyectos neoliberales de despojo como el Tren Maya y el Interoceánico no se explican sin la legitimación neoliberal del INPI a cargo de Adelfo Regino y Hugo Aguilar Ortiz, a través de consultas cuestionables. Por ellas hay defensores de la tierra detenidxs federalmente (sic)", señala Galván.

"Ahora el nuevo Benito Juárez no nos debe insultar la inteligencia. Es brillante abogado, con momentos, y no por ser indígena y romantizar a Benito va a actuar, así porque Hugo lleva años representando a los intereses del Estado mexicano. Esperemos que por primera vez logre actuar por sí mismo y a tener autonomía", ironiza, aludiendo a su colaboración de años con el director del INPI Adelfo Regino.

Mario Quintero, de la APIIDTT, recuerda que “el papel que jugó Hugo lo conocemos por el caso de Mareña Renovable (empresa eólica que pretendió instalarse en la Barra de Santa Teresa, en el Istmo de Tehuantepec). Ayudó a interponer recursos legales, pero fue una sorpresa cuando engrosa al INPI y realiza una serie de consultas fast track, sí vimos rostros de disgusto al burocratizar el despojo”.

Las consultas, dice, “nunca fueron libres ni informadas, sólo buscaban el consentimiento forzado de autoridades y acarreados por el poder en turno”.

¿Será imparcial?

Quintero calificó de cuestionables las elecciones del Poder Judicial celebradas el domingo 1 de junio último. Se dijo preocupado, pues “ahora no sabemos de qué lado va a ponerse Hugo, porque a nosotros ya nos demostró que está del lado oficialista de los megaproyectos, y en ese papel que va asumir ¿va a ser imparcial de los casos de despojo”, se pregunta.

Considera que sí es un logro que haya en la Suprema Corte personas indígenas, pero “no quiere decir que por ser indígenas o defensores vayan a mantener sus convicciones y los ideales”, aclara.

Para Quintero, la intervención de Hugo Aguilar en las consultas para los megaproyectos a través del INPI “fue un golpe político, porque lo considerábamos un aliado, pero fue muy evidente el cambio de personalidad y trato a las comunidades, y sobre todo a los que éramos cercanos”. Ahora, dice, el tiempo dirá si va a ser imparcial “o va a seguir dando favoritismos al gobierno federal, o peor aún, a empresas privadas y la narcopolítica vigente en el país. No es lo mismo tener cargos menores que estar en puestos de tomas de decisiones”, finaliza.

Por su parte, Miguel Ángel Aguirre dice esperar que como ministro y como próximo presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar cumpla la sentencia que lo puede reivindicar con los pueblos zoques de los Chimalapas, por la disputa de 160 mil hectáreas. “Tiene esa deuda moral e histórica”, pues, dice, no se ha cumplido ni una cuarta parte de lo resuelto en dicha sentencia.

Recuerda que Aguilar hizo una controversia constitucional en 2012 por este conflicto “y él fundamentó muy bien, pero para defender el hueso y por presiones de su compadre Adelfo Regino (ambos) dejaron que los hermanos Víctor Hugo Alejo y Ángel Alejo no hicieran nada” para perder el territorio de los Chimalapas.

Tren Maya y la simulación desde el INPI

"Yo no quiero decir que vamos a tener esperanza porque fue lo que mucha gente, defensores y activistas, apostaron con López Obrador, y él es la misma gente de López Obrador. (Hugo Aguilar Ortiz) es indígena, pero en realidad no representa los pueblos indígenas, está representando a un partido político (Morena), no al pueblo. No nos representa, no nos sentimos representados con él", expone en entrevista Sara López González, fundadora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), con sede en Campeche.

El CRIPX se sumó al menos a tres amparos con la esperanza de detener el avance del Tren Maya, megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de las comunidades indígenas que se articularon para frenar la obra y en reiteradas ocasiones se pronunciaron en contra de las consultas indígenas, que fueron organizadas desde el área del INPI a cargo del ministro electo.

En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, está el Centro Comunitario U Kúuchil K Ch'i'ibalo'on, cuyos integrantes también promovieron los amparos contra el megaproyecto en sus territorios.

Wilma Esquivel, integrante de esta organización, asevera que la consulta indígena no fue un acto de libre determinación. Se trató de un ejercicio de promoción y para legitimar el Tren Maya.

“Nos trataban (Fonatur y el INPI) como si no tuviéramos capacidad de pensar y analizar, como si nos tuvieran que decir qué hacer. Si alguien que tiene un puesto de poder fue parte de esta consulta es de preocupación, porque no podemos confiar en las decisiones que tome y ejerza ese puesto”, dice, refiriéndose a la elección de Hugo Aguilar.

A las opiniones de Sara y Wilma se suma la de Ana, una defensora de la tierra y territorio de la Península de Yucatán, quien refirió que el gobierno de la 4T está haciendo uso de la representatividad indígena para sus fines.

"La llegada de Hugo no es para cumplir con las demandas de los pueblos indígenas, no representa a las comunidades indígenas y nunca ha existido un posicionamiento sobre las violaciones por despojos de megaproyectos de la Península. Desde el Estado están haciendo uso político del ser indígena", reclama.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu, integrante del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, AC, quien acompañó varios de los amparos interpuestos contra el Tren Maya, remarca que es prioritario vigilar la actuación de Hugo Aguilar.

Al ser Aguilar de origen mixteco se espera que lleve a la discusión o promueva estándares de calidad para construir una justicia intercultural en el país. Sin embargo, no se debe perder de vista que podría existir un conflicto de interés con temas como el Tren Maya, dice.

"Aquí la pregunta es que si el caso del Tren Maya llegara a la Corte ¿qué pasará? Porque al final del día él fue parte del mecanismo que operó las consultas indígenas. Si el caso llega a la Corte teniendo como uno de los argumentos de violencia de los derechos del tema de la consulta, será como un tipo juez y parte", acota.

Las consultas indígenas no sólo fueron cuestionadas por los pueblos originarios. En su momento, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para México hizo un extrañamiento, en el que refirió que no se cumplió con los estándares mínimos del proceso de consulta.

De hecho, durante su campaña para ministro de la Suprema Corte en las semanas previas al 1 de junio, Aguilar Ortiz prácticamente omitió hablar del impacto que han ejercido los megaproyectos sobre las comunidades mayas, pese a promoverse como integrante de los pueblos originarios, durante su recorrido por la Península.

Por ejemplo, el abogado estuvo en Playa del Carmen el 16 de abril último en gira como candidato, en un evento organizado por exfuncionarios de origen indígena, quienes han ocupado puestos en el gobierno local, principalmente emanados de la 4T.

Aunque su mensaje era el impulso hacia los pueblos originarios, nunca tocó el tema del impacto sobre las comunidades por las obras del Tren Maya y otras similares que se ejecutaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y produjeron despojos a través de expropiaciones sobre el territorio maya, extractivismo cultural y aumento de delitos de alto impacto donde antes no ocurría.

Aguilar se dedicó a alabar la reforma judicial en aquel encuentro ocurrido en la casa ejidal de Playa del Carmen.

Su arribo generó mucha expectativa. Incluso, integrantes de Sélvame del Tren, colectivo contra el Tren Maya, acudieron a su presentación. Sin embargo se retiraron cuando lo escucharon hablar en favor de las reformas judiciales impulsadas por la 4T, que en los hechos han bloqueado la defensa jurídica contras las obras federales.

Para el poeta y activista maya Pedro Uc Be, miembro de la Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal, el ministro electo sólo tomó la bandera indígena, pero sin tocar temas verdaderos de constantes violaciones que han sufrido los pueblos originarios ante los proyectos federales en esta zona del país en los años recientes.

“Me parece que son los ejemplos emblemáticos de cómo se usa políticamente el nombre de los pueblos indígenas para que se adquiera el poder. No es extraño que este personaje también esté haciendo lo mismo (...) no lo ubicamos a él (Hugo Aguilar) ni siquiera lo ubicamos muy bien, porque nunca apareció para decir: "Bueno, estoy interesado en el tema y quiero conocer la postura de ustedes los pueblos mayas”, expone Pedro Uc.

Contrario a la esperanza que existe sobre la resolución de importantes juicios a favor de las comunidades mayas, Uc mencionó que no esperan un cambio importante.

“No podemos pensar en que algo bueno vaya a pasar en el nivel de gobierno federal o en el nivel del gobierno estatal. No podemos pensar en eso. Nuestra esperanza está en nosotros mismos, está en nuestra propia comunidad, está en nuestra propia cultura, está en el esfuerzo organizativo activo”, remata.
No obstante, hay otro sector en Quintana Roo que ve con buenos ojos la llegada de Hugo Aguilar a la Suprema Corte. Quetzal Tzab, activista indígena que promovió la candidatura a ministro, sostuvo que es un gran paso para los pueblos indígenas.
“Espero que sí haya una voz ahora más fuerte, sobre todo en el caso de que en Quintana Roo cuánta gente indígena está en la cárcel y no se le ha dado trámite a sus casos por el simple hecho de que muchos de ellos no hablan la lengua española y no existe un intérprete”, dice Quetzal Tzab.

Contrario a Pedro Uc, Tzab sostiene que las comunidades aceptaron el proyecto del Tren Maya, aunque esto trajo luego fuertes conflictos por los montos que recibieron por las indemnizaciones tras las expropiaciones de varios ejidos.

“Se prestó a elección simulada”

En Morelos, Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT), afirma que Hugo Aguilar “no es garantía de justicia para los pueblos indígenas”.

Incluso prevé sentencias alineadas con la 4T que permitirían avanzar megaproyectos como la termoeléctrica de Huexca.

Desde 2012, Juan Carlos Flores Solís —abogado e integrante del FPDTAMPT— acompaña la resistencia de pueblos contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), impulsado por la CFE. El proyecto tiene su base en Huexca, Yecapixtla, Morelos, a 118 km de la Ciudad de México, e incluye una termoeléctrica, un gasoducto que parte de Tlaxcala, cruza Puebla y llega a Morelos, y un acueducto desde Cuautla y Ciudad Ayala.

Originario de Puebla, Juan Carlos luchó junto a Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario y defensor del territorio en Morelos, asesinado a balazos el 20 de febrero de 2019 frente a su casa.

A 13 años del inicio de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos, la termoeléctrica de Huexca sigue sin operar gracias a los amparos promovidos por campesinos y ejidatarios. En este contexto, se avecina una nueva etapa en el Poder Judicial, pues un ministro indígena está por asumir la presidencia de la SCJN.

Flores califica como “una vergüenza” la reciente elección judicial, al asegurar que fue “hecha a modo” para beneficiar a Morena. “Esta elección fue diseñada para que el partido tuviera jueces, magistrados y ministros afines. Lo dijo el propio López Obrador desde que impulsó la reforma. De ahí salieron estos ‘acordeones del bienestar’”, afirma.

Uno de los nombres más votados, Hugo Aguilar, fue incluido en dichos acordeones. Según Flores, su ascenso refleja una estrategia respaldada por estructuras del poder en todos los niveles, incluidos el INPI, Morena y Construyendo Justicia.

“Se utilizó a los pueblos indígenas como carne de cañón para colocar en el poder a personas convenientes. Hay volantes que lo presentan como ‘el candidato indígena’”, denuncia. Afirma que este discurso fue eficaz porque “quienes más necesitan justicia son los pueblos indígenas, además de víctimas de desaparición y violencia de género”.

Flores advierte que la Cuarta Transformación se ha valido de símbolos para legitimarse ante sectores vulnerables. “Primero fue la presidenta, con el discurso de ser la primera mujer. Ahora llaman a Aguilar ‘el nuevo Benito Juárez’. Es parte del doble discurso del gobierno”.

Aunque reconoce que Aguilar tiene experiencia y podría aportar una nueva perspectiva, alerta sobre posibles retrocesos. “Ya en la Corte veremos criterios jurídicos que acoten los derechos y la autonomía indígena, especialmente en temas como megaproyectos que no han sido consultados adecuadamente”.

Además, critica las consultas realizadas por el INPI. “Han sido a modo, sin respetar estándares internacionales. No puede haber consultas generales cuando está en juego el territorio de un pueblo. Eso ocurrió con el Proyecto Integral Morelos: fabrican mayorías en otras regiones para imponer decisiones”.
Con el nombramiento de nuevos ministros, magistrados y jueces —en particular, con la llegada de Hugo Aguilar a la Suprema Corte— se anticipa la emisión de criterios que podrían significar un retroceso en materia de derechos indígenas.
“Yo calculo que en esta administración, o durante el periodo del nuevo ministro, se emitan criterios jurídicos que, lejos de proteger, busquen restringir los derechos de los pueblos indígenas”, advierte el activista.

Con respecto a los megaproyectos, señala que se prevé su consolidación sin cambios de fondo en los criterios judiciales. “No creemos que haya modificaciones —afirma—. Al contrario, lo ocurrido con el Proyecto Integral Morelos probablemente se extienda a otros megaproyectos en el país”.

El abogado señala que este panorama agudizará las problemáticas sociales del país. “Un Poder Judicial corrupto, muchas veces inerte, ignorante y lento, aún conservaba cierta diversidad: había jueces con ética, capacidad profesional y que actuaban como contrapeso frente a intereses económicos y políticos. Sin ese equilibrio, el país se encamina hacia un Estado más monolítico y centralizado, que decidirá el destino de todas y todos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS, CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN, OCTAVIO MARTÍNEZ, ESTRELLA PEDROZA.