Organizaciones, colectivos y víctimas calificaron la decisión de la Corte como un "grave retroceso" y exigieron al máximo tribunal del país garantizar los derechos humanos, recursos y acceso a la justicia.
La controversia surgió a raíz de que el máximo tribunal determinó reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas consideradas regresivas a la Ley de Víctimas y resolvió que es constitucional el cambio por el que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación.
En ese sentido, en un comunicado conjunto con más de 200 firmas, colectivos de búsqueda, madres buscadoras y organizaciones para la justicia sostuvieron que la Suprema Corte “le dio la espalda” a las víctimas.
“La decisión de esta Corte, recién instalada, representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”, enfatizaron en el comunicado.
Asimismo, señalaron la gravedad de que la decisión se adoptó vulnerando el principio de “cosa juzgada”, pues se reabrió una discusión sobre constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas que ya había sido determinada por la Corte anterior.
Expusieron también que la medida también pone en situación de vulnerabilidad directo el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral.
“Sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”.
Exigen asegurar recursos y acceso a la justicia para víctimas
Ante este panorama, las organizaciones hicieron una serie de demandas específicas:
- Instaron a la Corte a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.
- Solicitaron al Poder Judicial y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas, y exigieron que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de las víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos.
- Demandaron a las autoridades federales y estatales que aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones ni desmantelamiento de los instrumentos de asistencia y reparación.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que mantenga vigilancia sobre estos procesos y señale cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas.
Entre las múltiples organizaciones y colectivos firmantes se encuentran Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundación para la Justicia, Fundar, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red TDT, y numerosos colectivos de búsqueda como Buscadoras por la Paz Sonora, Colectivo por Amor a Ellxs, y Madres Buscadoras de Sonora.
#Comunicado
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) November 20, 2025
Las organizaciones, colectivos y víctimas que suscribimos este comunicado nos manifestamos con profunda preocupación y realizamos una enérgica condena ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que implica un grave retroceso para los… pic.twitter.com/exkXRqSl9p
El debate sobre el presupuesto para víctimas
El pasado 18 de noviembre, el pleno de la nueva Corte rechazo, por mayoría de cinco votos, recuperar el presupuesto mínimo destinado para víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos en el país.
En contra de recuperar este presupuesto mínimo del 0.014% del presupuesto votaron las ministras y ministros Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, quienes coincidieron en señalar que la reforma del 2020 otorgó una “mayor protección a las víctimas”.
Mientras que quienes votaron a favor de recuperar este piso mínimo de ayuda a las víctimas fueron los ministros Hugo Aguilar Ortiz -presidente de la Corte-, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía -ponente del asunto-, y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes apuntaron que la nueva reforma no garantiza un “presupuesto mínimo a las víctimas para su atención”.
De esta forma, tras un intenso debate, la Corte desestimó el proyecto de sentencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 6/2024, en la que el ministro Figueroa Mejía declarar como violatoria de la Constitución la reforma al artículo 132, fracción I, de la Ley General de Víctimas, que eliminó la garantía de un presupuesto mínimo para las medidas de “ayuda, atención y reparación” a víctimas del país.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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