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Pena Sin Culpa exige a la SCJN audiencia sobre prisión preventiva

Por: Draco Dracul on jueves, octubre 09, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Pena Sin Culpa enfatizó que su objetivo es exigir transparencia y cumplimiento de la sentencia internacional, así como asegurar que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana.

El colectivo Pena Sin Culpa anunció que este jueves acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la prisión preventiva oficiosa.

Durante su visita, el colectivo solicitará al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz que se utilice la nueva figura de audiencia pública, sostener reuniones con las y los ministros para informar sobre el proceso de cumplimiento ante la Corte Interamericana.

Asimismo, que se plantee el impedimento de dos ministras para conocer del caso, debido a declaraciones previas que podrían indicar prejuzgamiento.

Daniel García Rodríguez, activista, y Simón Hernández León, abogado del caso, explicaron que su acción busca visibilizar los efectos de la prisión preventiva oficiosa, medida que actualmente afecta a más de 43 mil personas detenidas sin sentencia y bajo presunción de inocencia.

Señalaron que la audiencia pública permitiría escuchar a organizaciones de derechos humanos, personas procesadas, familiares de los afectados, colegios de abogacía, universidades, clínicas jurídicas y organismos internacionales como la ONU-DH México.

Precisaron que el objetivo es discutir la situación y generar un espacio de diálogo formal con la Suprema Corte.

El colectivo recordó que la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional, ya que contraviene normas de derechos humanos internacionales y su aplicación indiscriminada genera afectaciones significativas en personas que no han sido sentenciadas.

Destacaron que la medida no solo afecta a los procesados, sino que también tiene repercusiones en sus familias y comunidades, al limitar derechos fundamentales y prolongar la privación de libertad de manera injustificada.

Pena Sin Culpa enfatizó que su objetivo es exigir transparencia y cumplimiento de la sentencia internacional, así como asegurar que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte Interamericana y se abran espacios para escuchar directamente a las personas afectadas.

Finalmente, el colectivo dijo que busca generar un proceso de supervisión más efectivo y garantizar que la SCJN considere las voces de las organizaciones de derechos humanos y de las personas que han sufrido los efectos de la prisión preventiva oficiosa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Retiran proyecto de Esquivel Mossa tras advertencia de organizaciones de riesgo para defensa de derechos colectivos y ambientales

Por: Draco Dracul on jueves, octubre 09, 2025 / Comentarios: 0 , ,

El asunto fue aplazado a solicitud del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quien pidió mantener el asunto en la lista debido a que recibieron una “solicitud de audiencia para escuchar a los interesados en este tema”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar la discusión del proyecto de sentencia de la contradicción de criterios 217/2021, a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, luego de que diversas organizaciones acusaran que dicha propuesta representa un “grave riesgo para la defensa de los derechos colectivos en México, especialmente en materia ambiental”.

El asunto fue aplazado a solicitud del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, quien pidió mantener el asunto en la lista debido a que recibieron una “solicitud de audiencia para escuchar a los interesados en este tema”.

“Este es un asunto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Creo que ella misma también tiene algunas peticiones en este sentido. Le quisiera consultar si nos permite que se mantenga en lista”, señaló el ministro presidente.

“Con mucho gusto. De hecho, ya habíamos enviado un oficio para su retiro”, contestó la ministra Esquivel Mossa durante la sesión de la Corte, celebrada este 9 de octubre de 2025.

Organizaciones critican proyecto de Esquivel Mossa por violar la figura de “interés legítimo”

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, más conocido como Centro Prodh, fue una de las primeras organizaciones en posicionarse en contra del proyecto de la ministra, al señalar que “reduce el alcance del interés legítimo, incluso previo a aprobarse la reforma (a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados)”.

De acuerdo con la organización, lo anterior es así debido a que, aunque dicho proyecto se centra en casos relacionados con el derecho al medioambiente sano, su aprobación podría limitar la defensa de todos los derechos colectivos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo para que organizaciones ambientales no puedan acreditar interés legítimo solo con su objeto social.

“De aprobarse se restringiría el alcance del interés legítimo de organizaciones que defienden derechos a la justicia social o ambiental que acompañan víctimas y comunidades y sería un retroceso en el acceso a la justicia para quienes más lo necesitan”, señaló en Centro Prodh en una publicación en su cuenta de X.

La organización internacional Artículo 19 México y Centroamérica también criticó el proyecto al considerar que, de aprobarse, se pone en peligro a la justicia ambiental y los derechos humanos.

“Las organizaciones firmantes rechazamos que la Suprema Corte convalide este retroceso y hacemos un llamado a las ministras y ministros a reafirmar una interpretación amplia y garantista del interés legítimo. El juicio de amparo debe seguir siendo una herramienta accesible para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. En un país donde la crisis ambiental, la impunidad y la violencia institucional avanzan, limitar el acceso al juicio de amparo equivale a despojarnos de garantías judiciales en la protección de los derechos fundamentales”, señalaron mediante un comunicado firmado por 32 organizaciones.

¿De qué trata el proyecto de sentencia de la ministra Esquivel Mossa?

La contradicción de criterios 217/2021 fue originada por posturas diferentes entre diversos tribunales colegiados federales, en particular respecto a la legitimación de la asociación Greenpeace México para promover un juicio de amparo por la trasgresión al derecho humano a un medio ambiente sano.

En su proyecto de sentencia, la ministra Esquivel Mossa proponía determinar la inexistencia de la contradicción en un tema secundario, pero confirmando su existencia en un punto central: si el objeto social de una organización, plasmado en su acta constitutiva, es suficiente para acreditar el interés legítimo colectivo en asuntos ambientales.

La propuesta establece una metodología basada en preguntas para que los juzgadores evalúen, caso por caso, la afectación a los servicios ambientales y el área de influencia como elementos esenciales para acreditar dicho interés legítimo, concluyendo que el objeto social de una persona moral (organización de la sociedad civil), por sí solo, no es suficiente para demostrar el interés legítimo.

“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el objeto social de una persona moral no es un elemento que, por sí solo y analizado de manera aislada, pueda ser considerado para efectos de acreditar su interés legítimo para acudir al juicio de amparo a reclamar violaciones al derecho al medio ambiente sano, a pesar de que este se hubiese descrito en su acta constitutiva como encaminado a la protección o defensa de los derechos humanos de manera genérica o, específicamente, del derecho al medio ambiente sano”, concluía.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Suprema Corte rechaza atraer asunto para fijar criterio nacional sobre corridas de toros

Por: Draco Dracul on jueves, octubre 09, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

La ministra Lenia Batres argumentó que la Corte debía atraer y discutir el asunto, pues hasta ahora el Máximo Tribunal "no ha terminado de definir un criterio único" sobre las corridas de toros en el país.

Por mayoría de seis votos, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer un asunto relativo a una suspensión relacionada con la celebración de espectáculos taurinos en el país, rechazando fijar un criterio nacional para resolver este tipo de asuntos.

Las ministras y ministros que votaron por no ejercer dicha solicitud fueron las ministras y ministros Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo.

Mientras que las ministras que votaron por sí ejercer el asunto fueron Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra, así como el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

Al intentar defender la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 577/2025, la ministra Batres Guadarrama señaló que se trata de un asunto fuertemente debatido en el país en los que la Corte no ha terminado de definir un criterio único, sin tener éxito en su solicitud.

“Este tema se refiere a la suspensión de actos relacionados con la celebración de espectáculos taurinos. Es un tema que se ha debatido fuertemente en nuestro país, que ha tenido muchos cambios legislativos, y en los que la Corte no ha terminado de definir un criterio único. Me parece que es importante que se atraiga”, señaló. 

La solicitud de atracción fue realizada por magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, para conocer del recurso de revisión en incidente de suspensión 117/2024. 

Segunda Sala determinó que corridas de toros y peleas de gallos no pueden ser patrimonio cultural

El pasado 15 de junio de 2022, la extinta Segunda Sala de la Corte determinó que las corridas de toros y las peleas de gallos no pueden ser declaradas como patrimonio cultural inmaterial en Nayarit, pues son “actividades que generan sufrimiento, agonía e incluso la muerte de especies sintientes, de manera innecesaria o injustificada”. 

Sin embargo, aunque el proyecto del ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán -que recibió cuatro votos a favor y uno en contra- falló a favor de la asociación civil Cuenta Conmigo Tepic, señaló que “no debe entenderse en el sentido de que las peleas de gallos o la fiesta taurina deben prohibirse constitucionalmente”.

Lo anterior, explicó el propio ministro en su proyecto 80/2022, es debido a que esa fue una situación ajena a la del expediente, pues la única pregunta que se le planteó es sobre si tales actividades pueden ampararse o protegerse a través de “derechos culturales con relación al derecho humano a un medio ambiente sano”.

“Esta Sala única y expresamente considera que dichas actividades no son susceptibles de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial, sin hacer algún pronunciamiento que vaya más allá de tal conclusión”, por lo que dejó la puerta abierta para otros amparos que tengan que ver con declarar o no constitucional estas actividades. 

En otras palabras, la Corte rechazó fijar un criterio nacional para resolver este tipo de asuntos, por lo que aún no hay lineamientos a nivel nacional establecidos por el Máximo Tribunal del país que les indique a los jueces y magistrados federales del país cómo resolver este tipo de asuntos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Piden excluir a Yasmín Esquivel y Estela Ríos del debate sobre la prisión preventiva oficiosa

Por: Draco Dracul on jueves, octubre 09, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Daniel García Rodríguez, quien demandó al Estado mexicano ante la CorteIDH, acudió a la Suprema Corte a pedir que las ministras no puedan intervenir en el debate sobre dicha medida.

Daniel García Rodríguez, quien demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por mantenerlo más de 17 años en prisión preventiva, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pedir que las ministras Yasmín Esquivel y Estela Ríos no puedan intervenir en el debate sobre dicha medida. 

Esta mañana, García Rodríguez acudió a la Corte acompañado por Simón Hernández León, abogado del caso, para pedir a la SCJN que reactive la discusión sobre cómo México y sus instituciones deberán cumplir con la resolución emitida a su favor por la CorteIDH en la que la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconvencional por ser aplicada de manera automática en razón del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional.

Hernández León, integrante de la organización Pena Sin Culpa, explicó que solicitaron al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz que los reciba en audiencia pública, conforme al nuevo esquema establecido por la actual conformación de la Corte, para que convoque a todos los sectores involucrados en el caso, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa en México, colegios de abogados, universidades, expertos, la ONU, etc, para fortalecer y robustecer la discusión. 

Asimismo, anunció que solicitaron audiencias con dada uno de los ministros y plantearon los impedimentos contra Estela Ríos y Yasmín Esquivel Mossa para que no intervengan en el debate del expediente de cumplimiento de sentencia internacional 3-2023 relacionado con la resolución de la CorteIDH a favor de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. 

Ello, debido a que el expediente fue turnado a la ministra Ríos quien fue consejera jurídica de la Presidencia durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, como tal, solicitó a la anterior conformación de la Corte que declare la subsistencia de la prisión preventiva lo que el abogado consideró como un prejuzgamiento. 

“Pobres angelitos”

“En el caso de la ministra Yasmín Esquivel-Moza, tiene el amparo directo 5-2025, que es el último recurso pendiente de Daniel García, y ella tuvo expresiones personales, subjetivas, que prejuzgan sobre la responsabilidad penal de Daniel García y Reyes Alpizar, los señaló como ‘pobres angelitos’, que qué bueno que hayan estado encerrados 17 años, porque a su consideración ellos son responsables de un crimen”, explicó el abogado. 

Las declaraciones referidas por Hernández son las que la ministra Esquivel emitió durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 2022 en la que habló sobre el debate que estaba aún pendiente en ese momento ante la CorteIDH. 

“El caso que está en este momento en debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hemos escuchado que estuvieron 16 años en prisión, estos angelitos estuvieron 16 años en prisión y que además de los 16 años en prisión se les torturó y además quiero comentarles que hace más de 20 años el padre de la víctima María de los Ángeles ha estado exigiendo justicia, exigiendo justicia en todas las instancias, es una víctima del asesinato de su hija, una joven abogada de 27 años que había salido un estudiante con excelencia que la asesinaron, era regidora del Partido Acción Nacional, la asesinaron en la puerta de su casa a sangre fría porque ella denunció la corrupción de las bandas delincuenciales de Atizapán”, dijo la ministra. 

En sus declaraciones, Esquivel Mossa explicó que García y Alpízar no recibieron sentencia durante el tiempo que habían permanecido en prisión preventiva porque su defensa tramitó más de 100 recursos de apelación y juicios de amparo, lo que impidió que la entonces juez penal, Estela Fuentes, hoy magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y allegada a la ministra, emitiera su resolución. 

“El abogado de ellos recurría permanentemente lo que le impedía al juez local del Estado de México durante 16 años, de los cuales 10 aproximadamente, la jueza Estela Fuentes, tuvo el asunto y no pudo dictar sentencia”, comentó. 

“Después de 16 años se determinó que habían sido responsables por el delito de homicidio, se les condena a 35 años de prisión. Ahorita están en apelación pero ya un juez federal determinó que se fueran en libertad con un brazalete, el papá sigue exigiendo justicia hoy después de 20 años, están ellos con un brazalete pidiendo una indemnización al Estado mexicano para que les pague (…) Es muy fácil perder la memoria y decir pobrecitos que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión pero 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que se pudieran ellos compurgar su pena”. 

Daniel García Rodríguez comentó, luego de presentar sus peticiones ante la SCJN, que buscan hacer un llamado de atención a los ministros sobre las repercusiones de la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa pues consideró que bajo esta figura los ministerios públicos se han constituido en jueces de facto y la han utilizado como una herramienta de extorsión. 

“Ante la falta de la mediación de un órgano jurisdiccional, pues los agentes del Ministerio Público han encontrado un gran negocio y han establecido desde las barandillas del Ministerio Público, pues la posibilidad de encontrar la libertad o pasar meses o años en la cárcel a partir de extorsiones a abogados y a los propios indiciados”, refirió.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La Corte acepta otro amparo a Elektra por megadeuda al SAT. Es el segundo en 14 días

Por: Draco Dracul on jueves, octubre 09, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Un Tribunal Colegiado de la CdMx había ordenado a Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pagar un crédito fiscal de dos mil millones de pesos, surgido del adeudo del ISR en 2010. La SCJN tiene hasta abril para resolver.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de revisión de Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, de un amparo que interpuso la compañía contra un crédito fiscal de dos mil millones de pesos (mdp), relacionado con la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio fiscal de 2010, apenas 14 días después de haber admitido un recurso en otro caso de la megadeuda del magnate.
"Primero: se admite el presente recurso de revisión", indicó la SCJN en sus listas de notificaciones. El amparo en revisión fue turnado entonces a la Ministra María Estela Ríos González. El acuerdo data del 5 de septiembre, pero la notificación se realizó apenas el miércoles.
Es por ello que a partir de ayer empezó a correr el plazo de seis meses como máximo para solventar el caso, si es que no se desecha antes, ya que la Constitución establece que la Corte deberá "resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente". Es decir, el asunto tendrá que solucionarse a más tardar el 9 de abril de 2026.

La compañía de Salinas Pliego llegó a la SCJN luego de que en junio de este mismo año el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México) determinara no amparar ni proteger a la parte quejosa, es decir, a Grupo Elektra.

La defensa de Salinas Pliego y de Elektra intentó por todos los medios conseguir el amparo, incluso intentando que los integrantes del Tribunal Colegiado se recusaran del caso, pero cada uno de sus argumentos fueron rechazados. Ahora, ha recurrido a la última instancia, un modus operandi del empresario para retrasar lo más posible sus millonarios adeudos de impuestos.

Salinas Pliego, conocido por llevar hasta la fatiga este tipo de recursos dentro del Poder Judicial para evitar el pago de impuestos, tiene una deuda de alrededor de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación.

En el amparo en revisión que revisará la SCJN están incluidos terceros interesados, como el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria (SAT); el Jefe del mismo SAT, Antonio Martínez Dagnino; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La revisión de la Corte tiene que ver con la constitucionalidad de varios apartados de los artículos 24, 25 31, 32 y 68 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pero el tema podría ni siquiera discutirse en el pleno, ya que, en caso de no ser relevante, podría desechar el caso.


Estos apartados están relacionados con la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades residentes, con las deducciones que pueden efectuar los contribuyentes, las inversiones que se pueden deducir y el porcentaje máximo autorizado por la Ley, los porcentajes máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como los impuestos diferidos.

En junio, el Tribunal Colegiado que ahora impugna Grupo Elektra ante la SCJN, resolvió que la empresa de Salinas Pliego debe pagar aproximadamente dos mil millones de pesos producto de un adeudo fiscal por el impago del ISR del ejercicio de 2010.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad que la empresa debe pagar el crédito fiscal, a pesar de que de último momento Grupo Elektra presentó escritos aludiendo una presunta imparcialidad de los juzgadores para dilatar la sentencia.

Los argumentos de Elektra fueron desechados por el Tribunal. Este fallo se suma al emitido el pasado 19 de junio por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que concluyó que la empresa debe pagar otros casi dos mil millones de pesos, pero generados por un adeudo desde 2012.


Para impedir el desarrollo de los litigios, tan sólo a inicios de 2025, el grupo de Salinas Pliego ha interpuesto 38 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos de competencia, y mantiene abiertos 32 juicios en total.

A finales de septiembre, hace apenas 14 días, la nueva SCJN ya había admitido un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, que en ese caso busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 millones de pesos, originario de 2012. Salinas Pliego tiene al menos cinco litigios actuales ante la Corte.

Salinas Pliego y Elektra tienen además un litigio importante en Estados Unidos: hace unas semanas se dio a conocer que el empresario pagó una fianza de 25 millones de dólares en aquel país para evitar ser arrestado por una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc., de acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, especializada en empresas, negocios y finanzas.

El multimillonario mexicano le debe 565 millones de dólares a otros estadounidenses tenedores de deuda, además del adeudo acumulado 74 mil millones de pesos (unos cuatro mil 031 millones dólares al tipo de cambio de hoy) que tiene con el SAT, entidad recaudatoria que depende de la Secretaría de Hacienda en México.


Salinas Pliego, dueño de Elektra, TV Azteca y Banco Azteca, tiene una fortuna de siete mil 500 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Pero Forbes sostiene que el capital del mexicano y su familia es dos mil millones de dólares menor, es decir, de cinco mil 500 millones de dólares. Sea cual sea el cálculo, sus deudas se comen ya gran parte de sus activos.

A las megadeudas de Salinas Pliego se suma que el 30 de septiembre  la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó de la suspensión a partir de ese día de la cotización de las acciones del Grupo Elektra, luego de su anuncio a fines de 2024 de deslistarse de este índice.
"Esta Bolsa de Valores suspende a partir del día de hoy, 30 de septiembre de 2025, la cotización de los títulos representativos del capital social de emisora antes mencionada identificados con clave de cotización ELEKTRA. Este informe lo realiza la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para todos los efectos a que haya lugar", indicó la BMV en un comunicado.
Esto, añadió, considerando la información previamente divulgada por la emisora denominada Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., referente a dejar de mantener sus acciones representativas del capital social inscritas en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dado que a esta fecha la citada emisora ha manifestado que por el proceso de cancelación antes mencionado no está en posibilidades de alcanzar el porcentaje mínimo de su capital social distribuido entre el público inversionista conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.


El 27 de diciembre de 2024, los accionistas de Grupo Elektra avalaron cambios relevantes en la compañía, como la designación del nuevo presidente del Consejo de Administración, mientras el fundador de la compañía, Salinas Pliego, asumió un cargo honorario, y la salida del conglomerado de la BMV.

El empresario, que desde hace dos años se ha convertido en archienemigo del Gobierno de México, niega deber tanto a los tenedores de bonos de deuda como al SAT y tampoco reconoce la deuda con AT&T Inc., según Bloomberg. Ahora, Salinas Pliego incluso ha sugerido que podría entrar en la arena política.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Corte niega amparos contra la Ley Minera de AMLO; no afecta derecho a la igualdad ni principio de irretroactividad, señalan

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 08, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Por unanimidad de votos, las ministras y ministros de la Corte declararon la validez del Decreto de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Minería, Aguas Nacionales y otras normativas medioambientales, publicadas en mayo de 2023.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó otorgar dos amparos interpuestos por dos personas (una física y una moral) en contra de la reforma a la Ley Minera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que las modificaciones no fueron violatorias al derecho a la igualdad y el principio de irretroactividad. 

De esta forma, por unanimidad de votos, las ministras y ministros de la Corte declararon la validez del Decreto de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Minería —en particular en lo que tiene que ver a las concesiones mineras— Aguas Nacionales y otras normativas medioambientales, publicadas en mayo de 2023.

 En julio de 2024, la antigua integración de la Corte publicó el acuerdo 3/2024 por el que ordenó a todos los juzgados y tribunales del país congelar temporalmente las resoluciones de amparos y recursos en contra de la reforma a la Ley Minera, dado que sería el Máximo Tribunal la instancia encargada de resolver en definitiva sobre su constitucionalidad.

La discusión en la nueva Corte sobre la Ley Minera

La discusión celebrada en la sesión del Pleno versó sobre dos proyectos de sentencia elaborados por la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, en los amparos en revisión 422/2024 y 26/2025, que trataban sobre el cambio en el proceso para otorgar concesiones mineras.

En ambos casos, la ministra Batres propuso revocar las sentencias iniciales de amparo concedidas por jueces de distrito tanto a un ciudadano identificado como Miguel Antonio Delgadillo Acuña y a la empresa Grupo SLA Mining, que argumentaron “vicios en el procedimiento legislativo de urgente resolución” que dio vida a la reforma a la Ley Minera. 

La razón principal para proponer revocar dichas sentencias y ordenar terminar o concluir el procedimiento legal de los juicios de amparo fue tras asegurar que ambos particulares carecían de “interés jurídico” o “legitimación” para reclamar vicios en el procedimiento legislativo y porque los artículos impugnados no les fueron aplicados directamente. 

Así, al votar a favor de la propuesta de la ministra Lenia Batres, las ministras y ministros reiteraron que las impugnaciones a los llamados vicios en el procedimiento legislativo sólo competen a los legisladores, no a los particulares, y declararon la validez de las reformas de mayo de 2023, que redujeron de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras y de 50 a 25 años la prórroga a estas concesiones. 

Ministros niegan que Ley Minera afecte derechos a la igualdad y retroactividad

Al pronunciarse por la validez de estas disposiciones, la Corte también negó que la Ley Minera de AMLO fuera violatoria a los derechos a la igualdad y el principio de irretroactividad. 

En primer lugar, sobre el derecho a la igualdad, las dos personas que interpusieron sus juicios de amparo señalaron que se había provocado un perjuicio en su contra porque se les trataba distinto al Estado.

Al participar en la discusión, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, negó que la Ley Minera afectará este derecho, pues el Estado tiene rectoría sobre estos temas, particularmente sobre recursos estratégicos propiedad de la nación. 

“Es difícil sostener que el particular está en un plano de igualdad con el Estado, porque estamos frente a recursos estratégicos que son propiedad originaria de la Nación, en donde el Estado no puede tener el mismo nivel que un particular o el principio de libertad de competencia, pues es un área estratégica que no está sujeta, no se rige por este principio de libre competencia, aquí hay rectoría del Estado en el aprovechamiento y esta riqueza de la Nación”, señaló.  

Sobre el principio de irretroactividad —que prohíbe que una ley nueva se aplique a situaciones o hechos jurídicos que ocurrieron antes de su entrada en vigor, si dicha aplicación resulta en un perjuicio para una persona—, la Corte concluyó que no hubo tal violación, porque no había derechos adquiridos por parte de las personas quejosas.

Es decir, que no habían adquirido un derecho para explotar recursos minerales del país previo a la publicación de la reforma. 

La ministra Loretta Ortiz Ahlf agregó que no se vulnera el principio de irretroactividad de la ley, pues las concesiones son exclusivamente para particulares puedan hacer el aprovechamiento momentáneo de recursos con permiso del Estado. 

“No se debe perder de vista que una concesión en materia minera no crea derechos de este tipo, ya que solo es un permiso para que un particular aproveche los bienes que originalmente pertenecen a la Nación en los términos del artículo 27 Constitucional, razón por la cual, el Estado puede variar las normas sobre dichos bienes, atendiendo (como he mencionado en otros asuntos) a las razones de orden público e interés social, e incluso a los descubrimientos de la ciencia, a fin de lograr una explotación sostenible, redituable y benéfica para la Nación”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Suprema Corte podría limitar acceso a juicios de amparo ambiental: Leopoldo Maldonado

Por: Draco Dracul on miércoles, octubre 08, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

El director de Artículo 19 alerta que reformas podrían limitar el interés legítimo para ONG, poniendo en riesgo los avances en defensa del medio ambiente.

Durante Aristegui en Vivo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, advirtió sobre los riesgos que enfrentan los avances en el reconocimiento del interés legítimo para defender un medio ambiente sano.

Explicó que existe una iniciativa oficialista que busca restringir el acceso a los juicios de amparo para organizaciones que defienden derechos ambientales, recortando así una herramienta clave para la protección ambiental.

“Esto acabaría con los avances que ya teníamos”, alertó Maldonado durante la entrevista.


Recordó que numerosas organizaciones han logrado revertir omisiones legislativas y defender derechos gracias a que en sus estatutos incluyen la protección del medio ambiente, la libertad de expresión y la transparencia.

“El acta constitutiva es el punto de partida para acreditar la actividad de una organización en litigios”, afirmó, y señaló que la Suprema Corte de Justicia discutirá próximamente este tema, que podría cambiar la metodología para definir qué organizaciones tienen derecho a defender estos intereses.

Maldonado concluyó que “se están poniendo mayores barreras y restricciones, y estaremos muy atentos a lo que ocurra”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El tiktoker de Arturo Zaldívar regresa a la Suprema Corte; ganará 34 mil pesos al mes

Por: Draco Dracul on viernes, septiembre 26, 2025 / Comentarios: 0 , ,

Cristian Edgar Guerrero Flores, mejor conocido en redes sociales como Cristian Magazo, fue contratado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.

Cristian Edgar Guerrero Flores, mejor conocido en redes sociales como Cristian Magazo y por ser el influencer que asesoró a Arturo Zaldívar en los últimos meses de su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promocionar su imagen en TikTok, fue recontratado en el máximo tribunal. 

Esta vez el influencer, quien también vendió cursos de redes sociales para candidatos a jueces y magistrados a través del Colegio Comprender con un costo de 18 mil pesos, fue contratado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, cuya imagen en la campaña electoral judicial se viralizó como “el ministro chicharrón”. 

De acuerdo con el directorio de funcionarios públicos de la SCJN, Cristian Guerrero Flores tiene plaza de técnico operativo en la ponencia de Guerrero García, en la que gana 34 mil 430.51 pesos mensuales libres de impuestos. 

Además de las prestaciones de ley, cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, fondo de reserva individualizado, ayuda de despensa, vestuario, ayuda al personal operativo, apoyo de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, entre otras.  

Según el Manual General de Puestos de la SCJN vigente en 2025, como técnico operativo, Guerrero Flores sólo maneja información confidencial, pero no valores, y sólo debe acreditar tener estudios de nivel medio y dos años de experiencia laboral. 

En los últimos cinco meses del año 2022, Guerrero Flores consiguió un contrato con Zaldívar por 93 mil 522 pesos mensuales para asesorarlo y generar contenido en su cuenta de TikTok y otras redes sociales.  

Una vez que Zaldívar concluyó su cargo como presidente de la Corte, el influencer fue contratado en la ponencia del ahora ministro en retiro como asistente de gestión y seguimiento. 

En ese puesto ganaba 36 mil 117.8 pesos mensuales libres de impuestos y manejaba información confidencial y valores, por lo que su designación era libre, es decir, que Zaldívar tenía a su disposición la plaza para asignarla a quien él quisiera. 

En aquel momento el Manual requería preferentemente contar con título y cédula profesional afín a sus funciones y dos años de experiencia profesional y/o laboral. 

Sin embargo, el mismo creador de contenido reveló en una transmisión en vivo en la plataforma TikTok que no contaba con título profesional, pero que él estaba capacitado para temas de comunicación digital. 

Para el 18 de mayo de 2023, luego de darse a conocer el contrato que consiguió con Zaldívar y su posterior llegada a la Corte, Cristian Magao presentó su renuncia al máximo tribunal y afirmó, en redes sociales, que consideró que él y la institución tomaron “rumbos diferentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Secretario del presidente de la SCJN es ministro de culto de La Luz del Mundo: exintegrante

Por: Draco Dracul on jueves, septiembre 25, 2025 / Comentarios: 0 , , ,

Sharim Guzmán, exintegrante de La Luz del Mundo, señaló en ‘Aristegui en Vivo’ que la iglesia evita registrar oficialmente a sus ministros de culto para facilitar su participación en cargos públicos y mantener influencia en los tres poderes de gobierno.

Sharim Guzmán, exintegrante de la Iglesia La Luz del Mundo, denunció públicamente la participación de miembros de esa organización religiosa en cargos estratégicos del Poder Judicial, incluyendo a Job Daniel Wong Ibarra, actual secretario auxiliar en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Guzmán aseguró: “Hasta un ministro de culto, que era Job Daniel Wong, participó como candidato a magistrado, y que hoy es secretario del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un empleado de Naasón Joaquín”.

El exintegrante explicó que durante el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial, él y otros ciudadanos presentaron denuncias formales ante diversas instituciones, incluyendo el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Dirección de Asuntos Religiosos.

“Nosotros, en la pasada elección, como ciudadanos, como exmiembros, lo señalamos por ser ministro de culto y participar en la elección judicial. Llevamos documentos ante la presidenta, ante el Instituto Nacional Electoral, con Ernestina Godoy, a la directora de Asuntos Religiosos, donde le argumentábamos de alguna manera y le informábamos que este personaje era un ministro de culto.”


De ministro de culto a funcionario judicial

Guzmán señaló que La Luz del Mundo evita registrar oficialmente a sus ministros ante la autoridad correspondiente, lo que permitiría a sus integrantes participar en funciones públicas sin restricciones legales.

“La Luz del Mundo no registra a todos sus ministros de culto porque tienen proyectos alternos para ellos. Por ejemplo, hay 16 obispos de La Luz del Mundo; de esos 16, solo 2 están registrados como ministros de culto. Pero ojo: ni Naasón Joaquín está registrado como ministro de culto. El líder de La Luz del Mundo.”

En el caso específico de Job Daniel Wong, Guzmán afirmó que, aunque no está registrado formalmente como ministro, existen evidencias de su labor como líder religioso. “No está registrado ante la Dirección de Asuntos Religiosos como ministro, pero existen las pruebas que demuestran que él lideraba tanto grupos evangélicos como una iglesia. Y no solo las pruebas: yo lo conozco personalmente a Job Daniel”.

Relató que Wong inició su actividad religiosa en Baja California. “Sí, él es de una familia de Tijuana, que, por cierto, su tía es diputada suplente también de La Luz del Mundo por Morena, Martha Wong, y él se casó con una muchacha de Ensenada que yo conozco muy bien. Yo soy de Ensenada, y su primera ‘obra’, que es lo que le llaman ‘obreros’, fue en un poblado llamado Camalú. Él inició su vida, vamos a decir religiosa, dirigiendo alrededor de los años 2012, 2013, más o menos”.

Respecto a la actual posición de Wong en la Suprema Corte, Guzmán afirmó: “Hoy este personaje, Job Daniel Wong, está ganando más de 100,000 pesos siendo asesor del presidente de la Suprema Corte”.

Presencia en los tres poderes del Estado

Criticó además lo que considera una estrategia sistemática de la iglesia para influir en los tres poderes del Estado. “Tienen ojos, tienen oídos y tienen voz en los tres poderes del Estado: en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Y en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal”.

Sharim Guzmán también mencionó a otras personas presuntamente vinculadas a La Luz del Mundo, que actualmente ocupan cargos dentro del Poder Judicial en distintas entidades del país. “Tienes a Madián Menchaca, que es jueza administrativa en Jalisco, cuyo papá es uno de los líderes de La Luz del Mundo y pastor, que inclusive Nicolás está dentro de la carpeta de investigación en México”.

Según Guzmán, este pastor, junto con Rogelio Zamora Barradas y Josué Mora, habría intentado silenciarlo a él y a su esposa cuando denunciaron abusos en 2016. “Lo hemos clamado, y le hemos pedido a este gobierno que se judicialice esta carpeta de investigación. Donde hay más denunciantes que tienen miedo, y que hoy, cuando ven que existe la reforma judicial, y ven que van candidatos de La Luz del Mundo, tienen miedo”.

Añadió que también hay presencia en otras entidades federativas. “En Chihuahua está otra jueza federal, Salma Anahí Jaanai Martínez. En la Ciudad de México hay otros”. Además, advirtió sobre el caso de otra jueza federal con presuntos vínculos con la iglesia. “En Jalisco también tienen otra jueza federal, de nombre Eloísa Rafael, y es jueza federal penal”.

“Y de igual manera, tienes a Hamlet García Almaguer, el principal vocero de la reforma judicial, vocero de Claudia Sheinbaum; a Israel Zamora, los voceros de Claudia Sheinbaum teniendo la información de primera mano”, dijo.

Guzmán concluyó que estas condiciones dificultan a las víctimas alzar la voz. “Así de difícil es luchar contra La Luz del Mundo. Y por eso mismo, las víctimas no hablan, tienen miedo”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hugo Aguilar reducirá 40% de personal tras reportaje de EMEEQUIS

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

“Esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1º de octubre, quedando integrada por 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo”, señala Hugo Aguilar, aunque otras áreas quedarán igual.

Tras un reportaje de Jorge García Orozco publicado por EMEEQUIS, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recortará su plantilla en un 40%. En un comunicado, la institución encabezada por el ministro Hugo Aguilar explicó, sobre “la información que se ha dado a conocer”: 

“Con este propósito, cuenta con una ponencia conformada por 8 secretarios de estudio y cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. Esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1º de octubre, quedando integrada por 7 secretarios de estudio y cuenta, 8 secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo”. 

Sin embargo, el texto señala que la presidencia “mantiene una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de las y los demás ministros; está integrada por 1 coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, 5 secretarios auxiliares, 1 dictaminador y 15 personas de apoyo operativo”.
Asimismo, el equipo de la presidencia de Hugo Aguilar permanecerá con 10 personas, incluido el propio ministro: “Entre las nuevas medidas adoptadas, destaca una reducción del personal de seguridad adscrito a la Presidencia, el incremento en la frecuencia y duración de las sesiones del Pleno, que ahora se realizan cuatro días a la semana; así como, llevar a cabo sesiones en distintas regiones del país”. 

Cabe mencionar que la anterior ministra presidenta, Norma Piña, contaba con seis asesores en la Presidencia, tres menos que Aguilar.

Según el reportaje del periodista Jorge García Orozco publicado en EMEEQUIS, la nueva Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz desde septiembre de 2025, ha iniciado funciones con un equipo de 97 asesores, cuyo costo mensual asciende a más de seis millones de pesos.

Estos colaboradores se distribuyen en tres áreas principales: la ponencia del ministro presidente, la Oficina de la Presidencia y la Coordinación General de Asesores. La cifra representa un crecimiento respecto a gestiones anteriores, como la de Norma Piña, que contaba con menos asesores directos, aunque también se explica por la ampliación de atribuciones de la ponencia del presidente, ahora encargada de elaborar proyectos que serán discutidos en el Pleno de la Corte.

Dentro de este grupo destaca la incorporación de perfiles polémicos y mediáticos. Por un lado, se encuentra Vidulfo Rosales, abogado reconocido por su papel como representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien renunció recientemente a su labor en defensa de derechos humanos para integrarse como secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN. Por otro lado, figura Daniel Wong Ibarra, quien previamente participó en actividades vinculadas a la Iglesia de la Luz del Mundo y ahora funge como secretario auxiliar en la ponencia de Aguilar Ortiz. Estos nombramientos han generado debate sobre la orientación del nuevo presidente y el tipo de asesores que privilegia en su gestión.

El propio ministro Aguilar ha respondido a cuestionamientos sobre el número de asesores señalando que no se trata de simples “asesores”, sino de Secretarios de Estudio y Cuenta y personal administrativo, con funciones específicas en el análisis jurídico y la elaboración de proyectos de resolución.
Sin embargo, documentos consultados en el portal oficial de la SCJN muestran la nómina detallada y los montos que perciben estos funcionarios, varios de los cuales superan los 100 mil pesos mensuales. Así, el inicio de esta administración se da bajo un clima de escrutinio público respecto a la transparencia, la pertinencia del gasto y la independencia que deben caracterizar al máximo tribunal del país.

De hecho, el cálculo de EMEEQUIS se quedó ligeramente corto: de acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte, Hugo Aguilar tiene 102 personas bajo su cargo.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Presidencia de la SCJN a cargo de Hugo Aguilar tiene 97 asesores que cuestan más de 6 millones mensuales

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 23, 2025 / Comentarios: 0 , ,

De acuerdo con una revisión a la nómina a cargo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con 97 personas a su cargo. El ministro niega que sean tantos, a pesar de que son datos obtenidos del propio portal de la SCJN.

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entró en funciones en este mes de septiembre, tiene 97 asesores que cobran, en conjunto, 6 millones 058 mil pesos mensuales. 

Estos asesores están divididos en tres grupos: 60 pertenecientes a la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz; nueve más, que pertenecen a la Oficina de la Presidencia de la Suprema Corte, y 28 funcionarios del ámbito de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Los 60 asesores pertenecientes a la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz cobran 3 millones 278 mil pesos al mes. Los nueve asesores que pertenecen a la Oficina de la Presidencia de la Suprema Corte cobran 637 mil pesos en conjunto y, para finalizar, los  28 asesores que pertenecen a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobran 2 millones 106 mil pesos.

Norma Piña, la anterior presidenta de la Suprema Corte, tenía seis asesores en la Oficina de la Presidencia, tres menos que Hugo Aguilar. 

De acuerdo con un análisis publicado por El Financiero en 2018, los 11 ministros (ahora son nueve) tenían a su cargo 742 colaboradores, 70 por cada uno en promedio, a quienes el Estado pagaba 44 millones de pesos al mes.

LA CORTE AHORA TIENE NUEVAS FUNCIONES

Ahora la ponencia del ministro presidente también estudia proyectos para presentar en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lleva a que se tenga una mayor cantidad de asesores en la Corte.

Sin embargo, el número de asesores registrados en el directorio sí recibió un incremento respecto a ponencias pasadas, solamente detrás de la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que tiene 78 asesores.

VIDULFO ROSALES Y UN ABOGADO LIGADO A IGLESIA

La Corte confirmó este sábado la integración de Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia, bajo la dirección del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. 

La designación fue un cambio de rumbo en la trayectoria de Rosales, pues durante años se dedicó a la defensa de los derechos humanos y fungía como vocero de los padres de Ayotzinapa.

Rosales, originario de Guerrero, renunció el 20 de agosto pasado a su cargo como director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y a la representación legal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. 

En su momento, atribuyó la salida a motivos personales y de salud, aunque rumores ya lo vinculaban con la nueva SCJN tras una reunión de trabajo con Aguilar Ortiz un mes antes de la toma de protesta de los ministros electos.

En su nuevo rol, Rosales revisará asuntos presentados al Pleno de la Corte, elaborará proyectos de resolución y asesorará directamente al presidente del máximo tribunal. 

Según el portal oficial de la SCJN, percibe un salario bruto mensual de 167 mil 671.23 pesos, equivalente a un neto de 118 mil 138.37 pesos, más prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y seguros médicos.

En la ponencia de Hugo Aguilar también está Daniel Wong Ibarra, quien participara como ponente en las estrategias de evangelización de la Iglesia de la Luz del Mundo, que cobró notoriedad por el arresto en Estados Unidos de su líder, Naasón Merarí Joaquín García, por cargos de tráfico sexual.

Wong es ahora secretario auxiliar en la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la SCJN, donde cobra 97 mil pesos, además de sus respectivas prestaciones. 

RÉPLICA DEL MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR

Al ser consultado sobre si contaba con 97 asesores en total, entre los de su ponencia, los de la Oficina de la Presidencia y los de la Coordinación General de Asesores, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz replicó que próximamente proporcionaría los números exactos:

“Buenas noches. Gracias por la consulta. No es así. En principio mantengo lo que aquí ha habido desde siempre en cuanto a asesores. Lo que cambia es que ahora solicité y me fue autorizada una ponencia por lo que no son asesores sino Secretarios de Estudio y Cuenta. No tengo ahora los números precisos. Mañana se los puedo proporcionar. Pero le puedo decir que la ponencia son aproximadamente 40 Secretarios de Estudio y Cuenta en las distintas categorías que existen incluyendo personal operativo y oficiales administrativos. Lo mismo ocurre en la Coordinación de Asesores son aproximadamente 25 incluyendo Dictaminadores, personal operativo y oficiales administrativos. Nuevamente gracias por la consulta. Mañana le puedo dar las cifras precisas.”

Aquí los hallazgos realizados por EMEEQUIS en el propio sitio oficial de la Suprema Corte, en cuanto a las ponencias y sus respectivos empleados, así como los montos mensuales que reciben de sueldo, muchos de los cuales pasan de 100 mil pesos:

Asesores de Coordinación General de Asesores de la Presidencia

Nombre

Sueldo

Ochoa Hernandez Blanca Alicia

$114.350,00

Ortega Ramírez Leandra Jaquelina

$90.832,00

Peralta Orozco Alfredo

$118.138,00

Plata Álvarez Mario Eduardo

$79.629,00

Ramírez Sánchez Andrea Bibiana

$22.140,00

Rivas Acuña Israel

$79.659,00

Rosales Sierra Vidulfo

$118.138,00

Rosas Celis Nancy Mariana

$42.136,00

Rosete Saavedra Marco Antonio

$35.205,00

Santos Coy Suárez Carlota

$19.827,00

Suárez Quintero Adriana Inés

$27.375,00

Tovar Rivera Miriam

$42.136,00

Vega Luna José

$90.832,00

Velasco Fernández María de los Dolores

$35.205,00

Caltenco Pérez Ana Paulina

$19.827,00

Castañeda Solís Jocelyn

$27.375,00

Cortes Cosme Karla Estefanie

$89.656,00

Cruz Nuñez Italletzi Ruth

$104.407,00

Esquivel Adame Edith Guadalupe

$104.407,00

Garcia José Irasema Fabiola

$27.908,00

Gómez Hernández María Antonieta Ivonne

$64.746,00

Gutiérrez Gatica María de los Ángeles

$79.659,00

Hernandez Cohetero Hermes

$27.410,00

López Ponce de León Pedro

$118.138,00

López Vergara Iveth

$118.138,00

Loya Guerrero Alejandra

$120.659,00

Michel Regalado Carlos Eduardo

$118.138,00

Monterrosas Castorena Ricardo

$118.138,00

Muñoz García Ivonne Karilu

$52.008,00

Total:

$2.106.216,00

Ponencia Hugo Aguilar Ortiz

Nombre

Sueldo

Alcocer Calderón Cristofer Yael

$19.827,00

Arizmendi Guadarrama María Celina

$61.734,00

Arroyo Hernández Marco Esteban

$42.136,00

Barroso Fernández Andrea Silvia

$55.978,00

Bazán Beraud Luis

$55.978,00

Bernal Hernández Marisol

$55.978,00

Bruno Vargas Bertha

$55.978,00

Contreras Herrera Iratze

$55.978,00

Cortes Araujo Janitzin Hortensia

$58.268,00

Cristiani León Alejandra Gabriela

$67.557,00

del Olmo Guerrero Josefina

$58.268,00

Delgadillo Martínez Liliana

$42.136,00

Delgadillo Villegas Noemí

$42.136,00

Díaz Alvarez Gustavo Octavio

$31.625,00

Duarte Rosas Jesús Jordán

$42.136,00

Escobar Fernández Ariana

$118.138,00

Flores Montiel Angélica

$27.375,00

García Fragoso Oscar

$22.140,00

García Montoya Myrna

$42.136,00

Gómez Rodríguez Irma

$118.138,00

Gomez Vázquez Rosa

$79.659,00

González Barrera Pablo Emilio

$16.470,00

González Gámez Ana Lucia

$19.827,00

González López Dolores Guadalupe

$100.033,00

Govea Barraza Arturo

$42.136,00

Guerrero Comonfort Simitrio

$90.832,00

Gutiérrez Sánchez Fabián

$89.565,00

Hernández Hernández Everardo

$34.430,00

Hernández Meza Aurea

$67.557,00

Herrera Villanueva Ericka Paulina

$42.136,00

Hutin Stalhandske Christelle Cordelia

$42.136,00

Isidro Vicente Omar

$89.565,00

Jiménez Tinajero Angel Alberto

$22.140,00

Leonel de Cervantes Sosa Sergio Omar

$42.136,00

Lomelí Gutiérrez Alberto Pablo

$42.136,00

López Portillo Estrada Eleana Angélica Karina

$42.136,00

Luna Domínguez Claudia

$42.136,00

Luna Hernández María Fernanda

$22.140,00

Manríquez Pérez Angélica

$79.659,00

Martínez Camacho Gerardo

$42.136,00

Méndez Mendoza Gustavo Daniel

$42.136,00

Mendoza González Rubén Ernesto

$89.565,00

Miranda Torres Laura Elizabeth

$118.138,00

Morales Albino Madai

$42.136,00

Montero Alvarez Karla Daniela

$31.625,00

Morán Alvarado Ivonne

$42.136,00

Paredes Hernández Minerva

$41.977,00

Plácito Salado Casandra Sarahí

$27.410,00

Puente Zamora Diana Minerva

$100.033,00

Ramírez González Adriana Astrid

$36.205,00

Rodríguez Vargas Guadalupe Milagros

$42.136,00

Rodríguez Junquera González Daniela

$42.136,00

Rojas Perez Luis Alberto

$34.430,00

Sánchez Mendoza Giovanni Antonio

$46.635,00

Sánchez Parra Gerardo

$22.140,00

Silva Juárez Alfredo

$119.741,00

Torres Maldonado Marisol

$42.136,00

Valtierra Ramírez Luis Alberto

$19.827,00

Vega de la Mora María Trinidad

$118.138,00

Wong Ibarra Job Daniel

$97.239,00

Total

$3.278.524,00

Oficina de la Presidencia


FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.
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