Una jueza ordenó revisar la solicitud de imputar a las empresas Ocesa y Servicios de Protección Privada Lobo, a las que la fiscalía capitalina había deslindado hace apenas unos días de responsabilidad en los hechos.
En un comunicado difundido este jueves, la familia señaló que un día antes fueron recibidos por el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde, durante una audiencia de omisiones, una jueza de control ordenó revisar la solicitud de imputar a las empresas Ocesa y Servicios de Protección Privada Lobo, a las que la fiscalía capitalina había deslindado hace apenas unos días de responsabilidad en los hechos.
La jueza también instruyó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a concluir los actos de investigación pendientes, emitir una nueva resolución, dejar sin materia las audiencias iniciales, sustituir a la ministerio público encargada del caso y garantizar un trato igualitario hacia las familias de las víctimas.
Luis Raúl Giles Martínez, padre de Citlali Berenice, celebró las resoluciones judiciales durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves en las inmediaciones de los juzgados penales de la Ciudad de México, donde se dio a conocer el amparo otorgado. Calificó la decisión como “un respiro” en su búsqueda de justicia, aunque advirtió que “todavía falta mucho por resolver”.
“Gracias a la defensa que hemos tenido, gracias al dictamen que dio ayer la jueza Morales, y gracias a la atención que tuvimos el día de ayer de la ministra María del Carmen Sánchez que escuchó nuestras peticiones, gracias a todas a estas personas hemos hecho una brecha, pudimos rasgar el sistema, y por fin podemos respirar un poco más, dijo Giles Martínez.
Y señaló: “Si esa primera audiencia se hubiera hecho ya conforme a derecho, ya estaríamos tronados, nuestra hipótesis ya estaría trona al 100%. Entonces, para nosotros es un respiro nada más, pero todavía hace falta mucho qué resolver”.
El pasado 1 de octubre de 2025, la fiscalía de la Ciudad de México comunicó que tras una investigación exhaustiva del caso —que incluyó más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videos— se promovieron acciones penales contra ocho personas físicas y tres personas morales, además de mecanismos de reparación del daño para las familias.
No obstante, determinó que Ocesa no fue organizadora del festival ni tuvo calidad de garante del evento; su participación, aseguró, se limitó a servicios de control de accesos y comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapsó ni con el Programa Especial de Protección Civil.
En el mismo sentido, afirmó que la empresa Seguridad Privada Lobo únicamente proporcionó seguridad privada y control de accesos, sin responsabilidad sobre la supervisión de las estructuras.
Sobre las decisiones judiciales a favor de la familia Giles Rivera, su abogado, Fabián Victoria, las calificó como un avance significativo: “La fiscalía está obligada a obedecer lo que la jueza de control ordena; de no hacerlo cometería desacato. Queremos esperar que revisen las pruebas y atiendan nuestras acusaciones que son fundadas y documentadas”, señaló.
En cuanto a la solicitud de que la ministerio público que ha llevado el caso se aparte de la investigación, la familia explicó que es por presuntas omisiones y a fin de que una nueva autoridad pueda atender el caso con “un trato más humano y empático”.
“Estamos agotados emocionalmente, lidiando con el duelo por la pérdida de mi hija y contra la violencia institucional. Este acto nos da una pequeña luz en medio de tanta adversidad”, agregó Raúl Giles.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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