El 29 de septiembre de 2022, un “grupo internacional de hackers”, autodenominados Guacamaya, compartieron al medio digital Latinus -través del programa semanal que conduce el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, quien calificó la filtración como “la más grave vulneración a la ciberseguridad del Gobierno de México en su historia”-, al menos seis terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluyeron textos, archivos adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, que databan desde el año del 2016, hasta septiembre del 2022.
“Todos nuestros sistemas de comunicaciones, de transmisiones, son encriptados. Técnicamente todos son encriptados. De lo que pasó en Guacamaya, fue una falla humana y no eran encriptados. Eso era internet común. Todos están encriptados, todos son medios seguros y están funcionando todos adecuadamente”, explicó el actual titular de la DEFENSA, durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el general fue cuestionado respecto a un informe de la estadounidense Universidad de San Diego, con sede en California, que reveló la posibilidad de interceptar datos de satélites no encriptados, vinculados a instituciones como el Ejército y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En respuesta, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que las comunicaciones militares operaban bajo medios seguros y que no existía evidencia de que información clasificada hubiera sido interceptada. “No han ingresado. No tenemos ningún indicio de que hayan ingresado o que hayan obtenido esa información. Desconozco cuál sería su fuente o cómo se hizo el estudio”, señaló.
El 15 de febrero de 2023, Luis Cresencio Sandoval González, entonces titular de la SEDENA afirmó que el “hackeo” a servidores de dicha institución, realizado por el colectivo internacional autodenominado Guacamaya Leaks, no puso en riesgo la seguridad nacional.
Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las instalaciones del Campo Militar Número 1, ubicado en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el general fue cuestionado respecto a la filtración de correos y documentos referentes a operativos de seguridad, contratos del Ejército e incluso la salud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo de la cibernética […] Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, en Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”, confirmó el propio López Obrador, el 30 de septiembre del 2022, durante su conferencia de prensa matutina.
Sin embargo, el Gobierno Federal indicó, en un comunicado, emitido el 23 de marzo de 2023, que “algunos documentos difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos” y “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.
“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente”, insistió el Gobierno de México.
“Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”, señaló el Gobierno Federal.
‘Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional’, indicó el encabezado del comunicado del Gobierno de México, el cual destacó que “todo el esfuerzo de inteligencia se dirige a combatir la delincuencia organizada y narcotráfico; solo han sido detenidas personas que están relacionadas con estos delitos”.
Asimismo, el Gobierno Federal encabezado en ese entonces por el presidente López Obrador, enfatizó que las “instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia sólo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez”.
Ello, según el Gobierno de México, con base en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, “la inteligencia es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, y el ciclo de inteligencia es el proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para la toma de decisiones”.
“Este proceso comprende las etapas de planeación, recolección, procesamiento y análisis; difusión y explotación, y retroalimentación. De acuerdo con los artículos 5, fracciones III, V y XI, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional y 100 de la Ley de la Guardia Nacional, las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de manera conjunta con otras dependencias, trabajan en recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública”, detalló el comunicado del Gobierno Federal.
No obstante, el Gobierno de México afirmó que los “procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.
“Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional, contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años”, insistió el Gobierno entonces encabezado por López Obrador.
“Las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas -redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos-, así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país”, agregó el Gobierno Federal.
“En el contexto del combate al narcotráfico, las denuncias anónimas juegan un papel preponderante, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de las estructuras del narcotráfico generadoras de violencia, además de sus entramados financieros, logísticos y de personal”, abundó el Gobierno de México.
“El artículo 16 constitucional refiere que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto sólo el juez puede valorar el alcance y autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Por tal motivo, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez”, expresó el Gobierno Federal.
“La Constitución refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas”, dijo el Gobierno de México.
La Administración encabezada por López Obrador recordó que durante lo que iba de ese sexenio, las autoridades judiciales habían detenido a mil 393 personas. De ellas, 27 las catalogó como “relevantes” por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando: Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón” -hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”-, José Guadalupe ‘N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.
“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada. Finalmente, con el desarrollo de productos de inteligencia ha sido posible llevar a cabo la detención de otros blancos generadores de violencia, así como el aseguramiento de enervantes y armamento”, finalizó el Gobierno Federal.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ AEVEDO.
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