La Asociación de Internet MX dijo que los diputados tomaron la decisión de aprobar reforma al código fiscal, pese a las advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron escuchadas por parte del proceso legislativo.
En un comunicado, la asociación, quien representa a la industria tecnológica desde hace 25 años, rechazó la aprobación del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026.
“El país correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas”, aseguró.
Agregó que la aprobación por los diputados se tomó pese a numerosas advertencias de académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital, cuyas observaciones no fueron escuchadas por parte del proceso legislativo.
“En su redacción actual, el Artículo 30-B busca facultar al SAT para acceder, en tiempo real y de manera permanente, a bases de datos de las plataformas digitales que operan en México. Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales claros”, explicó.
En riesgo la privacidad de usuarios
En ese sentido, indicó que no existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida “tan intrusiva”.
Aclaró que el acceso “irrestricto” y permanente a sistemas digitales de alto tráfico con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pone en riesgo los datos personales de millones de usuarios, pues, aunque se pretende acotar a información relacionada con lo fiscal, potencialmente el SAT adquiere una “llave maestra” para acceder sin control judicial a información sensible.
“Es fundamental acotar el acceso a los datos que solo sean pertinentes a cuestiones de interés de la autoridad fiscal”, declaró
Comentó que las sanciones son desproporcionadas y alarmantes, ya que las sanciones por incumplimiento pueden ser “drásticas y directas” y pueden significar la “muerte digital” temporal o permanente de plataformas digitales.
“Si el SAT, IMSS o INFONAVIT pueden ordenar el bloqueo del acceso al servicio digital, esto significa que la plataforma sería inaccesible para todos los usuarios en territorio nacional mientras dure el incumplimiento. Esta sanción implicaría pérdidas económicas enormes y afectación a millones de usuarios, sería equiparable a una clausura operativa vía Internet”, añadió.
Violación de derechos humanos
La asociación argumentó que el artículo contraviene el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección contra molestia ilegal, disponiendo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”, explicó.
Precisó que también aborda la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la protección de datos personales, así como un fuerte daño a la economía digital
“Potencialmente, abre la puerta para la sobreexposición de secretos industriales y castiga a las medianas y pequeñas empresas que hoy dependen del internet para sobrevivir. Además, se desincentiva el uso de la economía digital, lo que se traduce en que las empresas dejarán de usar el ecosistema digital por la vigilancia y las medidas desproporcionadas impuestas, lo que se traduce en un retorno a los negocios físicos con menos regulación fiscal y por ende un obstáculo para el cumplimiento de las metas del Plan México en el ecosistema digital”, destacó.
Riesgos en la ciberseguridad
Comentó que incrementa los riesgos de ciberseguridad, pues si se exige emparejar en tiempo real sistemas gubernamentales con sistemas de alto tráfico en la nube, los delincuentes cibernéticos podrían interceptar esa comunicación continua si las conexiones no están debidamente resguardadas.
“La historia muestra que incluso agencias gubernamentales potentes pueden ser hackeadas, como ya ocurrió precisamente con la filtración masiva de credenciales del SAT en 2024 o la actual filtración del IMSS”, recordó.
En ese tenor, debilitará la confianza en las instituciones.
“Es de importancia que los legisladores encargados de redactar la versión de este artículo reflexionen sobre la importancia de salvaguardar la privacidad de la ciudadanía y limitar los riesgos de exponer a millones de usuarios a la intromisión del Estado y del crimen organizado en su vida digital”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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