Ante los recientes hechos de corrupción que protagonizaron miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a quienes, desde esa trinchera, encabezan corporaciones civiles, no se les puede entregar cheque en blanco
No pasaron tres meses cuando el autor de esta columna descubrió -mediante una petición de transparencia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- que el flamante director contaba con antecedentes penales en la justicia castrense por los delitos de abuso de autoridad y hostigamiento sexual, por los que recibió una sentencia de tres meses en la corte marcial.
En aquel momento, el mismo gobernador Francisco Vega de Lamadrid, expuso ante medios de comunicación que tendría que analizarse la carrera militar de las personas que ocupen cargos civiles.
Han pasado ya 12 años de este episodio emblemático en Mexicali que le costó el cargo al director de la Policía Municipal, pero que también hizo replantear la política de militarización en los cargos de seguridad.
Los recientes casos de corrupción de la Secretaría de Marina, cuyos elementos presuntamente recibieron sobornos para permitir el ingreso de combustibles, cayendo en el huachicol fiscal, debe permitir el análisis sobre las posiciones de poder del Ejército y la Marina en las corporaciones civiles.
Durante los casi cuatro años de la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, son militares los que se han encargado de la política de seguridad en el Estado, desde el secretario Gilberto Landeros Briceño, pasando por el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, hasta el actual, Laureano Carrillo Rodríguez, quienes, dicho sea de paso, incluyen a otros militares en su equipo de trabajo de primer nivel.
¿Tenemos la certeza de que estos nuevos funcionarios cumplen con los requisitos de elegibilidad que se les solicitan a los civiles para ejercer funciones? ¿Sabemos sí han sido sentenciados o procesados dentro de una Corte Marcial? Entendiendo que toda su vida se ubica dentro de los cuarteles.
El teniente coronel en el retiro, Julián Leyzaola Pérez, fue nombrado director de la Policía Municipal por cuatro meses y no se realizó los exámenes de control y confianza. Semanas después de su salida, su hijo, de nombre Jorge Leyzaola, fue detenido en posesión de drogas, en el puerto de San Felipe.
A un policía, este escándalo le habría ocasionado problemas en su siguiente evaluación de control y confianza; o incluso, sería motivo para que no pudiera ingresar a la academia, pero para los militares no, ellos tienen vara alta y están por encima de las leyes, cuando no deberían estarlo.
¿Qué garantías hay de que el teniente coronel Jorge Enrique Medina de Jesús, sospechoso como autor intelectual de la agresión contra el periodista Jorge Heras, cuenta con las evaluaciones de control y confianza?
Así también el mayor de Infantería, Juan Ventura Quiroz, en la Coordinación General del Centro Estatal de Inteligencia, o el mayor de Artillería, Samuel Rodríguez Valentín, director de Inteligencia; o el capitán, Víctor Hugo López Granados, coordinador de Enlace Internacional. ¿Habrán cumplido con esas evaluaciones, Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Academia, y Óscar García Loredo, jefe vehicular de la FESC?
¿Qué garantías existen de que los militares no cometieron delitos dentro de los cuarteles y estos no se registran en la justicia civil?
Después de los últimos episodios al interior de las Fuerzas Armadas, no se les puede otorgar un cheque en blanco; sus rangos militares no son garantía de honestidad y probidad. Los militares deben someterse a evaluaciones de control y confianza; deben contar con currículum que coincida con los nombramientos para los que son designados; y deben ser sometidos al escrutinio público, si su interés en formar parte de la vida pública de Baja California y México, persiste.
AUTOR: EDUARDO VILLA.
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