Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

SIMA, contratista favorita de Sedena, concentra contratos millonarios

La beneficiaria de los contratos es Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de SIMA, quien en los dos últimos sexenios obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos, entre lo acumulado en la Sedena, ISSSTE, así como en las secretarías de Salud de Chihuahua, Jalisco y Veracruz.

La contratista favorita del periodo del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, busca perpetuarse en los servicios médicos brindados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante dos nuevos contratos.

El negocio implica un total que supera los 474 millones de pesos, que han sido adjudicados en el primer semestre de este año.

La beneficiaria de dichos contratos es Nelly Guevara Garibay, directora y representante legal de Sincronía Médica Aplicada (SIMA), proveedora de equipo e insumos médicos, quien en los dos últimos sexenios obtuvo contratos por más de mil 300 millones de pesos, entre lo acumulado en la Sedena, ISSSTE, así como en las secretarías de Salud de Chihuahua, Jalisco, Veracruz, respectivamente.

Sólo en los primeros meses de 2025, la empresa SIMA de Nelly Guevara se ha hecho de la licitación pública electrónica: LA-07-110-007000999-N-408-2025, referente a la “Contratación de un servicio de abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico con el equipo médico requerido para la realización de procedimientos quirúrgicos de la especialidad de angiología, cirugía vascular y endovascular” para la SEDENA por 108 millones 991 mil pesos.

Además de la LA-07-110-007000999-N-402-2025 para “Servicio de abastecimiento de material e insumos y apoyo técnico de la imagenología y radiología invasiva para el Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, Unidad de Especialidades Médicas y escalones de atención médica que cuentan con servicios de radiología”, por un monto de 365 millones 549 mil 203 pesos.

Los contratos, otorgados por la Subdirección de Adquisiciones de la SEDENA, a cargo del coronel José Manuel Sosa Lagunes, sumarían aproximadamente 474 millones 540 mil 203 pesos.

Aún más. A estas podría sumarse la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-07-110-007000999-N-417-2025 para la “Contratación de un servicio de abastecimiento de material, insumos y apoyo técnico con el equipo médico requerido para realizar procedimientos de hemodinamia para el Hospital Central Militar y 5 Hospitales Militares Regionales de Especialidad”, por un monto aproximado de 530 millones de pesos.

En esta última licitación, en la que SIMA no ofertó la propuesta más económica ni obtuvo el mayor puntaje, se encamina a declarse desierta bajo el argumento de que, de los siete licitantes, sólo SIMA cumple con la propuesta técnica.

La Dirección General de Sanidad Militar, a cargo de Miguel Ángel Aguirre Lara, se ha convertido en un centro de poder donde coinciden altos mandos militares, licitaciones millonarias y empresarias del sector salud que resultan favorecidas por adjudicaciones directas.

El modus operandi, identificado en otras contrataciones, consiste en declarar desiertas las licitaciones de forma sistemática, para luego adjudicar los contratos de manera directa a SIMA o a compañías ligadas a esta.

Lo anterior, pese a que en los procesos licitatorios diversas compañías cuentan con propuestas competitivas, las cuales han sido desechadas para favorecer a la empresa SIMA y a otras con las que participa de forma conjunta.

Desde sexenios pasados se vienen denunciando estas irregularidades y vínculos entre altos mandos militares y Nelly Guevara, las cuales incluso han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación.

La concentración de contratos de este proveedor en sectores estratégicos del abasto médico en la SEDENA, tales como anestesia, banco de sangre, equipo médico y medicamentos, y el recorte de 20% en el presupuesto de los hospitales para este 2025, podrían agravar la crisis de desabasto de insumos que ya viven los militares, los cuales han realizado protestas y denuncias públicas respecto a esas deficiencias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Militar evade pensión y servicio médico para su hija con ayuda institucional

Francisco Javier Xala, teniente oficinista adscrito a la Sedena, ha evitado cumplir una sentencia que lo obliga a reconocer a su hija, pagar manutención e inscribirla al ISSFAM. Con respaldo de la institución militar, ha obstruido la justicia y violado los derechos de la menor.

En los últimos cuatro años el teniente oficinista Francisco Javier Xala Chigo, adscrito a la sección 3 del Estado Mayor conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha evitado cumplir con una sentencia que le ordena pagar la manutención de una hija que durante seis años se negó a reconocer e inscribirla al servicio médico que le corresponde, lo que ha logrado con el apoyo de la institución castrense.

Desde 2021 el juez Séptimo de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México, Teófilo Abdo Kuri, condenó a Xala Chigo a reconocer la paternidad sobre una niña que tuvo desde 2013, pagarle manutención así como el retroactivo de los años que no la reconoció como suya e inscribirla ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para que reciba servicio médico gratuito como corresponde a todos los hijos de los militares.

En 2013 el teniente Xala Chigo llevaba casi un año viviendo con su entonces pareja sentimental, ocho años menor que él, quien por razones de seguridad solicitó resguardar su nombre.

Un buen día ella le dio la noticia de que tenía dos meses de embarazo, él no respondió nada inmediatamente, simplemente esperó a que ella saliera a trabajar para sacar sus cosas del departamento que compartían y cambiar las chapas del lugar para evitar que ella intentara ingresar nuevamente al que había sido su hogar en los últimos meses.

En entrevista, ella reconoció que inicialmente no insistió en pedir una explicación sobre lo que estaba pasando, pues le tenía miedo, ya que, asegura, el teniente Xala Chigo se caracteriza por ser un hombre agresivo.
Me dejó un recado con el vigilante de que yo no tenía nada que hacer ahí, que no regresara, no pude hacer nada, la verdad tenía miedo.
Con este cambio repentino llegaron otros problemas, como la pérdida de su empleo y la falta de recursos para tomar acciones legales contra su expareja de quien, además, desconocía si contaba con algún fuero castrense que lo protegiera de cualquier demanda.

“Yo no sabía si como militar lo podía demandar para que reconociera a mi hija y le diera lo que por derecho le corresponde, y cuando empecé a buscar abogados, pues los que sí saben, cobran carísimo y yo no tenía recursos”, explicó.

Durante ese tiempo ella se enteró de que el teniente era divorciado, hecho que le había ocultado, que tenía dos hijos mayores y que, poco tiempo después de que él la sacó del departamento, Xala Chigo inició una relación con la mujer que les hacía el aseo cuando vivieron juntos con quien ahora tiene dos hijos pequeños.

En 2019, cuando al fin tuvo recursos para pagar un abogado, demandó a Francisco Javier Xala Chigo el reconocimiento de la paternidad sobre su hija.

El caso fue admitido a trámite por el juez Abdo Kuri y en su respuesta a la demanda el teniente dijo que nunca fue informado de la existencia de la niña, pese a que su expareja presentó diversas pruebas para acreditar, no sólo que le informó del embarazo y nacimiento de la bebé, sino que hasta le solicitó ayuda para su manutención.

En septiembre de ese año Xala Chigo ofreció a su expareja llegar a un convenio en el que reconocería la paternidad sobre la niña y registrarla conforme a la ley.

Sin embargo, en enero del año siguiente, la madre de la niña tuvo que informar al juez que el teniente jamás se presentó a registrar a su hija, por lo que el juzgador ordenó continuar con el procedimiento.

Ante la negativa de reconocer la paternidad de la niña, en el juicio se ordenó la realización de una prueba de ADN bajo la advertencia de que, si el teniente no acudía al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia capitalino a realizarse la prueba, se declararía que es el padre de la niña de manera automática.

De nueva cuenta el teniente ignoró la orden del juez y no se presentó a la toma de muestras, por lo que su expareja solicitó que, además de declarar formalmente que el militar es el padre de la niña, se le condene al pago de una pensión alimenticia, el pago retroactivo de la misma por todos los años que él omitió cumplir con su obligación, e inscribirla ante el ISSFAM, pues la pequeña carece de servicio de seguro social porque su madre trabaja de manera independiente.

Con la pandemia de 2020 el caso se retrasó y en mayo de 2021, cuando el juez estaba por dictar su sentencia, el teniente informó que desde septiembre de 2019 le dio mil 300 pesos quincenales a la madre de la niña por concepto de pensión alimenticia, para que esta cantidad fuera tomada en consideración al momento de fijar un monto definitivo en el fallo.

Además, indicó que mantenía a sus hijos mayores, uno de 21 y 17 años de edad en aquella época, y a su madre, de 77 años.

En su sentencia el juez Abdo Kuri ordenó al teniente registrar a la niña como suya y para evitarle confusiones a la menor autorizó que se le pusieran primero los apellidos de su mamá, con los que siempre había vivido hasta ese momento, y después el apellido de su padre, Xala.

En su análisis del caso, Abdo Kuri afirmó que durante el juicio el teniente Xala Chigo obstruyó la justicia y violó los derechos humanos de su propia hija.

“El demandado pasó por alto una determinación judicial (por no ir a la toma de muestras de ADN). En ese tenor el demandado, con su conducta procesal, obstruyó la impartición de justicia violentando el derecho humano de la menor de edad de investigar por conducto de su progenitora, su origen, el cual es un bien jurídicamente tutelado por nuestra Constitución”, explicó el juez en el fallo.

Asimismo lo condenó a pagar 20% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios como integrante de la Sedena por concepto de pensión alimenticia en favor de su hija, que equivalen a poco más de cinco mil pesos mensuales y, como en septiembre de 2019 fue el propio Xala Chigo quien ofreció llegar a un convenio y aceptó registrar a la niña, reconociendo desde entonces su paternidad, el juzgador también lo condenó a pagar el retroactivo exigido por su expareja, cuyo monto sería calculado conforme a sus percepciones, el porcentaje de la pensión alimenticia y el tiempo desde el nacimiento de la niña hasta el dictado de la sentencia.

También le ordenó inscribir a la niña en el servicio médico que le proporciona la Sedena, es decir, ante el ISSFAM.

Burocracia verde olivo

Una vez que el fallo quedó firme, en julio de 2021, la primera y última vez que el teniente Xala Chigo vio a su hija fue el día que acudió al Registro Civil a registrarla como suya.

Para entonces la niña tenía ocho años, pese a ello, actualmente no se acuerda de su papá ni pregunta por él, pues éste jamás ha buscado tener un vínculo con ella.

Debido a que el registro ante el ISSFAM lo debe realizar personalmente el teniente Xala, su expareja ha encontrado diversos obstáculos para lograr que su hija reciba la atención médica que le corresponde.

Pese a que la sentencia quedó firme desde 2021, no fue sino hasta 2023 que fue expedida la credencial del ISSFAM a nombre de la niña, pero, casualmente, sus apellidos estaban mal.

Por ello, en noviembre de ese año el director general de Seguridad Social Militar, general de brigada Roberto Claudio del Rosal Ibarra, informó al juzgado que la expareja del teniente Xala debía regresar la credencial errónea para recibir una nueva.

“Yo fui, pero al llegar me dijeron que esa persona ya no estaba ahí y hasta ahora nadie sabe a quién le corresponde recibir la credencial y darme una nueva, el problema es que en la Sedena todo lo tengo que hacer mediante oficios emitidos por el juzgado y todo eso es muy tardado”, explicó la madre de la niña.
Yo sé que él tiene contactos para bloquear cualquier trámite en la Sedena, y como es muy agresivo yo ya temo por mi seguridad.
Aunque al teniente le descuentan el porcentaje de la pensión alimenticia directamente de la nómina, el descuento para el pago del retroactivo no ha podido ser una realidad, pues incluso desde la propia Sedena han incumplido con los informes requeridos por el juez para cuantificar el monto, lo que ya causó que el juzgador imponga multas tanto al teniente como a otros funcionarios de la institución.

Desde el 28 de mayo último el Poder Judicial de la Ciudad de México está en paro de labores, lo que ha ocasionado que casos como el de la hija del teniente Xala Chigo se vean afectados, pues hasta ahora la niña no ha logrado tener ni siquiera la atención médica que por derecho le corresponde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Reforma a la Guardia Nacional permite que militares compitan por cargos públicos: MC

Ivonne Ortega advierte sobre una “licencia especial” que sólo podría ser otorgada por quien encabece el Poder Ejecutivo o la Secretaría de la Defensa.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, Ivonne Ortega, acusó que la reforma sobre la Guardia Nacional que se discutirá este martes tiene un artículo que permite a militares para competir por cargos públicos. 

En entrevista en la Cámara de Diputados, la legisladora emecista explicó que el artículo 44 concede una “licencia especial” para que el o la titular del Ejecutivo o secretario de Defensa puedan otorgar la licencia a los militares para competir por cargos públicos.

“Hay muchísimos temas que me parecen muy graves en la reforma, pero este artículo en particular, en el 44, en donde concede una licencia especial que no está contemplada en el 35, esta licencia especial solo la podría dar la persona que esté en el alto mando, sea presidenta, presidente de su momento o el secretario de la Defensa, ellos son los que pudieran otorgar esta licencia. 

“¿Para qué? Para competir en cargos de elección popular, para poder ser funcionarios de gabinete, para poder ser funcionarios descentralizados, para poder ser funcionarios municipales, estatales o federales, o cualquier encomienda que su cargo no la instruya”, detalló. 

El artículo 44 en su numeral III establece que la “licencia especial” es la que se concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional, para desempeñar cargos de elección popular cuando la persona titular del Ejecutivo Federal los nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional, y desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública para estar en aptitud legal de desempeñarlos. 

Ivonne Ortega advirtió que con el “permiso especial” los militares pueden entrar a cualquiera de las categorías de trabajo, municipales e instituciones federales sin que pase por el Senado, la Cámara de Diputados u otra cosa, sólo la libre disposición de quien los imponga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Sheinbaum nombra a ex comandante de la Guardia Nacional, como cónsul en Dallas

Luis Rodríguez Bucio, ex comandante general de la Guardia Nacional-, y ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue designado, el 18 de junio de 2025, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como titular del Consulado General de México, en Dallas, Texas, Estados Unidos.

Según oficio firmado por el canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la titular del Poder Ejecutivo Federal también designó a Carlos Iriarte Mercado -ex diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ex presidente municipal de Huixquilucan, así como ex director general de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, como cónsul general en Boston, Massachusetts, también en EE. UU.

Otros titulares de consulados designados por la mandataria nacional mexicana, fueron Rafael Eugenio Laveaga Rendón, en Atlanta, Georgia; Marcos Augusto Bucio Mújica, en Nueva York; Donají Alba Arroyo, en Raleigh, Carolina del Norte; Marco Antonio Mena Rodríguez, en San Francisco, y Neftalí Said Pérez González, en San José, estos últimos dos en California, Estados Unidos.

Mientras que, según el oficio firmado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), otros titulares de consulados nombrados por Sheinbaum Pardo fueron Claudia Velasco Osorio, en Sao Paulo, Brasil; mientras que para Toronto y Vancouver, Canadá, fueron designados Iván Norberto Sierra Medel y Julián Adem Díaz de León, respectivamente.

En el oficio -que fue originalmente signado por la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y que se envió al canciller, con la petición de que se solicitara la aprobación de ese y otros nombramientos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión- estaban los nombramientos de seis personajes sin ninguna experiencia diplomática.

Los otros cuatro de la lista son integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Además del ex comandante general de la Guardia Nacional, el nuevo titular del Consulado General de México en Nueva York tampoco cuenta con experiencia en cargos diplomáticos.

Bucio Mújica fungió como vocero de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, durante la campaña presidencial del PRI en el año 2000, y, durante el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ocupó cargos en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que Pérez González fue ex director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por su parte, Mena Rodríguez ganó la gubernatura de Tlaxcala como candidato del PRI, entidad que gobernó del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2021. Tras ello, se volvió militante de Morena.

Mena Rodríguez también se desempeñó como director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), del 16 de agosto de 2023 al 11 de mayo de 2025, durante la Administración de López Obrador. Asimismo, Alba Arroyo, militante de Morena, fue candidata a la Secretaría General de dicho partido y es cercana de Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Reformas de “Guardia Nacional” legalizan el espionaje militar

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar leyes secundarias en la materia. Estas reformas proponen legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que hemos advertido y documentado ampliamente por sexenios- como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo ilegalmente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos con impunidad.

A través del artículo 29, fracciones XXI a XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública General, esta reforma propone facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para procesar y usar información en actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional, sin que existan controles o salvaguardas para acotar estas atribuciones.

Adicionalmente, si bien la Ley de Guardia Nacional vigente no incluye salvaguardas suficientes en la realización de actividades de investigación e inteligencia, la reforma propuesta no sólo no las incorpora, sino que representa un retroceso a los controles existentes. Por ejemplo, el artículo 9 fracción XXVI de la redacción propuesta  genera confusión respecto de si la Guardia Nacional requiere autorización judicial para acceder a los datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real.

Estas reformas son parte de un paquete de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión que configuran -de manera individual y conjunta- un panorama peligroso para los derechos humanos. Por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública plantean la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales tanto públicas como privadas sin los controles necesarios, así como la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil. La Ley de Telecomunicaciones propone también este registro obligatorio de usuarios de telefonía y la obligación de las empresas de conservar y compartir datos, incluyendo la geolocalización en tiempo real. Además, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. 

El incremento de las facultades de vigilancia sin control para la SEDENA y el debilitamiento de controles para la Guardia Nacional planteadas en estas reformas, así como las propuestas legislativas mencionadas en el párrafo anterior son presentadas en un contexto de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales. En esencia, esta legalización de la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército expone gravemente la intimidad de la población y plantea importantes riesgos a la protección de datos personales y los derechos humanos.

Esta reforma, aunque se presenta bajo el título “en materia de Guardia Nacional”, rebasa este ámbito y le da facultades de vigilancia sin controles al Ejército. Por ello, denunciamos enérgicamente ésta y las demás propuestas legislativas -promovidas por el Poder Ejecutivo Federal- que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para desechar estas reformas en beneficio de la población mexicana y analizar este tipo de propuestas desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en el establecimiento de controles democráticos a la vigilancia. 

De igual manera, hacemos un llamado a la resistencia a todas las personas comprometidas con los derechos humanos para visibilizar los intentos de legalización de la vigilancia de comunicaciones practicada por el Ejército. Es necesario seguir exigiendo transparencia, rendición de cuentas y garantías de no repetición ante las múltiples violaciones a los derechos humanos que implican estas prácticas intrusivas.

Firman

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

Social TIC

FUENTE: RED EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DIGITALES
AUTOR: RED EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DIGITALES.
FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2025.

Semar contrata a empresa de consul nicaragüense; bajo su custodia entró combustible ilegal a México

Servicios Especializados de Investigación y Custodia es el nombre de la empresa contratada por la Marina para vigilar el puerto de Guaymas, en Sonora. Bajo su mando ocurrió el ingreso ilegal al país de más de dos millones de litros de diesel, el 20 de marzo último.

Las aguas en la bahía de Guaymas, Sonora, se caracterizan por su tranquilidad y profundo color verde con rayas azules que pintan el Mar de Cortés.

En esta calma una empresa de seguridad privada vinculada al sandinismo nicaragüense, contratada por la Secretaría de Marina, vigila las instalaciones del puerto federal desde agosto de 2022, gracias a un contrato vigente de 65.6 millones de pesos.

Se trata de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SA de CV (SEICSA), registrada en Monterrey y propiedad del cónsul honorario Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien acumuló contratos por casi cuatro mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Valdés Cabrera, además, abrió otras dos empresas en la Ciudad de México, en las que uno de sus accionistas es Roberto Carlos Avendaño Vázquez, socio en otra empresa creada también en la capital del país por David Ashdruval Martínez Hernández, hijo del general en retiro Audomaro Martínez, quien fue el titular del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio lopezobradorista.

Otra socia del cónsul honorario es María Dolores Zorrilla Solana, exfuncionaria del DIF en Chiapas. Su hermano, Juan Jerónimo, está también asociado con el hijo del general Audamaro junto con Avendaño Vázquez.

Con SEICSA como responsable de la seguridad en el puerto de Guaymas, ocurrió parte de la operación transnacional que involucró a funcionarios públicos mexicanos y empresas extranjeras para ingresar al país de manera ilegal dos millones 226 mil litros de diesel el 20 de marzo último, en el buque contenedor Torm Agnes.

La embarcación, de manufactura danesa y bandera singapurense, surcó por el Golfo de México desde la última semana de enero proveniente del puerto de Houston, en Estados Unidos.

Ahí embarcó en el muelle 16 de la Refinería de Houston City, administrado por la empresa Valero Energy Corporation. El buque arribó a la agencia de aduanas y fronteras CBP (siglas en inglés), según constata el registro de buques en comercio exterior, correspondiente a despachos, con folio CF1401, publicado el 25 de enero.

Tras su salida de aguas estadunidenses, el barco de 180 metros de largo se dirigió al puerto…

Fragmento del texto publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS IBARRA.

“Fue un engaño”: Ejército pidió permiso para construir alojamiento para empleados, pero es un hotel del Tren Maya en Uxmal

En 2022, la Semarnat autorizó en solo una semana un permiso en materia de impacto ambiental para que el Ejército construyera un alojamiento para personal de seguridad, pese a que los detalles del proyecto describían un hotel turístico.

Para su procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) presentó el Hotel Tren Maya de Uxmal, en Yucatán, como si fuera un alojamiento para personal de seguridad y no como un destino turístico.

El 3 de noviembre de 2022, el Ejército solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el otorgamiento de la autorización provisional en materia de impacto ambiental para realizar la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda el servicio de seguridad a la zona arqueológica de Uxmal (Santa Elena, Yucatán)”. Sin embargo, los detalles del proyecto que los funcionarios de Semarnat recibieron en sus escritorios describen algo muy distinto, pues incluye un área de hotel de 26.6 hectáreas, una zona de glamping de 5.91 hectáreas en la selva maya, una entrada monumental y pretende ocupar un total de 40.76 hectáreas, la misma superficie de colonias como la Juárez o la Doctores de la Ciudad de México.

A pesar de estas incongruencias, Semarnat otorgó la autorización provisional en una sola semana, cuando este procedimiento suele tardar un par de meses. Poco más tarde, el 24 de noviembre de 2022, la Sedena solicitó la modificación de algunos detalles del proyecto y lo renombró “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, esta vez diciendo explícitamente que la finalidad era “solucionar la necesidad de servicio de hospedaje a los visitantes de la Zona Arqueológica de Uxmal”.

“Obviamente un inmueble de este tipo tendría un impacto ambiental mucho inferior al que tiene un hotel de lujo”, dice Romel González del Área jurídica del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX). “La lógica del gobierno y del Ejército parece ser primero construir y luego eventualmente pedir perdón por las afectaciones, como lo hicieron con el Tren Maya”.

De acuerdo con el área jurídica del CRIPX, se trata de un “engaño institucional” que involucra varias dependencias federales: Sedena, Semarnat y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dictaminó la viabilidad de la obra. 

Fue hasta un año después del inicio de las obras que un ingeniero del Ejército ingresó a Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Construcción de un Hotel en Nuevo Uxmal”, que según la dependencia está en su página de Internet “a disposición del público”, aunque en realidad no se encuentra.

Sucesivamente, el pasado 27 de marzo de 2025, la Semarnat publicó en la Gaceta Ecológica el resolutivo del proyecto con su nombre originario: “Alojamiento para el personal que brinda el servicio de seguridad a la zona arqueológica de Uxmal”. Pese a que opera como un hotel.

Animal Político buscó una postura de la Sedena, pero no recibió ninguna respuesta. A Semarnat se le preguntó por qué otorgó la autorización provisional a un proyecto de alojamiento para militares cuyas características son de un hotel turístico, pero al cierre de edición no hubo una explicación.


Un parque y un hotel gestionados por militares en Uxmal

El Hotel Tren Maya de Uxmal comenzó a construirse antes de contar con permisos ambientales, es decir, antes de que su MIA fuera aprobada, como ocurrió con los otros cinco hoteles que el Ejército gestiona a lo largo de la ruta del Tren Maya, tal como te contamos en esta nota. Además, la población local no fue consultada ni informada antes del inicio de las obras. 

El inmueble tiene 160 habitaciones, un estacionamiento para 212 vehículos, alberca, gimnasio, spa y se encuentra a lado de la zona arqueológica de Uxmal. Está inmerso en el Parque Nacional Nuevo Uxmal, de 1700 hectáreas, que a la par del hotel es de propiedad de una empresa del Ejército: el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSAOMM).

Recientemente, Pedro Ayuso, un poblador de la zona, visitó el Parque Nacional Nuevo Uxmal con su familia. “A unos metros de la entrada hay un retén de militares que te piden tus documentos y te preguntan a qué vas; siendo que estás allí de turista, se siente realmente muy raro”, relata.

“Después del retén se encuentra el Hotel Tren Maya y luego el ingreso al parque, que cuesta 140 pesos para los turistas nacionales. El boleto incluye la posibilidad de recorrer un pasillo que está bajo el sol, aunque en Yucatán el calor es realmente infernal. El camino lleva a un espacio donde hay unos animales en cautiverio, y son un venado, un jabalí, un pavo de monte y un ocelote: la verdad es que no me pareció nada atractivo para los turistas. De hecho, no había casi nadie y los artesanos que trabajan allí me dijeron que gastan más en pasaje para alcanzar su puesto de lo que ganan con la venta de sus productos”.

No sólo es Uxmal, Ejército pide autorización para otro hotel en ruta del Tren Maya

Sedena empleó la misma maniobra para obtener la autorización provisional de impacto ambiental para poder comenzar a construir el Hotel Tren Maya de Calakmul. Según una nota publicada en agosto de 2023 por Giovanna Gasparello y Jorge Fernández Mendiburu en Los Angeles Press, en febrero del mismo año la Dirección General de Ingenieros de la SEDENA presentó a SEMARNAT una solicitud de autorización provisional relativa a la “Construcción de un alojamiento para el personal que brinda seguridad, monitoreo, investigación, logística y educación ambiental en la Zona Arqueológica de Calakmul, Campeche” (que, por otro lado, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda como “alojamiento para el personal [militar] en tránsito en la región Sureste”).

Los planos del proyecto muestran un edificio efectivamente pequeño, pero el oficio de autorización provisional describe la obra que hoy en día afecta al corazón de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, a 10 kilómetros de la zona arqueológica: el Hotel Tren Maya, un inmueble de dos pisos con cuatro torres, un estacionamiento para casi 400 carros y 144 habitaciones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

“Asistencia de militares al Consejo General del INE fue una cortesía”, afirma Taddei

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó, el 1 de junio de 2025, que la presencia de un grupo de elementos de las Fuerzas Armadas en el Salón de Plenos del Consejo General del órgano constitucional autónomo, mientras se desarrollaba una sesión pública, fue una “cortesía” con ellos, porque cuidaban los materiales electorales.

Entrevistada por representantes de diversos medios de comunicación, después de emitir su voto en una casilla seccional de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, Taddei Zavala argumentó que en la sede central del INE se llevó a cabo la instalación de la mesa de coordinación en materia de seguridad, y posteriormente se invitó a los militares al Salón de Plenos del Instituto Nacional Electoral, como una cortesía.

“Una cortesía fue que estuvieran participando en la sesión del Consejo General. No podemos hacer de una vulneración de la autonomía por ¡por Dios! El instituto desde que nace, el [Instituto Federal Electoral] IFE, hay que tener buena memoria para esto, ha sido siempre protegido por las fuerzas de seguridad”, enfatizó la consejera presidenta del INE.

“Acudimos a ellos con toda confianza para que resguarden las boletas electorales. Si algo pudiera perder la autonomía el Instituto, es que pudieran hacer uso indebido de todo el material electoral”, consideró Taddei Zavala.

“Como una cortesía a la presencia en el Instituto y a todo el país, de las facilidades que nos brindan para resguardar el proceso. No podemos hablar de falta de autonomía, me parece un exceso, porque siempre hemos puesto la confianza en las fuerzas de seguridad”, insistió la consejera presidenta del INE.

Un grupo de elementos de las Fuerzas Armadas estuvieron presentes, el domingo 1 de junio de 2025, en el Salón de Plenos del Consejo General del INE, mientras se desarrollaba una sesión pública, lo que no había sucedido en los 35 años de historia del órgano constitucional autónomo, desde que fue fundado, el 11 de octubre de 1990, como el ahora extinto IFE.

Al menos tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), así como un elemento de la Guardia Nacional (GN), todos vestidos con uniforme militar camuflado, estuvieron presentes durante las casi dos horas que duró la primera parte de la sesión pública permanente del Consejo General del INE.

“Efectivamente, nunca había ocurrido algo semejante en la sala del Consejo General. Las y los consejeros no fuimos consultados ni informados de ello”, confirmó Jaime Rivera Velázquez, consejero del órgano constitucional autónomo electoral.

“Nunca en la historia política del IFE-INE autónomos vimos a militares en la sesión del Consejo General. Su presencia en el área destinada al personal de la secretaría ejecutiva es un símbolo, pero sobre todo, un mensaje de que el INE ha dejado de ser autónomo e independiente”, escribió Alfredo Figueroa Fernández -ex consejero del Instituto Federal Electoral, del 15 de agosto de 2008 al 30 de octubre de 2013-, en su cuenta de la red social X, donde también anexó una fotografía de la presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas.

“Ojalá que el @INEMexico salga a desmentir esta noticia. una cosa es la indispensable colaboración con las fuerzas armadas, otra que tengan presencia -aunque sea como público- en los órganos de decisión del INE… De ser cierto, es algo inédito y símbolo de los “nuevos tiempos”, indicó, por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023.

Antes, la titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, encabezó la instalación de la mesa de seguridad conjunta, con representantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa (DEFENSA), Marina (SEMAR), Gobernación (SEGOB), además de Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Defensa y Semar reciben en México a general del Comando Norte de EU

Para dar continuidad, se destaca la posibilidad de realizar una visita similar, ahora en Estados Unidos, "en fechas próximas".

La Secretaría de la Defensa Nacional anunció este jueves que junto a la Secretaría de Marina (Semar), sostuvieron una serie de reuniones los pasados 27 y 28 de mayo con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de los Estados Unidos.

A través de un comunicado en el Facebook oficial de la Defensa, dieron a conocer los diálogos protagonizados por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, con Guillot en el Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de Defensa en Santa Gertrudis, Chihuahua.

El encuentro de los tres líderes militares se dio en el marco de los mecanismos y reuniones de cooperación bilateral militar existentes desde 2016 que se realizan de manera periódica.

En esta reunión, tuvieron los tres mandos la posibilidad de presenciar el ejercicio final de adiestramiento conjunto con efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional de México.

Además, informan que se intercambiaron “experiencias y resultados de las operaciones concurrentes (espejo), que realizan de manera coordinada las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Comando Norte, en la frontera terrestre y marítima común”.

Para dar continuidad, se destaca la posibilidad de realizar una visita similar, ahora en Estados Unidos, “en fechas próximas”.

Finalmente, ambos funcionarios militares reiteraron la disposición de las Fuerzas Armadas Mexicanas para continuar coordinándose con el Comando Norte en temas relacionados con la seguridad fronteriza y regional, eso sí, “observando los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos en ambos países”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena ‘desobedece’ a juez y retoma construcción irregular en Laguna Bacalar, pese a suspensión provisional

Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. denunció en un vídeo que la Sedena continúa construcción irregular en Bacalar pese a que organizaciones ambientales consiguieron suspensión provisional.

La Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena) retomó la construcción irregular en la Laguna de Bacalar pese a que existe una orden del juez para suspenderla provisionalmente, denunció la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS).

En un vídeo difundido en Facebook con fecha del 15 de mayo, se observa el uso de maquinaria dentro de la construcción. Ante estas acciones la organización denuncia que la Sedena violó la suspensión.

La construcción a cargo de la Defensa se encuentra en la zona federal de la Laguna de Bacalar. Frente a la obra se encuentra el Fuerte de San Felipe, un monumento patrimonio histórico del estado de Quintana Roo.

El amparo promovido por Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) denuncian que la construcción es un proyecto hotelero que arrancó sin contar con los permisos ambientales necesarios.

De acuerdo con los colectivos, esta construcción es ilegal ya que inició sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni un proceso de consulta pública para la comunidad. 

Por lo que un  juez de Distrito en el estado de Quintana Roo otorgó suspensión provisional para detener de inmediato la construcción de este proyecto que pone en riesgo el medioambiente y la cultural de Bacalar.

Animal Político publicó que, en su momento, la Defensa Nacional solo se limitó a decir que su construcción está exenta de presentar la manifestación de impacto ambiental que la ley ordena.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que se trata de una intervención que no genera desequilibrio ecológico, pero no presentó alguna justificación o pruebas que respalden dicha afirmación.

En un comunicado conjunto, la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS) señaló que el 28 de abril fue la fecha que se fijó para celebrar la audiencia incidental en la que se analizará si se concede la suspensión definitiva.

Al cierre de esta nota, ni la Sedena ni Semarnat han emitido un comunicado sobre la continuación de las  obras pese a que existe una suspensión provisional vigente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

Fue un ataque directo del Ejército, acusan familiares de Leydi y Alexa, niñas asesinadas en Sinaloa

 “No fue un fuego cruzado, como dijeron muchos medios, los militares les dispararon, no sabían que eran una familia y que venían niños hasta que se dieron cuenta de que la cagaron”.

La versión de una mujer, familiar de las niñas Leydi y Alexa, asesinadas el martes 6 en la carretera estatal 24 en una supuesta emboscada contra efectivos del Ejército, corre cada vez con mayor fuerza y se suma a otros testimonios de lo ocurrido ese día, hecho que incluso el gobernador Rubén Rocha Moya pidió “averiguarlo bien y tenerlo claro”.

El martes 6 de mayo último en la sierra, sobre la carretera estatal 24 que conduce a Parral, Chihuahua, una pick up negra venía bajando, buscando el regreso a Culiacán después de un paseo. El camino en varias zonas se encontraba atajado. Luego comenzaron los disparos, que en una primera versión se adjudicaron a un enfrentamiento entre militares y presuntos civiles, pero que en los días posteriores cambió.

Leydi, de 7 años, y Alexa, de 11, eran primas y viajaban en la pick up con sus familias, a la altura de la comunidad de La Cieneguilla, de Badiraguato, cuando se encontraron con los militares y éstos habrían disparado. Así lo explica una familiar de ambas, quien pidió el anonimato por temor. Las niñas murieron y otras cuatro personas quedaron heridas y fueron llevadas a hospitales de Culiacán.

Ningún investigador se les había acercado en las horas posteriores al ataque.

Al día siguiente, el miércoles 7, el gobernador Rubén Rocha Moya leyó un comunicado en donde advirtió que buscarían por todos los medios que el ataque no quedara impune y se castigara a los responsables por la muerte de las niñas, ambas alumnas de la primaria “Rafael Ramírez”, en Culiacán.

Ese mismo día se confirmó que sería la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de llevar a cabo la indagatoria.

Militares a disposición

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el martes en entrevista de radio con Ciro Gómez Leyva que los militares que participaron en esos eventos en Badiraguato están “retenidos” o a “disposición”.

El batallón o destacamento al cual pertenecen los militares involucrados no ha sido dado a conocer, sin embargo, en Culiacán se encuentra la IX Zona Militar, la cual pertenece a la Tercera Región Militar.

La Sedena ha guardado silencio sobre lo ocurrido y sobre la situación de los militares.

De acuerdo con medios de la región, el convoy del Ejército fue emboscado mientras brindaba protección a peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaban diligencias en la zona por los enfrentamientos del lunes 5 de mayo en La Lapara.

El lunes 12 de mayo, en la primaria “Rafael Ramírez”, en la colonia Infonavit Humaya, familiares, amigos de las familias de Leydi y Alexa y la comunidad estudiantil rindieron un homenaje a las niñas. Ahí, Leticia, familiar de ambas menores, confirma la versión de un ataque directo.

“Los padres a nosotros nos contaron que ellos nomás venían y los encontraron y en el transcurso del camino les dispararon. Se regresaban al rancho porque estaba tapado el camino y se toparon con los militares, pero nunca les hicieron la parada ni nada, nada más les dispararon”.

Y agregó:

“No había enfrentamiento, eso es pura mentira, eso lo dijeron ellos por taparlo, pero eso no es cierto, nunca hubo ningún enfrentamiento de nada, porque ellos llegaron y se regresaron porque el camino estaba tapado y cuando ya iban de regreso les dispararon”.

Horas más tarde, el gobernador Rubén Rocha advirtió la posibilidad de que el ataque sí haya sido directo en contra de esta familia. La declaración la dio la mañana del lunes 12 durante su conferencia semanera.

“Fíjense bien lo que voy a decir, y lo voy a decir, aunque no soy investigador, no fue que hayan sido (asesinadas Leydi y Alexa) derivado de un fuego cruzado y finalmente estuvieron en el lugar equivocado, seguramente que tendrán que averiguarse muy bien las circunstancias”, señaló.

Aunque el gobernador insistió en que esa versión no puede ser divulgada por medios sin antes haber agotado la investigación. Además, adelantó que será la FGR la encargada de brindar más detalles sobre los avances al respecto.

“No podemos que el común se diga esto. ¿Por qué?, porque lamentablemente los enfrentamientos que hay entre los delincuentes y las autoridades normalmente nos han dado algunos resultados de víctimas colaterales. Lo que tenemos que decir es que hay que averiguarlo bien y hay que tenerlo claro, porque para que haya justicia necesita haber una investigación ordenada, rápida, pronta, expedita, pues, y con el rigor debido, con la única intención de sacar en claro quiénes son los responsables de la muerte de Alexa y de Leydi y que vayan a ser castigados por la propia justicia, ése es el tema y yo quiero decirles que en eso estamos”.

Las pérdidas

La guerra entre Chapitos y Mayos había cobrado la vida de por lo menos 39 niños y adolescentes, víctimas de homicidio doloso, hasta los asesinatos de Leydi y Alexa. Si se trata de ataques indirectos o directos por enfrentamientos, eso no ha sido revelado, pero al menos los últimos registrados durante este 2025 han sido víctimas de esta guerra.

El primer caso de 2025 ocurrió en enero, cuando los hermanos Gael y Alexander sufrieron un ataque armado en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán. Viajaban a bordo de un vehículo junto a su padre y un primo de ellos fue el único sobreviviente del atentado.

El crimen provocó una movilización masiva que derivó en la toma del Palacio de Gobierno y la vandalización de la oficina del gobernador Rocha. Con un atril que sostenía una copia de la Constitución rompieron paredes y puertas en el lugar.

Después, en Villa Juárez, un enfrentamiento dejó herida a Regina, menor de 14 años, quien más tarde falleció a causa de las heridas de bala. El enfrentamiento se registró el 27 de febrero y la adolescente murió en un hospital el 4 de marzo.

Un ataque más se registró el 24 de marzo. Sobre el bulevar Agricultores, al oriente de Culiacán, grupos armados intercambian disparos y en el fuego cruzado un vehículo sedán quedó atrapado en medio. Entre sus tripulantes viajaba Danna Sofía, menor de 12 años, alumna de primero de secundaria.

Ahora las muertes de Leydi y Alexa engrosan la cifra de decesos de menores de edad víctimas de la guerra entre Chapitos y Mayos, que se mantiene en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024¸ un conflicto que ha cobrado la vida de más de mil 200 personas y desaparecido a otras más de mil 400.

“Se están incorporando todos los elementos que den claridad de los responsables directos del caso. Sin distingos de nadie se va a aplicar la justicia, para lamentablemente lo último que nos queda realmente es otorgarles a Alexa y a Leydi la satisfacción a sus padres de que por lo menos se hizo justicia, de que no quedaron en el olvido de ninguna manera”, fue la promesa del gobernador Rocha, pendiente de cumplir.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

Defensa rinde homenaje a Hermenegildo Cuenca Díaz, general que autorizó los vuelos de la muerte

En el evento estuvo presente María del Rosario Cuenca Acosta, hija del general Hermenegildo Cuenca Díaz.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó el homenaje y la ceremonia de colocación de los restos fúnebres del general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de Defensa en el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), a quien se le señala de autorizar los vuelos de la muerte durante la guerra sucia.

En el evento estuvo presente María del Rosario Cuenca Acosta, hija del general Hermenegildo Cuenca Díaz.

Los restos fúnebres del general Cuenca Díaz fueron depositados en el Panteón Dolores de la Ciudad de México el pasado lunes 12 de mayo, asimismo se realizó la develación de placas para honrar la memoria del capitán Ignacio Luis Barba y al alumno Juan Rico.

El general Gastón Menchaca, vicepresidente de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, destacó que Cuenca Díaz es un personaje de incuestionable importancia en el desarrollo y modernización de las fuerzas armadas.

Reconocido por su carácter estricto y firme, antepone su actuación ética, profesional y honesta a su perseverancia, su talento renovador, a su autoridad, la intransigencia de sus convicciones. Esta es en apretada síntesis, la amalgama humana del general Hermenegildo Cuenca Díaz, expresó.

Artículo 19 rechazó el homenaje que se realizó a Cuenca Díaz, por ser “uno de los implicados en el ‘Plan Telaraña’, y cuya responsabilidad en violaciones a derechos humanos fue señalada incluso por el mismo Estado”.

Asimismo, Fundar criticó el homenaje: “El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70. La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio”.

¿Quién es Hermenegildo Cuenca Díaz, general que autorizó los vuelos de la muerte?

El Ejército mexicano, durante la Guerra Sucia, realizó 54 vuelos y desapareció 350 personas en el mar. Mejor conocidos como los vuelos de la muerte. De acuerdo con los periodistas Jacinto Rodríguez Munguía, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna, en su investigación “Cinco años de vuelos de la muerte”, el Ejército desarrolló con bitácoras y documentos sobre estos hechos.

En su texto señalan que la operación para asesinar y arrojar los cuerpos de cientos de disidentes al mar fue autorizada por el más alto mando militar: el secretario general Hermenegildo Cuenca Díaz.

Asimismo, en dichas bitácoras se indica el atroz modus operandi de la ejecución y de cuántos vuelos fúnebres salieron de la Base Aérea Militar #7, con sede en Pie de la Cuesta, Guerrero.

El 6 de septiembre de 1974 se hizo primer vuelo de la muerte del que se tiene registro, según las bitácoras de los aviones a las que Fábrica de Periodismo ha tenido acceso.

Para el 28 de agosto de 1974, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz colocó en tinta negra su firma encima del lugar en donde aparecía su nombre y una breve leyenda: “APROBADO”.

De esta forma, había constancia de que la operación para arrojar al mar los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente contaba con el conocimiento y la autorización de la más alta cúpula militar mexicana y que la participación de las tripulaciones que intervenían se compensaba con un sobresueldo, indica el reportaje de Jacinto Rodríguez, José Reveles e Ignacio Rodríguez Reyna.

Tres meses después del inicio de los vuelos de la muerte, durante los cuales realizó al menos 10 “traslados” al mar, la primera tripulación del Aravá matrícula 204 fue recompensada con un ascenso por acuerdo directo de Cuenca Díaz.

El vínculo de Cuenca Díaz con la Guerra Sucia fue revelado después de que, por órdenes de Vicente Fox en su sexenio, hace más de 20 años, el Ejército realizara una investigación inédita a sí mismo sobre los crímenes cometidos por el Estado durante esos años.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena continuará construcción de edificio en Bacalar pese a protestas en contra

La Semarnat exentó a la Secretaría de la Defensa Nacional el trámite de presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para realizar trabajos de mantenimiento y sustitución de materiales en la construcción que desarrolla en Bacalar, Quintana Roo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recibió una exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para poder continuar con los trabajos de mantenimiento, construcción y sustitución de materiales al inmueble que ocupa en Bacalar, Quintana Roo, con la finalidad de “integrar componentes más sustentables y adecuados al espacio”.

Ambientalistas han calificado este edificio a las orillas de la laguna de Bacalar como un ecocidio. Los habitantes de la zona también se han manifestado contra la construcción del edificio, argumentando que pone en riesgo el ecosistema y el patrimonio histórico.

La Defensa informó en un comunicado que ocupa este inmueble como “espacio de descanso para personal con estrés postraumático a consecuencia de agresiones sufridas en operaciones de alto riesgo y otros actos del servicio” para ayudar en su recuperación.

Detalló que un inmueble fue construido en 1983 en un predio que le fue cedido por el gobierno del estado de Quintana Roo. La dependencia detalló que dicho edificio “presentó desgastes y daños estructurales”, por lo que se deberán realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

“La razón por la que se pidió dicha exención, con el número de trámite SEMARNAT-04-006, es porque el proyecto implica una intervención que no genera desequilibrio ecológico o transgrede la normatividad aplicable en materia ambiental”, señaló la Sedena.

“Causan un daño irreparable”, acusan habitantes

Los inconformes con el proyecto clausuraron en marzo de manera simbólica las obras de la Sedena e instalaron un plantón para intentar frenar el desarrollo, que consideran una amenaza grave para el ecosistema del principal atractivo turístico del sur de Quintana Roo.

El empresario y representante de la Asociación Agua Clara, Sandro Ciccarelli, explicó que las obras de la Sedena vulneran la Ley General de Equilibrio Ecológico, ya que el proyecto no fue sometido a consulta pública, impidiendo que la ciudadanía conozca la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Advirtió que la construcción de un edificio con habitaciones para los empleados en la Base de los Marinos, frente al Fuerte de Bacalar y a la orilla de la laguna, representa una agresión al patrimonio histórico del municipio y pone en riesgo la inversión millonaria que cientos de empresarios han destinado para consolidar Bacalar.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados aprueban dar más opacidad al Ejército y eliminar Compranet

La reforma que elimina Compranet retoma una propuesta del sexenio de Enrique Peña Nieto para exceptuar el uso de la plataforma de contratos.

Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual elimina el sistema electrónico CompraNet para sustituirlo con la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la misma que también asumió las funciones el extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

Adicionalmente, los legisladores aprobaron exentar al Ejército y la Marina de transparentar los contratos que firmen para construir obras mediante convenios con otras dependencias del gobierno.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y quedó avalado en lo general por 355 votos a favor, 98 en contra y 1 abstención, y en lo particular con 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención.


“Tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada Permanente en términos de los convenios de colaboración que celebren entre entes públicos, no les resultará aplicable la presente Ley“, dice lo aprobado por Morena y aliados.

Fuerzas armadas, contratista consentido

Desde que la autodenominada Cuarta Transformación llegó al poder con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los convenios y transferencias de recursos públicos a las Fuerzas Armadas se han multiplicado.

Tal como documentó la periodista Mariana Mora en el reportaje Más poder al poder: las transferencias millonarias al Ejército, las transferencias a las Fuerzas Armadas pueden rastrearse desde los tiempos de la presidencia de Felipe Calderón en 2007.

“Pero es en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde se potencia la práctica del Ejército Mexicano de recibir transferencias de recursos públicos”, expone la investigación. “Solo en 2019, el primer año de AMLO, se transfirieron 5 mil 218 millones de pesos: tres cuartas partes de la sumatoria de transferencias de todo el gobierno de Peña Nieto”.

El Ejército también ha sido en clave en megaproyectos del gobierno, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso han sido responsables de la rehabilitación de infraestructura de hospitales del IMSS-Bienestar durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El reportaje de Mora, publicado en septiembre del 2024, expone que en los últimos cuatro años la SEDENA recibió 232 mil 406 millones 785 mil 832 pesos a través de convenios, adicionales a su presupuesto validado por Hacienda y aprobado por la Cámara de Diputados Federal.

“Los convenios son documentos escuetos, firmados solo entre los directivos de las áreas ante un notario. Ni siquiera interviene el Órgano Interno de Control. Revelan muy poco sobre el destino del monto que se transfiere. Incluso, sus conceptos no dejan claro qué es exactamente lo que se compromete a hacer o construir el Ejército Mexicano“, expone la investigación.

Ahora, con la nueva Ley de Obras Públicas, los Diputados darán mayor opacidad a las Fuerzas Armadas.

Retoman opaca cláusula del sexenio de EPN

En 2015, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos del Senado presentaron un borrador para reformar la Ley de Obras Públicas que provocó la preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los puntos que vieron como de riesgo era que permitía expetuar el uso de CompraNet a criterio de la Secretaría de la Función Pública, sin establecer en qué tipo de casos eso podría ser pertinente.

Ahora, la reforma de la 4T adapta este criterio a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, estableciendo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en casos excepcionales y justificados, “podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.

Adiós, Compranet

Compranet fue creado en 1996 con el objetivo de simplificar las actividades de contratación pública y aumentar su transparencia, no obstante la falta de mecanismos efectivos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia provocó que hasta el 40% de contrataciones no se publicaran en la plataforma, tal como documentó en 2015 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Aun así, la plataforma permitió llevar a cabo investigaciones que revelaron casos de corrupción y la falta de competencia en las contrataciones públicas a lo largo de varios sexenios.

Por ejemplo, en 2020 el IMCO analizó 350 mil procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias de la Administración Pública Federal durante 2018 y 2019, revelando que “tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%”.

En agosto del 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que la plataforma CompraNet eliminó todos los documentos de las asignaciones realizadas entre 2012 y 2023 por un total de 4.7 billones de pesos entregados mediante cerca de 2 millones de contratos

A finales del sexenio de AMLO, el Instituto mostró: “las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción”.

Ahora ese mismo gobierno incumplido plantea sustituir Compranet con la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas con el objetivo de “estandarizar contrataciones y aumentar la transparencia”.

SESIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ingenieros militares construirán 7 nuevos hospitales del IMSS; entre ellos en SLRC y Los Cabos

Ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) construirán siete nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos de ellos en Los Cabos, Baja California Sur, y, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo el 28 de marzo de 2025, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que el beneficio sería para alrededor de 3 millones de personas. Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal detalló que los hospitales darían 70 mil empleos directos.

Según explicó el funcionario federal, los hospitales se construirían en Santa Catarina, Nuevo León; en San Luis Río Colorado, Sonora; Yecapixtla, Morelos; Saltillo, Coahuila; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán de Rosales, Sinaloa y Guadalupe, Zacatecas.

Los nosocomios de Nuevo León, Sonora y Morelos ya tenían proyecto ejecutivo, señaló Robledo Aburto.

El Hospital General Regional de Santa Catarina, Nuevo León, tendría 260 camas y beneficiaría a 299 mil personas. Asimismo, contaría con 39 especialidades y daría empleos a 2 mil 531 trabajadores. La superficie de construcción sería de 50 mil 635 metros cuadrados.

Mientras que el Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado tendría 120 camas para 134 mil personas beneficiadas. Contaría con 28 especialidades, en una superficie de 32 mil 037 metros cuadrados.

Asimismo, en el Hospital General de Zona de Yecapixtla, Morelos, habría 90 camas para beneficio de 116 mil derechohabientes. Tendría 28 especialidades y generaría 984 empleos.

En el Hospital General de Saltillo, Coahuila, Habría 260 camas para beneficio de 736 mil personas. Tendría 28 especialidades y generaría 2 mil 351 empleos.

En tanto que el Hospital General de Zona de Los Cabos, Baja California Sur, tendría 216 camas para beneficio de 414 mil personas. Contaría con 44 especialidades y crearía 2 mil 531 empleos.

Mientras que en el Hospital General Regional de Guadalupe, Zacatecas, habría 216 camas, para 319 mil personas beneficiadas. Tendría 42 especialidades y también crearía 2 mil 222 empleos.

El Hospital General Regional en Culiacán de Rosales, Sinaloa, contaría con 216 camas para beneficiar a 962 mil personas. Habría 37 especialidades y se generarían 2 mil 222 empleos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ CEVEDO.

Laguna de Bacalar y una obra militar: un pueblo lastimado que logró suspender la construcción

Fuentes cercanas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmaron a Proceso que la obra se detuvo porque no tienen los permisos necesarios.

“¡No delante del fuerte!”, es la frase que caracterizó la protesta de los habitantes de la Laguna de Bacalar, quienes lucharon para frenar la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Militar (Sedena) a las orillas de la laguna. El 19 de marzo realizaron la primera protesta a la que se sumaron más de 100 personas. Hoy la obra fue suspendida por falta de permisos. 

Fuentes cercanas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmaron a Proceso que la obra se detuvo porque no tienen los permisos necesarios.

Sin embargo, no se han colocado los sellos de clausura en el lugar. 

La construcción inició desde el 15 de enero, pero fue hasta que ingresó maquinaria pesada dentro de la laguna y empezaron a rellenar con piedras, es que tomó mayor relevancia. 
“Nos dimos cuenta que estaba siendo destruida parte de la orilla de la laguna de Bacalar por maquinaria pesada, entonces, una serie de ciudadanos se organizaron para convocar al pueblo y exigir una rendición de cuentas y transparencia”, expresó en entrevista Jair Universo, habitante de Bacalar que participa en el movimiento de defensa de la laguna.
Los habitantes de Bacalar no fueron informados, ni consultados sobre la construcción militar. Para la ciudadanía representó un acto violento de intrusión al territorio de la comunidad. 
“Aquí estamos frente dos vertientes, la legal porque es evidente que no hay permisos. Tampoco se dio un comunicado o hubo una consulta ciudadana de la obra. Y hay un asunto ético, puesto que están destruyendo la naturaleza y están afectando al fuerte de San Felipe”, acotó.
En la defensa por el medioambiente y el patrimonio histórico de Bacalar, un grupo de habitantes se instaló frente a la construcción militar. A diario colocaban carteles para protestar y reunían firmas, lograron juntar más de 5 mil de personas que están contra la obra.

El 25 de marzo, tras la presión de la ciudadanía, representantes de la Sedena se reunieron con personas medioambientalistas y empresarias. 

En el encuentro les confirmaron la pretensión de construir una casa de descanso con tres habitaciones de 25 metros cuadrados de un piso, que usarían materiales como adoquines y adocretos para no lastimar a la naturaleza, y que también instalarían palapas y una piscina.

Aun así, aquel día, la Sedena advirtió que no detendría la construcción.

Para Catalina Roche, quien es parte del Consejo Ciudadano y Científico en Pro de la Restauración y Preservación del Acuífero y Sistema Lagunar de Bacalar, si las decisiones militares están por encima de la ciudadanía, se pierde el estado de derecho.

“Siguen argumentando  que es por seguridad nacional ¿De dónde es seguridad nacional? ¿Ya con esto pueden hacer lo que les dé la gana? ¿Ellos son ciudadanos de primera y nosotros de segunda?”, cuestionó. 

Los impactos de la construcción de esta casa de descanso militar a las orillas de la Laguna de Bacalar, no son únicamente ambientales. El patrimonio histórico que caracteriza al pueblo también está en riesgo, ya que el fuerte de San Felipe podría fracturarse. 

Un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien por seguridad pidió mantener su identidad en secreto, detalló los efectos de construir a metros del fuerte.

“Por el hecho de ser federal no tienen derecho a violar las leyes, por ningun motivo deben estar en contra del pueblo y el pueblo de Bacalar fue agredido porque están haciendo una construcción junto a un edificio emblemático y en el agua. Cuando los volquetes soltaban la piedra temblaba ahí y luego llegaron los habitantes y vieron cómo temblaba ahí”, relató.

Silencio gubernamental

El INAH guardó silencio sobre el tema. El área de comunicación social fue contactada para conocer si enviaron una comisión a la zona y si la Sedena tenía los permisos, ya que además, del fuerte de San Felipe, dentro de la propiedad militar hay cañones antiguos. 
“El INAH no quiere hacer absolutamente nada”, agregó el arqueólogo, Abraham. 
La Laguna de Bacalar se caracteriza por la belleza de sus siete colores y tiene una extensión de 42 kilómetros cuadrados. Si la comunidad recibe turismo es porque van a conocer este cuerpo de agua.

Catalina Roche no entiende por qué la Sedena decidió construir a la orilla de la laguna y frente al fuerte, dañando ambas cosas: la naturaleza y el patrimonio histórico. 

Dijo que si la excusa fuera por seguridad nacional, a 16 kilómetros del centro de Bacalar se encuentra la base militar de Xtomoc. “Se les propuso irse a este campo que tienen cercano”, argumentó.

En Bacalar hay ejemplos de cómo se puede construir respetando el lugar y sus características. En entrevista, la investigadora del Instituto de Ecología, Unidad Mérida, de la UNAM, Luisa Falcón Álvarez platicó del Ecoparque, realizado en 2022 por el gobierno federal. 
“Se tomó cuidado de no afectar la vegetación ribereña y se colocaron los pilotes de forma que acompañan el crecimiento del manglar y sale al cuerpo arenoso de la laguna, al no perturbar la orilla, el agua es transparente y la arena no está fangosa porque no hay gente caminando. En cambio donde está la obra de Sedena se ve café la orilla”, apuntó.
Antes de la publicación de este texto también se contactó a la Sedena para conocer si cuentan con los permisos para la construcción o sí están en trámite. No hubo respuesta.

La protesta para lograr la cancelación de la obra militar - una supuesta casa de descanso- frente a la Laguna de Bacalar continúa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.