Tlaltequepetquelt y Pechilinque, ambas, islas y corazón del pueblo coca de Mezcala, Jalisco, no son privadas, ni están abandonadas, sino, todo lo contrario.

Las empresas Omnia Experience y Techno Hours Sessions, anuncia descaradamente una RAVE en noviembre y diciembre de este año, en una isla PRIVADA y ABANDONADA. Esa Isla que anuncian, es nuestra isla, que como siempre lo hemos mencionado, es un sitio sagrado, ya que ahí, está el corazón de nuestro pueblo.

Territorio ancestral

Desde tiempo inmemorial, nuestras islas han sostenido la vida, la cultura y la espiritualidad de nuestro pueblo. En el siglo XVI, los escribanos coloniales mencionaban de cómo la gente coca asistía con frecuencia a dejar ofrendas a sus ídolos, por lo que tuvieron que poner a un monje en la isla para impedir que la gente siguiera usando ese espacio. Después, en el periodo independentista, la isla fue el bastión de resistencia de los insurgentes no solo de Mezcala, sino de una amplia región de Jalisco. Esa resistencia, nuestro pueblo la conmemora año con año, porque sabemos que nuestras tierras, son gracias a las luchas del pasado, por ejemplo, de nuestros insurgentes. En 1997, el estado mexicano reconoció que las islas son posesión de la comunidad de Mezcala, además de las 3,600 hectáreas de tierra comunal. En 2010 varias autoridades estatales (SC, INAH, Ayuntamiento de Poncitlán y ST), intentaron privatizar nuestra isla haciendo un fideicomiso, pero no lo lograron. En ese entonces, secretaria de Cultura y el INAH-Jalisco, declararon a la isla como “Museo de sitio”. Lo irónico es que esa declaración que intento despojarnos, ahora tampoco sirve para resguardar, ya que estas empresas, pueden entrar fácilmente a un espacio histórico.

Las islas de nuestro pueblo son habitadas por alrededor de 51 familias de chayoteros, lancheros y pescadores. También en los últimos años, el turismo se ha ido practicando por miembros del pueblo: jóvenes, niños y adultos que prestan servicios de guía turística, por lo que decir que es una isla abandonada y privada, es una total ignorancia.

Ahora, estas empresas nuevamente golpean nuestra historia, identidad y territorio. Para ellos es un negocio, ofrecen paquetes de entre 499 hasta 4,799 pesos. Es indignante ver con que facilidad pueden entrar a nuestra casa.

Llamamos a la sociedad en general a que nos ayuden a señalar este atropello que hacen estos agentes externos en nuestro territorio, que como siempre, solo buscan confundir a nuestra gente (con la promesa de que va a llegar dinero) y pisotear nuestra historia y cultura.

Nunca más un México sin Nosotros

Pobladores de la comunidad coca de Mezcala, Jalisco

Ataques armados y riesgo de desplazamiento forzado en Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo, Michoacán

Ciudad de México, 21 de octubre de 2025

Acción Urgente 008

Hechos

Desde las 18:00 horas del 20 de octubre de 2025, habitantes nahuas de los poblados de Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo reportan ataques continuos por grupos armados identificados por la población como grupos del crimen organizado, con disparos de armas de alto calibre, explosivos lanzados desde drones y uso de bazucas contra viviendas y puntos de resguardo. La población también reporta minas terrestres colocadas en caminos de acceso, impidiendo la entrada y salida segura. No hay presencia efectiva de fuerzas de seguridad. Familias enteras —incluyendo niñas y niños, personas mayores y enfermas— permanecen resguardadas bajo extrema vulnerabilidad. Estos patrones repiten ataques previos documentados en la zona.

Antecedentes inmediatos y patrón de violencia

Las formas de despojo van desde extracción ilegal, favorecimiento se concesiones, megaproyectos como hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, Planes de Justicia, Áreas Naturales por imposición, parques industriales, Acueductos, cerveceras, basureros, contaminación industrial, presas, urbanización en cuerpos de agua, entre otros.

«Para ellos es ganancia, para nosotros es la muerte», dijo Marichuy.

Higinio Ochoa, integrante yaqui del Consejo del Agua del Pueblo de Loma de Bacum, dio la bienvenida a más de 127 personas que llegaron de 17 estados de México y de un país, Argentina.

Higinio describió cómo el Plan de Justicia llegó a dividir a los ocho pueblos yaquis y a darles quincenas a las autoridades con las cuales «son manipulados abiertamente».

«Se ha cacaraqueado mucho en el famoso plan de justicia Yaqui sobre el agua. Esta un grupo supuestamente de los 8 pueblos yaquis denominado La comisión Jiaki. Pero estan callendo en el despojo en contra de nuestros hermanos yaquis. Todo esto por un cheque», dijo Higinio con voz pausada y fuerte. Aseguró que estan traicionandose y perjudicandose entre mismos parientes, despojando el agua y con ello evitando las siembras.

Menciona lo que han vivido en Loma de Bacum para mantener al margen del pueblo al gobierno y tomar conteol del agua de la presa del Oviachic. Así mismo crearon el Consejo del agua Es el único de los 8 pueblos que no participó en el Plan del gobierno mexicano.

«El agua no es de la Conagua», aseveró Higinio.

El pueblo de Loma de Bacum frenó un gasoducto de la empresa Ienova en el año 2018. Ahora con el Plan del Justicia, crearon un Consejo del Agua para asegurar el manejo del agua para la siembra agroecológica y la distribución a la comunidad.

Al inicio de la asamblea realizaron un ritual para agradecer y ofrendar la palabra a la acción. Se registraron personas provenientes de 16 pueblos p’urépecha, maya peninsulular, popoluca, nahua, yaqui, mayo, ñu savi, mixe, tsotsil, tseltal, otomí, raramuri, naayeri, masateca, chol y uno internacional: mapuche.

«Cada uno de los pueblos han sabido cuidar su territorio, claro que saben cómo ir manejando el agua, ir cuidando los recursos naturales, las plantas, por eso todavía estan viviendo, por eso hay pueblos, por eso hay tierras, agua, por eso quieren quitar a los pueblos para quedarse con las riquezas que se tienen ahí», dijo Marichuy.

Los 17 estados que participaron son Zacatecas, Sonora, CDMX, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Estado de Mexico, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacan, Baja California, Morelos, Oaxaca, Campeche; y un país: Argentina.

«Juntos podemos defender esta vida. Ni si quiera es para nosotros sino una vida para todos los que vienen atras y para nuestro territorio. Aqui estamos dispuestos a continuar esta articulación de diferentes fuerzas para poner un alto ante tanto despojo», aseguró Marichuy.

En el primer día de trabajo de la asamblea, las personas participantes realizaron mesas de trabajo para dialogar con las preguntas ¿Quienes despojan el agua, como es el despojo? Y respondieron ¿Cuáles son las estrategias de defensa del agua que llevan a cabo en sus geografías?

Para el segundo día de trabajo realizaran la asamblea plenaria y pronunciamiento final con la declaratoria y acuerdos tomados.

“[El río] Da agua a los animales, para el riego, para el mar. Los animalitos beben del agua, lo necesitamos mucho”, comparte Gotogopicio.

“Se miraba muy bonito cuando corría el agua”, recuerda mientras señala donde pasaba el río. “Mucha gente antes lavaba en los ríos, antes no había llaves, y tenían que venir al río”.

Desde su resistencia, los yaquis han resaltado que son ellos y ellas quienes deben hablar por el agua, las montañas, las piedras y el mar que no tienen voz para defenderse a sí mismos de la explotación humana.

El cuerpo de agua es vital para los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui. Ha sido un eje central de la lucha por el territorio que han desempeñado desde los tiempos del porfiriato, y más recientemente contra los embates del Gobierno mexicano.

Aunque la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, quienes dieron el beneficio de la duda a la iniciativa, hoy señalan que la política gubernamental no ha atendido sus demandas y necesidades, pero sí ha generado divisiones. En 2021 registró el asesinato de uno de sus miembros más activos, Tomás Rojo.

Los yaquis, bajo acecho desde el porfiriato

Después llegó un periodo de relativa paz, representado en el símbolo de su nación con el color blanco. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tribu pudo recuperar parte del territorio sonorense que había perdido y empezar a reconstruir su comunidad, que para ese momento ya había fundado asentamientos en otros estados de la República, como Veracruz y Yucatán, mismos que aún se mantienen.

“La política, de cualquier partido, a los indígenas nos ha tratado mal. Nos han pisoteado los derechos, y parece que nos quieren acabar los usos y costumbres”, acusa César Cota, miembro de la tropa yoreme.

“Hemos andado en muchas partes, todos siempre defendiendo nuestro territorio: el agua, las montañas, el mar. Esas no hablan, por eso dicen los viejos, ‘pero nosotros hablamos por ellos’. Ellos están ahí: el agua corre, las piedras no se mueven. El mar ahí está, pero no habla. Por eso, nosotros debemos hablar por ellos”.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui provoca divisiones

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, con el cual el presidente prometió restituir tierras y aguas a la tribu, además de pedir perdón por los crímenes cometidos en su contra por gobiernos anteriores. La estrategia consistía en rehabilitar y entregar el Distrito de Riego 018 para que los yaquis tuvieran derecho a agua para sus hogares, el ganado y la siembra, además de la construcción de una universidad, rehabilitación de escuelas, modernizar la infraestructura, mejorar las instalaciones de servicios de salud, entre otras acciones, para atender la deuda con los pueblos.

La noticia fue recibida por los pueblos con opiniones divididas: algunos se acercaron al oficialismo, otros se limitaron a aceptar la iniciativa con críticas y recelo. Entre quienes vieron buena voluntad del exmandatario, hay quienes se sienten decepcionados y traicionados.

Recuerdan cuando López Obrador los visitó en el pueblo de Pótam, durante su tercera campaña presidencial en el 2018, y prometió hacer justicia a la tribu yaqui.

“Sí, llegó a ser presidente. Sí, hizo el Plan de Justicia para los Yaquis, y todo estaba bien, pero debajo de ese plan había un propósito: un nuevo decreto que nos iban a imponer”, rememora Cota a inicios de octubre de 2025, en el marco de la Caravana por el Clima y la Vida, una iniciativa de organizaciones y colectivas para reunir exigencias de pueblos que defienden la autonomía y el territorio.

La serie de decretos presidenciales y políticas implementadas por López Obrador entregaron tierra, agua y vivienda a los yaquis, pero en el 2021 y 2022, explica Cota, el Gobierno mexicano impulsó acuerdos con algunas autoridades yaquis para la asignación de agua a la comunidad, lo cual provocó divisiones en la tribu.

El nuevo Ministro Presidente fue operador del Plan de Justicia Yaqui

Además del despojo de territorio, con la construcción del Acueducto Independencia se violó el derecho de la tribu yaqui al agua.

El hecho fue escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2013 emitió un fallo histórico en contra de la Autorización de Impacto Ambiental con la que se había permitido la magna obra y señaló que no se había llevado a cabo una consulta informada a la tribu para su realización.

Las y los magistrados de la entonces Primera Sala ordenaron al Estado realizar la consulta y detener las operaciones del acueducto, lo cual no fue acatado.

Divididos, los yaquis que se mantienen críticos contra el Estado no confían en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda resolver a favor de sus pueblos. Además, la Suprema Corte ahora está presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien fungió como abogado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el sexenio de López Obrador.

Aguilar, quien resultó electo a inicios de junio en las elecciones judiciales, fue fundamental para la creación y posterior implementación del Plan de Justicia Yaqui.

“Ese personaje es el que hizo daño a nosotros, la tribu”, remarca Cota. “Dice que es indígena, pero trabaja a favor del Gobierno. (…) Ahora, nuestros amparos [contra el plan], es lo que estamos diciendo: ‘¿dónde van a quedar, con esa nueva Suprema Corte?’ Si la misma persona que nos hizo daño, como a otros indígenas del sur, ahora está allá adentro. ¿Dónde vamos a quedar nosotros?”.

La lucha por el agua y el territorio

Así como los yaquis llevan más de cien años en lucha por el respeto a sus usos y costumbres, su territorio y el agua, el Estado mexicano ha continuado con la criminalización de sus representantes.

El 27 de mayo de 2021, el líder yaqui Tomás Rojo fue reportado como desaparecido. El activista fue uno de los principales voceros en la lucha contra el Acueducto Independencia en 2010, por lo que incluso fue falsamente acusado de varios delitos. Dos semanas después de su desaparición fue localizado sin vida en una fosa.

🔴 LOS RESTOS LOCALIZADOS EN #VICAM CORRESPONDEN AL VOCERO DE LA ETNIA YAQUI, TOMÁS ROJO VALENCIA: #LABORATORIOCIF #FGJE #SONORA. pic.twitter.com/3P869WSNjj

— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) June 22, 2021

Para él, el Plan de Justicia Yaqui ha sido un instrumento para ensartar “un golpe mortal” a la tribu y su movimiento, por lo que ha hecho un llamado a que se revisen los acuerdos oficiales hechos por el Gobierno federal que contemplen el respeto al territorio y derechos del agua de los yaquis.

En ese sentido, Agustín Molina, Capitán del Pueblo de Pótam, resaltó que la tribu yaqui continuará peleando por sus derechos.

“Vamos a seguir hasta donde debamos para defender nuestros derechos. Esos niños que andan ahí, jugando”, dice señalando a los miembros más pequeños de la tribu, “mañana o pasado no van a tener un futuro, como nosotros lo tuvimos cuando nuestros antepasados nos heredaron este pedazo de territorio”.

“Por eso vamos a seguir adelante, hasta donde tope y hasta donde tengamos que llegar”.

Por la justicia de los pueblos originarios: Plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ciudad de México, 9 de octubre del 2025.

Integrantes de diversas comunidades originarias del país —entre ellas la comunidad chontal de El Coyul, — hemos instalado un plantón pacífico frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El motivo de esta acción es la exigencia de una mesa de diálogo urgente e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar, quien ha manifestado públicamente su compromiso con los derechos de los pueblos originarios y por lo tanto creemos que puede y debe marcar un nuevo rumbo en la justicia para nuestras comunidades.

Nuestras voces vienen desde territorios profundamente golpeados por un sistema judicial históricamente corrupto y racista, que en lugar de protegernos, criminaliza a quienes defendemos la vida, el territorio, la autonomía y los derechos colectivos. Por décadas, nuestras comunidades han sido víctimas de violencia estructural, despojo, desplazamiento forzado, desapariciones, criminalización, y otros crímenes de lesa humanidad.

Este es el momento de romper con esa historia de impunidad.

Demandamos:

• Una reunión directa e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar y con la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Reiteramos: no venimos a pedir favores, venimos a exigir lo que por derecho nos corresponde. En esta nueva etapa del sistema judicial mexicano, no puede haber justicia sin los pueblos indígenas.

¡Alto a la criminalización!

¡Justicia para nuestros pueblos!

¡La Suprema Corte debe escuchar a las comunidades originarias!

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

Una de las defensoras que alertó este conflicto y la disputa del territorio por la madera, fue Irma Galindo Barrios, quien también desapareció el 27 de octubre en la ciudad de México, cuando acudió a una reunión con el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas.

Dos meses después de estos sucesos, el 31 de diciembre, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021.

EL CED-ONU solicita al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su desaparición forzada, sin que a la fecha se haya localizado a alguno de ellos.

Maurilio Santiago dijo que ante esta situación de riesgo, los beneficiarios de Medidas Cautelares y el Centro de derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C responsabilizan al Estado Mexicano de cualquier agresión violenta que se pueda dar en contra de los beneficiarios de medidas cautelares.

Es importante mencionar, que las y los habitantes de Guerero Grande y Mier y Terán así como sus autoridades exigen al Estado garantizar su seguridad que hoy más que nunca está en riesgo.

Toman instalaciones del IEM, exigen respeto a la autodeterminación de San Miguel del Monte #CSIM🟪🟦🟨🟩

¡Exigimos Respeto a la Libre Autodeterminación de San Miguel del Monte!

AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 11 de agosto de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos colectivamente lo siguiente:

En primer lugar, queremos denunciar la ineficiencia, lentitud y burocracia del Instituto Electoral de Michoacán #IEMich, para operar las consultas de las comunidades originarias, como lo demuestra la solicitud para el autogobierno de la comunidad Matlazinca o Pirinda de San Miguel del Monte, la cual fue presentada el 9 de agosto de 2024 y que a un año de que fue recibida, no se ha llevado a cabo, esto a pesar de que el Código Electoral del Estado de Michoacán establece una temporalidad de 15 días para su realización “Una vez presentada la solicitud, el Instituto Electoral de Michoacán realizará en conjunto con el Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles, una consulta previa, libre e informada a la comunidad en la que se especifique si es deseo de la comunidad el elegir, gobernarse y administrarse de forma autónoma” Sin embargo, en ninguna de las 32 consultas que ha realizado el IEMich sobre presupuesto directo, ha cumplido con los tiempos que marca la ley.

En los últimos meses, el IEMich ha tomado una serie de decisiones contrarias a los derechos de los pueblos indígenas, el 19 de marzo de 2025, rechazó la consulta de autogobierno de la comunidad de Chapa Nuevo, argumentando que no era una “Encargatura del Orden Independiente”, sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán #TEEMich resolvió que el IEMich no consideró adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas, ni realizó las diligencias adecuadas para resolver el caso, enmendándoles la plana y ordenándoles repetir el proceso.

Posteriormente, el 27 de abril, negó la consulta a la comunidad afromexicana de El Ticuiz, arguyendo que no existía legislación local que reconociera los derechos de los pueblos afrodescendientes e ignorando lo que establece la Constitución Federal, lo que significó una regresión a los derechos colectivos, por lo que otra vez el TEEMich tuvo que corregirlos.

Hoy, nuevamente ignora, discrimina y excluye a la comunidad Matlazinca de San Miguel del Monte, al negarle realizar la consulta para su autonomía por usos y costumbres e imponerle arbitrariamente que sea por medio de urnas, con lo que reitera su actuar trasgresor de los derechos indígenas. Esto a pesar de que en las últimas 3 elecciones para elegir autoridades en San Miguel han sido a mano alzada, siendo estas para elegir Jefes de Tenencia, Comisariado Ejidal y Jueces Menores.

Por lo anterior, el día de hoy la comunidad Pirinda se encuentra en pie de lucha, para exigir que sea respetada su libre autodeterminación, además de que esta resolución impositiva del IEMich, será impugnada en tribunales y acompañada por movilizaciones y manifestaciones, seguiremos luchando jurídica y socialmente hasta que se respeten las decisiones colectivas de San Miguel del Monte. ¡El IEM ha discriminado a los pueblos p’urhépecha, afromexicano y matlazinca! ¡Basta ya de imposiciones y discriminación!

🦅 CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Entre las principales demandas de los pueblos originarios, destacó el llamado a detener la construcción de la autopista Palenque- San Cristóbal de las Casas, proyecto que -según denunciaron- amenaza con fragmentar sus territorios, afectar el medio ambiente y violentar sus derechos colectivos.

Con pancartas, consignas y rezos, los asistentes caminaron por las principales vías de Bachajón, denunciando también la criminalización de defensores comunitarios y la creciente militarización en sus regiones.

Los manifestantes manifestaron su inconformidad “por el procedimiento para la reactivación de la construcción” de la vía, conocida como Ruta de las culturas mayas, “un proyecto que dice ser ‘de desarrollo’, pero que desde su impulso ha conllevado una serie de violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios”.

La movilización fue convocada por autoridades comunitarias, comités parroquiales y organizaciones como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), quienes exigieron el cese de megaproyectos impuestos sin consulta, como la autopista Palenque- San Cristóbal de las Casas y denunciaron las agresiones a defensores comunitarios.

Durante la marcha peregrinación, los asistentes portaron pancartas con mensajes como “La madre tierra no se vende”, “No a la autopista, sí a la vida” y “Queremos paz con justicia y dignidad”. También realizaron cantos, oraciones y una ceremonia tradicional en defensa del territorio.

Rechazo a la autopista Palenque- San Cristóbal de las Casas

Uno de los motivos centrales de la protesta fue la oposición al proyecto carretero Palenque- San Cristóbal, que desde hace varios años ha sido impulsado por los gobiernos estatal y federal como parte de la infraestructura turística del Tren Maya.

De acuerdo con las comunidades, el trazado de la autopista afectaría territorios comunales y ejidales de municipios como Chilón, Ocosingo, Yajalón y Tila, fragmentando tierras agrícolas, sagradas y reservas ecológicas.

Las comunidades también alertaron sobre el aumento de la militarización, la criminalización de defensores y la imposición de programas sociales como instrumentos de división interna.

Organizaciones indígenas, colectivos religiosos y autoridades tradicionales participaron en la jornada, la cual concluyó con una ceremonia espiritual en el que reiteraron su compromiso por la defensa del territorio y la autonomía de los pueblos.

Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca| Julio 2025

JALAPA DEL MARQUÉS, OAXACA

<< EL AGUAJE NO SE TOCA: CONTRA EL DESPOJO Y LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA >>

Desde la comunidad zapoteca de Santa María Jalapa del Marqués, denunciamos públicamente las amenazas de despojo, privatización y control ilegal sobre El Aguaje, uno de los nacimientos de agua termal más importantes para nuestra vida comunitaria.

Desde la construcción de la presa “Benito Juárez” en 1961, nuestro pueblo ha sido víctima del despojo y del abandono. Nos desplazaron con promesas de progreso y agua potable para todas las casas. Lo que vino después fue otra cosa: la tierra quedó bajo el agua, nuestras casas fueron destruidas, y la supuesta modernización benefició a otros, no a nosotras y nosotros.

Hoy, más de seis décadas después, el acceso al agua potable sigue siendo un problema grave. Solo quien tiene dinero puede comprar pipas. Las demás familias tenemos que organizarnos para acarrear agua desde El Aguaje, que además de ser un manantial, es uno de los pocos espacios que aún se sostienen por la fuerza colectiva de la comunidad.

El Aguaje ha sido defendido, cuidado y sostenido por la colonia Aguascalientes, que lleva ese nombre en honor al manantial. La comunidad ha trabajado sin apoyo institucional, construyendo pilas, galeras, lavaderos y sistemas de luz eléctrica. Se han creado espacios de uso colectivo para las personas, para los animales, para la vida cotidiana.

Ahora, este territorio vuelve a estar bajo amenaza: intereses privados, autoridades locales coludidas y actores externos quieren apropiarse de El Aguaje, disfrazando el despojo con discursos de desarrollo, turismo o modernización. Sabemos que estas estrategias ya han sido utilizadas en otros lugares del Istmo para quitarle el agua a los pueblos y entregársela a empresas.

Denunciamos que la amenaza sobre El Aguaje forma parte de una política más amplia de despojo, control del agua y agresión contra los pueblos que defienden sus bienes comunes. En una región donde se construyen megaproyectos, en la lógica de vaciar los territorios y mercantilizar lo que nos queda.

EXIGIMOS:

El reconocimiento de El Aguaje como espacio comunitario bajo resguardo del Comité de Aguaje.

El cese inmediato de cualquier intento de apropiación, cercamiento o intervención sin consentimiento de la comunidad.

Acceso garantizado, gratuito y suficiente al agua potable para todas las familias de Jalapa del Marqués.

Respeto a las formas de organización comunitaria en torno al uso, defensa y cuidado del agua.

NO VAMOS A PERMITIR UN DESPOJO MÁS.

LA DEFENSA DEL AGUA NO ES NEGOCIABLE.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE EL AGUAJE.

¡NADA ESTÁ RESUELTO!

¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA, SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!

¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

El Frente de pueblos y barrios del Anahuac nació como una organización popular que nuclea a 66 pueblos originarios, dónde confluyen autoridades tradicionales y representantivas de los mismos, así como integrantes de los colectivos de cada pueblo. Velázquez dijo que la organización tiene presencia en prácticamente todas las alcaldías de la capital, y que sus ejes de trabajo son la defensa del territorio, la construcción de autonomía y la reivindicación y revitalización de la cultura de los pueblos de la capital mexicana.

“Somos una organización apartidista, independiente, anticapitalista según nuestro estatatuto, antripatriarcal y antirracista, que hemos participado en la defensa de los derechos de los pueblos y en la discusión de leyes que los afectan”, indicó.

Por esto, el Frente ha marcado su rechazo con la construcción de un sistema publico de registro de pueblos y barrios en la ciudad de México, que fue lanzado en 2022 por la Secretaría de Pueblos originarios y comunidades indígenas (SEPI) cuya convocatoria “anuló los derechos colectivos de más de 150 pueblos ya reconocidos, desde el punto de vista del Gobierno porque nosotros sabemos que los tenemos, que esos derechos existen”, contó.

Sin embargo, se condiciona actualmente el reconocimiento de pueblo originario a aquellos que cumplan con el registro establecido, lo que ha interferido en su capacidad para oponerse a proyectos inmobiliarios, como fue el caso de la resistencia a Fuentes Brotantes.

“Para ser reconocidos como pueblos, se establecieron una serie de requisitos, hacer censos, presentar actas de nacimiento, certificados de escolaridad y otros trámites que han llevado a que la Secretaría de Pueblos niegue el derecho a la consulta ante proyectos inmobiliarios privados, argumentando que los pueblos no están registrados como tales”, expresó.

Durante ese proceso, el Frente de Pueblos se manifestó públicamente y presentó también una demanda colectiva ante el Tribunal electoral de la Ciudad de México, quien se declaró incompetente en el asunto. Sin embargo, Velázquez comentó que “vinculamos estas problemáticas de registro y de la existencia misma de la Secretaría de Pueblos con estas problemáticas también, porque cuando se niegan los derechos a los pueblos, se niega una herramienta que se puede utilizar en la defensa del territorio, frente a los cambios de usos de suelo”.

Estos desarrollos incluyen también a los patrocinados por el Gobierno por medio del instituto de la vivienda, los cuales dada su magnitud y ubicación periférica también terminan afectando las zonas rurales y de conservación: “no queremos negar el derecho a la vivienda y sobre todo, a una vivienda social, pero sí vemos que muchos de estos proyectos de INVI son de carácter masivo y que, si no hay un proceso de diálogo o consulta previa, generan conflictos”, apuntó. Para el Frente, la clave está en el respeto a la consulta previa, libre e informada, como se establece en los convenios internacionales que regulan la materia.

Velázquez explicó que, aunque el Frente no forma parte de la organización de defensa de Fuentes Brotantes, comparten la preocupación de un pueblo que ha estado “desde hace mucho tiempo, muy asediado por la urbanización: en 2017 se terminó de construir una plaza comercial, Patio Tlalpan, y hay muchos desarrollos en la zona. Nosotros reivindicamos la consulta de los pueblos y la defensa de su derecho al territorio”, concluyó.

Como lo manifestamos en conferencia de prensa el pasado miércoles 25 de junio en la ciudad de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, 15 comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan ubicadas sobre la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, inconformes por la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en nuestro territorio marítimo o “maritorio”, presentamos un juicio de amparo indirecto  en los Juzgados de Distrito  ubicados en Coatzacoalcos contra actos u omisiones del poder ejecutivo federal, en este caso contra la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como depositaria del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, contra el INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y contra la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). Y se llamó a juicio a terceros interesados.

En este juicio de amparo se reclaman: la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro “maritorio” para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto. 

También solicitamos a través de este amparo la medida cautelar de mantener el estado en el que se encuentran las cosas, esto es, que no se active la distribución de gas por el ducto, hasta que sea propicia la información otorgada a los quejosos; y se cumpla con el principio precautorio en materia ambiental,  lo que implica que se compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas, y que estas afectaciones no provocarán una disminución en la disponibilidad de nuestras fuentes de alimentación, así como que no afectarán a las especies de especial cuidado y protección de acuerdo con las normas vigentes. 

El pasado viernes 28 de junio, el Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, al que le tocó conocer de este juicio, decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, así como nuestros derechos colectivos basados en nuestros usos y costumbres como lo es nuestra práctica ancestral de realizar asambleas comunitarias como órgano de toma de decisiones de nuestras comunidades indígenas.

Ante esta decisión del Juzgado, presentamos un recurso de Queja el 7 de julio para que un Tribunal Colegiado revise y califique esta decisión.

¡No a los gasoductos en nuestros territorios!

¡Por un México sin fósiles!

¡NUESTRA LUCHA SEGUIRÁ: ES POR LA VIDA!