Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Detienen en Chiapas al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG

El "Doble Cero", pese a ser capturado por la Marina en 2019, logró quedar en libertad, lo que generó críticas y preocupación.

Abraham “M”, alias “Doble Cero”, un peligroso delincuente fugitivo, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el estado de Veracruz, con un historial de crímenes violentos y por quien se ofrecía una recompensa de 350 mil pesos para su recaptura, fue detenido en Chiapas, informó el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca. 

“Fue detenido hace unos momentos en Tuxtla Gutiérrez; el fin de semana recibimos un oficio de colaboración, complementamos las investigaciones y hoy fue detenido Abraham “M”, líder criminal de un grupo generador de violencia en Veracruz”, dijo Llaven Abarca.

Señaló que la Fiscalía de Veracruz había ofrecido una recompensa de 350 mil pesos por información que condujera a su localización y captura del delincuente, y se habían colocado anuncios espectaculares en varios lugares para dar con su paradero. 
“Vamos actuar en colaboración en coordinación siempre para garantizar la paz y la tranquilidad del estado de Chiapas, seguiremos en comunicación para cualquier otro dato de investigación que se requiera del caso”, agregó el fiscal en una video grabación donde se muestra una camioneta blanca donde se cree fue detenido Abraham “M”, acusado de homicidio calificado. 
De acuerdo a la dependencia, se le imputan delitos graves como homicidios, secuestros y cobro de piso. El “Doble Cero” ha estado relacionado con el asesinato de funcionarios y empresarios en Veracruz, incluyendo el caso de la empresaria Susana Carrera, quien fue secuestrada y, posteriormente, asesinada porque su familia no pagó el rescate.

En su historial delictivo se cuenta que, a pesar de haber sido capturado por la Marina Armada en al menos una ocasión (en 2019), ha logrado quedar en libertad en ocasiones anteriores, lo que ha generado críticas y preocupación por parte de las autoridades y la sociedad veracruzana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan con vida a hombre que fue "levantado" en el municipio de Ocozocoautla, Chiapas

En 2023 fue el año con la mayor concentración de casos de desapariciones en Chiapas, con 304 personas que continúan desaparecidas.

La tarde del pasado lunes 16 de junio, alrededor de las 16.30 horas, hombres armados encapuchados irrumpieron en una cantina de la comunidad Vicente Guerrero, en el municipio de Ocozocoautla, para llevarse por la fuerza a Héctor Zúñiga Trejo; su desaparición ha dejado miedo en el poblado de campesinos que denuncia la presencia de individuos que se pasean con armas en camionetas. 

La comunidad que se encuentra a escasos 15 kilómetros de la ciudad capital, denuncia la presencia y actividad de la delincuencia organizada en la zona; los pobladores señalan que al lugar no ha llegado la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite creada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y desplegada en puntos estratégicos de Chiapas con equipo especializado para enfrentar al crimen organizado.

A seis meses de la llegada a la gubernatura de Ramírez Aguilar, Chiapas registra una disminución significativa de algunos delitos de alto impacto, como los homicidios, las extorsiones y las desapariciones por la Estrategia de Construcción de la Paz; pero ahora más personas se están atreviendo a denunciar, como las madres de cuatro adolescentes de 15 y 16 años de edad, estudiantes de secundaria y preparatoria que se encuentran desaparecidos desde agosto del año pasado en el municipio de Arriaga en la región de la costa.

Diez meses después, las familias de Yuritzi Pérez Fericano, de 16 años edad; Martín Gustavo Ramos Cruz, de 15 años de edad; Ángel Fabrizio Santiago Torales, de 15 años; y Emmanuel Alemán Camacho, de 16 años, pedirán en una peregrinación que ha convocado la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la intervención de las autoridades.

Las familias de los jóvenes, a los que consideran “educados, estudiosos y trabajadores”, se movilizarán diez meses después de su desaparición forzada; aseguran que funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas los mantuvieron atemorizados, para que no publicaran nada en redes sociales sobre la desaparición, porque entonces los secuestradores se podrían enojar y no devolverlos con vida.

La Fiscalía no te busca

La desaparición forzada el pasado lunes de Héctor Zúñiga Trejo en el municipio de Ocozocoautla generó entre los habitantes una profunda preocupación, ya que cuentan, hace meses entraron al caserío cinco camionetas, los muchachos que estaban platicando en una banqueta les hicieron bulla, los hombres regresaron, los golpearon y les advirtieron que no se pasaran de valientes. 

Héctor, de 29 años, dedicado a la compra y venta de ganado, relata su hermana Iris, fue la mañana del lunes a entregar en la camioneta de su padre unas vacas al rastro municipal, y de regreso se fue con sus amigos a tomar unas cervezas, pero como siempre lo hacía, avisó en el chat de la familia donde se encontraba, incluso envió una foto. 
“La última conexión que tuvimos con él fue a las 4 de la tarde, de ahí vimos que no le llegaban los mensajes, por lo que mi papá fue a buscarlo; en la cantina quedó la camioneta abandonada con los cristales abajo, en el establecimiento no había nadie, cuando le preguntamos a sus amigos y al cantinero dijeron que no sabían nada y que no vieron nada”. 
Héctor, narra su hermana, fue llevado junto con otro amigo, pero a él lo regresaron al siguiente día todo golpeado, “está en shock, dice que fue vendado. Lo fueron a tirar en la colonia”.

La familia de Héctor denunció su desaparición ante el ministerio público de Ocozocoautla; Iris comenta que ella preguntó que seguía después de la denuncia, le dijeron: “Vamos a darle difusión y cuando tengamos algo, les hablamos”. Iris dice que pidió que se rastreara el celular de su hermano, pero le dijeron que no se podía porque estaba apagado. 

Saldrán a marchar por las desapariciones en Arriaga

En la ciudad de Arriaga, un municipio colindante con el estado de Oaxaca, los pobladores saldrán el próximo domingo 22 de junio en una marcha peregrinación para demandar el regreso con vida de los cuatro adolescentes y de los demás desaparecidos.  

En esa localidad, los habitantes relatan otras desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que se dio como parte de la lucha entre las organizaciones criminales que desde 2020 se mantuvieron enfrentadas por la lucha del control de territorio.
“Amigos y familia, quien guste apoyarme con su valiosa presencia este 22 de junio, a las 05:00 horas saliendo del Calvario, procesión de las antorchas, con faroles y velas, con ropa blanca y si gustas foto”, dice la convocatoria que se ha lanzado para que se usan los parientes de otros desaparecidos en Arriaga.
Las madres de los cuatro jóvenes desparecidos, señalan que, hasta ahora, la única información que tienen sobre la desaparición de sus hijos, son las fichas que emitió la Fiscalía General del Estado, pero diez meses después, los secuestradores no les han enviado mensajes.

Las mujeres están convencidas de que sus hijos puedan regresan a casa y puedan continuar con sus estudios, porque soñaban con ir a la universidad y servir a la comunidad como médicos, ingenieros y maestros.

Las desapariciones

La crisis de desapariciones en Chiapas, es un fenómeno complejo y doloroso, gran parte está ligada a la confrontación de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio, si bien, el delito disminuyó, las desapariciones es una realidad persistente y preocupante, que no solo no desaparece, sino que en algunas zonas y en ciertos segmentos de la población, muestra un recrudecimiento, afirman organizaciones de la sociedad civil. 

En 2023 fue el año con la mayor concentración de casos de desapariciones en Chiapas, con 304 personas que continúan desaparecidas. 

En 2024 las desapariciones forzadas se incrementaron entre los meses de enero y octubre, se duplicaron las cifras de jóvenes y niñeces desaparecidas, con 208 casos activos solo en ese periodo, lo que representa un disparo del 90 por ciento en denuncias vigentes en comparación con 2023, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

“Tememos un ataque armado o probable masacre”, alertan tsotsiles de Tzajalch’en

“En estos días, tememos un ataque armado o probable masacre que pueda ocurrir por los grupos criminales que operan en esta región”, alertaron las autoridades de la comunidad tsotsil de Tzajalch’en, Chiapas, durante una jornada de oración ecuménica para pedir acompañamiento tras las agresiones armadas y la criminalización de las que fueron víctimas los pasados 8 y 9 de junio.

“Existe un peligro latente en la comunidad y están siendo amenazadas de muerte las autoridades por vía telefónica y verbal”, denunciaron los mandos comunitarios de Tzajalch’en. La jornada de oración, realizada este 14 de junio, se convocó luego de que el 8 de junio se registraran detonaciones de armas de fuego desde un monte a alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad.

Minutos después de las detonaciones, un grupo de personas armadas llegó a Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos. La población notificó a las autoridades municipales y tiempo después llegaron elementos de la Guardia Nacional y el ejército, pero la violencia continuó el día siguiente, cuando la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron a la comunidad para pedir que las autoridades comunitarias y un integrante de la organización pacífica de Las Abejas de Acteal los acompañaran a informar la situación.

“Sólo fue una simulación cuando nos dijeron que los acompañáramos para supuestamente investigar los hechos. Estando en el camino personal de la Fiscalía y los pakales nos amenazaron y nos agredieron físicamente, culpándonos de secuestradores”, acusaron las autoridades de Tzajalch’en, que responsabilizaron a las instituciones de las amenazas en contra de los mandos comunitarios.

Además de las amenazas, señalaron que la Fiscalía y las FRIP son responsables de fomentar la venta y consumo de drogas en la comunidad, el robo de cinco celulares y dos radios portátiles del agente rural municipal, de generar violencia y de criminalizar sus usos y costumbres.

Por ello, exigieron al gobierno federal y estatal poner fin a la violencia en Chiapas y especialmente en la comunidad de Tzajalch’en, donde el riesgo de que continúen las intervenciones de grupos armados es “latente”.





FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Indígenas desplazados en Chiapas exigen traslado tras 9 años de espera

Organizaciones locales e internacionales han señalado que no existe una cifra exacta de personas en situación de desplazamiento forzado pero calculan que en los últimos años entre 16,000 y 21,000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas.

Más de una decena de familias indígenas tzotziles, víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas desde hace nueve años por la violencia que se vive en la región, hicieron un llamado al Gobierno estatal para su “reubicación integral”.

“Han pasado nueve años desde el trágico desplazamiento forzado que sufrimos (…) Desde entonces hemos vivido en condiciones de extrema vulnerabilidad”, manifestó Araceli Cruz, portavoz de las 14 familias desplazadas, quien también recordó que en ese periodo ocurrió la desaparición y asesinato de su familiar Guadalupe Cruz Hernández.

Desde 2016 este grupo de personas indígenas, originarias del municipio de Chenalhó, se vieron obligadas a abandonar su hogar debido a enfrentamientos entre grupos armados que los expulsaron de su territorio, por lo que ahora viven hacinados en un campamento provisional ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde afirman estar sometidos a condiciones inhumanas.

Con la intención de mejorar las condiciones de vida de estas familias, Cruz exigió al actual gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, una “solución integral y diálogo directo” con las autoridades, pues aseguró que al momento “no hay una ruta de trabajo clara” para garantizar su seguridad y vivienda digna.

“Estamos pidiendo justicia, queremos una solución definitiva, una reubicación integral que nos permita rehacer nuestras vidas en paz con acceso a vivienda, tierra, salud, educación, trabajo”, sostuvo.

Actualmente, las familias conformadas por niños y adultos mayores, sobreviven en viviendas precarias edificadas con techos de lámina y tejas entreabiertas que las expone a bajas temperaturas y lluvias en un territorio propenso a ciclones tropicales, de los cuales se esperan hasta 20 en esta temporada de 2025.

Ante esta situación, Alonso Gutiérrez, padre de familia de ocho hijos, comentó a EFE que las condiciones en estos campamentos siempre fueron “pésimas”, ya que los espacios son muy reducidos, por lo que ellos mismos tuvieron que hacer arreglos para mejorar la calidad de vida de los integrantes.

“Por el techo entra el agua y el frío, los que más sufren son los niños y bebés, pues aquí estamos viviendo. Hemos protegido el techo con plástico, pero el sol y el agua lo rompen”, apuntó Gutiérrez, también indígena de la comunidad tzotzil.

Organizaciones locales e internacionales han señalado que no existe una cifra exacta de personas en situación de desplazamiento forzado, pero calculan que en los últimos años entre 16,000 y 21,000 personas han sido desplazadas internamente en Chiapas.

El desplazamiento forzado es cuando las personas se ven obligadas a dejar sus hogares o huyen debido a la violencia, los conflictos, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos, como sucede con conflictos agrarios en Chiapas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tras años de omisiones, Chiapas busca a personas desaparecidas en ranchos vinculados al narco; hallan 12 fosas en 3 meses

Después de años sin intervención estatal, familiares de personas desaparecidas en Chiapas realizan búsquedas y excavaciones junto con el gobierno local en predios que alguna vez estuvieron controlados por el crimen organizado.

La perrita Luna olfatea la tierra húmeda del rancho Las Pitayas,  en el municipio de Emiliano Zapata, Chiapas. Da unas vueltas y luego se sienta en el hoyo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) acaba de abrir con un pico. Allí, se halló el retazo de un informe militar quemado.

“Si hubiera algún cadáver o resto óseo, Luna estaría escarbando. Está entrenada para reconocer el olor de descomposición en el suelo” explica un integrante de Protección Civil de Chiapas. 

El pasado 11 de junio se realizó la cuarta búsqueda que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, la Protección Civil y familiares de personas desaparecidas realizan en este rancho. Durante la primera revisión, el 11 de diciembre de 2024, encontraron restos óseos calcinados.

“En el rancho Las Pitayas y en sus alrededores confluyen los datos telefónicos de muchas personas desaparecidas de Chiapas”, afirma la Colectiva Cereza, que acompaña a familiares de personas desaparecidas. “Desde hace dos años estamos pidiendo a la FGE que realice cateos, pero sólo empezó a hacerlos en diciembre pasado cuando hubo el cambio de gobierno”.

A partir de mediados de 2021, cuando escaló el conflicto por el control del territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el número de personas desaparecidas en el estado incrementó exponencialmente: según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), entre 2019 y 2024 la cifra cuadriplicó y actualmente los casos son mil 563. En estos años, las fichas de búsqueda empezaron a llenar las redes sociales y una macabra sospecha se insinuó entre la población: en Chiapas también debe de haber fosas clandestinas.

De acuerdo con datos que la FGE compartió con Animal Político tras una solicitud de acceso a la información, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en la entidad se encontraron 12 fosas clandestinas: una en Emiliano Zapata, Soyaló, Palenque y Suchiate, dos en Tapachula y seis en La Concordia. En algunos entierros se hallaron cadáveres, 25 en total, y en otros restos óseos u osamentas. En marzo las autoridades chiapanecas detuvieron las búsquedas, que se reanudaron este mes.

Uno de estos ranchos del crimen organizado se encuentra muy cerca del aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez. En marzo, las autoridades y el colectivo de buscadoras chiapanecas Madres en Resistencia peinaron el rancho Aurora Buenavista, que se encuentra a sólo diez kilómetros del aeropuerto de la capital chiapaneca, en el municipio de Chiapa de Corzo. En un refugio subterráneo hallaron chalecos tácticos, cascos, droga, armas, cartuchos y cocaína. A pocos kilómetros de allí, se encuentra el rancho Las Pitayas.

Al lado de esta zona árida del centro del estado, que las abundantes lluvias del último mes están reverdeciendo, pasa uno de los tres corredores que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ubica como ruta de trasiego en su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”. El corredor empieza en Ciudad Cuauhtémoc, un poblado en la frontera con Guatemala que recientemente fue escenario de un enfrentamiento armado protagonizado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que pasa por Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, desembocando en Veracruz.


Hasta el momento, las autoridades peinaron poco más de la mitad de las 16 hectáreas del rancho Las Pitayas. De acuerdo con Isabel Torres, integrante y fundadora de Madres en Resistencia, durante una revisión del rancho en la que participó, fue evidente que los peritos de la Fiscalía no están bien capacitados en el levantamiento de las evidencias. “Además, la Fiscalía solo llega y ve lo que está a la vista. Nosotras escarbamos absolutamente cada rincón de la casa, cualquier prenda que se encuentre, revisamos las paredes por si alguna persona estuvo ahí y escribió algo”, dice Isabel Torres.

La activista también critica a la FGE por no avanzar con la investigación de los casos que se van acumulando en los estantes de sus oficinas, y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no brindar apoyo adecuado a las buscadoras chiapanecas. Al mismo tiempo, señala unas mejoras en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), que está auxiliando a su colectivo con personal y herramientas tecnológicas. Señala también un logro importante que Madres en Resistencia alcanzó tras años de lucha: a mediados de mayo, el Congreso de Chiapas creó una comisión para avanzar en la conformación del Consejo Ciudadano, órgano que, de acuerdo a la ley, hubiera tenido que crearse en 2019.

“El Consejo Ciudadano permitirá la participación de las familias en el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas”, explica Isabel, cuya hija Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, fue desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, cerca de Tuxtla Gutiérrez. Se la llevaron de un salón de fiestas durante la boda de Isabel unos hombres armados que llevaban en el pecho las siglas de la FGE. Sucesivamente, el celular de Cassandra fue geolocalizado en el rancho Aurora Buenavista mientras que el de Isabel, que los secuestradores también se llevaron, fue geolocalizado en el rancho Las Pitayas.

Los restos óseos calcinados, que han sido hallados en diciembre de 2024 en una fosa séptica del rancho Las Pitayas, están en tan mal estado que podría ser difícil sacar su perfil genético e identificarlos. Sin embargo, en un primer momento, las autoridades dijeron que se trataba de tres osamentas, de tres personas distintas y los medios afirmaron que pertenecían a los integrantes del grupo de siete personas que desaparecieron el 23 de noviembre de 2024, mientras viajaban en una Urvan que fue encontrada a pocos kilómetros del rancho. En realidad, la Colectiva Cereza tiene dudas de que los restos óseos les pertenezcan, pues la geolocalización de sus celulares no lleva al rancho Las Pitayas, aunque sí estuvieron en la colonia 20 de noviembre, que está cerca de allí.

“Me la pasé muy mal por la noticia que difundieron los medios amarillistas, era de noche y estuve marque y marque a la Fiscalía, pero no me contestaba”, dice Kenia García Chulín, joven de 19 años que desde aquel día busca a sus papás y a su hermanito de 12 años.

Junto con los familiares de otras personas que viajaban en aquella Urvan, el pasado 11 de junio Kenia acompañó la revisión del rancho Las Pitayas. Presionaba a las autoridades para que buscaran minuciosamente, les señalaba pozos, rincones y un punto en el pasto donde había ceniza: allí, encontraron el uniforme militar quemado.

“¿A qué tanta profundidad se pueden encontrar restos?”, le preguntó a un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, que excavaba en el punto quemado indicado por Kenia. “Sesenta-setenta centímetros, no se toman la molestia de excavar más”, le contestó. 

Poco más allá, a lado de la fosa séptica donde se hallaron los restos óseos y de una pochota cuyo tronco está lleno de impactos de bala, la FGE encontró dos tambos de metal que sospecha pudieron haber sido utilizados para quemar cuerpos, y que serán analizados en un laboratorio. 

“No siento que haya mucha transparencia por parte de la FGE. Hay hilitos sueltos en la reconstrucción de los hechos que no ha podido coser: un día nos da una información y al otro día nos da otra, donde salen detalles que no se mencionaron en las anteriores reuniones”, dice Kenia. “Las familias que llevamos siete meses en esta búsqueda pudimos detectar algunos vacíos. Creo que para nosotros y ante las instituciones es muy importante caminar de la mano como familiares, que más que culpables estamos buscando a nuestros seres queridos desaparecidos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

“Es una farsa”, consulta sobre autopista Palenque – San Cristóbal: Modevite

“La construcción de la autopista, presentada como un acto de ‘consenso’ y ‘participación comunitaria’, es una farsa”, aseguró el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), luego de que el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez inauguró las obras de la súpercarretera Palenque – San Cristóbal de las Casas, a pesar de que no se consultó a las comunidades afectadas y despojó de sus parcelas a las familias.

En un comunicado, los pueblos tseltales, ch’oles, tsotsiles y mestizos que integran el Movimiento aseguraron que “es una vil mentira” que el gobierno de Chiapas dialogó directamente con los dueños de los predios o parcelas atravesados por la línea de la autopista, además de que no realizó una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada sobre la obra y violó el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El “banderazo” a las obras de la autopista, que forma parte de la denominada “Ruta de las Culturas Mayas”, fue dado por Ramírez Aguilar con un “ritual maya” y la bendición de la maquinaria del proyecto, aun cuando existen dos amparos en su contra por la falta de información ambiental y por las “consultas amañadas” y “a mano alzada” que realizó el gobierno para avanzar con la construcción.

“El gobierno pretende legitimar un proyecto de muerte utilizando nuestras ceremonias ancestrales y bendiciendo las máquinas que vendrán a destruir nuestro medio ambiente y la vida de la comunidad. Rechazamos que nos utilicen para legitimar proyectos que sólo benefician a las élites políticas y económicas del estado de Chiapas”, señaló el Modevite, que calificó de “engañoso” el discurso de Ramírez Aguilar por no señalar “de forma clara y precisa los daños que esta megaobra conlleva”.

Desde hace más de tres sexenios, los habitantes de los diez municipios que atraviesa la carretera han rechazado la imposición de la carretera, que conectará con otros megaproyectos extractivos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

En su campaña electoral, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum prometió concluir las obras en “beneficio de las comunidades indígenas” y posteriormente catalogó a la obra como “prioritaria”. El discurso de Ramírez Aguilar en la inauguración de la construcción reiteró que el proyecto representa “un beneficio para el pueblo”.

“Contrario al relato oficial de ‘desarrollo comunitario’, esta autopista es la puerta de entrada para la devastación de nuestra Madre Tierra”, pues tan sólo en la primera fase del proyecto se destruirán 387 hectáreas de selva, así como contaminará los ríos de la región y “arrasará” los cerros ceremoniales, aseguró el Modevite.

Además, explicaron las comunidades, el proyecto permitirá “la privatización encubierta”, pues “cuando el gobernador afirma que ‘los ingresos del peaje […] se quedarán en manos de quienes lo sostienen’ oculta que los beneficiarios serán empresas turísticas y agroexportadoras”.

Finalmente, señalaron que la megaobra abrirá paso a la militarización y represión en la zona a través del despliegue de fuerzas de seguridad, así como “el hostigamiento y criminalización” de quienes se oponen a la construcción.

Por ser una violación a sus derechos como pueblos indígenas, el Modevite exigió a las autoridades la cancelación inmediata del proyecto carretero y de los permisos ambientales “otorgados ilegalmente”, así como una investigación internacional “sobre la simulación de la consulta”. Además, demandaron el retiro inmediato de las fuerzas de seguridad en sus territorios y el respeto a su autonomía como pueblos originarios.

“No permitiremos que se repita la historia de despojo; si el gobierno insiste en imponer la muerte, los pueblos organizados defenderemos la vida con la fuerza de nuestra dignidad ancestral”, concluyó el Movimiento.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian ataque armado contra Las Abejas de Acteal en Tzajalch’en

La organización pacífica de Las Abejas de Acteal denunció las agresiones que sujetos armados perpetraron contra sus integrantes y habitantes de la comunidad de Tzajalch’en, en Chiapas, el pasado 8 de junio, así como la intimidación y criminalización de los defensores comunitarios por parte de las autoridades, quienes «cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres».

«Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas, están bajo riesgo por la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad», acusaron Las Abejas en un comunicado.

El ataque inició la tarde del pasado 8 de junio, cuando se registraron detonaciones de armas de fuego desde un monte a alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. De acuerdo con Las Abejas, las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol, en donde se encontraban reunidas autoridades comunitarias.

«Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado», precisó la organización.

Minutos después de las detonaciones, un grupo de personas armadas llegó a la comunidad de Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos, ante lo cual la población notificó a las autoridades municipales y tiempo después llegaron elementos de la Guardia Nacional y el ejército. Mientras, alrededor de las 20 horas, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en y talaron árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

La violencia continuó el 9 de junio, cuando la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron a la comunidad Tzajalch’en, «según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio». Los funcionarios pidieron a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañaran a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección, a lo que también asistió un integrante de Las Abejas.

«Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, a bordo de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro. El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en, que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos», denunciaron Las Abejas.

Explicaron que la retención de la señora se debía a que se descubrió que se dedicaba a vender distintos tipos de droga en la comunidad, por lo que estaba en proceso de investigación comunitaria conforme a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

«La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres», acusaron.

Las Abejas condenaron que las autoridades municipales y estatales intimidaran a quienes intenta buscar «la paz y la justicia verdadera» en las comunidades en lugar de proteger a la población, por lo que exigieron a los gobiernos que «hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona» y cesen el hostigamiento y criminalización contra la población indígena.

COMUNICADO:

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Denunciamos con mucha indignación una agresión armada en contra de miembros de Las Abejas de Acteal y de los habitantes de la comunidad Tzajalch’en. Les recordamos que la actual comunidad de Tzajalch’en, el pasado 30 de abril celebró sus 50 años de fundación y que en los inicios del conflicto armado en 1994 se estableció como campamento Civil por la Paz. Así mismo, ha denunciado las diferentes omisiones del estado por la inseguridad que se ha vivido de manera constante tanto en la comunidad como en la zona, por tal razón, en agosto del año 2024 la comunidad junto con nuestra organización Las Abejas de Acteal efectuaron una jornada de ayuno y oración por la Paz y pedir un alto a la violencia.

Como consecuencias de las iniciativas de paz y noviolencia refrendadas el pasado 30 de abril, tanto las familias integrantes de las Abejas de Acteal que viven en Tzajalch’en como el resto de las familias, han comenzado a sufrir distintas amenazas, así como de incriminaciones por parte de las autoridades estatales que a continuación relatamos y denunciamos:

a)    El día 8 de junio del presente año, a las 6 de la tarde aproximadamente, hubo detonaciones de armas de fuego. Los disparos se efectuaron desde un monte que se ubica alrededor de 400 metros de la escuela e iglesia católica de la comunidad. Las balas llegaron sobre el techo del domo de la cancha de basquetbol en donde se encontraban reunidas las autoridades de la comunidad. Al poco tiempo llegaron otras balas en el atrio de la iglesia católica en donde estaban realizando una reunión nuestros compañeros y compañeras de Las Abejas de Acteal. En este sitio estaban algunos niños de las Abejas jugando. Afortunadamente nadie salió lastimado.

b)    Minutos después de los hechos, un grupo de personas armadas, llegaron a la comunidad Tzajalch’en y se dirigieron al lugar de donde salieron los disparos.

c)    Ante estos sucesos se dio aviso a las autoridades municipales y tiempo después, la Guardia Nacional y el Ejercito mexicano tuvo presencia en la comunidad. Mientras se dirigían a otro lugar los habitantes de Tzajalch’en escucharon disparos de armas.

d)    A las 8 de la noche aproximadamente, las personas armadas llegaron cerca de la comunidad Tzajalch’en que talaron algunos árboles para bloquear el camino que conecta a las comunidades de Tzajalch’en, Tzanembolom y Cruzton.

e)    El día 9 de junio, la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas a cargo del Lic. Lorenzo López Méndez y elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), llegaron a la comunidad Tzajalch’en, según para dar seguridad e investigar lo ocurrido el día 8 de junio. Solicitó a las autoridades de la comunidad de Tzajalch’en que los acompañe a la comunidad de Tzanembolom para efectuar una inspección. A petición de la autoridad comunitaria se incorporó un integrante de la organización de Las Abejas de Acteal para ser traductor del agente comunitario.

f)      Al volver a la comunidad Tzajalch’en, aproximadamente a las 6 de la tarde, la autoridad comunitaria y el compañero integrante de Las Abejas, abordos de los vehículos oficiales les dijeron que los llevarían presos por secuestro.

g)    El supuesto secuestro al que se referían los Pakales y el Fiscal se trata de la retención de una señora, habitante de la comunidad de Tzajalch’en que efectuaron las autoridades comunitarias días antes de los hechos.

h)    La retención de la señora se debe a que se descubrió que se dedica a vender distintos tipos de droga que está afectando a la comunidad. Por esa razón, ella estaba en proceso de investigación comunitaria para saber la procedencia de su mercancía y tomar acciones para el cuidado comunitario. Señalamos que la actuación de las autoridades comunitarias y su asamblea es con base a los acuerdos comunitarios o sistemas normativos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución.

i)      La Fiscalía y los Pakales, en vez de investigar y detener a las personas armadas o grupo armado responsable de los disparos del día 8 de junio, retuvieron e incomunicaron por unas horas dentro de la camioneta oficial a un compañero de Las Abejas de Acteal junto con el agente rural municipal de dicha comunidad mientras los intimidaban y acusaban de secuestro. Aunque finalmente a la autoridad comunitaria y el compañero integrante de nuestra organización los dejaron libres.

Ante los hechos ocurridos los días 8 y 9 de junio del presente año denunciamos que son claros ejemplos de que la autoridad en vez de brindar seguridad a la población, realmente buscan intimidar y meter miedo a quienes buscamos la paz y la justicia verdadera.

Queremos recordar que nuestro compañero retenido, intimidado y acosado por las fuerzas de seguridad fue detenido en 1992 junto con otras cuatro personas por buscar justicia y oponerse a la violencia en esos años. La detención que sufrieron en aquellos años fue de manera injusta por el ayuntamiento priista de Chenalhó en complicidad con el entonces Gobernador de Chiapas José Patrocinio González Blanco y Garrido. Esos lamentables hechos dieron origen a nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Hoy, las mujeres, niñas y niños, hombres, ancianas y ancianos de la comunidad Tzajalch’en, sus vidas están bajo riesgo por las amenazas, la intimidación y amenazas constantes y recientes de un grupo armado que opera y actúa en la zona en total impunidad.

Señalamos que es vergonzoso lo que hacen tanto los gobiernos estatal como federal, que en vez de investigar y castigar a quienes realmente cometen la violencia en nuestras comunidades, cobijan a esos grupos y propician asesinatos y posibles masacres como lo hizo el mismo gobierno y el Ejército Mexicano con la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros más los 4 bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

Ante esta triste realidad exigimos a los gobiernos estatal y federal y a sus fuerzas públicas como los pakales que se desistan de intimidar y criminalizar a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Tzajalch’en y hagan su trabajo desmantelando a los grupos armados que operan en la zona.

Hermanas y hermanos de buena voluntad, defensoras y defensores de derechos humanos de México y del mundo, no dejen morir a nuestros compañeros de la comunidad Tzajalch’en, que no sea asesinado cualquier hombre o mujer en todo Chenalhó. NO NOS DEJEN MORIR. No queremos más asesinatos, no queremos más mártires. Les pedimos su voz, su fuerza, su acompañamiento y exijan a los gobiernos de Chiapas y de México a actuar con justicia verdadera y no sigan protegiendo a los criminales como lo han hecho hasta ahora.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere durante operativo 'Don Balde', fundador del Cártel de Chiapas y Guatemala

'Don Balde' operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles.

Un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad mexicanas y presuntos integrantes del crimen organizado ocurrido el pasado 8 de junio terminó con la muerte de Baldemar Calderón Carrillo, alias “Don Balde”, identificado como uno de los líderes del Cártel de Chiapas y Guatemala, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo comenzó en territorio mexicano y se extendió hasta Guatemala, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al gobierno de Guatemala en donde expresó sus disculpas por los hechos ocurridos  en el límite internacional a la altura del puerto fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla.

De acuerdo con autoridades estatales y federales, Calderón Carrillo y otras tres personas fueron abatidas durante el operativo.

Según medio nacionales, “Don Balde” operaba como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en territorio guatemalteco, donde presuntamente reclutaba a exmilitares conocidos como kaibiles. Su hijo, conocido como “El Teniente”, también murió durante el fin de semana en otro operativo policiaco.

Ambos eran señalados como autores intelectuales de una emboscada ocurrida el pasado 2 de junio en Frontera Comalapa, donde cinco policías estatales fueron asesinados y calcinados dentro de su patrulla.

Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, confirmó la identidad de los abatidos e informó a medios locales que todos pertenecían al Cártel de Chiapas y Guatemala.

“El jefe de plaza operaba allá, controlaba la zona, reclutaba a los kaibiles y coordinaba las operaciones desde ese lado. Él fue uno de los que cayó en este operativo”, declaró el funcionario.

Sobre la incursión de elementos mexicanos en territorio guatemalteco, el secretario informó que la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación y que también la Secretaría de Seguridad Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores de su país fueron notificadas para analizar el alcance de lo ocurrido.

Según versiones recogidas por autoridades mexicanas, la confrontación comenzó del lado de México y cruzó la frontera hacia Huehuetenango, Guatemala. Videos compartidos en redes sociales muestran a militares y policías guatemaltecos en el lugar, quienes no intervinieron durante el enfrentamiento y, en algunos casos, parecían estar próximos a los civiles armados.

Durante el operativo se aseguraron cuatro camionetas, tres de ellas blindadas, así como tres rifles AK-47 y un fusil R-15 con aditamento lanzagranadas, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El Cártel de Chiapas y Guatemala surgió en 2023, en medio de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control de la región fronteriza. No obstante, fuentes de inteligencia apuntan que esta célula opera principalmente como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.