Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, dijo que el personal de la dependencia no acudió el mismo día al sitio, para evitar confrontaciones, ya que los normalistas se encontraban encapuchados. 

Llaven Abarca explicó que, a través del diálogo con la Secretaría de Educación, el 19 de mayo se tomaría declaración a estudiantes que aseguran tienen compañeros heridos. 

Velázquez Florencio señaló que son diez los normalistas de la Escuela Rural Normal Mactumactzá, que iban en la camioneta con Jesús Alaín, los que van a declarar para que se realicen las investigaciones. 

El sacerdote Fili como se le conoce, dijo que el personal de la FGE acudió el domingo alrededor del mediodía a recoger las evidencias, luego de que él y otros integrantes del Centro Minerva Bello, que asesoran jurídicamente a los estudiantes, sostuvieron una reunión con funcionario de la dependencia. 

“Ayer tuvimos un acercamiento con la FGE para saber quién será el fiscal del caso y llevar a los compañeros que fueron testigos unos y otros como víctimas, porque hay uno de ellos con un impacto no de bala propiamente, pero como de bala de goma o algo así. Ya ayer fue la FGE fue por los cartuchos percutidos. En esa reunión pedimos que lo hicieran y ya fueron los peritos”. 

Vázquez Florencio comentó que los peritos de la FGE no habían acudido, “estaban a la expectativa. Tuvimos que hacer muchas llamadas para que fueran. Pensaban que los estudiantes les podían hacer algo (los hechos ocurrieron cerca de la normal)”. 

Señaló que hay temor de las dos partes, pero se están generando las condiciones para que ni los jóvenes tengan miedo de que los van a detener, ni que la FGE que les van a hacer algo si van a investigar. 

El sacerdote refirió que Jesús Alaín, quien cursaba el octavo semestre y era originario del municipio de La Grandeza, localizado en la región de la Sierra, murió la noche del jueves 15 al caer de la góndola de una camioneta de la escuela conducida por sus propios compañeros, cuando eran perseguidos a alta velocidad por dos patrullas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). 

Los normalistas llevaban en la camioneta a dos policías que habían secuestrado en las inmediaciones de la Mactumactzá, porque los uniformados les impidieron apoderarse de un autobús de pasajeros que pretendían utilizar para movilizarse con motivo de las actividades de protesta programadas para el domingo 18 de mayo, al cumplirse cuatro años de la “represión” en la que 91 normalistas y cuatro campesinos fueron detenidos por exigir que el examen de oposición se realizara de manera presencial. 

“Algo que ayer escuchamos de los jóvenes, fue que, al tomar el autobús, eran al menos 14 patrullas las que los rodearon, ellos nunca reaccionaron para defenderse, pero los policías los retaban y cortaban cartucho para que hubiera un pretexto. Así lo consideran los normalistas que entrevistamos ayer y dicen que los estaban les cortaban cartucho, les apuntaban y provocaban, pero no pasó a mayores”. 

El presidente del centro Minerva Bello afirmó que la responsabilidad es contra la Secretaría de Seguridad del Pueblo, “cuyos agentes son los que siguen con prácticas totalmente fuera de sus funciones”. 

Agregó que hasta ahora “los únicos avances en la investigación, son que se recogieron ya los indicios y que se estableció un canal de comunicación para recibir las declaraciones de los testigos y víctimas. Es difícil convencer a los muchachos sobre todo a uno de ellos que lo detuvieron y amenazaron. No es sencillo”. 

Velázquez Florencio manifestó que “nuestra demanda principal es que la SSP cambie ese tipo de actitudes de criminalización y persecución contra los estudiantes, porque si siguen así un día van a provocar más tragedias y esa tensión puede seguir creciendo. 

“Exigimos también que la FGE haga una investigación independiente e imparcial para que se encuentre la responsabilidad de los policías porque pareciera que la culpa fue de los estudiantes, cuando los uniformados se excedieron en la fuerza durante la persecución, Independientemente de que el normalista se cayó o fue por el impacto de algún tipo de artefacto que los policías utilizaron”, apuntó.

“Nuestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado sino por el temor de perder nuestro patrimonio ante el saqueo y robo”. 

En la ceremonia donde se expresó la indignación, la memoria y la denuncia de la violencia estructural que sufren las comunidades, los manifestantes aseguraron: “Vivimos tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que hemos sufrido y seguimos siendo víctimas”. 

Luego de una caminata, se colocó un altar maya con frutas y granos para rendir homenaje a las víctimas: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel. Al final del acto religioso realizado en el panteón donde se construyó una capilla para honrar a las víctimas, se leyó un pronunciamiento. 

“Nuestro corazón se duele por las víctimas inocentes masacradas en medio de la violencia”, manifestó el Pueblo Creyente al demandar una paz real, “no sinónimo de militarización”, sino basada en la justicia y la libertad. 

Fuimos silenciados por las armas

Los fieles manifestaron: “Mucho se ha dicho que la paz ha llegado a nuestros pueblos, pero desde nuestra fe y nuestra esperanza sabemos que la paz no es una simple palabra, sino que brota de la justicia. Como pueblos de Chiapas necesitamos una verdadera paz, que no es sinónimo de militarización, una paz donde los pueblos podamos ser libres de violencia, amenazas e intimidaciones, donde se restablece el estado de derecho para todos y cada uno”. 

Expresaron que el hecho de que “los pueblos ya no denuncien, no quieren decir que hay paz, las voces de nuestros pueblos han sido silenciadas, nuestros silencios son un grito al cielo, clamamos justicia, queremos paz verdadera como ha sido proclamada por el Papa León XIV”. 

Origen del conflicto, la minería: pobladores

El control y disputa de la minería es señalada por los habitantes, como una causa estructural de la violencia en la región. En el documento aseguran que “la minería ha sido causa concreta de los intereses de empresas y grupos delictivos para controlar el territorio”. 

Los manifestantes refirieron que a principios del pasado mes de abril, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y diversos cuerpos de seguridad anunciaron de manera informal la clausura de la explotación minera, por lo que pidieron a las autoridades competentes que “hagan el pronunciamiento y publicación oficial de la clausura de la minería en Chicomuselo, ya que esto es algo en lo que hemos insistido como comunidades y pueblos desde hace muchos años, lo que ha ocasionado que mujeres y hombres fueran asesinados por quienes tienen sus intereses en la explotación minera”.

El convenio implica la transferencia de recursos por el orden de los 16 millones 338 mil 215 pesos que la Federación envía al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas; esto porque el gobierno del estado, tendría que aportar 1.6 millones de pesos por concepto de coparticipación. Dicho monto equivale al diez por ciento del monto federal autorizado.

Esto de acuerdo con el convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de mayo de este año.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas recibirá los recursos federales y estatales en dos administraciones. La primera de 70 por ciento y la segunda de 30 por ciento.

El convenio corresponde al ejercicio fiscal 2025. El Ramo 04 Gobernación del Presupuesto de Egresos de la Federación que dispondrá de 854.6 millones de pesos para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a fin de que “realicen y ejecuten acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda forense con fines de identificación humana”.

De esa cantidad, 621.1 millones de pesos es el monto distribuible entre los estados de la República Mexicana, cuyos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación comienzan a aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

La crisis de las desapariciones en Chiapas

En marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó el informe: “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”.

En su introducción, el informe del organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García indica: “La gran complejidad de la violencia en la que vive Chiapas”. Observa también que “seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable”.

El Frayba destaca que entre 2019 y 2023, la desaparición forzada aumentó en un 358 por ciento en el estado de Chiapas. El colectivo lo atribuye a la “disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”.

El gobierno actual de Chiapas, en un informe al mes de enero del presente año, reportó a través de la Alerta de Género 287 mujeres no localizadas desde 2011 al 31 de enero de 2025.

Para el Frayba, con las desapariciones “la intención sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio”. Además de que esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera.

Sobre la “violencia machista”, en el informe se plasma que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes.

De acuerdo con las investigaciones, Martínez Diaz, indígena tseltal, formó parte de un grupo de personas que, el año pasado, privaron de la libertad a un hombre de la comunidad Nuevo Paraíso, municipio de Ocosingo, y que a la fecha aún no aparece. 

Otro de los delitos por los que se le investiga, son la extorsiones que venían padeciendo habitantes de comunidades de la Selva Lacandona, donde, de acuerdo con testimonios, el exsíndico operaba junto con Cabrero Segundo López, indígena lacandón y jefe de una célula criminal –ahora preso– que controlaba caminos de la región selvática, lo que paralizó la actividad turística en las zonas arqueológicas. 

En videos que circulan en redes sociales, a Martín Martínez, se le señala también de haber participado en 2016 –junto con un grupo de hombres armados– en el desarme y humillación que sufrieron soldados de la Compañía de Infantería No Encuadrada de Maravilla Tenejapa, quienes habían acudido a la Selva Lacandona ante la denuncia de la llegada de avionetas cargadas con droga. 

El pasado 3 de mayo, Martínez Díaz, indígena tseltal, originario de la comunidad Nueva Palestina, habitada en su mayoría por miembros de la iglesia Adventista, que perdió su tranquilidad porque a todas horas circulaban camionetas con hombres armados, fue detenido por policías federales, estatales y el Ejército en la carretera Benemérito de las Américas-Palenque. 

El funcionario vestía con camisas de mangas largas y pantalón de mezclilla, botas y sombrero y portaba armas de fuego, cartuchos y cargadores. 

Su detención cimbró al ayuntamiento del municipio de Ocosingo, el más grande del país, ya que Martín Martínez controlaba gran parte de las comunidades, donde organizaba cabalgatas y reuniones con un séquito de hombres leales que lo acompañaban a todas partes 

En las elecciones municipales del pasado 2 de junio de 2024, el exsíndico –militante del Partido Verde Ecologista de México– al ganar la planilla que encabezaba junto con Angélica Méndez Cruz, actual alcaldesa, dijo:  

“Llego puntual a la cita con mi destino. Me llena de profundo orgullo y satisfacción ser parte de la construcción de un Chiapas que se inspira en el humanismo”. 

Dos días después de su detención, la alcaldesa reaccionó en un video subido a sus redes sociales, donde se deslindó de su excompañero de fórmula.  

“Quiero aclarar que los hechos por los que lo investigan, son ajenos al gobierno municipal”. Acompañada de regidores declaró su compromiso con la legalidad y expresó su respeto a la investigación de la FGR. 

Ya agregó que el ayuntamiento seguirá al tanto del proceso que se le sigue a Martín Martínez.

“El Estado no puede postergar indefinidamente el voto: tiene la obligación de garantizar elecciones periódicas en condiciones de seguridad”, señala la reconsideración [SUP-REC-3/2020] Caso Pantelhó.

Añade que los hechos de violencia que han afectado los derechos político-electorales en Pantelhó forman parte de una situación estructural de violencia e inseguridad humana más amplia.

Proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostiene que “el Estado debe cumplir con su deber de garantizar seguridad y celebrar elecciones periódicas; sin embargo, esto debe ir acompañado de mesas de diálogo, una estrategia de pacificación y el respeto a la libre autodeterminación de la comunidad indígena.”

La sentencia ordena al Congreso de Chiapas convocar a un segundo proceso electoral extraordinario durante 2025; pide que la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de Protección Civil, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de Chiapas para elaborar un Plan Integral de Pacificación y Seguridad.

Se ordena a distintas dependencias implementar medidas para garantizar la seguridad humana y atender las causas de marginación y la pobreza; establecer una Mesa de Diálogo y Construcción de Paz que dure hasta las elecciones de 2027, con participación de representantes del gobierno, autoridades tradicionales y otros sectores.

Y ordena al Congreso de Chiapas garantizar recursos a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia.

Chiapas venía de una crisis de violencia que se agudizó a mediados de 2021 por la intensificación del conflicto entre grupos del crimen organizado, con más de 15 mil 700 desplazados entre enero de 2023 y junio de 2024, desapariciones que se cuadruplicaron en cinco años y homicidios dolosos que incrementaron un 63 % en un sólo año. 

Por ello, la estrategia de seguridad del nuevo gobernador ha generado que algunos ciudadanos celebren las capturas y el abandono de la estrategia de “abrazos, no balazos”, pero otros cuestionan si la medida tendrá efectos duraderos o se tratará de una puesta en escena.

“Un aire distinto”

“En poquito más de cuatro meses en Chiapas se respira un aire distinto, de paz y tranquilidad”, afirmó el gobernador Eduardo Ramírez el pasado 22 de abril, al presentar una encuesta sobre percepción de seguridad. Todavía el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no divulga los datos de este año sobre la percepción de inseguridad de los chiapanecos, cuyo porcentaje se duplicó entre 2011 y 2024, pero en abril publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que muestra un gran alivio entre los habitantes de las dos ciudades más grandes e inseguras: Tapachula pasó del primer lugar a nivel nacional al octavo y Tuxtla Gutiérrez del lugar 33 al sexto. Además, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros meses del año la inseguridad sí disminuyó repentinamente, por ejemplo, los homicidios dolosos cayeron un 45.4 % si se compara con el mismo periodo de 2024.

Los medios locales, que cubrían continuos enfrentamientos y desplazamientos forzados, están contribuyendo a este cambio de percepción en la ciudadanía: desde que Eduardo Ramírez tomó posesión no reportaron ningún desplazamiento, sólo cinco enfrentamientos de las fuerzas de seguridad con grupos de la delincuencia organizada y uno entre civiles armados que, de acuerdo con las autoridades, fue nada más una riña entre borrachos. A partir de este año, la cobertura de los medios chiapanecos está centrada en operativos exitosos que resultan en incautaciones y detenciones, aunque en su mayoría relacionadas con delitos menores.

Programa Cero impunidad en Chiapas, qué es

En los últimos meses, en Chiapas, carreteras que durante años fueron intransitables debido a asaltos y bloqueos ahora son patrulladas de forma constante. Zonas arqueológicas y centros turísticos ubicados en regiones anteriormente muy inseguras han reanudado actividades, lo que ha contribuido parcialmente a la reactivación económica. 

De acuerdo con el gobierno, estos resultados se alcanzaron en tan poco tiempo gracias a la presencia del recién creado grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), al incremento del salario del 40 % a los policías estatales y al programa Cero Impunidad. Sus detalles no son públicos, pero según el gobernador se trata de una estrategia integral para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad a través del uso de herramientas tecnológicas de vanguardia y de un sistema de incentivos para mejorar el rendimiento de los ministerios públicos y fiscalías.

Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil chiapaneca temen que la pacificación exprés de Chiapas responda a un pacto del estado con quienes generaban la violencia.

Nuevos pactos de gobernabilidad

Las carreteras de Chiapas están llenas de espectaculares con fotos de los Pakales y de pintas que recuerdan el resultado del gobierno: “100 días de paz”, dicen. Una paz que llegó a Chiapas de repente, como si estuviera lista detrás de una puerta esperando a que alguien le abriera. 

“Eduardo Ramírez se vende como el salvador que pacífica y trae las inversiones, como la única opción para que el caos no se derrame”, dice una activista local que prefiere el anonimato. “Sin embargo, para controlar en 100 días un estado que está al borde del abismo tienes que tener la solución lista: la negociación empezó mucho antes del comienzo de su mandato y la FRIP, que es su guardia pretoriana, ya la tenía lista”.

Una paz social con cimientos endebles en Chiapas

La FGE afirma que los criminales se fueron a Guatemala, pero analistas y organizaciones sociales piensan que siguen en los territorios, donde operan con un perfil más bajo. De todos modos, según el abogado Leonel Rivero, no se puede negar que la población sale beneficiada de este pacto: actualmente en Chiapas sí existe una paz social, aunque está construida sobre cimientos endebles. “La cuestión es también cuál es el precio de este pacto: hay un costo de impunidad para los cabecillas de la delincuencia”, dice.

Para el Frayba, los pactos de impunidad se podrían romper si el Estado se investigara a sí mismo, empezando por personalidades como el actual Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca. Decenas de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron tras su nombramiento, recordando su pasado oscuro, sobre todo como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad”, escriben.

“La paz verdadera no se negocia”

“Pakal [antiguo rey de Palenque] era el protector de Chiapas y la FRIP está para defender al pueblo”, dijo en entrevista con Canal 10 el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Aparicio Avendaño. “Cuando vean a un Pakal ofrézcanle una botella de agua, un pozol: que se sientan bienvenidos en Chiapas”.

El 78.1 % de la población chiapaneca recibió con ánimo la estrategia de seguridad de su gobierno, de acuerdo con una encuesta realizada por FactoMétrica en marzo de 2025, pero en el estado preocupan las violaciones a los derechos humanos que han acompañado la intervención policial y militar del territorio.

Organizaciones sociales como la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, cuyos integrantes habitan municipios que han padecido mucha violencia como Chenalhó y Pantelhó, ven con temor los continuos operativos y hablan de “paz simulada”. 

“Se llevan a narcomenudistas, quizás sean pequeños delincuentes, pero no están desarticulando realmente a los grandes criminales que han metido terror en las comunidades”, escribieron Las Abejas en un comunicado.

“Reconocemos que en nuestras comunidades algunos desplazados han podido regresar a sus pobres y saqueadas casas y salir a cosechar un poco de café, aunque con miedo. Pero la paz verdadera no se negocia, porque si no, no es verdadera”.

El funcionario agregó que la pareja del “coyote consentido”, Christian “N”, fue detenida en el municipio de Matías Romero Oaxaca acusada también de pornografía infantil, porque “ella le facilitaba a menores que lo visitaban en la celda, haciéndolos pasar por sus hijos”.

Explicó que, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Oaxaca, la pareja de El Coyote Consentido, Christian “N”, fue detenida “luego de diversas investigaciones, se acreditó que visitaba frecuentemente a Yudiel Flores y le facilitaba el acceso a los menores de edad, haciéndose pasar como la madre”.

Christian ´N´ “fue trasladada a Chiapas, por lo que ahora se encuentra recluida en El Amate, como presunta responsable de pornografía infantil”, dijo el Fiscal. 

“No habrá impunidad para ningún servidor público que se aparte de sus responsabilidades legales y vamos a actuar con contundencia ante cualquier hecho delictivo en el cual se vean involucrados”, manifestó Llaven Abarca al dar a conocer que los custodios Luis Miguel “N”, José Avelino “N”, Miguel Ángel “N” y Óscar Antonio “N”, también fueron detenidos por los delitos de pornografía infantil y ejercicio ilegal del servicio público.

El fiscal añadió que después del hallazgo del cuerpo de Yudiel Flores, se realizaron diversas diligencias periciales para dar con los responsables, determinando que el móvil del homicidio fue la venganza de dos personas privadas de la libertad, que también se encontraban al interior del centro de reclusión “El Amate”, siendo estas Francisco “N” y Marco Antonio “N”, quienes permanecían en el módulo 4, mientras que el youtuber estaba en la celda 3.

Además, el Fiscal General dio a conocer que se firmó un Acuerdo de Recompensa de 500 mil pesos, para quienes puedan ofrecer información fidedigna sobre el paradero de Pascual “N”, exdirector del centro penitenciario “El Amate”, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía.

El pasado 14 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Chiapas confirmó el homicidio del youtuber Yudiel Flores, conocido como “el Coyote consentido”, quien entre sus pertenencias tenían un teléfono celular con imágenes de sexuales con menores de edad que presuntamente ingresaron a su celda en el penal “El Amate”, donde estaba recluido cumpliendo una sentencia de más de 70 años por pederastia y pornografía infantil. 

Fue en el celular, donde también se le encontró información de su pareja Christian “N”, quien presuntamente lo visitaba en el penal y le llevaba a los menores que hacía pasar como sus hijos, con los que “el Coyote consentido”, se tomaba fotografías. 

Yudiel Flores estaba relacionado con un caso seguido por “el FBI por una detención en Australia de una de las redes mundiales más importantes de pederastia” en donde fue identificado como “Demonio azul”. También purgaba una sentencia por la violación de un menor con autismo, originario de San Cristóbal de Las Casas.