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Asesinan al arquitecto y activista Sergio Hugo Ureiro en una gasolinera en Tlapa

Sergio Hugo Ureiro Castañeda fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero pasado logró recuperar la histórica plaza pública y área verde protegida.

El arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, uno de los activistas que recuperó una plaza pública decretada área verde en la ciudad de Tlapa, fue asesinado a balazos. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y vecinos exigieron a las autoridades justicia y un alto a la violencia criminal contra la población.

El crimen se cometió alrededor de las 7:30 de la noche del domingo, cuando la víctima se encontraba en su camioneta Chevrolet tipo van color gris para cargar gasolina en una estación del centro de la población en la avenida Colegio Militar, confirmaron autoridades. 

Hombres armados se acercaron para dispararle a mansalva; su cuerpo quedó dentro de la unidad. 

La víctima fue identificada como Sergio Ureiro Castañeda, de profesión arquitecto, comerciante de abarrotes y material para construcción. 

Y fue uno de los líderes del Movimiento en Defensa de la Plazuela de los Cántaros, que en enero pasado logró recuperar la histórica plaza pública y área verde protegida. 

Minutos después de conocer el homicidio, su hermana Verónica Ureiro, médico, líder de la organización de vecinos y delegada de la colonia San Diego de Tlapa, llegó al lugar para reconocer el cuerpo. 

Reclamó al dos veces alcalde priista Gilberto Solano Arreaga la violencia criminal desatada contra ciudadanos en Tlapa, la principal ciudad comercial de la región. 

Y se quejó de la aparatosa presencia de policías municipales, estatales, ministeriales, así como elementos de la Guardia Nacional que llegaron para acordonar la escena del crimen. 

“¡Ya para qué están aquí!, deberían estar buscando a los responsables. ¡No sirven para nada!”. 

Sergio Hugo Ureiro formó parte del Movimiento de Defensa de la Plazuela de los Cántaros. 

La organización de vecinos se levantó en enero de 2024 luego de que el alcalde Gilberto Solano anunciara la destrucción del área que cuenta con árboles centenarios para construir 17 locales comerciales. 

Los colonos denunciaron que por más de 30 años una veintena de vendedores de comida invadieron de manera ilegal la plaza con ayuda de las autoridades municipales.   

En ese tiempo maltrataron los árboles de tlalahuacates al utilizarlos como postes de luz clavando medidores y al derramar aceite quemado usado para fritangas. La plaza se convirtió en una zona insalubre. 

La plaza fue construida a principios del siglo 20 y fue usada para esparcimiento público y el fin de semana para vender alfarería elaborada por artesanos de las comunidades Zacualpan, Huitzapula y Tlalzala. Tras demandas administrativas y ambientales, en 1996 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó mantener el área verde y de esparcimiento, libre para todos. 

Tras un año de plantones en el Ayuntamiento de Tlapa y en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, en enero pasado los vecinos desalojaron con sus propias manos los locales y sus instalaciones luego de que comerciantes y autoridades no cumplieran minutas para dejar libre la plaza. 

La plaza finalmente ha sido usada como espacio recreativo de los ciudadanos y de expresiones culturales diversas. 

“Hoy sufrimos y lloramos el cruel asesinato de un compañero defensor del medio ambiente, fiel defensor de la Plazuela de los Cantaros, el Arquitecto Sergio Hugo Ureiro Castañeda, por lo que exigimos justicia. Alto a la violencia en Tlapa”, expresó el Comité al compartir una esquela. 

La tarde del lunes en el funeral del activista, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expresó que la lucha que abanderó no fue para beneficio personal, sino para abrir los últimos espacios verdes que quedan en la ciudad. 

Consideró que se perdió una conciencia ecológica. 

“Tuvo la osadía de dejar un legado en favor de las nuevas generaciones. Dentro de este dolor y esta tragedia hay indignación de la gente de Tlapa, no hay resignación, no hay complicidad, hay ese coraje de decir que no es posible que sigamos hundiéndonos en esta violencia”. 

Recordó cuando Tlapa era una provincia tranquila, pero que ahora todos se tienen se tienen que cuidar de todos, cada por su propia sobrevivencia. 

“El miedo nos ha aislado y nos ha paralizado. Ese miedo nos hace cómplices de estas tragedias”. 

Cientos de colonos, familiares y activistas despidieron al arquitecto exigiendo a las autoridades estatales justicia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Pueblos del Istmo exigen cese a gentrificación, criminalización de defensores y despojo territorial

Pueblos del Istmo de Tehuantepec que este lunes instalaron cuatro bloqueos carreteros aseguraron que de no resolverse sus demandas contra la gentrificación, el despojo territorial, la criminalización de defensores comunitarios y las altas tarifas de luz en Oaxaca, protestarán durante la Guelaguetza en la región y se desplazarán a la capital para instalar un campamento.

Los cuatro bloqueos en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec fueron instalados «ante la falta de respuestas a nuestras legítimas demandas», entre las que se encuentran medidas contra la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca, así como la revocación de la sentencia contra el defensor binnizá David Hernández Salazar, de la comunidad de Puente Madera, quien es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados desde 2022.

En conferencia de prensa, Hernández Salazar recordó las demandas de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, que exige el cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, que por derecho corresponden a la agencia municipal como parte del municipio de San Blas Atempa.

«Está en todo su derecho de exigir esos recursos porque llevan años sin un avance, como las autoridades dicen que hay con el Corredor Interoeceánico […]. Con esa negatividad demuestran que es mentira lo que dicen del Corredor. No será desarrollo para esas comunidades indígenas, lo que representa es despojo a las comunidades», explicó David Hernández Salazar.

Por su parte, un representante de la comunidad chontal de El Coyul denunció que la situación que atraviesan es de «criminalización y despojo de las tierras», pues actualmente hay mil 452 hectáreas de las que personas ajenas al pueblo se han apropiado, además de que 21 habitantes criminalizados con sentencias de 15 años de prisión por defender su territorio.

Durante la protesta y los bloqueos, los pueblos también se opusieron a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués, así como demandaron el cese de agresiones, hostigamientos y cortes de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las familias en resistencia de la APIIDTT, entre otras demandas.

«No hay primavera oaxaqueña ni Guelaguetza sin justicia, paz y libertad para los pueblos», recalcaron los pueblos.

COMUNICADO:

A los pueblos de Oaxaca, a los medios libres, a la sociedad en general, al gobierno federal y estatal:

Hoy, desde las entrañas del Istmo de Tehuantepec, alzamos la voz con dignidad y rabia. Ante la falta de respuesta a nuestras legítimas demandas, actualmente sostenemos CUATRO BLOQUEOS CARRETEROS en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec.

Si no hay una respuesta clara y concreta a nuestras demandas, continuaremos con las movilizaciones durante la Guelaguetza en la región, y nos desplazaremos a la Ciudad de Oaxaca para instalar un campamento en los próximos días.

¡NADA ESTÁ RESUELTO!

¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!

¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

NUESTRAS EXIGENCIAS SON CLARAS:

– NO a la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca

– Revocación de sentencia para las 21 personas defensoras de El Coyul

– Alto al despojo en El Coyul por parte de Alfredo Manuel Mena Alonso, Rigoberto Cruz Cartas, Joel Ricardez López y su organización UNECACI

– Basta de criminalización contra Puente Madera

– Revocación de sentencia para David Hernández Salazar

– Repartición justa de los ramos 28 y 33 para Puente Madera

– Reconocimiento inmediato al comisariado electo de San Pedro Huamelula. Fuera UNECACI de nuestro pueblo

– No a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués

– Reparación integral y garantías de no repetición para el pueblo Ikoots de San Mateo del Mar. Libertad a las personas presas injustamente y cancelación de órdenes de aprehensión

– Justicia para Eugui Roy y Obed Espinoza Ramos

– La energía eléctrica es un derecho humano. Reforma al artículo 4° ya

– Basta de agresiones, hostigamientos y cortes por parte de la CFE a las familias en resistencia de la APIIDTT

– ¡Alto a las guerras! ¡Palestina libre!

Los pueblos estamos de pie y organizados. No pedimos favores, exigimos derechos.

Mientras no haya justicia, no habrá descanso. Si no nos escuchan, haremos que se escuche nuestro grito.

Desde el Istmo en rebeldía,

pueblos en resistencia.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: 

Pese a absolución, continúa criminalización contra el defensor comunitario David Hernández en Oaxaca

El defensor binnizá David Hernández Salazar es víctima de una «persistente criminalización» a pesar de que existen dos sentencias que lo absuelven de los delitos fabricados de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, el 12 de febrero de 2022, cuando el defensor se dirigía a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa para denunciar el hostigamiento en su contra por defender el monte El Pitayal.

En un comunicado, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron que a pesar de la doble absolución, el pasado mayo «las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos».

Hernández Salazar es una de las caras más visibles en la lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, Puente Madera. El 7 de febrero de 2024 fue condenado a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00 y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015. Sin embargo, el 14 de mayo del mismo año la sentencia fue revocada, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca reconoció las irregularidades en el proceso y la invalidez de las pruebas presentadas en su contra.

Tras la primera revocación, las presuntas víctimas interpusieron un amparo por el que se ordenó que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí otras ofrecidas por la parte acusadora. El 27 de febrero de este año la Segunda Sala Penal Colegiada ratificó la absolución de David Hernández y desestimó nuevamente las acusaciones, pero quienes lo acusaron volvieron a interponer un amparo en contra del defensor.

«La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI)», aseguró la asamblea de Puente Madera y la APIIDTT, que reiteraron la urgencia de que Hernández quede libre de todo proceso judicial, así como su comunidad «libre de hostigamiento».

COMUNICADO:

Desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, queremos informar y alertar a la opinión pública, organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades solidarias, sobre la persistente criminalización en contra de nuestro compañero David Hernández Salazar, a pesar de su absolución legal.

David fue vinculado a proceso en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y daños dolosos, y condenado el 7 de febrero de 2024 a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00. Esta condena fue dictada por el Juez Unitario del Circuito Judicial del Istmo con sede en Salina Cruz, Oaxaca.

Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de su Sexta Sala Penal Colegiada, revocó dicha sentencia y absolvió a David el 14 de mayo de 2024, reconociendo las irregularidades en el proceso y la invalidez de pruebas utilizadas en su contra.

Sin embargo, en una acción preocupante, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo Directo (371/2024), y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito resolvió el 28 de enero de 2025 que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí valorando otras pruebas ofrecidas.

El resultado fue una nueva resolución, dictada el 27 de febrero de 2025 por la Segunda Sala Penal Colegiada, en la que se vuelve a ratificar la absolución de David Hernández Salazar, desestimando nuevamente las acusaciones.

A pesar de esta doble absolución, en mayo de 2025, las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos.

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA PUENTE MADERA

ALTO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR

La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI).

David debe quedar libre de todo proceso judicial, y la comunidad de Puente Madera libre de hostigamiento. Su lucha por el territorio no puede seguir siendo castigada por un sistema de justicia parcial y politizado.

Asimismo, desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reiteramos la justa exigencia del cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, los cuales corresponden por derecho a nuestra Agencia Municipal como parte del municipio de San Blas Atempa. Históricamente, estos recursos han sido manejados de manera discrecional por las autoridades municipales, negando a las agencias municipales, como Puente Madera, el acceso a fondos que deben ser destinados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura, educación, salud y desarrollo comunitario.

No existe registro alguno de una distribución justa de estos fondos a las agencias municipales, lo que representa una violación constante a nuestros derechos colectivos y al principio de equidad presupuestaria. Esta omisión histórica no solo refleja el abandono institucional, sino también la intención de debilitar nuestras formas de organización comunitaria. Por ello, exigimos de manera firme y urgente la entrega transparente y proporcional de los recursos de los Ramos 28 y 33 a Puente Madera y a todas las agencias del municipio de San Blas Atempa.

¡NADA ESTA RESUELTO!

¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA,

 SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!

¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Confunden a activista con homónima e intentan detenerla en la Ciudad de México

Adriana Leyva Alanís relata que personas que se identificaron como policías de investigación intentaron detenerla por una orden de aprehensión que correspondía a otra persona.

Hombres vestidos de civil que se identificaron como policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentaron detener a la activista Adriana Leyva Alanís, a pesar de que la orden de aprehensión correspondía a otra mujer con el mismo nombre, pero con diferentes características físicas.

El pasado 8 de julio, los supuestos agentes la esperaron a que saliera de su domicilio para intentar esposarla. Ahora, la activista relata a Animal Político lo ocurrido, luego que la asociación civil Mujeres Unidas X La Libertad, a la que pertenece, emitió un comunicado que fue suscrito por organizaciones, como Equis Justicia y CEA: Justicia Social, para denunciar el intento de detención arbitraria.

Adriana, subdirectora de Mujeres Unidas X La Libertad, dedicada a mejorar las condiciones de vida de mujeres en prisión, ya había hablado con uno de ellos, identificado como José, quien unos 40 minutos antes tocó a su puerta.

“¿Te acuerdas del problema que tuviste hace unos años? Vengo de la Fiscalía y necesito que vayas a firmar unos documentos relacionados con ese asunto”, le dijo el hombre, quien se identificó como José.

Quién es Adriana Leyva Alanís, la activista que sufrió intento de detención arbitraria en CDMX

La activista estuvo cuatro años y medio en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de abril de 2011 a septiembre de 2015, por lo que pensó que se trataba de ese caso. Aunque se le hizo muy extraño que la buscaran en su domicilio, pues ocurrió hace 10 años y ya cumplió su sentencia.

De hecho, junto con otras mujeres de su organización, acude con regularidad a distintos centros penitenciarios de la capital del país para impartir talleres y apoyar a internas en sus procesos. Su labor ha sido reconocida incluso por autoridades del gobierno de la CDMX, como el reconocimiento “Mujeres destacadas” en marzo de 2024, de manos del exjefe de gobierno Martí Batres.

El hombre le dijo que algunas hojas de su expediente se habían mojado porque estaba lloviendo y necesitaban otra vez sus firmas. Ella accedió a acudir al reclusorio Oriente para firmar los documentos que le pedían y se despidió de él.

Cuarenta minutos después, Adriana salió a comprar cigarros y un refresco. Mientras conversaba con una comerciante frente a un Oxxo, vio que José se le acercaba.

“¿Qué, me está siguiendo?”, le preguntó.

“Lo que pasa es que tienes una orden de aprehensión y te vamos a detener”, le respondió.

Ella negó tener una orden de aprehensión y mientras explicaba que estaban en un error, otro hombre se acercó con unas esposas.

—Es por el robo de hace cuatro años —le dijeron.

Adriana se defendió; les dijo que no estaba involucrada en ningún robo hace cuatro años.

—¿Robo a qué?—, cuestionó.

—Robo a tienda —le contestó uno de ellos.

—No, ¡cómo cree! A tienda yo no. Me va a disculpar, pero yo no soy —les dijo.

Adri, como le dicen sus compañeras de la organización, dice que llegó otra persona con la carpeta de investigación y al revisar la fotografía de la mujer con la orden de aprehensión, el agente se dio cuenta de que no coincidía con sus características físicas.

—Estamos buscando a una mujer de 1.70, y tú mides como 1.60 —le dijo.

—No, yo mido 1.50, no me andes inventando estatura. Pertenezco a una asociación civil que defiende los derechos humanos de las mujeres internas; no soy yo. Ustedes tendrían que haber investigado antes.

Además, la mujer a la que buscaban es corpulenta, con facciones muy distintas. El hombre se justificó señalando que se trataba de un caso de homonimia o robo de identidad.

Consultada a través del área de comunicación, la Fiscalía de la CDMX negó contar con algún registro de intento de detención por parte de policías de investigación.

A una semana de lo ocurrido —un hecho que le generó miedo, removió recuerdos y la criminalizó—, Adriana compartió con este medio fotografías del intento de detención. Pero para ella lo preocupante es que por errores similares, ante la falta de una investigación adecuada, hay personas en prisión.

“Si ya me pasó a mí directo, en carne propia, ¿a cuánta gente no le pasó? Hace unos años, una chica del Estado de México nos presentó a su esposo. Un señor sano, inocente, de verdad, que se da a querer. Le dijimos: ‘¿Tú por qué estuviste?’ Él dijo: ‘Por asesinato, pero yo no lo hice, carnala. Resulta que llegaron a mi pueblo y preguntaron por Ramón, y dijeron: “Ahí está Ramón”, y me agarraron y me metieron 20 años a la cárcel’. Estuvo 20 años”, recuerda.

“Yo dije: ‘¿cómo van a llegar nada más así y, como se llama Ramón, se lo van a llevar?’ Pues ya lo estoy viviendo. Resulta que, porque yo me llamo así, entonces les valió madres la foto, ¿no? Al final del día hay que presentar a alguien”.


Exigen a Fiscalía de CDMX investigar el intento de detención arbitraria de activista

Las organizaciones firmantes condenaron los hechos, pues aseguraron que no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años.

Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.


Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unidas X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

“Me prometí que mi tranquilidad no la iba volver a perder”, dice la activista, ahora más serena tras una semana en la que casi no quería ni salir de su casa. “Una cosa es que tú te la quites, la tranquilidad; otra, muy distinta, es que alguien más te la quite”, remata Adri.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.

Denuncian intento de detención arbitraria de la activista Adriana Leyva; exigen investigación y medidas de protección

La activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad fue detenida el pasado 8 de julio, en la CDMX, sin que se le informara el motivo de su detención.

Alrededor de 60 organizaciones denunciaron el intento de detención arbitraria contra Adriana Leyva Alanís, activista y subdirectora de Mujeres Unidas X la Libertad, México, A.C., el pasado 8 de julio

En un comunicado, la organización detalló que a Leyva Alanís no se le dio información sobre el motivo de la detención ocurrida en la Ciudad de México y se le intentó engañar para que firmara documentos sin saber su contenido. A ello se suma que la descripción física de la persona mencionada en la orden de aprehensión no correspondía con ella.

“Este acto no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años, acompañando tanto a mujeres encarceladas como a mujeres liberadas de prisión”.

Exigen investigación y sanción contra los responsables
 
Las y los firmantes exigen a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.

También solicitan al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorga medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unida X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

Entre sus demandas está que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicien las investigaciones correspondientes y brinden acompañamiento a las integrantes de la organización en su calidad de personas defensoras.


“Rechazamos cualquier intento de criminalización hacia quienes defienden los derechos humanos en México, especialmente hacia mujeres que han enfrentado las complejidades del sistema penitenciario mexicano y que hoy luchan por transformar las realidades de otras mujeres con experiencias similares”, indicaron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparece Domingo Leal Medina, defensor del agua y la tierra en Morelos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, y una termoeléctrica en Huexca.

El defensor del agua y la tierra, así como uno de los principales opositores a la termoeléctrica de Huexca —en el tramo del acueducto— y excandidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala, Domingo Leal Medina, fue reportado como desaparecido ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) exigieron a las autoridades intensificar los trabajos para localizarlo. 

El activista, de 59 años y originario de la comunidad de Tecomalco, municipio de Ayala, fue visto por última vez el pasado 25 de abril por familiares y compañeros de lucha. Tras su desaparición, integrantes de la APPM iniciaron una búsqueda en diversas regiones con el apoyo de amigos y familiares. 

No fue sino hasta el 1 de julio que, con autorización de su familia, se hizo pública la denuncia sobre su desaparición. Desde entonces, diferentes organizaciones y movimientos sociales han difundido una ficha de búsqueda elaborada por los propios colectivos. 

La ficha se ha compartido en redes sociales acompañada de un llamado a la población para proporcionar cualquier información que ayude a encontrarlo. Los contactos habilitados son la organización ASURCO y el perfil de Facebook La Bola Records – Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. 

“Lo consideramos un defensor comunitario y su desaparición no puede ser tomada a la ligera”, señalaron integrantes de la APPM, quienes urgieron a las autoridades estatales y federales a intensificar las labores de búsqueda. 

El 3 de julio se levantó el reporte formal ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPM), donde se abrió un expediente y en las próximas horas se emitirá una ficha oficial. También están en proceso de que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) acceda a iniciar el reporte de desaparición e iniciar las investigaciones para dar con su paradero. 

Un luchador contra megaproyectos

Domingo Leal Medina es reconocido por su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye un gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos, una termoeléctrica en Huexca y un acueducto que cruza Ayala y Cuautla. Es miembro activo de la APPM y ha participado en diversas movilizaciones en defensa del agua y el territorio. 

Además, en la elección 2023-2024, Leal Medina fue candidato a la presidencia municipal de Ciudad Ayala por el Partido Verde Ecologista de México, un dato que refuerza su presencia política y social en la región. 

Jorge Velázquez Escalvazeta, activista e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, recordó su papel activo en las protestas regionales. 

“Ha sido una figura clave en la resistencia contra el despojo de tierras y el impacto ambiental del megaproyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Siempre fue muy creativo en la organización de las movilizaciones, por lo cual era indispensable su apoyo”, destacó. 

En defensa de tierras ejidales

Desde hace 19 años, Domingo Leal Medina también forma parte de la lucha por la defensa de tierras ejidales expropiadas para la construcción de la autopista Siglo XXI. Como ejidatario de Tecomalco e integrante de la comisión negociadora, ha participado en bloqueos, protestas y exigencias de pagos justos, reparación de daños y transparencia en los procesos. 

Uno de los momentos clave ocurrió el 16 de mayo de 2016, cuando habitantes de Tecomalco, con Leal Medina al frente, bloquearon los trabajos de la autopista para exigir el pago directo a los propietarios de las tierras y la reparación de caminos dañados por maquinaria pesada. 

“Nosotros queríamos que el gobierno nos pagara directamente y no a otras personas que no tenían nada que ver. Nosotros éramos los afectados, pues se trataba de nuestras tierras”, declaró ese día. Señaló que los gobiernos federal y estatal habían entregado más de 9 millones de pesos al entonces alcalde de Ayala, Bernardo Sosa, sin que los ejidatarios recibieran el recurso. 

También exigían un informe oficial sobre el proceso de expropiación, del cual no habían recibido información. 

La autopista Siglo XXI cruza al menos cinco comunidades de Ciudad Ayala y, pese a que lleva más de una década en construcción, el conflicto agrario continúa vigente, con inconformidades por pagos pendientes y daños sin reparar. 

La desaparición de Domingo Leal Medina ocurre en un contexto de resistencia activa de las comunidades afectadas en el oriente de Morelos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Matan a activista LGBT y a su pareja en límites de Hidalgo y Edomex; volvían de la Marcha del Orgullo

Jesús Laiza, activista LGBT, y su pareja Isaí López, fueron asesinados a balazos cuando volvían de la Marcha del Orgullo en la capital del país.

Jesús Laiza González, activista LGBT+, y su pareja Isaí López Rodríguez, fueron asesinados a balazos entre los límites de Hidalgo y el Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron el domingo 29 de junio cuando ambos volvían de la Marcha del Orgullo en CDMX y fueron atacados por sujetos armados. Su vehículo quedó sobre la carretera a El Carmen, en la frontera entre Tizayuca, Hidalgo, y Hueypoxtla, Edomex.

Actualmente, Jesús se desempeñaba como secretario de Diversidad en Espacio Hidalgo, partido político local de reciente creación, y en la misma área trabajaba Isaí, informó el propio instituto en un mensaje en sus redes sociales.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y seres queridos. Reconocemos y agradecemos su entrega, compromiso y convicción en la construcción de una sociedad más justa e incluyente”.

Esperanza Flores Rojo, presidenta de Espacio Hidalgo, también condenó el asesinato del activista y su pareja y exigió justicia: “no alcanzo a comprender cómo alguien puede arrebatar la vida así, sin piedad, a dos personas que solo sabían amar, reír, construir comunidad. Me duele profundamente”.

Por su parte, la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) también condenó el crimen y exigió justicia, verdad y no revictimización, lo mismo que otros grupos y colectivos en defensa de los derechos de la poblacióm LGBT+ como el Colectivo De inclusión “Renacer Tepeapulco”.


Jesús Laiza era familiar de Jorge Laiza, extitular el Instituto Municipal de la Juventud y Deporte de Tizayuca, y fue miembro del Partido del Trabajo (PT), el cual también manifestó sus condolencias por lo ocurrido.

“Enviamos un abrazo solidario a las familias y seres queridos de nuestros compañeros Francisco Jesús Laiza González e Isaí López Rodríguez”, escribió en sus redes sociales el PT delegación Hidalgo.

En 2024 se registraron, al menos, 80 asesinatos de personas de la diversidad sexual y de género en México. Tan sólo en los últimos tres años, contando 2024, hubo al menos 233 homicidios contra personas de esta población, 66 en 2023 y 87 en 2022, de acuerdo con registros de la organización LetraeSe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE abre procedimiento por presunta “violencia política” de un activista en contra de un excandidato a juez denunciado por abuso

El INE inició un procedimiento en contra de Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, por supuestamente cometer violencia política en contra de Luis Castañeda Palacios, excandidato a juez federal denunciado por presunto abuso y acoso sexual.

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento por violencia política supuestamente cometida por Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, en contra de Luis Castañeda Palacios, excandidato a juez federal que fue denunciado por presunto abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres. 

De acuerdo con Alfonso Meza, el procedimiento inició a pesar de que el delito de violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de la legislación mexicana, sólo el de “violencia política contra las mujeres en razón de género”, por lo que aseguró que el INE debió desechar su queja. 

“El hecho de que las autoridades electorales inicien un procedimiento sancionador por violencia política, ahora contra un hombre, es en sí amedrentador y violatorio de la libertad de expresión. Esto forma parte de la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión que hemos vivido en las últimas semanas”, señaló en una publicación en su cuenta de X.

“Si intentan suprimir nuestras libertades, vamos a desobedecer pacíficamente”

En su demanda, Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral en la Ciudad de México, argumentó que el presidente de Defensorxs lo “violentó políticamente” por publicar una investigación el 26 de mayo de 2025, en donde reveló que el candidato había sido denunciado por actos de abuso y acoso sexual, así como amenazas en contra de 36 mujeres. 

Además de un procedimiento abierto en su contra por atropellar a un motociclista que perdió la vida en 2022. 

“La violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas. Este tipo de violencia se define como el uso de la fuerza física o psicológica, o el atentado a las pertenencias, que tiene como objetivo afectar o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona”, señaló Castañeda en su demanda. 

Sin embargo, a pesar de que el candidato denunció una falta que no existe, razón por la que dijo que el INE debió desechar su queja y no iniciar ningún procedimiento, Alfonso Meza señaló que el órgano electoral admitió la demanda “por la presunta violencia política a través de propaganda que contiene calumnias”. 

“Ese es el objetivo de estos ataques sistemáticos a la libertad de expresión: callarnos la boca. En @DefensorxsAC no lo vamos a hacer. Como lo he dicho antes: si intentan suprimir el ejercicio de nuestras libertades políticas, vamos a desobedecer pacíficamente”, señaló.

Además, refirió que la investigación realizada por Defensorxs está basada en entrevistas a varias de sus víctimas, capturas de pantalla y otras pruebas que ellas han compilado, así como la revisión de expedientes judiciales. 

Procedimiento contra Defensorxs no es aislado: órganos electorales se lanzan contra ciudadanos

El caso del procedimiento abierto en contra del Miguel Alfonso Meza no es aislado, se suma a una serie de decisiones que diversos órganos electorales han tomado en contra de ciudadanos por expresar sus opiniones o difundir investigaciones en contra de candidatos a jueces, magistrados y ministros y políticos mexicanos. 

Tal es el caso de una ciudadana de Hermosillo que fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras haber cuestionado a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras Samaniego, esposa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, a través de redes sociales. 

Esta sanción fue incluso defendida por la propia diputada, quien a través de un video negó que se trate de censura y dijo que demandó a la usuaria de redes a raíz de una publicación hecha en su cuenta de X, en la que habría señalado que su candidatura se la debía a su esposo, lo que invisibiliza su trayectoria.

También es el caso de la activista y actriz Laisha Wilkins, quien fue notificada por el TEPJF sobre una denuncia presentada en su contra por la excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dora Alicia Martínez Valero.

En dicha denuncia, compartida por Wilkins en redes sociales, se le pidió explicar una publicación que realizó en redes sociales de un portal de noticias en la que comentó una nota informativa sobre Martínez Valero.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Aumentan situaciones de violencia contra mujeres periodistas, buscadoras y defensoras, denuncian más de 200 organizaciones

Más de 240 organizaciones de derechos humanos denunciaron «la situación de riesgo que enfrentan» las mujeres periodistas, buscadoras y defensoras en México, ante el recrudecimiento de agresiones como asesinatos, violencia sexual, criminalización, ataques y estigmatización, durante foro online «Protección pendiente en México».

Tras las audiencias sobre la sustentación del décimo informe de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 245 organizaciones, 98 colectivos, 434 defensoras y mujeres periodistas en México se reunieron en el foro y resumieron las problemáticas que enfrentan en sus espacios de trabajo y activismo.

Por ejemplo, la integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Sandra Torres Pastrana, acusó el «preocupante aumento de la violencia letal, en particular contra las buscadoras y las defensoras de los derechos de las disidencias sexo-génericas» en México, así como destacó que las agresiones contra las defensoras presentan con frecuencia un componente de discriminación de género, que se manifiesta a través de discursos misóginos, violencia sexual, estigmatización y ataques desde el ámbito de lo privado.

Por su parte, Lizeth Clavellina Angeles, de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), explicó que en los últimos dos años se han registrado diversos patrones de agresiones contra las defensoras, especialmente contra quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos de las mujeres.

La representante de la Red TdT agregó que a las agresiones se suma «el alto grado de impunidad que prevalece» en los casos de violencia hacia las defensoras, las cuales en su mayoría provienen de pueblos originarios y sostienen la defensa contra megaproyectos extractivistas y turísticos.

Sobre los ataques contra las buscadoras, Mina Ruiz, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), recordó que tan sólo en los últimos seis años al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas, por lo que urgió a las instituciones internacionales a proteger las acciones de búsqueda frente a las amenazas, asesinatos y otras formas de agresión. 

Durante el foro, representantes de organizaciones también denunciaron el trato desigual hacia las mujeres en los medios de comunicación, que se refleja con «discriminación, precariedad laboral, acoso, violencia y censura», así como las deficiencias en la atención y aplicación de la perspectiva de género en todas las fases de actuación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Al final del evento, la moderadora e integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Emilie De Wolf, reiteró la necesidad de garantizar programas de protección integrales que respondan a las necesidades específicas de las mujeres periodistas y defensoras, y remarcó que la incorporación de una perspectiva intercultural y de género es «impostergable».

COMUNICADO:

Hoy 19 de junio de 2025, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca), el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, espacios que en conjunto articulan a 245 organizaciones, 98 colectivos, 434 defensoras y mujeres periodistas en México llevaron a cabo el foro online “Protección pendiente en México”, para visibilizar la situación de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras en el país, así como una serie de recomendaciones, que se expusieron previamente ante el Comité de la CEDAW.

Jesús Peña y Niza Castañeda, de ONU Derechos Humanos, quienes participaron, destacaron la relevancia de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el papel activo de México en su revisión periódica ante el Grupo de Expertas. Subrayaron la importancia del escrutinio público, la transparencia y el diálogo abierto entre actores de la sociedad civil y las instancias gubernamentales, confiando en que se establezcan espacios permanentes para implementar las recomendaciones y avanzar en acciones concretas en favor de las mujeres en México.

Sandra Torres Pastrana, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), señaló el preocupante aumento de la violencia letal en particular contra las buscadoras y las defensoras de los derechos de las disidencias sexo-génericas. Resaltó también que las agresiones contra defensoras presentan con frecuencia un componente de discriminación de género, que se manifiesta a traves de discursos misóginos, violencia sexual, estigmatización y ataques desde el ámbito de lo privado. Alertó finalmente frente a algunas tendencias cada vez más documentadas como el incremento de los ataques registrados en el ámbito digital y la criminalización.

Lizeth Clavellina Angeles, de la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT), resaltó diversos patrones de agresiones identificados en los últimos dos años, enfatizando los riesgos diferenciados que enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos de las mujeres, así como el alto grado de impunidad que prevalece.

Mina Ruiz, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), compartió los riesgos que han enfrentado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, reportando que en los últimos seis años al menos 16 mujeres buscadoras han sido asesinadas. Recalcó la necesidad urgente de respaldo institucional para proteger las acciones de búsqueda frente a las amenazas, asesinatos y otras formas de agresión.

Lucía Lagunes, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), señaló que persiste un trato desigual hacia las mujeres en los medios, marcado por discriminación, precariedad laboral, acoso, violencia y censura. Entre 2012 y abril de 2025, CIMAC ha documentado 1,896 agresiones contra mujeres periodistas, incluidos 14 feminicidios. Llamó a articular el marco legal nacional e internacional, transversalizar con perspectiva de género el Mecanismo de Protección y generar diagnósticos con enfoque integral para fortalecer la coordinación con instancias locales y avanzar en una política efectiva de prevención y protección.

Paola Pacheco, de Serapaz y en representación del Espacio OSC, también sobre el Mecanismo de Protección señaló la persistencia de deficiencias en la atención y aplicación de la perspectiva de género en todas sus fases de actuación. A pesar de la creación de “La Equipa”, punto focal para implementar la perspectiva de género, afirmó que no se han logrado impactos positivos en la protección de defensoras y periodistas, mencionando retos en incorporación, análisis de riesgo, coordinación, medidas, planes y reevaluaciones de mujeres defensoras y periodistas en riesgo.

Yesica Sánchez, de Consorcio Oaxaca, advirtió que Oaxaca es uno de los estados más peligrosos para la defensa de derechos humanos, con un aumento alarmante de la violencia feminicida. Que coloca al estado en el tercer lugar por los ataques. Enfatizó el caso reciente de la defensora Sandra Domínguez, desaparecida y posteriormente asesinada, quien había denunciado violencia sexual promovida por funcionarios públicos sin que se haya hecho justicia. Destacando la falta de atención a los impactos y desgastes que tienen dichos ataques. Así como la ausencia de una real coordinación entre los estados y la federación.

Finalmente, Emilie De Wolf de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), encargada de la moderación, cerró el foro resaltando que las defensoras de derechos humanos y periodistas realizan una labor urgente y trascendente, construyen alternativas dignas en un contexto de agudización de las crisis, desafían mandatos patriarcales y fortalecen tejido social y colectivo. Garantizar programas de protección integrales que  respondan a sus necesidades específicas, superen enfoques individualizados y urbanos, e incorporen una perspectiva intercultural y de género es impostergable concluyó. Informó finalmente que los informes presentados durante el foro están disponibles para descarga.

Informes disponibles en:

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México (RNDDHM) e Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCEDAW%2FCSS%2FMEX%2F63304&Lang=en

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) https://espacio.osc.mx/wp-content/uploads/2025/06/EOSC-Informe-mujeres-defensoras-y-periodistas-CEDAW-2025.pdf

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca):



Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT). y Observatorio Ciudadano Naonal del  Feminicidio: https://redtdt.org.mx/archivos/19366

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con Marcha-Calenda, piden frenar criminalización de defensores en el Istmo

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) convocó a una marcha-calenda a celebrarse el próximo viernes 20 de junio, con motivo del 40 aniversario de la organización y para exigir el cese de la criminalización de indígenas en la región.

Tan sólo del 2022 al 2024 se documentó la apertura de 55 carpetas de investigación contra personas defensoras que se oponían al Corredor Interoceánico. De esas carpetas, al menos 24 seguían abiertas contra indígenas ayuujk y binizaa, acusadas de ataques a las vías de comunicación, señalamiento infundado, de acuerdo a lo documentado por una Misión Civil de Observación.

La “jornada de lucha y fiesta” se celebrará en los municipios de Matías Romero y Santa María Petapa, Oaxaca. La marcha-calenda iniciará a las 10 horas en el Mercado 12 de octubre, recorrerá las calles de Matías Romero hacia Rincón Viejo Petapa.

“Haremos un alto en las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, para exigir el cese a la criminalizacion de decenas de indígenas cuyo único delito es la defensa de sus viviendas y tierras”, informó Ucizoni en un comunicado.

A las 13 horas se realizará un homenaje a integrantes de Ucizoni que han muerto, entre ellos, se recordará a los indígenas ayuujk asesinados por defender sus pueblos, Armando Agustín Bonifacio y Wilfrido Atanacio Cristobal.

La jornada concluirá con un convivio en las instalaciones de Ucizoni, con música de la Banda Mixe de San Antonio Tutla y la marimba La Flor del Istmo. Participarán organizaciones de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y CDMX.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Liberan a defensores de Santiago Mexquititlán detenidos y torturados por la policía de Querétaro

Los cuatro defensores de Santiago Mexquititlán que fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y torturados por la policía de Querétaro la noche de este miércoles fueron puestos en libertad a las 22:40 horas, informó el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, Amealco.

Entre las víctimas de la violencia policial se encontraba Estela Hernández, quien fue “detenida, torturada física y sexualmente” por elementos de la policía estatal, luego de que asistió al DIF de Amealco para exigir la libertad y el esclarecimiento de la detención de los otros tres defensores detenidos previamente, “ante lo cual elementos de la policía arremetieron contra ella ejerciendo actos de tortura física y sexual”, denunció la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi).

La Anavi reportó que la agresión contra los defensores otomís se enmarca en el llamado del Concejo Indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán a la próxima asamblea comunitaria en defensa del agua, convocada para el próximo 14 de junio en el pozo de Barrio cuarto.

De acuerdo con el Nodo de Derechos Humanos, los defensores Leonardo García y Jesús Torres fueron detenidos arbitrariamente por la policía y trasladados a las instalaciones del DIF de Amealco. La detención fue documentada en video por otro habitante, quien también fue detenido, y posteriormente Estela Hernández “fue agredida brutalmente y detenida” al solicitar información sobre sus compañeros.

Durante la detención, los integrantes del Concejo Indígena fueron incomunicados y víctimas de tortura, así como Hernández denunció la violencia física y sexual a la que fue sometida por la policía.

Los defensores del agua de la Asamblea responsabilizaron al gobierno estatal de Querétaro de la violencia contra los cuatro integrantes detenidos por la policía y denunciaron la operación del Estado mexicano que “despliega estrategias de represión en contra de los pueblos” que se organizan en defensa del agua y la vida.

Tanto los pueblos que integran la Anavi como la organización de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes condenaron “la criminalización, hostigamiento y represión” contra la comunidad de Mexquititlán y exigieron que la agresión no quede en la impunidad.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Intimidan y criminalizan a defensores del agua de Xoxtla

El pueblo de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunció la campaña de intimidación y criminalización por parte del gobierno estatal y municipal contra los defensores que desde el 28 de mayo protestan para exigir que no se entregue el agua de la comunidad a la empresa Agua de Puebla, que busca suministrar el líquido a las zonas residenciales de la capital del estado.

«En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios», señalaron los defensores en un comunicado.

La lucha de Xoxtla comenzó luego de que el pasado 12 de mayo la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Además de la rehabilitación, el convenio incluía la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población. Frente a la amenaza de despojo de su agua, los pobladores de Xoxtla se organizaron en asamblea y bloquearon la carretera México-Puebla, en exigencia de la cancelación del convenio.

La presión comunitaria logró que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública, en la que se acordó que este 2 de junio se realizará un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad. De la misma forma, se acordó que el pozo 4 quedaría inhabilitado y a resguardo de la comunidad.

«Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena. A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua», denunciaron los defensores.

En espera del cabildo público de este lunes, el Consejo reiteró que volverá a exigir la cancelación del convenio con la empresa y que mantendrá su lucha para que el agua de la comunidad se quede en el pueblo.

COMUNICADO:

Al pueblo de San Miguel Xoxtla

A los Pueblos de la Región Cholulteca

A los medios de comunicación

El pasado 12 de mayo, la presidenta municipal de San Miguel #Xoxtla, Guadalupe Ortiz, traidora del pueblo, señaló públicamente la ratificación del convenio que su antecesora, Guadalupe Ziyancan Peregrina Díaz, firmó con el gobierno del estado de Puebla, SOAPAP y la Empresa traficante de agua Concesiones Integrales Agua de Puebla S.A. de C.V. El cual señala la rehabilitación del pozo número 4 para llevar según sus declaraciones, el 50% del agua a la Ciudad de Puebla, la construcción de un nuevo pozo y la donación de 100 tinacos para la población.

A consecuencia de esas declaraciones, la comunidad del pueblo de San Miguel Xoxtla convocó a diversas asambleas públicas para aclarar la situación y exigir determinantemente la cancelación de dicho convenio. Al no haber una respuesta por parte del gobierno municipal y estatal, la asamblea tomó la decisión de realizar 2 cierres de la autopista México – Puebla.

La presión comunitaria permitió que el 30 de mayo, en presencia de regidores del ayuntamiento, se realizara otra asamblea pública en la cual se llegó al compromiso de que el próximo 2 de junio se realizara un cabildo abierto, para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa Concesiones Integrales Agua de Puebla, Gobierno del estado e instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad.

De la misma forma, se acordó que el pozo número 4 quedara inhabilitado y a resguardo de la comunidad. Estos acuerdos quedaron firmados por la comisión del pueblo de Xoxtla, regidores y el síndico municipal, Miguel Hernández Azucena.

A raíz de este documento, el mal gobierno estatal y municipal comenzaron una campaña de criminalización y desinformación contra la comunidad de Xoxtla e integrantes del movimiento en defensa del agua.

En el intento de fragmentar y deslegitimar la organización en defensa del agua pretenden aislar al municipio de Xoxtla diciendo que son otros pueblos los que se están manifestando contra el despojo de agua. Además el pasado 30 de mayo en las calles de Xoxtla hubo presencia de elementos del ejército y Guardia Nacional para intimidar a la población, con lo que se demuestra que los tres niveles de gobierno se empeñan en despojarnos y usar la fuerza pública para entregar el agua a los empresarios.

Le recordamos al mal gobierno que como pueblos unidos nos apoyamos en la defensa del agua y que ante cualquier intento del mal gobierno y empresas criminales de despojarnos de nuestra agua los pueblos nos organizaremos siempre para defenderla y liberarla.

Les recordamos que en abril del 2024, el pueblo de Xoxtla cerró el pozo clandestino de la empresa Castores.

En 2008, en Juan C Bonilla evitaron la perforación de dos pozos profundos que se emplearían para llevarse el agua a la ciudad de Puebla y dársela a los desarrolladores inmobiliarios.

En el año 2017, toda la Región Cholulteca incluida Xoxtla frenamos la privatización del agua que el mal gobierno pretendía hacer en el estado.

En 2021, los pueblos de la región frenaron el despojo de agua que la empresa traficante de agua Bonafont – Danone generaba en el territorio.

Para nosotras y para nosotros el agua no es una mercancía, el agua de nuestros pueblos se queda en nuestros pueblos y es destinada para seguir reproduciendo la vida, no para llenar los bolsillos de empresarios ambiciosos y criminales.

Una vez más los pueblos demostramos que la acción colectiva es la única vía para asegurar la vida en nuestras comunidades.

Es por eso que se convoca a todo el pueblo de Xoxtla y comunidades de la región a hacer presencia el próximo 2 de junio a las 3:00 pm. En el zócalo de San Miguel Xoxtla, para exigir la cancelación de todo tipo de acuerdos que pretenden llevarse el agua de nuestra comunidad.

¡Fuera traidoras y traidores de los pueblos que entregan nuestra agua!

¡Porque el agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

ATENTAMENTE

Consejo ciudadano, defensores del agua y la tierra de San Miguel Xoxtla

¡Fuera mal gobierno, fuera Alejandro Armenta fuera Agua de Puebla para Todos!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En el sexenio de AMLO hubo 163 agresiones contra defensores de migrantes

El análisis realizado por la Universidad Iberoamericana, “permite caracterizar un sexenio que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

Durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, revela el informe “Acompañando Caminos de Esperanza. Situación de las personas defensoras de derechos humanos de la población migrante forzada (2019-2024)”.

Realizado por el Programa de Asuntos Migratorios (Prami)  de la Universidad Iberoamericana, así como por la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) el documento resalta el endurecimiento de las políticas migratorias en México y la militarización de las fronteras ha derivado en la agudización de la “criminalización y las agresiones a la labor de ayuda, acompañamiento y de defensa de derechos”.

El documento resalta que si bien del total de agresiones documentadas, 14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos, y seis en varias ciudades de Guatemala, su análisis “permite caracterizar un sexenio (el de López Obrador)  que, lejos de las narrativas oficiales, tuvo un actuar violento de derechos humanos y desesperanzador para las personas forzadas a migrar y para  quienes las defienden y acompañan”.

De acuerdo al estudio, en los últimos 20 años las personas defensoras de migrantes se han enfrentado a riesgos como “la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las agresiones, la criminalización (social y mediática) y los procesos de judicialización hasta la desaparición y el asesinato”.

El informe identifica como perpetradores de las agresiones tanto a agentes el Estado como a actores particulares, entre ellos “miembros de grupos armados, pandillas y grupos del crimen organizado”, situaciones que generan daños tanto a la integridad física como a la salud mental y emocional.

Como antecedente, el documento cita el informe “Defensores sin muros”, elaborado en 2019, por los mismos autores, que registró “69 incidentes (eventos) de agresión contra al menos 17 personas, ocho albergues y una organización en Centroamérica, México y Estados Unidos”.

Para continuar on el análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el informe continúa con la revisión de las agresiones ocurrida entre septiembre de 2019 a septiembre de 2024, periodo en el que los investigadores se registraron 137 agresiones en 63 eventos violentos, dirigidos en contra de 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración.

Del total de agresiones, se registraron dos asesinatos y tres desapariciones forzadas contra defensores de derechos de personas migrantes, como las más graves entre los 33 tipos de agresiones registradas en el periodo.

Los investigadores de Prami y Redodem identificaron que, durante los últimos cinco años del gobierno de López Obrador, las agresiones más frecuentes fueron el hostigamiento con 20 registros; la estigmatización con 16 casos; las amenazas con 15: la vigilancia y la judicialización con nueve cada una; así como las amenazas con arma de fuego y detención arbitraria con seis agresiones cada una.

Otras agresiones se refieren a amenazas de judicialización y obstaculización de la labor de defensa de derechos humanos, con cinco cada una; agresión física y perfilamiento racial, con cuatro en cada una; agresión verbal, amenazas de incendio y detonación de arma de fuego, con tres en cada caso; cierre forzado de operaciones, encapsulamiento, infiltración del crimen organizado y revisión de pertenencias y datos personales, con dos en cada tipo de agresión, así como amenazas de cierre, bloqueo de acceso, desalojo, espionaje, extorsión, incendio provocado, incomunicación, intentos de extorsión, retención arbitraria, secuestro y usurpación de identidad, con un caso documentado por acto violento.

Por entidades federativas, el informe de Prami y Redodem revelan que, de las 137 agresiones registradas durante el periodo analizado, 117 ocurrieron en el territorio mexicano, de las cuales 21 están distribuidas como sigue:  30 en Chiapas, 25 en Baja California, 19 en Ciudad de México, 13 en Coahuila, 6 en Tlaxcala, 5 en Chihuahua, 4 en Tabasco, mientras que en Sonora, Tamaulipas y Veracruz, se registraron tres ataques por entidad.

Se destaca que las seis agresiones restantes de las registradas en el territorio nacional, “cuatro corresponden a estigmatización”, vinculadas a “agresiones de amenaza de judicialización y judicialización”.

El documento alerta que de las 117 agresiones cometidas en territorio nacional 44% se concentran en Tijuana, Baja California, Tapachula, Chiapas y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, concentraciones asociadas con la ubicación fronteriza de las primeras dos ciudades y en la tercer a “por la permanencia de personas migrantes, tanto en campamentos como en situación de calle en la zona y el acompañamiento que han realizado personas defensoras de derechos humanos”.

En cuanto a las 20 agresiones restantes documentadas por Prami y Redodem,  14 ocurrieron en Texas, Estados Unidos y seis en varias ciudades de Guatemala.

“La diversidad de agresiones que se identifican de manera específica en los 63 eventos contra las personas y las colectividades defensoras da cuenta de la amplitud de riesgos que enfrentan quienes defienden derechos en los contextos migratorios”, apunta el informe.

El documento destaca que de las 43 personas, organizaciones, colectivos y albergues que brindaron asistencia a personas en condición de migración, que fueron identificadas como blanco de los ataques, la mayoría fueron albergues (19), seguida de personas defensoras (10) y en tercer lugar organizaciones civiles de derechos humanos (6).

En menor escala, se identificó a colectivos o grupos de apoyo organizados (3), seguidos de periodistas especializados en migración (2), personas defensoras de migrantes (2) y otros colectivos comunitarios relacionados con la migración (1).

El informe destalla que contra esas 43 personas y colectividades ocurrieron 63 eventos de agresión que “se caracterizan por tener una o más agresiones y porque pueden involucrar a una o más personas y/o colectividades defensoras”.

Según la clasificación de los investigadores 30 de los eventos de agresión fueron dirigidos a albergues para migrantes; 11 contra personas defensoras; 10 contra colectivos o grupos de apoyo a migrantes; y 9 contra organizaciones civiles de derechos humanos, principalmente.

El resto de los eventos ocurrieron contra grupos de personas defensoras migrantes (3), periodistas (2) y otras colectividades (1).

Es relevante observar la evolución por año de los eventos de agresión, que se han ido incrementando conforme ha pasado el tiempo, empezando por un evento ocurrido en 2016 pero que se reveló en 2021, pasó a 2019 con siete eventos, para después disminuir a uno en 2020, subir nuevamente a 10 en 2021, y de ahí continuar en tendencia ascendente, con 12 eventos en 2022, otra cifra igual un año después para cerrar con 19 eventos de agresión en 2024.

La tendencia indica que “ante el incremento de las migraciones hay un robustecimiento de las políticas migratorias de contención, lo cual también tiene como consecuencia mayores agresiones a colectividades defensoras en contextos de migración forzada”.

De los 63 eventos de agresión documentados, el informe identificó “20 perpetradores distintos”, algunos actuando de manera conjunta. Entre las cinco principales tipos de agresores del total de eventos en 12 participaron corporaciones militares, Guardia Nacional, Ejército y Marina; en 12 más personas desconocidas; en  8 personas armadas desconocidas; en 7 integrantes de grupos del crimen organizados, mientras que en 6 miembros de la comunidad.

Cabe destacar que de los 63 eventos, en cinco se ubicó como perpetrador al Instituto Nacional de Migración y una cifra igual a la Fiscalía General de la República.

Los autores del documento consideran preocupante “la diversificación de la violencia y la crueldad con que se lleva a cabo”, lo cual podría atribuirse a “la creatividad de los perpetradores para implementar nuevas formas de intimidar a las personas defensoras”, pero sobre todo por “la impunidad sistemática en nuestro país, que impacta a toda la población, pero que en casos de personas defensoras -y periodistas- es casi absoluta”.

Los autores concluyen que su informe “no sólo evidencia violencias y violaciones a derechos humanos, sino que es un testimonio vivo de que los colectivos, los albergues y las organizaciones de derechos humanos, las personas defensoras, las iglesias y las comunidades, construyen rede de solidaridad que articulan esfuerzos para brindar protección, acompañamiento y apoyo humanitario, más allá de los nacionalismos, las fronteras y las soberanías nacionales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Denuncian crisis de despojo, impunidad, violencia feminicida y asesinato de defensores en Oaxaca

Más de 30 organizaciones de derechos humanos denunciaron el despojo territorial y desplazamientos forzados de los pueblos indígenas, las amenazas, criminalización y asesinato de defensores comunitarios, el incremento de la violencia contra las mujeres y la discriminación y agresiones contra la población LGBTQ+, en el informe “Situación sobre el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos en el estado de Oaxaca”.

En cuanto a los pueblos indígenas y afromexicanos en la entidad, las organizaciones señalaron que el despojo de tierras y desplazamientos, la venta de tierras por la gentrificación, la imposición de megaproyectos y desarrollos industriales en los territorios, y las agresiones, fabricación de delitos y asesinatos de los defensores locales forman parte de los actos violatorios que atraviesan las comunidades.

De acuerdo con las organizaciones, de diciembre de 2018 a octubre de 2024 fueron asesinados 58 defensores en Oaxaca, de los cuales 55 pertenecían a un pueblo indígena, lo que equivale al 95 por ciento de los casos. Los años más letales para los defensores fueron 2021 y 2023, con 14 asesinatos en cada uno, lo que coloca a la entidad como “el primer estado a nivel nacional con el mayor número de asesinatos”.

En el informe también se documentan las violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre ellas el feminicidio, el abuso y violación sexual, desapariciones forzadas e impunidad. Con base en datos del Observatorio sobre el Feminicidio que coordina GESMujer, hasta el pasado 19 de mayo se registraron 237 asesinatos violentos de niñas y mujeres en la entidad, de los 33 fueron cometidos en 2025.

Sobre el derecho a la diversidad sexual, las organizaciones denunciaron los crímenes de odio, la discriminación y las agresiones contra las personas de diversidades sexogenéricas en Oaxaca y aseguraron que “las autoridades responsables de brindar acceso a la justicia no están capacitadas para atender bajo la perspectiva de género y de diversidad sexual”, así como calificaron de “insuficiente” las acciones de promoción de respeto hacia la comunidad.

Entre otros actos violatorios, las organizaciones también documentaron las violaciones a los derechos a la salud, a la seguridad, a un medio ambiente sano, a la organización y participación ciudadana, a la participación política de las mujeres y a la información y la comunicación, y enlistaron una serie de recomendaciones para cada uno de los ámbitos.

COMUNICADO:

A convocatoria del Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C. para participar en la reunión de la Embajada de los Países Bajos el 9 de Mayo de 2025, las organizaciones firmantes, tomaron la determinación de elaborar un documento conjunto que da cuenta de las graves violaciones a los Derechos Humanos que se viven en el estado de Oaxaca y que conjuntó el análisis de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de esta entidad.

Aunque si bien son históricas las desigualdades, problemáticas sociales y ambientales que vive el conjunto de la población, se colocan las principales y urgentes situaciones que la actual administración (desde noviembre 2022) no ha sido capaz de revertir de manera sustantiva. Las repercusiones ante estas situaciones, ya sea por acción directa, omisión y/o complicidad han afectado el tejido comunitario, el retroceso y la negación de Derechos, así como el aumento de riesgos y violaciones a personas defensoras, grupos poblacionales y comunidades enteras.

Las organizaciones civiles observamos, identificamos y atendemos estas violaciones a los derechos humanos, desde el trabajo situado y amplio conocimiento de los territorios que habitamos. La valoración que se hace al respecto, se basa en: el trabajo directo con casos, la observación permanente en derechos humanos, el análisis propio y de otras organizaciones, los testimonios y denuncias de las propias víctimas, así como otras fuentes documentales, incluyendo las hemerográficas. De igual manera contrastando lo que contiene la norma jurídica en la materia y los instrumentos nacionales e internacionales.

Oaxaca es una entidad de profundos contrastes, mantiene una gran diversidad cultural, lingüística, jurídica, social. Lo cual se refleja en los siguientes datos: el 69.8% de la población se autoadscribe indígena, el 31.18% son hablantes de Lenguas Indígenas; el 48.3% de la diversidad lingüística del país se concentra en la entidad que también tiene la presencia del pueblo afromexicano que representa el 3.6% de su población total, ocupando el sexto lugar a nivel nacional; además, de los 570 municipios que tiene Oaxaca, 418 nombran a sus autoridades a través de sus Sistemas Normativos Indígenas (73.3%) y el 80% del territorio es propiedad social, solo es una muestra de la base sociocultural bajo la cual se conforma la entidad.

Es el estado con mayor dispersión sociodemográfica del país y con evidentes brechas de inequidades sociales y económicas, lo que trae 2 como consecuencia la centralización de servicios en la capital del estado y una amplia brecha digital para las comunidades indígenas y afromexicanas, estas poblaciones se han caracterizado por una histórica situación de vulnerabilidad, empobrecimiento y retos estructurales para acceder y ejercer plenamente sus derechos elementales como salud o educación, lo que impacta de manera diferenciada a niñas, jóvenes y mujeres.

Conocedoras que existen múltiples hechos que ejemplifican las violaciones a los derechos humanos, se colocan algunos de las situaciones más emblemáticas, las cuales tienen tres características similares:
  • La impunidad que prevalece en el conocimiento de la verdad, el castigo a los responsables, la reparación del daño y la no repetición. (96.40% no fueron denunciados; 5.4% fueron denunciados y 0.44% fueron resueltos).
  • La falta de información y/o desinformación que se difunde sobre los hechos violatorios.
  • La no denuncia de las víctimas, producto de la inacción gubernamental e incluso las repercusiones negativas cuando se denuncia, incluyendo la pérdida de la vida.
Las organizaciones participantes en la elaboración de esta agenda son las siguientes:

Alianza Cívica Pinotepa A.C.; Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C. (CAMINOS); Centro de Apoyo para la Creación y Creatividad Calpulli A.C.; Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C.; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET); Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C.; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” (CODIGODH); Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos (GES MUJER); Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO); KOXUB Comunidad Trans por la Defensa de nuestros DDHH en Oaxaca; Luna del Sur A.C.; Marea Verde Mixteca; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM); Ña´a Tunda A.C.; Ñuu Jnama Yuku; Ojo de Agua comunicación A.C.; Organización de Mujeres Poj Kääj; Piña Palmera A.C.; Red de Médicas por el derecho a decidir; Red de Mujeres Lesbianas Existimos y Resistimos; Red Futuros Indígenas; Red Nacional por el Derecho a Decidir; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Servicios Para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C.; The Hunger Project México (THP); Trans Difusión A.C.; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI); Xquenda Artes e investigación para la transformación social A.C.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.