En un comunicado, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunciaron que a pesar de la doble absolución, el pasado mayo «las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos».
Hernández Salazar es una de las caras más visibles en la lucha contra la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico en las tierras de uso común del monte El Pitayal, Puente Madera. El 7 de febrero de 2024 fue condenado a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00 y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015. Sin embargo, el 14 de mayo del mismo año la sentencia fue revocada, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca reconoció las irregularidades en el proceso y la invalidez de las pruebas presentadas en su contra.
Tras la primera revocación, las presuntas víctimas interpusieron un amparo por el que se ordenó que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí otras ofrecidas por la parte acusadora. El 27 de febrero de este año la Segunda Sala Penal Colegiada ratificó la absolución de David Hernández y desestimó nuevamente las acusaciones, pero quienes lo acusaron volvieron a interponer un amparo en contra del defensor.
«La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI)», aseguró la asamblea de Puente Madera y la APIIDTT, que reiteraron la urgencia de que Hernández quede libre de todo proceso judicial, así como su comunidad «libre de hostigamiento».
COMUNICADO:
Desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, queremos informar y alertar a la opinión pública, organizaciones de derechos humanos y a todas las comunidades solidarias, sobre la persistente criminalización en contra de nuestro compañero David Hernández Salazar, a pesar de su absolución legal.
David fue vinculado a proceso en la causa penal 446/2022 por los delitos de daños por incendio y daños dolosos, y condenado el 7 de febrero de 2024 a 46 años y 6 meses de prisión, además del pago de más de un millón de pesos por reparación del daño y una multa de $182,000.00. Esta condena fue dictada por el Juez Unitario del Circuito Judicial del Istmo con sede en Salina Cruz, Oaxaca.
Posteriormente, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de su Sexta Sala Penal Colegiada, revocó dicha sentencia y absolvió a David el 14 de mayo de 2024, reconociendo las irregularidades en el proceso y la invalidez de pruebas utilizadas en su contra.
Sin embargo, en una acción preocupante, las presuntas víctimas interpusieron un Juicio de Amparo Directo (371/2024), y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito resolvió el 28 de enero de 2025 que debía dictarse una nueva sentencia sin considerar las pruebas declaradas ilícitas, pero sí valorando otras pruebas ofrecidas.
El resultado fue una nueva resolución, dictada el 27 de febrero de 2025 por la Segunda Sala Penal Colegiada, en la que se vuelve a ratificar la absolución de David Hernández Salazar, desestimando nuevamente las acusaciones.
A pesar de esta doble absolución, en mayo de 2025, las presuntas víctimas volvieron a ampararse, lo que mantiene vigente una estrategia de persecución judicial, y pone en alerta a la comunidad de Puente Madera con el objetivo de continuar criminalizando la defensa del territorio y a quienes luchan por sus derechos.
BASTA DE CRIMINALIZACIÓN CONTRA PUENTE MADERA
ALTO A LA PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA DAVID HERNÁNDEZ SALAZAR
La lucha de David no es individual. El proceso judicial en su contra refleja la persecución sistemática contra defensores y defensoras comunitarios que se han opuesto a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y a los Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI).
David debe quedar libre de todo proceso judicial, y la comunidad de Puente Madera libre de hostigamiento. Su lucha por el territorio no puede seguir siendo castigada por un sistema de justicia parcial y politizado.
Asimismo, desde la Asamblea Comunitaria de Puente Madera reiteramos la justa exigencia del cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, los cuales corresponden por derecho a nuestra Agencia Municipal como parte del municipio de San Blas Atempa. Históricamente, estos recursos han sido manejados de manera discrecional por las autoridades municipales, negando a las agencias municipales, como Puente Madera, el acceso a fondos que deben ser destinados al fortalecimiento de los servicios básicos, infraestructura, educación, salud y desarrollo comunitario.
No existe registro alguno de una distribución justa de estos fondos a las agencias municipales, lo que representa una violación constante a nuestros derechos colectivos y al principio de equidad presupuestaria. Esta omisión histórica no solo refleja el abandono institucional, sino también la intención de debilitar nuestras formas de organización comunitaria. Por ello, exigimos de manera firme y urgente la entrega transparente y proporcional de los recursos de los Ramos 28 y 33 a Puente Madera y a todas las agencias del municipio de San Blas Atempa.
¡NADA ESTA RESUELTO!
¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA,
SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!
¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!
AUTOR: REDACCIÓN.
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