Reformas en materia de datos biométricos, geolocalización y militarización, promulgadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron rechazadas por su partido, Morena, cuando fueron oposición; PAN y PRI también dieron un viraje en sus posturas.
Este miércoles 16, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el paquete de reformas que fueron aprobadas por Morena y aliados en el periodo extraordinario en el Congreso, entre ellas las que permiten geolocalización en tiempo real, una CURP con datos biométricos y que la Guardia Nacional quede subordinada al Ejército.
Pero como oposición, la actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, criticó la posibilidad de la geolocalización de equipos móviles en tiempo real, como pretendía el expresidente Enrique Peña Nieto, y el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó de manera incisiva al uso de cuerpos militares en tareas de seguridad pública antes de que su movimiento llegara al poder.
Sin embargo, las contradicciones también salpican a legisladores hoy de oposición. Mientras en 2014, PAN y PRI votaron a favor de la ley que permitía la geolocalización en tiempo real, en esta ocasión, esos mismos partidos rechazaron esa medida y votaron en contra.
CURP y datos biométricos
En 2009, el entonces presidente Felipe Calderón anunció que iniciaría la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, que contemplaba la vinculación de huellas dactilares, fotografía y datos biométricos de los mexicanos, a través del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Renaut. Dos años después, sin que disminuyeran los delitos, la medida fue suprimida por el Congreso.
Cuando el partido Morena llegó a la Presidencia, las críticas contra el registro de datos biométricos se diluyeron y la intención de Calderón fue revivida en una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), presentado por el entonces diputado morenista, y actual secretario de Educación, Mario Delgado, que tenía los mismos argumentos: reducir delitos como la extorsión y el secuestro.
El INAI —desaparecido por el gobierno actual— impugnó la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que la norma vulneraba los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.
Pero la medida fue revivida en el reciente periodo extraordinario en el Congreso.
La Ley General de Población señala, en su artículo 91, que la Clave Única de Registro de Población (CURP) será la fuente única de identidad de las personas en México y la CURP que contenga huellas dactilares y fotografía será el documento nacional de identificación obligatorio.
La Secretaría de Gobernación integrará los datos biométricos de las personas a la CURP mediante la transferencia de la información que esté en poder de las autoridades. La reforma establece que la incorporación de los datos biométricos a la CURP “será previa autorización de su titular”; sin embargo, empresas privadas y entes públicos deben incorporarla como requisito para la prestación de los trámites y servicios a su cargo.
La nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las empresas de telefonía deberán solicitar la CURP de las personas usuarias para activar y mantener activas las líneas. Esa información será resguardada y estará disponible en una plataforma digital accesible para autoridades de seguridad que lleven a cabo investigaciones, conforme a lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Militarización
Uno de los cambios más significativos en la postura de la autollamada cuarta transformación es respecto a la presencia de militares en labores de seguridad pública. Un posicionamiento que ha sido cuestionado en distintas ocasiones por grupos de oposición, como ocurrió el 30 de junio en el Senado, cuando se aprobó la Ley de la Guardia Nacional que consolidó la estructura de la corporación como una de las instituciones subordinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante su campaña presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el uso de militares en tareas de seguridad pública. Sin embargo, la propuesta de crear la Guardia Nacional como un cuerpo civil se modificó cuando él mismo envió una iniciativa de reforma constitucional para colocar a esa corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El cambio se consolidó con la ley general aprobada en el reciente periodo extraordinario, promovida por la presidenta Claudia Sheinabum.
En septiembre pasado, con la reforma constitucional, integrantes de Morena argumentaron que ante la inseguridad, debían tomar decisiones de ese tipo. El senador Javier Corral, incluso, citó a uno de los fundadores del PAN —Carlos Castillo Peraza— para justificar los cambios de postura como oposición y gobierno.
“Cuando uno está en la oposición está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno está en la tierra y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, la incompetencia y la complicidad o la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional en la necesidad de reformar la inseguridad ante los altos niveles de violencia”.
El respaldo al uso de un cuerpo militar en el combate a la seguridad pública contrasta con las críticas que ellos mismos realizaban hace unos años.
En 2017, cuando el PRI gobernaba el país, el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña, hoy presidente del Senado por Morena, acusaba a las Fuerzas Armadas de poner en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía: “Ellos no son para laborales de seguridad pública, ellos están frente a una invasión extranjera, no para voltear sus armas contra el pueblo”.
Luego, en 2018, la Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior promulgada en 2017 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que contenía disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que resultaba inconstitucional.
Geolocalización
En julio de 2014, la entonces diputada Luisa María Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, criticó la propuesta de Ley en Telecomunicaciones, aprobada ese año, por la posibilidad de geolocalizar en tiempo real aparatos de telefonía móvil. La hoy morenista se enfocó en los artículos 189 y 190, y cuestionó: “¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Sólo en México”.
Esa Ley de Telecomunicaciones, que fue aprobada en el sexenio de Peña Nieto, fue rechazada también en junio de 2014 por Julio César Moreno y Martha Lucía Mícher, hoy diputado y senadora por Morena, respectivamente.
Una década después, sin embargo, ambos legisladores respaldaron la nueva versión del documento, que mantiene la misma redacción en artículos que permiten la localización en tiempo real de los dispositivos.
Esos artículos, que permiten la localización georreferencial de usuarios de telefonía con la orden de un juez federal, fueron replicados tal cual en los artículos 182 y 183 de la Ley de Telecomunicaciones aprobada por la mayoría morenista.
La oposición y el oficialismo intercambiaron papeles. Esos artículos que entonces fueron respaldados por los votos de PAN y PRI, ahora fueron rechazados por las bancadas de esos partidos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.
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