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Nadie está obligado a tramitar CURP biométrica, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, el 24 de julio de 2025, que ningún ciudadano estaba obligado a proporcionar sus datos para tener una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, pero recomendó el registro, porque, según ella, podría apoyar a víctimas de desaparición.

La mandataria nacional indicó que en la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas -que crearía la CURP con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad- no se establecieron compromisos forzados, pero sugirió que lo ideal era que la gente se inscribiera en el nuevo proceso a partir de octubre de 2025, como una estrategia preventiva, ante eventuales casos de violencia.

“Evidentemente, a nadie se le puede obligar a que lo haga, claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia, entonces ayuda en ese caso y en muchos otros, y en particular en el tema desaparecidos”, destacó la presidenta.

“Entonces, pues estamos orientando a que se haga, pero nadie se le obliga a que lo haga, y a partir de octubre, pues inicia este proceso, ya formal dentro del marco de la nueva ley”, comentó Sheinbaum Pardo, quien fue cuestionada respecto a que uno de los posibles temores sería que se trataba de datos sensibles.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal argumentó que las aplicaciones bancarias ya pedían esa información. Además, garantizó que la ciudadanía podría estar tranquila, porque las autoridades protegerían los registros y no se usarían para otros fines, sino en caso de que fueran víctimas de delitos.

“Pues sí, las aplicaciones de los bancos te lo piden, incluso hasta tu rostro, entonces pueden tener la certeza de que estás segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios. Y pueden tener la certeza de qué no se va a hacer mal uso de ellos, sino sencillamente ayuda a distintos temas y en particular, si son víctimas de algún delito, pues poder apoyar”, insistió la mandataria nacional.

A partir del 16 de octubre de 2025, los ciudadanos podrían registrar su CURP biométrica, de manera voluntaria, bajo dos modalidades, según informó, el 23 de julio de 2025, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Según lo explicó la funcionaria federal, durante una conferencia de prensa, tanto adultos como menores de edad elegirían entre acudir a uno de los 145 módulos que operarían en todo el país y a las oficinas centrales del Registro Nacional de Población de Identidad (RENAPO) o, bien, optar por el trámite en línea, a través de la plataforma Llave MX.

La titular de la SEGOB informó que el documento con datos biométricos y fotografía no sería un requisito obligado para la ciudadanía, niños incluidos, sino un imperativo para los entes públicos y privados, quienes deberían pedir y reconocer los 18 caracteres alfanuméricos de identificación.

“La CURP biométrica no es obligatoria, se estará tomando de manera gradual a los ciudadanos. Tampoco tendrá un costo en los módulos de los registros civiles. Los entes públicos y privados tendrán la obligación de pedir la CURP, que son los 18 caracteres como documento primario, pero la CURP biométrica será solamente una actualización”, abundó Rodríguez Velázquez.

La titular de la SEGOB afirmó que estaba garantizada la protección de los datos mediante mecanismos que ya existían, como controles de acceso, auditorías periódicas, pruebas de seguridad y simulación de ataques, así como el cifrado de información y el monitoreo en tiempo real de comportamientos sospechosos.

Por su parte, Arturo Arce Vargas, director general del RENAPO, dijo que cada ciudadano debería elegir voluntariamente el método que utilizaría para actualizar su CURP, ya sea de manera presencial o en línea.

Según detalló el funcionario federal, la segunda opción sería a través de la plataforma Llave MX, donde las personas permitiría realizar una confronta de datos que previamente entregaron a otra institución, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), durante el trámite de pasaporte, y darían su consentimiento para que los utilizara la RENAPO.

Arce Vargas dijo que los adultos que decidieran hacer la conversión deberían acudir a los módulos con una CURP certificada y una identificación mientras que los niños y adolescentes menores de 18 años de edad, tendrían que presentar su CURP, una credencial del padre o tutor y su registro estaría obligatoriamente ligado a los biométricos de sus padres.

“No podrá tomarse un biométrico de niño que no esté ligado con padre, madre o tutor que ejerza la patria potestad”, enfatizó Arce Vargas, quien también reveló que 24 entidades participaban en un plan piloto, en las vísperas del plazo legal para la implementación de la CURP biométrica y, a la par, las autoridades continuaban adquiriendo equipos para instalarlos en los registros civiles, mismos que permitieran la captura de biométricos.
Además, el funcionario federal comentó que la RENAPO tendría bajo su responsabilidad la Plataforma Única de Identidad y Alerta Nacional de Búsqueda, cuya herramienta central de funcionamiento sería la CURP biométrica.

El Registro Nacional de Población estaría encargada de recabar y resguardar toda la información contenida en el repositorio, que diseñaría en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), para iniciar a más tardar el 15 de octubre de 2025.

“Seguirá siendo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, a través del RENAPO, el resguardo de toda la información”, subrayó Arce Vargas, quien también expresó que la Plataforma serviría como interconexión entre los datos biométricos y las bases de datos de entes públicos y privados.

Como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Forense Federal, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, no Identificadas y no Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, la Base Nacional de Información Genética y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, de reciente creación.

“La Plataforma Única es una herramienta central de interconexión para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas que funcionará a través de vincular registros públicos y privados”, explicó, en su turno, Félix Arturo Medina Padilla, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la SEGOB.

El funcionario federal destacó que mediante ésta se emitiría la Alerta Nacional, en la cual se avisará a las autoridades del país, cuando una persona desapareciera o alguna otra reportada como desaparecida, registrara alguna actividad.

“A la primera denuncia de desaparición se elaborará una ficha de búsqueda que será difundida a nivel nacional, y de manera automática, en todos los sistemas de información del Estado y de los gobiernos”, agregó Medina Padilla, quien adelantó que el Gobierno Federal alistaba un programa exclusivo de apoyos para los hijos de personas desaparecidas.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

CURP biométrica, militarización y geolocalización: Morena promulga reformas que en su momento Calderón y Peña impulsaron

Reformas en materia de datos biométricos, geolocalización y militarización, promulgadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron rechazadas por su partido, Morena, cuando fueron oposición; PAN y PRI también dieron un viraje en sus posturas.

Cuando eran oposición rechazaban que los militares se encargaran de tareas de seguridad pública y que los datos biométricos de la ciudadanía se utilizaran para combatir la inseguridad, pero ahora, en el gobierno, los morenistas cambiaron de postura, como evidencia la reciente aprobación y promulgación de reformas a las que antes se opusieron.

Este miércoles 16, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el paquete de reformas que fueron aprobadas por Morena y aliados en el periodo extraordinario en el Congreso, entre ellas las que permiten geolocalización en tiempo real, una CURP con datos biométricos y que la Guardia Nacional quede subordinada al Ejército. 

Pero como oposición, la actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, criticó la posibilidad de la geolocalización de equipos móviles en tiempo real, como pretendía el expresidente Enrique Peña Nieto, y el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó de manera incisiva al uso de cuerpos militares en tareas de seguridad pública antes de que su movimiento llegara al poder.

Sin embargo, las contradicciones también salpican a legisladores hoy de oposición.  Mientras en 2014, PAN y PRI votaron a favor de la ley que permitía la geolocalización en tiempo real, en esta ocasión, esos mismos partidos rechazaron esa medida y votaron en contra.

CURP y datos biométricos

En 2009, el entonces presidente Felipe Calderón anunció que iniciaría la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, que contemplaba la vinculación de huellas dactilares, fotografía y datos biométricos de los mexicanos, a través del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Renaut. Dos años después, sin que disminuyeran los delitos, la medida fue suprimida por el Congreso.

Cuando el partido Morena llegó a la Presidencia, las críticas contra el registro de datos biométricos se diluyeron y la intención de Calderón fue revivida en una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), presentado por el entonces diputado morenista, y actual secretario de Educación, Mario Delgado, que tenía los mismos argumentos: reducir delitos como la extorsión y el secuestro.

El INAI —desaparecido por el gobierno actual— impugnó la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que la norma vulneraba los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.

Pero la medida fue revivida en el reciente periodo extraordinario en el Congreso.

La Ley General de Población señala, en su artículo 91, que la Clave Única de Registro de Población (CURP) será la fuente única de identidad de las personas en México y la CURP que contenga huellas dactilares y fotografía será el documento nacional de identificación obligatorio.

La Secretaría de Gobernación integrará los datos biométricos de las personas a la CURP mediante la transferencia de la información que esté en poder de las autoridades. La reforma establece que la incorporación de los datos biométricos a la CURP “será previa autorización de su titular”; sin embargo, empresas privadas y entes públicos deben incorporarla como requisito para la prestación de los trámites y servicios a su cargo.

La nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las empresas de telefonía deberán solicitar la CURP de las personas usuarias para activar y mantener activas las líneas. Esa información será resguardada y estará disponible en una plataforma digital accesible para autoridades de seguridad que lleven a cabo investigaciones, conforme a lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Militarización

Uno de los cambios más significativos en la postura de la autollamada cuarta transformación es respecto a la presencia de militares en labores de seguridad pública. Un posicionamiento que ha sido cuestionado en distintas ocasiones por grupos de oposición, como ocurrió el 30 de junio en el Senado, cuando se aprobó la Ley de la Guardia Nacional que consolidó la estructura de la corporación como una de las instituciones subordinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante su campaña presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el uso de militares en tareas de seguridad pública. Sin embargo, la propuesta de crear la Guardia Nacional como un cuerpo civil se modificó cuando él mismo envió una iniciativa de reforma constitucional para colocar a esa corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El cambio se consolidó con la ley general aprobada en el reciente periodo extraordinario, promovida por la presidenta Claudia Sheinabum.

En septiembre pasado, con la reforma constitucional, integrantes de Morena argumentaron que ante la inseguridad, debían tomar decisiones de ese tipo. El senador Javier Corral, incluso, citó a uno de los fundadores del PAN —Carlos Castillo Peraza— para justificar los cambios de postura como oposición y gobierno.

“Cuando uno está en la oposición está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno está en la tierra y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, la incompetencia y la complicidad o la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional en la necesidad de reformar la inseguridad ante los altos niveles de violencia”.

El respaldo al uso de un cuerpo militar en el combate a la seguridad pública contrasta con las críticas que ellos mismos realizaban hace unos años.

En 2017, cuando el PRI gobernaba el país, el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña, hoy presidente del Senado por Morena, acusaba a las Fuerzas Armadas de poner en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía: “Ellos no son para laborales de seguridad pública, ellos están frente a una invasión extranjera, no para voltear sus armas contra el pueblo”.

Luego, en 2018, la Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior promulgada en 2017 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que contenía disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública,  lo que resultaba inconstitucional.

Geolocalización

En julio de 2014, la entonces diputada Luisa María Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, criticó la propuesta de Ley en Telecomunicaciones, aprobada ese año, por la posibilidad de geolocalizar en tiempo real aparatos de telefonía móvil. La hoy morenista se enfocó en los artículos 189 y 190, y cuestionó: “¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Sólo en México”.

Esa Ley de Telecomunicaciones, que fue aprobada en el sexenio de Peña Nieto, fue rechazada también en junio de 2014 por Julio César Moreno y Martha Lucía Mícher, hoy diputado y senadora por Morena, respectivamente.

Una década después, sin embargo, ambos legisladores respaldaron la nueva versión del documento, que mantiene la misma redacción en artículos que permiten la localización en tiempo real de los dispositivos.

Esos artículos, que permiten la localización georreferencial de usuarios de telefonía con la orden de un juez federal, fueron replicados tal cual en los artículos 182 y 183 de la Ley de Telecomunicaciones aprobada por la mayoría morenista.

La oposición y el oficialismo intercambiaron papeles. Esos artículos que entonces fueron respaldados por los votos de PAN y PRI, ahora fueron rechazados por las bancadas de esos partidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Reformas en leyes de desaparición preocupan a AI

Amnistía Internacional denunció las medidas que amenazan la privacidad implementadas en las reformas a leyes en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población. 

Entre estas medidas se encuentran el acceso irrestricto a datos biométricos y personales y la creación de una CURP biométrica. Advierten que estos datos podrían ser usados indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.

Enfatizaron en la exclusión de las familias de personas desaparecidas, ya que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto. Esto “debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.”

Exigen al Congreso abrir espacios de diálogo con las familias, ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad y establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar justicia.

A continuación el comunicado completo:

El pasado 1 de julio, el Congreso de la Unión aprobó reformas a leyes clave en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población.

Aunque hay avances, expresamos nuestra profunda preocupación por diversos puntos. 👇

❌ Las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, excluyendo a las familias de personas desaparecidas.

Esta omisión debilita su legitimidad y desoye a quienes enfrentan día a día la crisis de desapariciones.

⚠️ Se introducen medidas que amenazan la privacidad:

🔹 Acceso irrestricto a datos biométricos y personales

🔹 Creación de una CURP biométrica

Estos datos podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.

❗ Las reformas no abordan puntos esenciales:

🔸 No enfrentan la crisis forense

🔸 No asignan presupuesto para su implementación

🔸 No tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad

🔸 No establecen responsabilidades para mandos superiores

Llamamos al Congreso a:

📢 Abrir espacios de diálogo con las familias

🔐 Ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad

⚖️ Establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación.


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La 4T aprueba CURP con datos biométricos, huella y foto; consuma ley sobre desapariciones

La CURP será el documento nacional de identificación obligatorio, de acuerdo con la reforma que crea además la Plataforma Única de Identidad para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

Tras una larga jornada de más de siete horas y con un pleno semivacío, la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.

La minuta enviada por el Senado de la República fue aprobada en dos votaciones, primero fue avalada en lo general la reforma sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas por 438 votos a favor y 38 en contra. En lo particular hubo 417 sufragios a favor y 60 en contra.

Después fue votada en lo general la reforma sobre Ley General de Población por 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. En lo particular hubo 345 sufragios a favor y 129 en contra

En ambas reformas se presentaron reservas que presentaron 16 diputados de los diversos grupos parlamentarios. Ninguna fue aprobada.

La reforma busca la creación de un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos.

CURP COMO DOCUMENTO OFICIAL

Dentro de la reforma se estableció que todos los ciudadanos utilizarán la Clave Única de Registro de Población (CURP), misma que contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos.

Además, se decreta que se crea la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población. Se busca que la PUI facilite la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

En la Ley General de Población se precisa que la CURP es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana, o extranjera que se encuentren en condición de estancia regular en el país, y contendrá nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares, y fotografía.

Será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y se encontrará en formato físico y digital.

La reforma establece que la Secretaría de Gobernación llevará a cabo acciones para integrar los datos biométricos de las personas a la CURP, en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como por particulares.  También establecerá el Programa de Integración al Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación y colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el dictamen, la versión digital de la CURP como identificación estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales. Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios.

La iniciativa fue enviada a la titular del Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

OPOSICIÓN: FALTÓ ESCUCHAR A LA SOCIEDAD CIVIL

La diputada del PRI, Nadia Navarro, afirmó que su partido votaría en contra de la reforma porque no cuenta con el apoyo total de los colectivos, sin entender que este debate no es técnico, sino un debate moral que le deben a los 150 mil desaparecidos que existen en nuestro país.

“Hoy deberíamos discutir esta reforma de la mano de la sociedad civil, hoy deberíamos de promover transformaciones integrales al sistema, junto con las madres buscadoras, junto con las instituciones de procuración y administración de justicia, junto con las instancias forenses. En su lugar, se busca votar una ley unilateral tramposa, superflua y mentirosa”, detalló.

Por su parte, la diputada del PAN, Paulina Rubio, informó que votarían a favor de la reforma, pero por el gran problema de desapariciones en México; sin embargo, afirmó que está incompleta.

“Está incompleta, porque le faltan piezas elementales, por ejemplo, indispensable que lo que encuentran las madres buscadoras exista en las carpetas de investigación, son ellas las que encontraron Teuchitlán, son ellas las que han suplido los trabajos de investigación, son ellas las que tienen fuentes de información, son ellas las que han padecido, son ellas las que deberían de ser reconocidas en coadyuvancia con el Ministerio Público.

“También deja fuera urgentes medidas de protección, necesarias para los colectivos, 27 personas buscadoras han sido asesinadas desde el 2010 y, sobre todo, dejan fuera los recursos para la protección de las madres buscadoras y de estos colectivos, porque dejan fuera a quien está haciendo el trabajo que el gobierno tendría que estar haciendo desde hace muchos, pero muchos años”, resaltó.

En conferencia de prensa, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, expresó su preocupación por el dictamen que reforma la Ley General de Población, la cual “se sacaron de la manga” para crear un nuevo mecanismo de identidad, “una CURP súper cargada con todos los datos biométricos y sin controles”.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Con pretexto de Ley para desaparecidos, diputados aprueban CURP con datos biométricos; será identificación obligatoria

Con 438 votos a favor, 38 sufragios en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general, el 30 de junio de 2025, la minuta que reformó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que crearía la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad.

Además, el Pleno de San Lázaro avaló, con 340 votos a favor, 104 sufragios en contra y 24 abstenciones, la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, en el cual se estableció que la CURP se integraría obligatoriamente de huellas dactilares y fotografía, por lo que sería el documento nacional de identificación obligatoria.

Los votos a favor fueron emitidos por los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT). La bancada del Revolucionario Institucional (PRI) sufragó en contra de los cambios a ambas leyes, mientras que Acción Nacional (PAN) votó a favor de la primera y la segunda en contra. Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvo.

Según la reforma, la CURP integraría la Plataforma Única de Identidad, que sería la fuente primaria y en tiempo real en materia de desapariciones forzadas y se interconectaría con registros como el Banco Nacional de Datos Forenses y administrativos, pero también con cualquier sistema de información de particulares que prestaran servicios financieros, de transporte, de salud física y mental, de telecomunicaciones, educación, paquetería e incluso religiosos, entre otros.

Además, crea la Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas, que sería operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y debería ser actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas.

La minuta agregó que toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tuviera a su cargo datos biométricos o identificativos de personas, debería permitir a las fiscalías, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional (GN), a las policías, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a sus pares locales, la consulta inmediata de la información referente a las personas desaparecidas para su búsqueda.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Senadores aprueban reforma sobre desapariciones y la CURP con datos biométricos

La oposición consideró la nueva CURP como un "dardo envenenado" porque recurre a la problemática de la desaparición forzada para crear un mecanismo de control ciudadano.

Los senadores oficialistas aprobaron la reforma en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población. 

Los senadores aprobaron la iniciativa en lo general y en lo particular por 69 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.

La reforma busca la creación un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos. 

Además, siguiendo la misma línea de otras reformas oficialistas en el sentido de tener los datos de los ciudadanos, también establece la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP), a que se refiere la Ley General de Población. 

Además, en el artículo 91 se establece que, al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. La Clave Única de Registro de Población (CURP) contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos. 

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para que la próxima semana, antes de que termine el periodo extraordinario, se discuta en el Pleno.   

La oposición, en contra de la CURP con datos biométricos

La senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que la iniciativa no resuelve nada ya que, resaltó, no atiende a los cuatro principios de la justicia tradicional transicional: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. 

También enfatizó que los desplegados de los colectivos dicen que no los utilicen para meter un mecanismo de control ciudadano (la CURP biométrica) “con el pretexto de querer encontrar a nuestros desaparecidos”. 

“La CURP, biométrica, la acumulación masiva de datos sin planificación, progresividad, presupuesto, no ayuda a la población, la pone en riesgo, en riesgo de hackeos, en riesgo de robo de identidad y más ahora que no tenemos protección de datos personales, entonces no los utilicen mejor. Resolvamos de manera estructural el diseño de las instituciones y el diseño presupuestal”, explicó. 

Por su parte, la senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, afirmó que su partido votará a favor del dictamen de Desaparición Forzada, porque responde a una emergencia nacional, pero en contra del dictamen sobre la Población, porque atenta contra los principios básicos de protección de datos personales, privacidad y límites al poder del Estado. 

“Consideramos que la creación de la Plataforma Única de Identidad en la que se incorporan datos biométricos a la CURP es un dardo envenenado. Quieren utilizar este documento de identificación oficial que de manera permanente estará interconectado en tiempo real con el pretexto de que es indispensable detectar y actuar rápidamente ante los casos de desaparición. 

“En realidad, lo que ustedes buscan es apoderarse de manera irresponsable de la información más privada de los mexicanos”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Los datos biométricos en México: ¿solución o nuevos riesgos?

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado.

El Senado aprobó en lo general el uso de nuestros datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población o CURP, bajo la premisa de simplificar trámites mediante la Llave MX. 

Esta llave es una herramienta digital que implementará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual pretende, en el fondo, combatir la corrupción. Ante este panorama, en donde el Estado mexicano recolectará datos biométricos de la población, vale la pena preguntarnos: ¿quién se encargará de vigilar y establecer las medidas de seguridad para proteger estas bases de datos?

La información biométrica es única; no existen dos personas con las mismas características físicas, lo que la convierte en un identificador personal por excelencia. Huellas dactilares, escaneo del iris o reconocimiento facial son algunos ejemplos. No obstante, el hecho de que estos datos sean tan precisos no significa que su incorporación automática a un documento de identidad elimine, por sí sola, la corrupción. Existen otros mecanismos para combatirla.

 La posible aprobación de esta reforma ha sido presentada como un avance “anticorrupción”, pero el riesgo de vulneración a la privacidad de millones de personas es inminente. La corrupción es un fenómeno estructural que se combate con controles institucionales, transparencia y rendición de cuentas, no únicamente con bases de datos centralizadas. Entonces, cabe preguntar: ¿quién custodiará esta información?, ¿bajo qué controles y con qué garantías?

 A diferencia de una contraseña, que puede ser modificada si se ve comprometida, los datos biométricos no pueden ser reemplazados. Si alguien obtiene tu huella digital o el escaneo de tu rostro, no puedes modificar tu identidad física. Por ello, este tipo de información requiere los más altos estándares de seguridad, supervisión independiente y un marco legal específico que garantice su tratamiento legítimo, proporcional y seguro.

 Por lo tanto, es pertinente que se transparente el proceso para salvaguardar estos datos, y conocer cuál será el área o la institución responsable de su protección ante una vulneración o mal uso de los datos biométricos. 

En la era digital, los datos personales son tan valiosos como el petróleo: se cotizan como oro. En México hemos sido testigos de filtraciones masivas, uso indebido de información por parte de autoridades o empresas privadas, y un débil esquema de fiscalización tecnológica. En mi paso de más de cuatro años como comisionada del que fuera el organismo garante a nivel nacional de la protección de la privacidad, tuve conocimiento de cientos de casos que resolvimos sobre vulneraciones de datos personales. En aquella época, incluso acudimos varias veces a controversias para evitar el uso de datos biométricos en diferentes iniciativas.
Hoy, ante un nuevo panorama político, es necesario que se tomen en consideración las medidas pertinentes para prevenir y proteger los datos biométricos, además de informar a la población sobre las instituciones que van a intervenir en este proceso. ¿Quién podrá alertar sobre un uso indebido de la información? ¿Quién responderá ante una vulneración o un fallo en la protección de nuestros datos?
De aprobarse esta iniciativa, será necesario actualizar el aviso de privacidad, ya que el aviso actual para tramitar la CURP no contempla las nuevas condiciones ni los datos adicionales que se pretenden incorporar con el cambio normativo. Por lo tanto, su implementación requiere el consentimiento expreso de toda la población.

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó en las últimas semanas sobre los riesgos que pueden presentarse al tratarse de datos biométricos.

En este contexto, resulta imprescindible recordar instrumentos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual fue adoptado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y entró en vigor el 1 de octubre de 1985. Este tratado internacional, vigente y vinculante, tiene como objetivo establecer un marco legal para la protección de las personas en lo relativo al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. México puede tomarlo como referencia para garantizar que cualquier avance tecnológico se implemente con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.

En los últimos años, en México, en América Latina y prácticamente en todo el mundo, hemos conocido casos donde datos personales, incluyendo los biométricos, han sido sustraídos de bases institucionales. En el mundo digital en el que vivimos, las tecnologías que han facilitado las tareas de nuestras vidas, también se han convertido en instrumentos que pueden vulnerar la privacidad y los derechos humanos de las personas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JULIETA DEL RIO.

Gobernación envía al Senado observaciones sobre ley de desaparición; colectivos insisten en parlamento abierto

La iniciativa, que se votará los próximos días, antes de que concluya el periodo legislativo extraordinario el 2 de julio, tendrá que ser ajustada con las observaciones de Gobernación y sigue sin ser aceptada por colectivos de personas buscadoras.

Ante la próxima aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición en México, la Secretaría de Gobernación entregó al Senado un documento con las sugerencias que considera pertinente incorporar luego de diversas reuniones con colectivos. Sin embargo, personas que buscan a sus familias y aliados de todo el país aseguran que es insuficiente e insisten en un parlamento abierto.

De acuerdo con el documento “propuestas relevantes de modificaciones a la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, remitido por la Consejería Jurídica el 18 de junio pasado, durante las mesas fueron presentadas más de 570 propuestas que quedaron plasmadas en solo 30 modificaciones a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo.

“Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron más de 300 familiares, colectivos y personas aliadas este martes 24.

Recordaron, además, que la ley vigente en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor. “La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, continúa el documento difundido por colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Desde su perspectiva, la iniciativa no atiende la crisis en materia de desaparición y tiene como objeto imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de personas desaparecidas y puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México. Además, no partió de una consulta amplia y pública, por lo que no es respaldada por todos los colectivos y no responde a la problemática que enfrentan.

¿Qué ajustes propone Gobernación?

En un documento que retoma el articulado de la iniciativa de ley entregada por la presidenta Claudia Sheinbaum con las 30 modificaciones derivadas de las mesas, la Consejería Jurídica nombra a cada uno de los colectivos que impulsaron cada una de las propuestas.

Una de las primeras que se menciona, dado que forma parte de los primeros artículos, es sumar la disposición de que la Comisión Nacional de Búsqueda emita un Protocolo para la Activación de la Alerta Nacional, así como los mínimos que deberá contener.

A consideración del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, precisa la Consejería Jurídica, se agrega el concepto de familia social y nombre social en el artículo 4, pues en los casos de desaparición de personas LGBTTTIQ+, así como de quienes viven en situación de calle, esos conceptos son fundamentales pues esas redes afectivas son quienes realmente conocen, buscan y se preocupan por las personas desaparecidas.

Además, se contempla añadir un principio de proporcionalidad en el funcionamiento de la Plataforma Única de Identidad, para tratar solo los datos personales que resulten adecuados, relevantes y necesarios; a las fuentes de esta herramienta se suman también los registros de salud física y mental, asistencia privada y establecimientos residenciales de atención a las adicciones, así como un apartado que condiciona su uso a la existencia del folio único de búsqueda o del número de carpeta de investigación.

Por otro lado, se agrega una precisión en el sentido de que el acceso de la fiscalía general, las locales, la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de Búsqueda a la Plataforma estará sujeto a las medidas de seguridad y niveles de acceso establecidos y protocolos de actuación, y se limita exclusivamente a fines de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Entre otros aspectos, las propuestas enviadas por Gobernación permiten también la participación de otras autoridades en la investigación, cuando sea necesario, y a quienes tengan acceso a mediciones generadas por satélites o aeronaves permitir su consulta solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda –en este punto se omite a todas las instituciones de seguridad pública, como decía la iniciativa original–.

Otras sugerencias de adición apuntan a atender los más altos estándares científicos en materia de identificación humana, a la actuación de oficio para realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de remitir a fosas comunes, a la actuación diligente de las fiscalías, a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda, a la difusión pública de lineamientos, a no condicionar la búsqueda a la presentación de la CURP, al énfasis en los hijos e hijas de personas desaparecidas, a los planes para la seguridad y protección de las familias, a la sensibilización de la población en relación con prevención y mitigación de factores de riesgo, así como algunas sanciones específicas a autoridades que no cumplan las disposiciones a cabalidad.

El 4 de mayo pasado, Animal Político documentó que el Senado no había tenido ninguna participación en los diálogos con colectivos y familiares de personas desaparecidas. A petición de la presidenta Sheinbaum, el órgano legislativo solo estaba a la espera de las observaciones de Gobernación para dictaminar y aprobar el documento.

Desde entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había asegurado en entrevistas que existía urgencia de que en el periodo extraordinario se contemplara la iniciativa para su aprobación inmediata. Al mismo tiempo, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara, declaró que el Senado no tenía proyectado un proceso de parlamento abierto que nutriera la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, como ya habían demandado colectivos con anterioridad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Diputados aprueban crear la Llave MX, con la que el gobierno podrá acceder a datos biométricos

La Cámara de Diputados aprobó crear la Llave MX, una herramienta que servirá para hacer trámites de documentos en línea y que estará ligada a la CURP, la fotografía y la huella dactilar de los ciudadanos.

Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron una reforma para que la Agencia de Transformación Digital pueda acceder a la CURP y los datos biométricos de los mexicanos.

Esta tarde la Cámara de Diputados aprobó, con 330 votos a favor y 129 en contra, una reforma para expedir la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La Agencia de Transformación Digital será la encargada de implementar esta legislación.

Gracias a eso, la Agencia podrá acceder a todos los documentos que las personas tramiten en línea, incluyendo la CURP, que tendrá datos biométricos y se convertirá en la principal identificación de los ciudadanos en lugar de la credencial de elector.

Para hacer trámites en línea, todas las personas deberán tener la Llave MX, una herramienta digital que tendrá asociada la fotografía y las huellas dactilares del usuario si éste da su autorización.

Los partidos de oposición alertaron sobre los riesgos de que la Agencia Digital concentre los datos biométricos y documentos personales de toda la población. Por su parte, Morena y sus aliados defendieron su reforma con el argumento de que se reducirán los trámites burocráticos para eliminar la corrupción y agilizar la entrega de documentos.

“Nos quieren hacer creer que esto es modernización cuando en realidad es control y vigilancia masiva”, expresó Ofelia Socorro Jasso, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La legisladora añadió que “la protección de los datos personales será una ilusión, se concentrarán datos biométricos y documentos oficiales en plataformas vulnerables”.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se sumó a estos reclamos. “Esta iniciativa solo pretende empoderar al súper agente del espionaje en nuestro país. Pepe Merino (el titular de la Agencia), que será el líder del Big Brother mexicano, de la Gestapo mexicana, una agencia que pretende controlar, manipular y llevar a cabo espionaje en nuestro país”, dijo Héctor Saúl Téllez.

Esta reforma representa uno de los muchos intentos del gobierno federal para acceder a los datos biométricos de los mexicanos. Lo intentó primero con una reforma en materia de seguridad pública para investigar delitos, pero la iniciativa quedó paralizada ante las críticas de los partidos de oposición y de organizaciones sociales.

El gobierno también presentó otra reforma para poder acceder a datos biométricos de instituciones públicas y privadas para encontrar a personas reportadas como desaparecidas. Esta legislación también se encuentra congelada.

Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, propuso que el titular de la Agencia de Transformación Digital sea ratificado por el Congreso y no solo nombrado por la presidenta de México, como una forma de control a esta dependencia.

“Ya sea por los senadores o los diputados, eso lo podemos discutir, pero tiene que ser ratificada una persona que va a concentrar tanto poder, tantas atribuciones y tantas facultades”, comentó Ballesteros.

Morena y aliados defienden reforma

En sentido contrario, los diputados de Morena y sus aliados defendieron su reforma con el argumento de que la nueva ley tiene el objetivo de eliminar trámites burocráticos, no de tener el control de los datos biométricos de las personas.

“Con esta ley vamos a simplificar, digitalizar, homologar, transparentar y ayudar a las personas más vulnerables. Vamos a quitarle poder a la tramitología y devolverle el poder al pueblo. ¿Y cómo lo haremos? Con herramientas concretas, con instituciones renovadas, con el portal ciudadano único de trámites, con la llave MX como mecanismo de autenticación digital”, dijo Graciela Domínguez, diputada de Morena.

La reforma aprobada por la Cámara de Diputados, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada, establece un mismo sistema digital para los trámites que se realizan ante autoridades federales, estatales y municipales.

Este sistema digital unitario fue respaldado por el bloque oficialista, pues los diputados consideraron que el beneficio será para las personas que podrán tramitar sus documentos sin hacer largas filas, ni caer en hechos de corrupción en las ventanillas de gobierno.

“Esta ley es para toda la ciudadanía, quita trámites tardados, duplicados e injustificados, quita múltiples ventanillas (…) El ciudadano que nos ve, que le piden múltiples copias, largas filas, va a dejar de hacerlo y esa es la virtud entre otras de esta ley”, mencionó Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

La reforma para eliminar trámites burocráticos fue aprobada en lo general y lo particular esta tarde, luego de una discusión de casi cuatro horas en la Cámara de Diputados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Carla Humphrey pide cuidar la confidencialidad del padrón del INE ante reforma de datos biométricos

Respecto a las solicitudes para cooperar en la localización de personas, el INE ha recibido 306 mil 140 solicitudes, de las cuales encontró registros en 156 mil 259, es decir, el 51 por ciento.

Ante las iniciativas de reforma, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para concentrar en el gobierno federal la información biométrica de la población mexicana, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey Jordan, insistió en la necesidad de “cuidar la confidencialidad y pulcritud del padrón electoral”, que es hasta el momento la base de datos biométricos más grande del país. 

Durante una sesión del Consejo General del INE, los consejeros dieron a conocer que, como producto de los 34 convenios vigentes entre el organismo autónomo y diversas agencias de gobierno –fiscalías y comisiones de búsqueda, principalmente–, el INE recibió 88 mil 405 solicitudes para identificar personas, y pudo aportar información en 29 mil 807 casos, es decir, el 33.7 por ciento.

Respecto a las solicitudes para cooperar en la localización de personas, el INE ha recibido 306 mil 140 solicitudes, de las cuales encontró registros en 156 mil 259, es decir, el 51 por ciento. 

Los consejeros del INE recalcaron que el organismo participa así en las labores de búsqueda de las más de 112 mil personas registradas como desaparecidas, el pasado 31 de marzo; esta cifra, subrayó Humphrey, marca un incremento de 5.24% respecto al número registrado el 31 de diciembre anterior, cuando el gobierno reportó 106 mil 957 personas desaparecidas. 

“El INE solo colabora en la localización de personas desaparecidas cuando una autoridad competente así nos lo solicita”, recalcó por su parte la consejera Dania Ravel Cuevas, quien agregó que “si bien tener tecnología avanzada es uno de los pasos primordiales, también se necesita voluntad política, coordinación institucional y, sobre todo, sensibilidad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERES.

Reforma de Sheinbaum obligaría a particulares a compartir datos biométricos para buscar a desaparecidos

Las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desaparición pretenden dar acceso irrestricto a fiscalías e instancias de seguridad a información resguardada por autoridades y por particulares.

La propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley General en materia de desapariciones contempla la obligación para los particulares que tengan en su poder datos biométricos o cualquier otro identificativo de personas, de permitir su acceso inmediato a todas las autoridades de seguridad y procuración de justicia. De lo contrario, serán sancionados con multas que van de 10 a 20 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

Lo anterior será verificado y sancionado por la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con las “infracciones” que son añadidas al capítulo de responsabilidades administrativas que ya contiene la ley vigente. Además, se agrega un capítulo cuarto sobre las obligaciones comunes de los sujetos obligados.

Este establece que “toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tenga a su cargo datos biométricos o cualquier otro identificativo de personas debe permitir a la fiscalía, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública que integran el gabinete de seguridad del ejecutivo federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia, el acceso irrestricto y consulta inmediata a sus registros, bases de datos o sistemas de información para acciones de investigación”.

En un artículo añadido, se específica esta orden al Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá permitir a esas instancias la consulta inmediata de datos biométricos, firma, huellas dactilares, fotografía y cualquier información identificativa, incluida el domicilio de la ciudadanía; a los establecimientos regulados por la Ley General de Salud, así como las instituciones públicas o privadas que generen o tengan acceso a imágenes y mediciones generadas por satélites, aeronaves u otras tecnologías.

En el documento se describe que la pretensión es ampliar “el espectro de sanciones pues no solo las servidoras públicas son sujetas de responsabilidad, sino que también se obliga a aquellos particulares que, por la naturaleza de sus actividades económicas, generen o posean bases de datos, registros o información que, por disposición de este ordenamiento, se encuentren obligadas a permitir su acceso”.

En tanto, para los servidores públicos federales y locales se mantienen las mismas responsabilidades previstas por la ley vigente, que en su artículo 42 señala que quienes “incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos”, y considera grave el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la búsqueda inmediata y la investigación.


Penas de 8 a 12 años por dar información

Por otro lado, la propuesta agrega un artículo que no tiene antecedente en la ley vigente y establece una pena de 8 a 12 años de prisión a las personas que hayan participado de manera indirecta en los delitos y aporten información que permita la localización de una persona desaparecida, con o sin vida. 

“A las personas participantes que no intervinieron directamente en la privación de la libertad ni en la privación de la vida de la víctima y proporcionen información efectiva que permita la localización con vida de la víctima o conduzca a la localización del cadáver o los restos humanos de la persona desaparecida, se le impondrá una pena de ocho a doce años de prisión y de tres mil a cinco mil días de multa”, añade en el nuevo artículo.

Joseph Olid, abogado constitucionalista de la Universidad de Guadalajara, precisa que a la luz del texto vigente en el artículo 33 de la Ley General, que plantea diversas atenuantes, así como la justificación de las iniciativas propuestas, donde se aborda el tema de fomentar la colaboración, lo anterior efectivamente se trata de un incentivo para quienes hayan tenido algún grado de participación en delitos vinculados, siempre y cuando no sean la privación de la libertad o de la vida. 

Sin embargo, acota que si dos personas planearon un delito y en el contexto de su ejecución hace algo que no se acordó originalmente, pero se desprende de la misma planeación, las dos personas son responsables. “Lo que están poniendo no necesariamente está bien, porque una persona pudo no haber participado en la privación de la libertad o de la vida, pero aún así sería responsable en términos del delito emergente; lo que están haciendo es como crear un delito diferente, pero tendría que analizarse también el delito emergente en ese tipo de casos”, apunta.

En el apartado II del artículo 2 de la ley, se agregan de manera enunciativa como objetivos de la ley, además de establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares –ya contemplados–, las responsabilidades y sanciones en que incurran autoridades y particulares que incumplan con obligaciones de la ley. Sin embargo, más adelante la multa económica solo se especifica para los particulares, a diferencia de la reforma propuesta para la Ley General de Población, donde sí se establece para autoridades y particulares cuando no colaboren a integrar datos para el CURP. 

En tanto, la disminución de sanciones –ya prevista en el artículo 33 de la ley vigente– se modifica a dos terceras partes, en lugar de una mitad, si las personas autoras o partícipes liberan a la víctima espontáneamente, o si proporcionan información efectiva para la localización de la persona o su cadáver. En caso de que permita esclarecer los hechos, se propone la modificación de reducirla hasta en una cuarta parte, en lugar de una quinta, como prevé ahora la ley.

Instancias de seguridad al Sistema Nacional de Búsqueda

Por otro lado, la reforma propone que las instancias de seguridad se sumen al Sistema Nacional de Búsqueda: “La presente iniciativa agrega como integrantes… al Registro Nacional de Población, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al representante que designe la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia”. Además, establece que las sesiones del sistema se celebrarán cada tres meses en lugar de seis. 

El documento hace énfasis en lo mencionado por Sheinbaum durante la conferencia mañanera en la que anunció las reformas en el sentido de que “en México, en el pasado, durante la guerra sucia, la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado, en la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares”.

A esto atribuye el documento que es imprescindible la actuación inmediata de las autoridades para que desde las primeras horas ordenen medidas dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse, las cuales deben partir de la presunción de vida de la persona desaparecida. Dentro de los conceptos base de la Ley General, se agregan el de Autoridades, Plataforma Única de Identidad, Base Nacional de Carpetas de Investigación, Registro Administrativo y Ficha de Búsqueda. “Así mismo se propone modificar el término de procuradurías locales a fiscalías locales y se señala la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento base de identificación de las personas”, añade la propuesta.

Aunado a ello, se agrega la obligación de administradores de canales televisivos, radiodifusoras, personas prestadoras de servicios de transporte, administradoras de terminales , concesionarios de carreteras, caminos y puentes, seguridad pública, ciudadana u homólogas, y cualquier ente público o privado que tenga la capacidad de transmitir masivamente un mensaje, de distribuir las fichas de búsqueda. 

“Monitorear la CURP en tiempo real es fundamental para detectar y actuar rápidamente ante posibles casos de desaparición. Para ello, es fundamental la habilitación de accesos para fiscalías y comisiones de búsqueda en dicha plataforma, pues ello garantizará que las entidades responsables cuenten con la información necesaria para llevar a cabo sus labores de manera efectiva”, agrega la iniciativa.

Interconexión al Banco Nacional de Datos Forenses

La propuesta de Sheinbaum sostiene que una de las dificultades para la localización ha sido la falta de identificación, por desconocimiento, de los cuerpos bajo resguardo de instituciones públicas o privadas, por lo que se propone obligarlas a mantener actualizados registros sistematizados con la información forense que obtengan, que deberán ser de fácil interconexión para las autoridades, además de remitirlos al Banco Nacional de Datos Forenses. 

“Se establece la obligación para los servicios periciales y servicios forenses de la Federación y de las entidades federativas que tengan en resguardo un cuerpo o resto humano no identificado de, previamente a la remisión a fosas comunes, practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación y deberán registrar el resultado de las pruebas en el Banco Nacional de Datos Forenses en un plazo no mayor a tres días contados a partir de que se obtuvo el resultado”, dice el documento. 

El Banco Nacional de Datos Forenses, ya contemplado en la ley vigente, es una responsabilidad que la Fiscalía General de la República eludió durante cuatro años impugnando un amparo promovido por una víctima que reclamaba su puesta en marcha, contemplada en la ley desde 2017. Fue hasta 2023 que anunció su arranque, sin embargo, hasta ahora no cuenta con datos suficientes. Cuestionado al respecto, el titular de la FGR, Alejandro Gertz, aseguró que está en funcionamiento y desplazó la responsabilidad de alimentarlo a las fiscalías locales.

En sus artículos transitorios, la iniciativa específica que la fiscalía y fiscalías locales contarán con un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor para actualizar todos aquellos registros y bases de datos vinculados con el Banco Nacional de Datos Forenses. 

El documento asegura que se fortalece su funcionamiento al añadir una disposición normativa estratégica que enfatiza la obligación de todas las autoridades, incluidos la fiscalía general, los tribunales superiores de justicia, las fiscalías y los poderes judiciales de las entidades federativas, de conectar sus bases de datos, registros o sistemas, así como la información genética y de servicios periciales y forenses, manteniéndola actualizada.

Base Nacional de Carpetas de Investigación, a cargo del Secretariado

En la propuesta, se establece que para evitar la duplicidad, las personas titulares de las agencias del MP, al iniciar una investigación, deberán consultar la Base Nacional de Carpetas de Investigación para acreditar que no existan otras investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, especializadas u otras fiscalías. 

Esta base deberá estar disponible para la integración de la información de las fiscalías dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor de las reformas, mientras que estas contarán con no más de 30 días hábiles para integrar su información. 

La iniciativa define dicha base como el registro que contiene los datos de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, la cual será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas. 

La fiscalía y las fiscalías locales, propone la reforma en un nuevo articulado, deberán enviar mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública un informe con número de personas desaparecidas y localizadas, número de carpetas, estado procesal de las carpetas, acciones emprendidas para la búsqueda e identificación y cualquier otra información relevante de seguimiento. El Secretariado generará un informe desglosado.

Plataforma Única de Identidad concentrará datos de registros previos

En tanto, la Plataforma Única de Identidad, según la propuesta, será la fuente primaria de consulta permanente y en tiempo real que se interconectará con bases de datos o sistemas de información que permitan realizar búsquedas continuas entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses. 

También se contemplan en esa misma función registros administrativos, y cualquier registro, base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería y servicios de entrega, registros patronales, de seguridad social, religiosos y toda institución privada que tenga registros o bases de datos necesarias para la búsqueda, localización e identificación. 

“La operación y funcionamiento de la Plataforma Única de Identidad, sistemas y registros materia de la presente ley se llevará a cabo con los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los entes públicos que correspondan”, se aclara en los artículos transitorios, que no destinan presupuesto adicional. En tanto, establece que dentro de los siguientes 30 días a la entrada en vigor, las entidades federativas deberán armonizar sus leyes locales. 

Consultado al respecto durante su conferencia de prensa del 19 de marzo pasado, Gertz Manero señaló que “entre más se pueda compactar la información, y se tenga una información que cubra todos los expedientes, es mejor; eso es lógico, lo que están haciendo tiene lógica”.

Fiscalías especializadas y otros instrumentos

La propuesta de Sheinbaum enfatiza la obligación –ya contemplada en la ley– de las fiscalías locales de contar con fiscalías especializadas en desaparición de personas que deberán contar con personal especializado, capacitado y certificado en la investigación de los delitos. Un informe de Red Lupa difundido en enero de este año documenta que 28 de 32 entidades son las que cuentan con fiscalías especializadas; Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán carecen de una.

Entre los objetivos de la ley, descritos en el texto vigente en el artículo 2, la iniciativa añade también una alerta para la búsqueda, localización e identificación ante la noticia de una persona desaparecida o no localizada, y en los artículos posteriores hace énfasis en la inmediatez que deben dar las autoridades a los procesos de búsqueda y la apertura de carpetas. 

Sin embargo, la nueva propuesta divide el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sobre todo en lo tocante a las personas que siguen sin ser ubicadas, en las siguientes clasificaciones: con carpeta de investigación o averiguación previa, sin carpeta de investigación o averiguación previa, y registros con datos insuficientes para su búsqueda o identificación, pendientes de actualización por la autoridad competente.  

Esta clasificación tiene su antecedente en la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que presentó el gobierno federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador —conocida también como “nuevo censo”– donde se presentó una reducción de cifras a partir de la reclasificación de las entradas que contenía el RNPDNO, muchas de ellas catalogadas en los resultados como “sin datos suficientes”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Sheinbaum aclara: No firmó acuerdo para compartir biométricos ni 'blindar' frontera sur

La presidenta reaccionó a las declaraciones de Noem, quien desveló este lunes que en la reunión del viernes le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos de migrantes y viajeros con las autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este martes que no firmó un acuerdo para compartir datos biométricos con Estados Unidos ni prometió “blindar” con militares la frontera con Guatemala y Belice durante su reunión con Kristi Noem, la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, el pasado viernes en la capital mexicana.

Aunque Noem afirmó el lunes a Fox News que dio a Sheinbaum “una lista de cosas que al presidente (Donald) Trump le encantaría ver”, la mandataria aseguró que solo firmó la renovación de un memorándum de entendimiento, acordado en julio de 2022, para compartir información entre las agencias de aduanas de ambos países.

“En el caso de datos biométricos, yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México no tenemos una identidad de datos biométricos y que, en todo caso, eso tendría que ser parte de una mesa de trabajo, entonces el segundo acuerdo no se firmó”, expuso la gobernante mexicana en su conferencia matutina.

La presidenta reaccionó a las declaraciones de Noem, quien desveló este lunes que en la reunión del viernes le pidió reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos de migrantes y viajeros con las autoridades estadounidenses.

La secretaria señaló también la necesidad de escanear los envíos que llegan a Estados Unidos por vía aérea y verificar con México antecedentes penales.

Ante estas declaraciones, Sheinbaum sostuvo que ella argumentó “que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México”.

La mandataria, quien busca construir dos centros industriales en Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur, y extender el Tren Interocéanico hasta Guatemala, consideró que “esa sería la mejor forma, mejor eso a tener soldados en toda la frontera sur”.
De todas maneras nosotros trabajamos en el rescate humanitario de migrantes en todo el territorio nacional y le explicamos esta política que venimos desarrollando desde hace tiempo, que además de evitar que lleguen las personas al norte, que sean atendidas en nuestro territorio.
El diálogo ocurre en vísperas de las nuevas medidas comerciales de Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles del 25% a todos los productos de México y Canadá si no se reduce el tráfico de fentanilo y migrantes que entra a Estados Unidos.

“Hay que repetirlo siempre porque no se puede olvidar, que nosotros nos coordinamos pero no nos subordinamos, que colaboramos, y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama: el pueblo de México“, reafirmó Sheinbaum ahora.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Propone Sheinbaum que gobierno tenga acceso a todos los datos biométricos del país

Este lunes envió al Senado de la República la reforma que pretende mejorar la búsqueda de personas desaparecidas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República la iniciativa de reforma para combatir la desaparición de personas.

El documento plantea crear una Plataforma Única de Identidad, que se interconectará con todos los sistemas de información que incluyan datos de personas, ya sean públicos o privados.

La propuesta dice que el sistema contendrá el registro de desaparecidos, de carpetas de investigación y de datos forenses.

La iniciativa también contempla dar al gobierno acceso a todas las bases de datos del sector privado que sirvan para la búsqueda de personas. Así lo dice el documento:
(La plataforma se interconectará con) Cualquier registro, base o sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos, así como toda institución privada que tenga a su cargo registros o bases de datos de personas, que sea necesaria para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
Esta plataforma será accesible para las fiscalías, el gabinete de Seguridad (Sedena, Marina, Guardia Nacional y Seguridad) y el Centro Nacional de Inteligencia. Por decreto esto no violará la protección de datos personales. Así lo dice:
La finalidad de este acceso es que las autoridades mencionadas puedan conocer sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación que lleven a cabo, sin que ello vulnere el derecho a la protección de datos personales.
En la exposición de motivos se hace referencia al Padrón Electoral que administra el Instituto Nacional Electoral (INE) y a las bases de datos del sector salud, que pasarán a formar parte de esta plataforma, en caso de que se apruebe la iniciativa.

La semana pasada, la consejera jurídica del gobierno de México, Ernestina Godoy, presentó algunos detalles de las reformas en conferencia de prensa.


La visión oficialista: comunicado del Senado

El Senado de la República informó que la propuesta busca dar celeridad al proceso de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Se trata de un proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

En el documento se destaca que esta propuesta forma parte del eje prioritario de gobierno para la construcción de la paz y la lucha contra la impunidad, según el comunicado del Senado.

La titular del Ejecutivo Federal reconoció que es imprescindible la actuación inmediata de las autoridades para que, desde las primeras horas, se ordenen medidas dirigidas a la determinación del paradero de las victimas del delito o el lugar donde puedan encontrarse.

Señaló que la desaparición forzada se ha convertido desde hace años en un problema que afecta al mundo entero y constituye una violación grave a los derechos humanos, tanto de las personas desaparecidas como de sus familiares y la sociedad en general.

La reforma amplía el espectro de sanciones y agrega como integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda al Registro Nacional de Población, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al representante que asigne la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Además, plantea la creación de la Carpeta Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde las autoridades competentes deberán integrar la información correspondiente, a la brevedad, para iniciar con celeridad el proceso de búsqueda.

La iniciativa dispone la generación de la Ficha de Búsqueda (física y digital) con los datos esenciales de la persona reportada como desaparecida o no localizada, así como con el número de folio asignado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el propósito de eficientar su búsqueda y ser difundida por todos los medios disponibles.

Además, incluye la obligación de las instituciones que tengan cuerpos o restos humanos a mantener actualizados los registros sistematizados con la información forense de los mismos, además de remitir esos datos al Banco Nacional de Datos Forenses y permitir su consulta por las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas.

Se establece la obligación de los servicios periciales y forenses, con un cuerpo en resguardo, a practicar pruebas dactilares y genéticas para su identificación, así como registrar los resultados en el Banco Nacional de Datos Forenses.

En los artículos transitorios, el proyecto propone que la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollen la Plataforma Única de Identidad, la cual permitirá búsquedas exhaustivas, optimizadas y en tiempo real, a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Del mismo modo, la Secretaría de Gobernación deberá establecer el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.