Apenas el miércoles, Fernández Noroña, dijo que estas candidaturas que no son idóneas “no pasan de una veintena” de casos excepcionales, pero tampoco habló de solo un caso.  

La jefa del Ejecutivo Federal refirió lo que han sido declaraciones del presidente de la Cámara alta, como si solo fueran comentarios en redes sociales: “No sé quién reconoció eso (...) Pero tienen que presentarse las pruebas de todo”, dijo al inicio.  

“Si se presenta un caso que se revise, pero hay que considerar que son denuncias en redes, que tendrían que presentarse las pruebas y segundo que es un porcentaje muy, muy menor de todos los candidatos y candidatas que van a participar el 1 de junio. ¿Por qué no hablan de la situación actual, de lo que tenemos hoy? Y en todo caso si se presenta que se le dé la salida para que no puedan ser juzgadores”.  

“Los casos que se presentan que además no le constan a nadie, sino que sencillamente han salido en las redes sociales y en todo caso tendría que investigarse, es el .001 de todos los candidatos y candidatas”, respondió la presidenta este jueves.  

Sheinbaum redundó sobre lo que ayer mencionaba: “Si hay un caso donde hay prueba, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral puede actuar, pero estamos hablando y de lo que ha salido en redes que tampoco tenemos las pruebas en todo caso de que el Tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes”.  

Insistió en que “en todo caso el tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo, minimísimo de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. 

Aunque admitió que se tendría también que hacer una revisión de qué comité fue el que permitió que pasaran esos filtros pese a que su labor era que se eligieran a quienes no tuvieran antecedentes irregulares.  

Pese a que en dos ocasiones se le planteó que fue Fernández Noroña quien hizo los señalamientos de perfiles no idóneos, la presidenta insistió en decir que son señalamientos en redes sociales.  

“Hay que ver en qué... primero son señalamientos en redes sociales, tendría en todo caso que demostrarse primero; segundo, es un porcentaje muy pequeñito y hay que ver en qué comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto, si son federales, si son estatales. Ahora, supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor y en todo caso, antes del 1 de junio, pues valdría la pena que si hay pruebas suficientes pues que no participaran, aunque ya estén en empresa los boletos, que aunque se votara por ellos, de todas maneras no pudieran ser elegidos o no pudieran ocupar sus puestos”. 

Ante estos hechos la presidenta consideró que todo proceso nuevo, como es la elección popular de personas juzgadores, es perfectible, pero de confirmarse perfiles no idóneos, se tienen que tomar las medidas necesarias.  

La presidenta reiteró que esas irregularidades “se está utilizando como si la reforma constitucional hubiera estado mal, ¿por qué no se evalúa cuántos jueces hoy han dado libertad a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada? Cuando hay pruebas sustantivas de que deberían haber estado detenidos”. 

 Al final hizo cuentas de cuántos serían los puestos en riesgo, dado que se trata de 2 mil 682 candidatos al Poder Judicial y al señalarse 20 casos, correspondería a poco menos de 1% y no al .001 que mencionó al inicio.  

“Que se revise por parte de la Fiscalía y que lo atienda el Tribunal Electoral (...) tiene alguien que validar esos 20 nombres si es que es el caso, yo ni sabía que eran 20 que estaban saliendo en las redes, yo conocía uno. Y son 20 casos de 2 mil 682 y se pueden tomar medidas previo a la elección”.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Fernández Noroña consideró que “estamos en buen tiempo” para retirar, antes de la jornada electoral, a los candidatos que no cumplan con el perfil de probidad que se requiere para formar parte del sistema de justicia.

“Vamos a impugnar a las personas que tenemos ubicadas, que desde nuestro punto de vista no son idóneas”, dijo el presidente del Senado mexicano, y añadió que “no se trata de un capricho ni de veto en contra de alguna persona, sino de evitar que participen en la jornada personas que hayan defendido a narcotraficantes o que de manera sistemática hayan entregado amparos para liberarlos de la cárcel”.

Fernández Noroña agregó que las candidaturas que no son idóneas “no pasan de una veintena” de casos excepcionales y avisó que no dará nombres de los candidatos.

No obstante, el senador señaló que, en su momento, se conocerán a las personas que se hayan impugnado desde el Legislativo.

El presidente de la Cámara Alta consideró que se deben retirar las candidaturas en los casos excepcionales, antes del proceso electoral.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral invalidar a los candidatos judiciales que tengan nexos con el narcotráfico, después de que el Senado reconoció que hay aspirantes con estos vínculos.

Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial en México, cuando un récord de 99,7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas comenzaron el 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, con alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.

No obstante, subrayó que han de presentarse "todas las pruebas" que certifiquen estas supuestas conductas incompatibles con el Poder Judicial. "Hasta ahora quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral", explicó.

Estas declaraciones responden a las del presidente del Senado, que denunció que entre los 3 mil aspirantes hay "defensores de narcos" y que sus candidaturas deberían ser retiradas antes de que puedan ser elegidos durante la cita del 1 de junio, la primera de estas características que celebra México tras una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad", dijo Noroña, para quien sería "desafortunado" que abogados o jueces que de manera acreditada han liberado a narcotraficantes participen en el proceso.

Animal Político buscó a la candidata a ministra de la Corte para hablar sobre su paso por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y los resultados de cuatro de las nueve áreas que tiene bajo su mando, quien accedió a dar una entrevista especificando que, sobre temas relacionados con funciones o resultados de la Fiscalía Especializada no puede hablar, pues dichos asuntos competen a la Fiscalía General de la República. 

“Lo que sí le puedo decir es que cada uno de los delitos que lleva la FEMDH son muy complejos para investigar y para judicializar”, señaló en entrevista.

Candidata promete defender a víctimas, pero deja pendiente resolución de sus casos

“La justicia que llega tarde no es justicia”. Con esta frase, la candidata a ministra Sara Irene Herrerías Guerra se presenta ante la ciudadanía en la plataforma Conóceles del INE, para informar su intención de ser una de las próximas ministras de la Suprema Corte.

En dicha página, la candidata señala que desde 2019 y “a la fecha” ha encabezado la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), órgano de la FGR que tiene bajo su mando nueve áreas entre las que están la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delito de Tortura. 

No obstante, su función al frente de esta área inició desde mucho antes, en 2016, cuando fue nombrada como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Es decir que lleva ocho años en el cargo.

Precisamente, de una revisión hecha por este medio sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación que fueron iniciadas; judicializadas y consignadas; en las que se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP); y la reserva o archivo temporal de los casos se puede constatar que la resolución de asuntos de las áreas a cargo de Herrerías fue muy baja.

Hace unos días, la organización Artículo 19, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de la libertad de expresión y a la información, presentó su informe anual titulado Barreras informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, en el que se documentan 639 agresiones contra periodistas en posible nexo con su trabajo. 

Durante la presentación del informe la organización hizo un llamado a consolidar una política de protección a periodistas que se enfoque en la prevención, la justicia y la reparación para acabar con la impunidad en los casos que llegan a la FEADLE. 

En dicho documento, la organización señaló que en todo 2024, la FEADLE inició un total de 84 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos contra periodistas, con tan solo una indagatoria por el delito de homicidio, que en comparación con los datos registrados por Artículo 19, y documentados en el informe, la FEADLE sólo ha atraído un porcentaje bajo de casos. 

“Una vez atraído el caso, los procesos de investigación para las víctimas pueden ser interminables o mantenerse incluso en un limbo de impunidad. En el caso de la FEADLE misma, de 2,781 indagatorias o carpetas de investigación iniciadas entre 2010 y 2024, hay 201 casos resueltos, ya sea por sentencias condenatorias, suspensión condicional del proceso, o por acuerdos reparatorios. Es decir, 84.77 % de los casos se mantienen en la impunidad y si se considera sólo los casos de sentencias, 98.27%”, señaló la organización. 

Respecto a su labor al frente de la FEADLE, la candidata Herrerías Guerra aseguró que en libertad de expresión “más de 200 personas han sido imputadas por este delito. También tenemos sentencias condenatorias y soluciones alternas”.

Sara Irene: ocho años encabezando la fiscalía especializada en derechos humanos

“¿Por qué quiero ocupar un cargo público? Para que la justicia sea confiable, entendible y contribuya a la justicia social. Para que todas las personas sean oídas”, asegura la candidata a ministra de la Corte en su perfil publicado por el INE. 

En su currículum vitae, después de una larga lista de aspectos para describir su formación académica, tesis y doctorados, la candidata a ministra expone que de 2016 a 2019 fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). 

Herrerías Guerra se incorporó a la extinta PGR en noviembre de 2016, cuando el entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, la nombró subprocuradora, cargo que mantuvo durante la administración del procurador Alberto Elías Beltrán. Luego de dejar sus puestos ambos funcionarios fueron indagados por la presunta comisión de diversos delitos. 

En 2019, el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la ratificó al frente de la ahora Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, cargo que desempeña hasta la fecha. 

“El que suscribe, doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República […] en lo dispuesto en el Acuerdo A/013/19 por el que se instala la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con efectos a partir de esta fecha ha tenido a bien designarla Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos”, se puede leer en un oficio de la FGR publicado el 16 de julio de 2019.

“Tengo nueve áreas de investigación, no solo eso, también llevo las quejas y recomendaciones de CNDH y otras… todo lo que es la atención ciudadana de la Fiscalía. Y dentro de esos asuntos de la Fiscalía tengo en curso temas muy delicados y creo que tengo un compromiso para hacerlo y para resolverlos, porque son asuntos que conozco y que considero que debo de resolver. No creo que pueda dejar a las víctimas que confiaron en nosotros así. Sábados y domingos, y muy temprano o en la tarde, es cuando estoy atendiendo la campaña, pero sí creo que tengo un compromiso con el trabajo que realizo”.

“Desde que se anunció la reforma judicial, algo que nos ponía sobre el tablero es que personas alineadas a ciertas agendas de derecha quisieran ser candidatas, y estas personas son una prueba de que personas con agendas que no están alineadas a los feminismos, a los derechos humanos, van a intentar llegar a la Suprema Corte para poder influir en la parte de la interpretación de las leyes para imponer sus agendas”, expuso Ninde Molre, directora de AbortistasMX.

La abogada resaltó que la importancia de identificar posturas en contra del trabajo sexual, personas trans, no binarias, despenalización del aborto, entre otros, radica en que es un reflejo de una falta de perspectiva de derechos humanos, y podría traducirse a que no se juzgará con base en los estándares internacionales y nacionales que ya se han establecido.

“Eso nos debería de preocupar porque podrían decir, ‘Bueno, que las personas trans, las disidencias, las abortistas, se hagan pelotas, ¿esto en qué me afecta a mí?’. Bueno, son personas que no aplican la perspectiva de género, que no saben de derechos humanos, y que sin duda cualquier decisión que les llegue –de cualquier tema de derechos humanos– a modo amplio van a tomar una decisión que nos afecte a todas, todos y todes”.

En contra de leyes de identidad de género y el trabajo sexual

En su perfil del Instituto Nacional Electoral (INE), Arely Reyes Terán se presenta como una abogada enfocada a “proteger a los sectores poblacionales tradicionalmente discriminados y vulnerados”, pero en sus redes sociales se ha pronunciado en contra de una “doctrina trans”, a la cual llama “una verdadera aberración jurídica”.

Sus publicaciones datan de entre 2020 y 2022 en su perfil de Facebook, con posturas en contra del trabajo sexual y las leyes de identidad de género. Entre sus propuestas principales como candidata a la Suprema Corte está “abolir la explotación sexual y reproductiva”.

“Es peligroso que alguien que busque vulnerar a un grupo ya vulnerable, es inverosímil, que llegue a un puesto tan grande (en la SCJN)”, consideró sobre el tema Eme Flores, integrantx de la Red de Resistencia y Disidencia S&G. 

“Busca considerar a la comunidad trans como un peligro, o una amenaza que hay que combatir, y es algo que una persona que esté en el órgano más grande del Poder Judicial no puede tener posturas así”.

Tras los señalamientos, Reyes Terán escribió en redes sociales: “Yo no odio al transactivismo, yo defiendo sin restricción, como dice una de mis propuestas (…), los derechos de las mujeres, los cuales incluyen el derecho a su seguridad, a no ser violentadas, a no ser explotadas sexual y reproductivamente”.

“La doctrina acientífica queer de la que deriva el transactivismo propone que el género, el sexo y la sexualidad son realidades mutables y por tanto, susceptibles de ser elegidas (…)”.

La candidata envió una carta de aclaración a Animal Político, en la que amplió sobre sus posturas. “Criticar el discurso transgenerista y las leyes de identidad que emanaron de ella, es también apostar por una justicia social que se enfoque desmontar los esencialismos de género”, expuso Reyes Terán en un documento de cinco cuartillas. Más adelante, remarcó que se identifica con una política de izquierda, que ha sido “dinamitada” por un discurso de “transgenerismo”.

La abogada añadió: “Se puede no estar de acuerdo con cierta forma de pensamiento sin que esto implique un odio personalizado o un interés por desproteger los derechos fundamentales de todas las personas”.

Candidata participa en foros antiaborto del Frente Nacional por la Familia

A inicios de abril del año en curso, también impartió la conferencia “Vida, familia y Suprema Corte de la Justicia” como parte de un ciclo de conferencias titulado “Peregrinos de la esperanza en un mundo convulso”, organizado por el Consejo Nacional de Laicos, una asociación reconocida por la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Ahí, criticó la decisión que tomaron las y los ministros en 2023 para definir que la criminalización del aborto es inconstitucional y vulnera los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Ha participado como abogada externa del antes Instituto Federal Electoral (IFE), y participó en los litigios de los casos Pemexgate y Amigos de Fox, que promovió a Vicente Fox como candidato presidencial para los comicios del 2000.

La candidata tiene previsto dar una ponencia titulada “La vida y la familia en la Suprema Corte” el próximo 9 de mayo, como parte de un evento del Frente Nacional por la Familia Xalapa, en el estado de Veracruz.

Dar tribuna a discursos antiderechos

Si bien las decisiones en la Suprema Corte son tomadas de manera colectiva y se requiere el voto mayoritario para determinar un asunto, la presencia de personajes con posturas contra los derechos humanos abre paso a amplificar discursos antiderechos, señaló Ninde Molre.

“No es lo mismo estar discutiendo en redes sociales, a que de repente alguien con esta investidura tenga estos pronunciamientos. Sin duda empieza a generar situaciones que permiten que la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, etcétera, se vea legitimada, y que lo hemos visto en otros países”, advirtió la directora de AbortistasMX.

Por eso, Eme Flores sumó que sólo un individuo en la máxima tribuna de Justicia puede hacer una diferencia. “Una sola persona puede dejar precedentes, incluso si no es una sentencia”.

El pasado 14 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó tanto a la ministra como al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) retirar de sus redes sociales y otras plataformas las publicaciones sobre un foro en el marco del arranque de las campañas de la elección judicial.

El órgano electoral argumentó que el evento organizado por dicho sindicato no se llevó a cabo conforme a las reglas establecidas para la realización de foros de debate o mesas de diálogo previstas por la autoridad electoral.

Dos días después, Loretta Ortiz Ahfl, quien busca permanecer en la Corte, impugnó ante el Tribunal Electoral el acuerdo el INE.

A través de un comunicado, la candidata argumentó que el instituto “se equivoca una vez más” al imponerle una medida cautelar y pidió al Tribunal Electoral que se pronuncie para “tener claridad” sobre los límites de actuación de candidatos y candidatas en los foros informativos, distintos a los de debate.

Asimismo, dijo que el INE está enfrentando una confusión en la interpretación normativa al equiparar un foro informativo con uno de debate, pese a que tienen funciones distintas.

“El INE se equivoca una vez más, como ocurrió cuando intentó limitar la difusión del proceso judicial electoral, y me impuso una medida cautelar ilegal. El Instituto, insisto, de manera errónea, intenta equiparar el foro informativo al que fui invitada con un foro de debate, cuando ambos son notoriamente distintos y cuando, por cierto, ambas modalidades están previstas en la normativa del propio INE”, señaló.

El pasado 29 de marzo de 2025, el INE aprobó un acuerdo que prohíbe a las personas servidoras públicas, instituciones y autoridades usar recursos públicos para promover el voto y la participación en la próxima elección judicial, a celebrarse el próximo domingo 1 de junio de 2025. 

La prohibición se integró a los criterios aprobados para garantizar la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas de jueces, magistrados y ministros, que iniciaron el pasado 30 de marzo y se extenderá hasta el próximo 28 de mayo; es decir, 60 días.

A raíz de su publicación, el Tribunal Electoral recibió 39 impugnaciones por parte de personajes como la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como Loretta Ortiz, en su calidad de candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Precisamente la impugnación de esta última fue la que llegó a manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que desde ayer dio a conocer un proyecto de sentencia por el cual perfilaba dar luz verde a la promoción de la elección judicial por parte de servidores públicos.

“Están buscando llevar una elección silenciosa”, dice magistrada Mónica Soto

Al presentar el proyecto SUP-JE-101/2025 y sus acumulados, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que propuso modificar el acuerdo reclamado porque “indebidamente se estableció que el INE es la única autoridad facultada para promover el voto y la participación ciudadana en el presente proceso electoral extraordinario”. 

El magistrado explicó que tomando en cuenta las reglas electorales que existen, respecto a elecciones de personas del Poder Ejecutivo y Legislativo, primero pensó que “lógico sería que ninguno de estos actores interfiera en la elección”; no obstante, al tratarse en esta ocasión que una elección de personas juzgadoras que incluso fue impulsada por los poderes es que “las reglas son diferentes”. 

“Esto me llevó a la conclusión de que, en consecuencia, la participación de los Poderes de la Unión puede incluso alentarlos a promover el voto y la participación ciudadana. Ello no implica que la promoción que lleven a cabo les autorice a incurrir en promoción personalizada o hacer uso de recursos públicos, menos aún a llamar a votar a favor de una candidatura o bien a emitir expresiones para desfavorecer a otras, por el contrario, su actuación se debe ajustar a los principios de equidad e imparcialidad”. 

Por su parte la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró sentirse “sorprendida y un poco contrariada” respecto al acuerdo votado por mayoría en el INE, al señalar que con esta resolución “pareciera que están buscando llevar una elección silenciosa”.  

“Les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará, habrá más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE”, ironizó.

Tribunal desecha proyecto que evitaba uso indebido de recursos públicos para elección

Durante la misma sesión, la magistrada Janine Otalora y el magistrado Rodríguez Mondragón presentaron el proyecto del expediente SUP-JDC-1790/2025 y sus acumulados en los que proponían confirmar el acuerdo del INE. 

“Se propone confirmar porque dicha limitación está asociada al uso indebido de recursos públicos, lo cual tiene una fuente constitucional ilegal que busca garantizar la imparcialidad en el manejo de esta clase de recursos, por tanto, no es una restricción creada recientemente por el INE”, señaló la magistrada Otalora. 

Al explicar su resolución, la magistrada señaló que esto fue así porque la resolución del INE era una aplicación literal del artículo 506, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. 

Además, del artículo 134 de la Constitución que señala que queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de selección de personas integrantes del Poder Judicial. 

“Como se puede apreciar es la misma ley electoral la que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para actos de promoción como de propaganda, actividades que el propio legislador distingue, pero abate en una misma prohibición, es decir, la prohibición es total, porque lo que inhibe es el uso de recursos públicos tanto para fines proselitistas como para fines de difusión institucional”, señaló. 

Para respaldar el posicionamiento, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la medida tampoco conllevaba una restricción absoluta que vulnere los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Pese a lo anterior, en el sistema del INE llamado “Conóceles” -plataforma en la que los ciudadanos pueden consultar los perfiles de las y los candidatos al Poder Judicial- Herrera Franco asegura que una de sus propuestas es trabajar en contra de “la impunidad y la corrupción (que) han sido problemas determinantes para un distanciamiento entre los ciudadanos y los jueces”.  

Animal Político buscó a Herrera Franco para cuestionarlo sobre los señalamientos en su contra y los motivos de su destitución, pero al cierre de edición no se recibió respuesta de su parte.

Esta situación derivó en el levantamiento armado de las comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, entonces encabezado por Silvano Aureoles y el presidente del ayuntamiento de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, quien abandonó el cargo, a siete meses de haber ganado la reelección, para competir por la gubernatura de la entidad. 

En un intento por desactivar este movimiento de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales entablaron mesas de trabajo, donde participó Herrera Franco, pero los acercamientos no prosperaron debido a que desde el primer encuentro los pobladores acusaron los vínculos del fiscal regional con el crimen organizado. 

En la reunión celebrada el 9 de febrero de 2021, los pobladores lanzaron una de las primeras acusaciones contra Herrera Franco: 

“¿Quiere que se aplique la ley? Que se aplique primero en usted, porque está incurriendo en un delito. ¿Por qué da esas instrucciones de que mi pueblo se integre a un grupo delincuencial? Tenemos pruebas y en su momento se presentarán. Ya estamos hartos de que ustedes como funcionarios se les nombra para que resguarden el territorio ¿y qué hacen? Se involucran con la gente que daña este país y ahora sí quieren aplicar la ley ¿y a ustedes quién se las aplica de sus actos? Nada más espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que le pasó a los de Ayotzinapa, ya no puede uno hablar porque luego la represión y el mismo funcionario que lo debe de cuidar a uno es el que lo manda a desaparecer”, señaló uno de los denunciantes, en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

En particular, las y los pobladores acusaron al entonces fiscal regional de operar para el grupo conocido como “Cártel de los Cristaleros”, ligado al Cártel de la Familia Michoacana, que opera entre los límites de Michoacán y el Estado de México. Este grupo es señalado por la fabricación, tráfico y venta de metanfetamina, además de extorsiones, despojo de propiedades y cobro de piso, dio a conocer el periódico La Jornada en una nota publicada días después.

El vínculo de exfiscal con asesinato de dos periodista de Michoacán

En medio de las acusaciones vertidas en contra del entonces fiscal regional, el reportero Roberto Toledo fue asesinado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, el 31 de enero de 2022, cuando se encontraba fuera de las oficinas del portal Monitor Michoacán, lugar en el que el comunicador colaboraba.

El director del portal, Armando Linares, informó sobre la muerte del reportero en una transmisión en vivo en Facebook, en la que consideró que el ataque se debió a que el portal que diriguía denunciaba actos de corrupción de políticos. 

“Exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros […] perdió la vida en manos de tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde. Nosotros no estamos armados y no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, dijo. 

En entrevista para Milenio, Armando Linares reveló que el portal Monitor Michoacán había recibido amenazas desde 2021, luego que la agencia denunció actos de corrupción del gobierno de Zitácuaro, presidido por el priista Antonio Orihuela, y de quien era el fiscal regional, Herrera Franco.

“Las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán, las cuales comenzaron hace un año cuando exhibimos una corrupción del fiscal regional, que estaba en Zitácuaro, Francisco Herrera Franco”, aseguró. Por este motivo, Roberto manejaba un perfil bajo, justo para evitar riesgos dadas las amenazas, las cuales ya habían sido denunciadas en su momento contra el fiscal. 

Incluso, desde el 3 de noviembre de 2021, el portal publicó: “Tras varios años de sembrar el pánico y abusar del poder conferido, este martes trascendió que Francisco Herrera Franco ya no es el fiscal regional de Zitácuaro, en lo oscurito y por la puerta de atrás, el hasta hoy fiscal de este municipio fue cambiado al municipio de Apatzingán, según fuentes extraoficiales de esa dependencia. Su lugar será ocupado por Alberto Núñez Mora, quien desempeñó ese mismo cargo en Uruapan”.

“Las amenazas surgieron hace poco más de un año y tres meses cuando empezamos a exhibir algunas situaciones graves con el exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrara Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de las comunidades de pretender invitarlos a que se unieran a una célula delincuencial. Posteriormente llega la nueva administración municipal y estas amenazas se hicieron más fuertes, estas llamadas eran muy continuas y muy directas de que le bajáramos en tono con el fiscal como con el gobierno”, abundó Linares en entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula.

Con el asesinato de Roberto Toledo, ese año sumaron cuatro asesinatos de periodistas en el país. Los otros fueron la periodista Lourdes Maldonado y el fotoperiodista Margarito Esquivel, en Tijuana, Baja California, y José Luis Gamboa, director de un portal en Veracruz. 

En una publicación realizada el 28 de enero, tres días antes del asesinato de Roberto Toledo, Linares informó que habían solicitado protección federal: “Temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal; se estarán presentando las denuncias correspondientes, por lo pronto ya hay un acercamiento con el gobierno federal para este tema”.

A pesar de ello, el 15 de marzo de 2022, Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, también fue asesinado. El crimen ocurrió apenas dos meses después de que Linares denunciara en las redes sociales de la agencia las amenazas dirigidas a su equipo de trabajo y al abogado Joel Vera, colaborador del medio.

Tras el asesinato de ambos comunicadores, el medio digital Monitor Michoacán tomó la decisión de cerrar en definitiva sus plataformas al asegurar que “las autoridades deben actuar oportunamente y no esperar a que un periodista sea asesinado”. 

El 24 de marzo de 2022, la Fiscalía General del Estado de Michoacán acordó revisar 21 carpetas de investigación acumuladas desde el 2007 sobre periodistas desaparecidos y asesinados en la entidad, en una reunión en la que tanto el fiscal Adrián López Solis y sus colaboradores escucharon las demandas del gremio periodístico de la entidad. 

Agrupados en el colectivo Ni Uno Más, las y los periodistas exigieron que se avanzara en las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, del portal de noticias Monitor Michoacán, según lo reportó El Sol de Morelia.  

Las y los periodistas insistieron en que la Fiscalía investigara las amenazas contra el grupo periodístico, luego de que su director Armando Linares señaló al alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y al exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco.

Además, le recriminaron que la institución no dio protección adecuada a las víctimas, por lo que exigieron que el caso de los dos periodistas asesinados fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). López Solís informó que la carpeta ya le había sido entregada a las autoridades federales, pero que el caso se mantenía en el fuero local.

A pesar de los señalamientos previos, una llamada entre el fiscal regional de Apatzingán, Francisco Herrera Franco, y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, derivó en el despido de Herrera Franco.

De acuerdo con la agencia de noticias 90 Grados, en esta llamada Herrera Franco y Rivera Padilla -asesinado con otras 19 personas en un palenque clandestino en Zinapécuaro- discutieron sobre un homicidio cometido por un miembro del grupo del Barbas, y le pidieron ayuda al entonces fiscal de Zitácuaro.

En la llamada, Herrera Franco aconsejó a su interlocutor que su socio se entregara para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo. Al finalizar la llamada, Rivera Padilla agradeció al fiscal su ayuda, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, lo que pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”. “Ya sabes que jalamos bien”, respondió Herrera Franco.

Tras la filtración de la llamada, Herrera Franco fue destituido de la Fiscalía General del Estado. 

A la lista de denuncias en su contra también se suma la del empresario Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, quien en septiembre de 2019 denunció al exfiscal por supuestamente fabricarle una “acusación legal” en su contra o la denuncia de un ciudadano que lo acusó por una presunta detención ilegal e incomunicación cuando era fiscal regional de Zitácuaro. 

Herrera Franco al igual que otros funcionarios de seguridad llegaron a Michoacán de la mano del excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y el exprocurador de justicia y exsecretario de seguridad estatal, José Martín Godoy Castro, quienes formaron el denominado grupo de “Los Chilangos”, conocidos por su supuesta corrupción al interior de las citadas dependencias. 

Los compromisos políticos que contrajo el exgobernador Silvano Aureoles -que actualmente tiene una orden de aprehensión y una ficha roja emitida en su contra por la presunta comisión de diversos delitos- con el priismo por la ayuda prestada para llegar a la gubernatura, hicieron que el gobierno de Michoacán mantuviera a los funcionarios señalados en sus cargos y protegiera a “Los Chilangos” a pesar de sus escándalos. 

Organización denuncia que siete candidatos de la elección judicial están relacionados al crimen organizado y violencia de género

Desde el pasado 15 de marzo, Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C. informó que diversas ciudadanas y ciudadanos del país denunciaron que al menos siete personas candidatas que aparecerán en las boletas en las próximas elecciones por un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado y con denuncias por violencia de género o acoso. 

Se trata de cuatro candidatos que competirán por ser jueces o magistrados en materia penal que fueron denunciados por estar supuestamente vinculados a la delincuencia organizada y tres candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que podrían aparecer en las boletas para la próxima elección judicial a celebrarse el próximo 1 de junio de 2025.

Desde antes del inicio de las campañas, que comenzaron este domingo 30 de marzo, la organización Defensorxs comenzó a realizar actividades de “vigilancia ciudadana de la elección judicial”. Mediante cuatro grupos y un total de 700 personas monitorean, revisan e “identifican puntos de riesgo en la elección judicial”.

Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.

Lo que inició como una rabieta y un capricho político por parte del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que provocó ríspidas protestas e inconformidad por parte de la alta burocracia judicial de México, esta semana comenzó a materializarse: la elección judicial.

El pasado lunes 31 de marzo arrancó formalmente el periodo de campaña para que juristas de diversos ámbitos arranquen el proceso para obtener la simpatía de ciudadanos, pero principalmente de los gobiernos que tiene la capacidad de movilizar las estructuras electorales del país.

Durante la primera semana hemos visto abogados litigantes, jueces y magistrados, mostrando sus facetas “populares”, exhibiendo la perspectiva que tienen sobre lo que la ciudadanía busca en un representante del Poder Judicial. Algunas de las campañas son acartonadas, otras, insultantes; pero ninguna de ellas está centrada en garantizar justicia. Bromas, albures y hasta el uso de ciertos atributos físicos, son parte de la oferta jurídica del país, donde se está tomando la banalidad como un requisito para ocupar cargos dentro del Poder Judicial de la Federación.

Pero también ha sido una oportunidad para que personas inconformes con los resultados de sentencias o de abusos perpetrados desde el Poder Judicial, sean expuestos públicamente. El pasado los persigue a todos.

El Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, cuenta con un total de 111 aspirantes a magistrados y jueces federales, de los cuales prácticamente la mitad aspira a ocupar espacio en las salas de segunda instancia.

En la lista podemos ver a ex funcionarios del PAN y Morena, principalmente; también a perfiles ligados a los actuales gobiernos. Todos tienen la intención de colocarse en los espacios de poder mediante el voto popular, pues en este circuito sólo se cuenta con 17 espacios para jueces de distrito y 14 magistraturas.

A diferencia de los topes de campaña de aspirantes a puestos locales, los magistrados y jueces federales tendrán topes de campaña modestos, pues según el INE, aspirantes a ministros, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y del Tribunal de Disciplina, podrán gastar un tope de un millón 468 mil 841 pesos, mientras que magistrados regionales electorales, podrán erogar 881 mil 304.80 pesos, magistrados de circuito y de apelación 413 mil 111 pesos; y jueces federales sólo con 220 mil 326 pesos.

Entendiendo que los aspirantes a togados a nivel federal tendrán un mes más de campaña, pues los aspirantes a magistrados y jueces locales iniciarán campaña hasta el 29 de abril, el recurso público que tienen como gasto máximo de campaña, confirma que sus pocas herramientas de comunicación y acercamiento con la sociedad serán a través de redes sociales. Y, por ende, el acceso a la ciudadanía -sobre todo la más vulnerable- se reduce de manera sustancial.

El gobierno morenista colocó las carpas para convertir la elección de funcionarios judiciales en un circo, pero también los mismos juristas están definiendo la calidad de las campañas que se están realizando, bajo la óptica de obtener simpatías por encima de beneficios para los justiciables.

Para el siguiente mes, cuando los aspirantes a magistrados y jueces locales se unan a la campaña, veremos el nivel de exposición que tendrán aspirantes para obtener la simpatía del electorado que no se encuentra consciente de las dimensiones de la decisión, y no propiamente por su culpa, sino por el improvisado ejercicio emprendido por el gobierno morenista.

¿Quiénes son los candidatos vinculados a la Luz del Mundo?

Los candidatos vinculados a la Luz del Mundo son Job Daniel Ibarra Wong, Madián Sinaí Menchaca Sierra, Cinthia Teniente Mendoza y Betzabeth Almazán Morales.

El pasado 1 de abril, el periodista Juan Gómez publicó en Fábrica de Periodismo un reportaje sobre los perfiles de estas candidaturas.

La investigación muestra, por ejemplo, que Job Daniel Ibarra Wong es considerado Obrero Evangelista por la Luz del Mundo y ahora busca ser magistrado de un Tribunal Colegiado de Circuito en Jalisco. La tía de este candidato es diputada suplente por Morena en Baja California.

El citado reportaje también pone de manifiesto que Madián Sinaí Menchaca Sierra, aspirante a jueza de distrito en materia administrativa en Jalisco, es hija de uno de los ministros de culto con más poder al interior de la organización cristiana.

Cinthia Teniente Mendoza, actual alcaldesa de Villagrán, Guanajuato, busca ser magistrada en materia de trabajo. Ella, según el texto de Gómez, es esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien obtuvo este escaño como suplente de Marcelo Ebrard.

Reyes Carmona es un fiel integrante de la Luz del Mundo, llegando incluso a defender a su líder Naasón Joaquín García de las acusaciones en su contra por abuso sexual de menores, de las cuales finalmente se declaró culpable.

Finalmente, Betzabeth Almazán Morales aspira a ser jueza de distrito en materia civil de Jalisco. En una columna titulada “El estado de california vs Naasón Joaquín García… y la Iglesia La Luz del Mundo” esta candidata defiende la inocencia del líder de la Luz del Mundo, incluso argumentando que se declaró culpable para recibir beneficios de la justicia de Estados Unidos.

“Naasón Joaquín García que atrapado en las garras de un sistema de justicia penal manejado al antojo de unos cuantos; busca salir avante“, escribe Almazán Morales. “¿En qué profunda obscuridad debe estar hundida la humanidad para acusar a un hombre inocente de la comisión de un delito?”.

Hoy, con sobrevivientes de la Luz del Mundo, intentamos anular 4 candidaturas de líderes de la secta.

Antes de hablar de los candidatos, quiero aclarar algo:

Todos son libres de tener sus creencias y religiones. Este no es un ataque a los 5 millones de feligreses de la LDM.

Es… pic.twitter.com/vXt66QAOv9

— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) March 26, 2025

¿Qué estados supervisará el Observatorio de la Ibero?

Desde el pasado 30 de marzo de 2025, después de meses de campañas anticipadas, arrancaron formalmente las campañas de aspirantes al Poder Judicial de la Federación, periodo en el que las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros del país pueden salir públicamente a buscar el voto de la ciudadanía para ocupar uno de los 881 cargos por elegir a nivel federal. 

Sin embargo, de manera paralela a la elección judicial federal, un total de 19 estados del país también tendrán campañas para elegir a mil 800 nuevos representantes de los Poderes Judiciales Estatales, lo que incluye no sólo a jueces y magistrados de los estados, sino también a los titulares de los nuevos Tribunales de Disciplina Judicial.

Las entidades que tendrán elecciones judiciales locales son: Aguascalientes (65 cargos a elegir), Baja California (171), Chihuahua (305), Ciudad de México (133), Coahuila (106), Colima (46), Durango (49), Estado de México (89), Michoacán (112), Nayarit (49), Quintana Roo (138), San Luis Potosí (87), Sonora (50), Tabasco (72), Tamaulipas (147), Tlaxcala (36), Veracruz (98), Yucatán (14) y Zacatecas (33). 

Para ejemplificar la importancia de centrarse en estas 19 elecciones judiciales locales, la coordinadora del Observatorio explicó que en el país el 98 % de los conflictos entre particulares inician en un juzgado local, especialmente en materias como la laboral -que resuelve conflictos entre trabajadores y empleadores- y la familiar -que comprenden divorcios, pensiones y custodias, entre otros conflictos que afectan directamente a la población-.

¿Cuál es la diferencia entre la justicia local y la justicia federal?

Como te lo explicamos en esta nota de El Sabueso, saber la diferencia entre las funciones del Poder Judicial Federal (PJF) y las funciones de los poderes judiciales locales es fundamental frente a las próximas elecciones, debido a que cada instancia revisa casos distintos y tienen retos específicos para la impartición de justicia. 

El artículo 40 constitucional establece que México está compuesto por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación.

De acuerdo con ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, material didáctico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), eso implica que en el sistema jurídico existan leyes federales válidas en todo el país, leyes locales en las entidades y ordenamientos municipales en los municipios.  

“Esto propicia que los estados puedan crear las leyes que establezcan los delitos para su estado y la federación las leyes que establecen delitos a nivel nacional. Esto trae como consecuencia que haya jueces locales para conocer de los delitos locales, y jueces federales para los delitos federales”, dijo el magistrado Juan José Olvera López en un video del Consejo de la Judicatura Federal.  

De esta manera existe jurisdicción federal, que le corresponde al PJF, y la jurisdicción local, que le compete al poder judicial de cada estado. En ambos casos se trata de la función pública que tienen ciertos órganos para administrar justicia conforme a derecho y a las constituciones y leyes respectivas.

Los poderes judiciales locales, cuya configuración corresponde a cada entidad federativa, se encargan de los asuntos legales cotidianos de la ciudadanía: civiles, mercantiles, penales, laborales, agrarios, administrativos, fiscales, entre otros. Son, por decirlo de alguna forma, las primeras autoridades a las que llegan las personas cuando tienen un conflicto.