El Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán serán presididos por funcionarias del gobierno morenista de Joaquín “Huacho” Díaz Mena. Se trata de Sara Leonor Estrella León, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, y Erika Beatriz Torres López, quien ha fungido como directora jurídica del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). 

En la elección del 1 de junio de 2025, la ciudadanía de Yucatán votó por cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Estos 14 cargos conformarán el nuevo Poder Judicial local, de los cuales seis integrantes tienen relación con el gobierno por haber ocupado cargos en él y uno es funcionario de la administración pública federal. 

El 13 de agosto de 2025, el gobernador Joaquín Díaz Mena publicó en Facebook que se reunió con las próximas magistradas presidentas de ambos tribunales. “El respeto a la división de poderes es pilar de nuestra democracia”, aseguró en su publicación.

La mayoría de integrantes del Tribunal Superior de Justicia proviene del gobierno de Díaz Mena

Antes de dejar sus puestos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para asumir funciones en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrados electos intentaron mantener en sus puestos a 87 juzgadores federales, aunque en un juzgado o tribunal diferente, a pesar de que entre ellos estaban candidatas y candidatos que participaron en la pasada elección judicial y que perdieron al no obtener los votos suficientes de la ciudadanía. 

La intención de mantener a estos juzgadores dentro del llamado “nuevo” Poder Judicial de la Federación (PJF) provino de la Comisión de Adscripción que está conformada por la consejera Celia Maya -quien presidirá el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá en parte de sus funciones al CJF- y el consejero Bernardo Bátiz -quien preside actualmente la Comisión y resultó electo también como magistrado del TDJ-; así como el consejero Sergio Molina, quien compitió para ser ministro de la Corte y perdió. 

Lo anterior ocurrió incluso pasando por alto lo estipulado en los artículos segundo y décimo transitorios del decreto de reforma judicial, publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció en la Constitución que las personas juzgadoras que actualmente desempeñan un cargo serían sustituidas por las personas que resultaran electas, tomando protesta de su cargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.

La semana pasada, la Comisión de Adscripción presentó ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales federales del país que desaparecerá producto de la reforma judicial- una propuesta cuyo objetivo era analizar los perfiles de 87 personas juzgadoras para adscribirlas a diversos órganos jurisdiccionales del país.

Como segundo problema grave, la consejera acusó un “trato desigual entre los solicitantes”, pues las propuestas no incluían, por ejemplo, a todas las personas juzgadoras que solicitaron permanecer hasta 2027 incluso por situaciones extremas, solicitudes que en su momento fueron rechazadas. 

Aunque la consejera no puso en duda a las personas que aparecieron en la lista, señaló que la selección se realizó a partir de nombres solicitados por una integrante de la Comisión a consejeros afines a la propuesta. 

Como tercer y último problema, la consejera señaló que se pretendía tomar una decisión “sin convicción y consenso”, pues al no existir un dictamen técnico ni acuerdo sobre la situación se generó una “situación de inoperancia del voto”. 

En estos casos, lo usual es retirar el asunto para estudiarlo posteriormente, pero al rechazarse esta petición, señalando que “el conocimiento personal de las 87 personas juzgadoras era suficiente para proceder”, la votación quedó en vilo. 

“La lista de personas beneficiadas con el cambio fue mostrada únicamente a quienes votarían a favor, a las restantes consejeras no se nos informó sobre la situación particular de cada juez y/o magistrada, lo que derivó que en la votación final no se alcanzara la mayoría calificada que requiere de cinco votos a favor, pues la votación cerró con 4 votos a favor y 3 en contra”. 

Luego de la resolución del Pleno del CJF, el periódico La Jornada entrevistó a la consejera Maya que aseguró que la mayoría calificada no se alcanzó “no porque se considerara una mala idea, lo que pasó es que unos pensaron que no se puede hacer la designación porque la reforma es tajante y dice que los que pierden se retiran. Yo creo que no es así”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propondrá al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declarar la nulidad de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el uso sistemático de “acordeones”, considerado como propaganda prohibida

En un proyecto dado a conocer la noche del jueves 14 de agosto de 2025, el magistrado, señaló que quedó acreditado el uso sistemático y generalizado de “acordeones”, los cuales, según él, beneficiaron indebidamente ciertas candidaturas.

En el documento que debería ser discutido y votado por el Pleno de la Sala Superior del TEPJF, Rodríguez Mondragón indicó que lo anterior actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que regían la materia electoral.

“Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara la nulidad de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte, por la existencia de una estrategia de distribución sistemática y generalizada de guías de votación [“acordeones”] que constituyeron propaganda electoral prohibida, lo cual benefició indebidamente a diversas candidaturas e impactó de manera determinante en los resultados electorales”, planteó el magistrado.

Según el proyecto de Rodríguez Mondragón, el uso de “acordeones” estaba permitido, siempre y cuando fuera elaborado y utilizado por una persona para su uso individual y discreto, ante la complejidad de la elección judicial. Sin embargo, explicó que estaba prohibida la difusión y exposición de estos materiales con el fin de direccionar el sentido del voto de la ciudadanía.

El magistrado sostuvo en su propuesta que los “acordeones” existieron en el marco de la elección judicial y pruebas de ello eran la medida cautelar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), para su distribución a nivel nacional, la cual fue revisada por la Sala Superior del TEPJF.

“Esto ya implica un acto de autoridad que reconoció, a partir de un análisis preliminar, que estos documentos se estaban circulando y distribuyendo”, advirtió Rodríguez Mondragón, quien agregó que también se registraron diversos procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización, en los que se investigó la existencia, circulación y distribución de acordeones, aunque las candidaturas que aparecían en estos se deslindaron de su autorí, e hicieron referencia a otros para desmarcarse.

Además, según abundó el magistrado en el proyecto, se promovieron 156 medios de impugnación donde se hizo referencia de la existencia, circulación o distribución de estos documentos, en 23 entidades de la República.

Rodríguez Mondragón detalló que se contaron con pruebas físicas consistentes en 3 mil 188 acordeones impresos y 374 imágenes, videos, audios y enlaces a internet que condujeron a materia visual, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas.

Aunado a ello, según sostuvo el magistrado, existió una plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los materiales y las que ganaron u obtuvieron mayores votos, lo cual, expresó, también generó un indicio fuerte respecto a su grado de influencia.

“Esa situación ya acredita que hubo una estrategia organizada de distribución de acordeones que constituyeron propaganda electoral prohibida y, por lo tanto, implicó la existencia de un esquema de financiamiento prohibido que benefició a las candidaturas, quienes eran las únicas que podían emitir y pagar limitadamente por su propia propaganda, pues el propio diseño de la elección judicial prohíbe la injerencia de agentes políticos, públicos y sociales con la capacidad estructural de influir en la elección”, subrayó Rodríguez Mondragón.

Además de declarar la nulidad de la elección de ministros, el proyecto planteó revocar el acuerdo del Consejo General del INE y ordenarle al Senado de la República que convocara a la celebración de una elección extraordinaria de integrantes de la SCJN, así como a resolver la forma en la que debería integrarse y funcionar el máximo tribunal constitucional, en tanto se celebraban los nuevos comicios.

La propuesta del Rodríguez Mondragón, que vinculó al Congreso de la Unión y al INE, declaró también la existencia de una omisión legislativa en materia de regulación de la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular, por lo que solicitó la expedición de la normativa que estimara pertinente, para garantizar que la elección extraordinaria de ministros, así como los subsecuentes procesos para la elección de personas juzgadoras cumplieran con los estándares democráticos y con los principios de certeza, legalidad e independencia.

El 13 de agosto de 2025, el bloque mayoritario de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permitió, una vez más, impugnaciones presentadas por candidatos a las elecciones judiciales del pasado 1 de junio del mismo año, quienes denunciaron condiciones de inequidad, debido a que sus rivales fueron promovidos en los llamados “acordeones”.

Los tres magistrados del bloque mayoritario, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, resaltaron en unos casos que los denunciantes no aportaron pruebas suficientes para anular los resultados de la elección, y se negaron a dar vista al INE para que realizara una investigación respecto a los “acordeones”.

La Sala Superior del TEPJF se dividió en torno a seis casos derivados de la elección judicial, en los cuales el bloque mayoritario evitó la anulación de algunas elecciones debido al reparto de “acordeones”. Los dos magistrados disidentes consideraron, por su parte, que existían las condiciones para al menos solicitar una investigación al INE.

“No hay elementos para determinar, como se propone en algunos casos, la nulidad de la elección”, refrendó Soto Fregoso, quien aseveró que “este Tribunal no es la autoridad investigadora y en este sentido no nos corresponde a nosotros ir a buscar los elementos que no fueron aportados.”

En el mismo tono, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera sostuvo que “el tema puede ser de un pronunciamiento mediático alto, pero nosotros nos tenemos que ceñir a lo estrictamente jurídico”, y aseveró que los temas partieron de una “supuesta distribución masiva de acordeones”, pero, según él, no demostraron “la existencia de los hechos demostrados”.

Por su parte, la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis consideró que resultaría difícil para un candidato investigar el origen de los acordeones y demostrar la incidencia que tuvieron en los resultados de la elección, por lo que planteó dar vista al Instituto Nacional Electoral, para investigar “una posible inducción al voto y el consecuente posible rebase de gastos de campaña, para que el INE no esté analizando quejas de manera aislada, sino toda una temática en su contexto y en su totalidad”.

“Hay muchos casos en los que las pruebas no traen ni meros indicios o algunos que ni siquiera por sí mismos generan convicción respecto a lo que se pretende probar, y ahí es cuando no estaríamos ni dando vista al INE ni nada, son indicios que realmente no son ni siquiera mínimos para generar una investigación que vaya más allá, porque no nos están aportando ninguna prueba”, dijo la presidenta del TEPJF.

Hugo Aguilar, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que en su gestión peleará por la autonomía del Poder Judicial, aunque esto no implicará que se aísle o se confronte con el gobierno y el Congreso.

Aguilar, quien será ministro presidente de la Corte entre 2025 y 2027, señaló que bajo su mandato el Poder Judicial tendrá autonomía, aunque no una “malentendida” en la que no haya diálogo con los otros Poderes de la Unión.

“A lo largo de mi vida he sido un constructor de la autonomía de los pueblos indígenas y con esa experiencia no voy a dejar de pelear por la autonomía del Poder Judicial, pero no una autonomía malentendida que implique aislamiento, ruptura o confrontación. Vamos a construir un diálogo con los otros poderes por el bien de México, todos somos parte del mismo país y tenemos propósitos comunes”, señaló el ministro presidente electo.

Hugo Aguilar participó en un evento en la Cámara de Diputados para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luego de eso, en conferencia de prensa, se deslindó de Morena y aseguró que no es cercano a ningún partido político, a pesar de que entre 2019 y 2025 fue funcionario público en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Hugo Aguilar adelantó que los nuevos ministros de la Corte revisarán el anteproyecto de presupuesto para 2026 de casi 5 mil 870 millones de pesos, el cual fue aprobado por el Pleno del máximo tribunal ayer 12 de agosto.

La reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024. A partir de esa fecha, el Congreso tenía seis meses para aprobar las leyes secundarias que le dieran operatividad a los cambios planteados en la Constitución, pero eso no ha sucedido hasta ahora.

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó 138 impugnaciones contra la elección judicial, por la que resultaron electos Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las y los ministros de la Corte rechazaron estos “juicios de inconformidad en materia electoral” al señalar que, en su mayoría, estos asuntos fueron interpuestos por ciudadanas y ciudadanos, quienes no tienen facultad para promover este tipo de recursos debido a que no compitieron en la contienda.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas estará integrado por ocho magistraturas en sus salas penal, civil y familiar, de las cuales cinco son morenistas, afines al gobernador David Monreal o se han desempeñado como integrantes de su gabinete o de alguna dependencia estatal.

Cuatro mujeres y cuatro hombres integrarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la presidencia será para quien haya obtenido el mayor número de votos. 

Con 61 mil 540 sufragios, según un Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), por el que se aprueban los cómputos de la elección, se declara su validez y se asignan los cargos electos, la presidencia le corresponde a Verónica Muñoz Robles, quien, precisamente, había sido designada por el gobernador David Monreal como magistrada provisional de la Primera Sala Penal. 

“El Tribunal Superior de Justicia del Estado será presidido por un magistrado o magistrada, la cual se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva y se alternará con quien resulte de la mayor votación del otro género, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, establece el artículo 98 constitucional. 

Además, en Zacatecas, la magistratura de Francisco Enrique Pérez Compeán para el Tribunal de Disciplina Judicial fue anulada al considerar que es inelegible por no cumplir con el requisito del promedio mínimo de 8. Pérez Compeán se ha declarado parte del movimiento “monrealista” y afín a la llamada Cuarta Transformación.

Morenistas, afines a Monreal o de su gobierno llegan al Tribunal Superior de Justicia

Anulan elección de magistratura al Tribunal de Disciplina Judicial; candidato es afín a Morena

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó su ‘Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025’, en el que advirtió que el proceso marcó un punto de inflexión en la vida democrática del país, al tiempo que evidenció “fallas estructurales, vacíos legales y una alarmante tendencia a someter la justicia a intereses políticos”.

De acuerdo con el documento, el organismo empresarial dio seguimiento a la jornada electoral con cobertura en más del 60% de los distritos electorales y presencia en el 65% del territorio nacional, gracias a la colaboración de sus socios, Centros Empresariales y organizaciones de la sociedad civil. El informe, que ya fue entregado al Instituto Nacional Electoral (INE), contiene análisis técnicos, jurídicos y ciudadanos que, en palabras de Coparmex, “consolidan evidencia” sobre un modelo electoral judicial que debe corregirse desde su origen.

Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de Coparmex, declaró que “este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político”. Añadió que, si bien la elección concluyó, “el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027”.

Al cierre de la presentación, el presidente nacional de Coparmex advirtió sobre el riesgo de repetir estas fallas en futuras reformas. “Lo que vivimos con la reforma al Poder Judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros no puede repetirse con la reforma electoral que se avecina”, afirmó.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que aún no ve pistas de polarización ante la reforma electoral que se avecina, por lo que pidió esperar a conocer la propuesta en concreto para emitir posturas.

Taddei dijo que el INE tiene garantizado un lugar en los foros para desarrollar la reforma y que en breve podría reunirse con Pablo Gómez para trabajar con la comisión presidencial para analizar el tema.

‘Hay que acercarnos, a ver cuál es el programa de trabajo para poder participar, incidir, no es falta a la autonomía ni independencia buscar cómo sí incidir, y proporcionarles la información que se requiera…”.

Sostuvo que se puede aprovechar la reforma para estudiar temas que quedaron pendientes con la reforma judicial.

Por ejemplo, planteó que las elecciones intermedias de 2027 para renovar el Congreso y la segunda elección judicial se realicen por separado, con algunas semanas de diferencia, para ahorrar recursos y permitir desarrollar ambos procesos con éxito.

Cinco magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua fueron reasignadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) a mujeres que obtuvieron mayor votación que los candidatos, conforme a la recomposición que realizó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de los resultados de la pasada elección del primero de junio.

Con esta modificación, las magistraturas se asignaron a Laura Guadalupe Ocón Bailón y Ilian Yasel Iradel Villanueva Pérez ( en materia penal), Sara Julieta Muñoz Andrade (en materia Familiar), así como Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola ( en materia Civil).

“Recordemos que el objetivo a cumplir es la paridad. Es el principio constitucional existente… y como lo hemos mencionado en otras ocasiones, eso significa que se debe de asignar siempre por lo menos con el 50 por ciento de mujeres, como mínimo”, expuso.

Explicó que la alternancia es simplemente un sistema, una herramienta, que de acuerdo a sala superior no debe afectar derechos de mujeres, sino maximizar que las mujeres ocupen cargos de elección popular.

Tras escuchar la participación de la consejera Ávila, el consejo general del IEE aprobó los acuerdos mediante los cuales se modifican y asignan nuevas magistraturas, en acatamiento a las sentencias dictadas en los expedientes JIN-210/2025, JIN-231/2025, JIN-249/2025 y sus acumulados, para luego dar paso a la entrega de constancia de mayoría a las candidatas mujeres que obtuvieron más votación que los hombres en la pasada elección judicial.

Durante la sesión de este martes, el IEE también dio cumplimiento de la sentencia del expediente JIN-288/2025 y acumulados para llevar a cabo una modificación en la asignación de juezas y jueces de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial Morelos. Las personas asignadas fueron:

De esta manera Laura Cristina Acosta Reza, con una votación de 6 mil 839 votos, quedó entre las personas que resultaron asignadas, quedando fuera Hortencia Villalobos Martínez con una votación de 6 mil 767 sufragios.

En los tres casos se instruyó a las asambleas distritales correspondientes realizar la entrega de las constancias de mayoría y validez, se informó.

Cuatro personas afines al gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona e integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocuparán el  Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado. Se trata de funcionarios de su gabinete y la hermana de su secretario General de Gobierno.

Además, a pesar de que no cumplen con el requisito del promedio mínimo de 8, cinco candidaturas resultaron electas para ser magistradas o magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. De esos perfiles, tres forman parte directamente de su gobierno.

El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí estará integrado por 15 magistradas y magistrados. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana asignó los cargos de magistraturas a ocho mujeres y siete hombres. 

Según el artículo 95 constitucional, que fue reformado en San Luis Potosí mediante la reforma judicial, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia se renovará cada dos años, de forma rotatoria, dependiendo del número de votos. 

Así que con 191 mil 664 sufragios, le corresponde a Lourdes Anahí Zarazúa Martínez la presidencia. Su ficha en ¡Conóceles! refiere que es magistrada de circuito en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Tras la elección judicial, al Tribunal Superior de Justicia de Tabasco lo integrarán 12 magistraturas, de las cuales dos hombres son cercanos al gobernador Javier May Rodríguez, como el magistrado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, o funcionarios federales como Carlos Alberto Santiago Hernández.

En Tabasco, el Tribunal Superior de Justicia distribuye sus asuntos en dos tipos de salas: en materia Civil (con cinco integrantes) y materia Penal (con siete integrantes) y varias de las personas juzgadoras que lo conforman lograron mantenerse en su cargo tras la elección judicial. 

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado será electa por la mayoría de los integrantes del Pleno, por un periodo de cinco años, según el artículo 59 constitucional. La magistrada o magistrado no podrá ser reelecto para otro periodo. 

Además, al Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano recién creado a partir de la reforma judicial, lo integrarán tres magistradas que son militantes de Morena, que formaron parte de los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino Campos o con familiares en el gabinete del actual gobernador Javier May Rodríguez, tales como María de Lourdes Rabelo Estrada, Libertad Blanco Morales o Madeleine Casasús Ruz. El resto de sus integrantes son dos hombres.

De acuerdo con el artículo 55 constitucional, cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación.

En una decisión inédita, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua revocó anoche cinco magistraturas electas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) otorgadas por alternancia a hombres y ordenó su reasignación a mujeres candidatas que obtuvieron más votos en la pasada elección judicial del primero de junio.

Con esta resolución, el Instituto Estatal Electoral (IEE) deberá emitir un nuevo acuerdo de designación de las magistraturas en materia civil, familiar y penal, respetando el principio de paridad de género, considerando que hubo mujeres que obtuvieron una mayor votación.

Además de la resolución de las magistraturas del TSJ, en la sesión se resolvieron los juicios de inconformidad relativos a las elecciones de juzgadores en materia penal del Distrito Morelos y en la de juzgadores materia Laboral Distrito Bravos.

Ocho de las nueve ministras y ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán sancionados por irregularidades encontradas en gastos de campaña de la elección judicial, como no reportar gastos de campaña, uso indebido de cuentas bancarias y pagos excesivos en efectivo, determinó el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Hugo Aguilar Ortiz es el único que no será multado por irregularidades durante la fiscalización de su campaña, aunque sí recibirá una sanción de 39 mil 712.14 pesos por beneficiarse de los acordeones.

También se ordenó investigar la detección de propaganda a su favor en sobres con boletos de autobús Estrella Blanca. La ministra electa fue quien más irregularidades cometió entre todos las candidatas y los candidatos a la Corte.

Loretta Ortiz fue sancionada con 52 mil 270.68 pesos sin descuento por no utilizar una cuenta bancaria a su nombre solamente para el manejo de sus recursos de campaña, no reportar los egresos generados por mantas y banners que no estaban permitidos y no rechazó la publicidad pagada en internet por más de 30 mil pesos de parte de una persona no permitida por los lineamientos del INE. 

La multa original para Lenia Batres fue de 81 mil 008.24 pesos y quedó en 44 mil 690.30 pesos. En su campaña se detectaron irregularidades como no presentar muestras por concepto de gastos como gestión de eventos, pagos en efectivo de pasajes terrestres y aéreos por 29 mil 315 pesos y no realizó el registro contable de sus operaciones en tiempo real por más de 85 mil pesos. 

Asimismo, informó de manera extemporánea de 49 eventos de campaña, omitió utilizar una cuenta bancaria a su nombre exclusivamente para el manejo de sus recursos de la campaña, y no rechazó publicidad en páginas de internet pagada por una persona impedida por 40 mil 230.72 pesos.

Las anotaciones de los insumos y materiales utilizados por la ministra indican que se desconoce su procedencia y contó con la ayuda de varias personas para repartir volantes. 

Mientras que Loretta Ortiz utilizó camarógrafo, volantes y automóvil. Hugo Aguilar Ortiz dispuso de cantantes, grupos musicales, volantes, alimentos, carteleras, artistas, fotógrafo, camarógrafo, mesas, sillas, lonas, equipo de sonido, arrendamiento de inmuebles, pantallas de televisión y equipos de cómputo. 

Otro gasto irregular se reportó en un evento del próximo ministro presidente, celebrado el 28 de mayo en Oaxaca, cuando se realizó un ritual de buena suerte para el candidato como parte de su cierre de campaña. 

Irving Espinosa ocupó sillas, volantes, camarógrafo, fotógrafo, arrendamiento de inmuebles y servicio de live streaming. María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García no aparecen en el documento de verificación del INE. 

Yasmín Esquivel y Lenia Batres, con más publicaciones inequitativas en medios impresos

Las publicaciones a favor de la ministra en funciones aparecieron en medios como El Sol de Durango, El Universal, El Mexicano Ensenada, El Sur, entre otros. A diferencia de Yasmín Esquivel, ninguna de estas publicaciones apareció en portada. 

Loretta Ortiz apareció en cinco inserciones inequitativas, y en una ocasión con una leyenda que indica la publicación de los resultados de una encuesta en el medio De Peso de Yucatán que no menciona la empresa que realizó dicha encuesta. 

El instituto contabilizó tres publicaciones inequitativas de María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Hugo Aguilar, y cinco de Arístides Rodrigo Guerrero; mientras que de Giovanni Azael Figueroa e Irving Espinosa, los otros dos ganadores de un lugar en la Suprema Corte, no se identificó ninguna publicación. 

El artículo 37 de los lineamientos de fiscalización de la elección judicial prohíbe la contratación o adquisición de tiempos de radio y televisión para la promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales, anuncios espectaculares y bardas en la vía pública.  

En el análisis se especifica que dichas publicaciones no tienen la leyenda de inserción pagada. El INE analizó 300 publicaciones del 30 de marzo al 28 de mayo, periodo dispuesto para las campañas electorales. 

Todas las inserciones analizadas contienen invitación directa al voto, las redes sociales de las y los aspirantes, adjetivos calificativos, más de dos propuestas de campaña y la fecha de la jornada electoral. 

A partir del 1 de septiembre, la Corte reducirá su número de integrantes de 11 a nueve ministras y ministros electos por voto popular, tras el proceso electoral federal extraordinario realizado el 1 de junio. 

Con ello además se eliminaron las dos salas especializadas y la Corte operará únicamente en sesiones del Pleno, con nueve ministras y ministros.