En total, los magistrados electos intentaron mantener en sus cargos a 87 juzgadores federales, quienes en su mayoría participaron en las pasadas elecciones y perdieron. La Constitución señala que estos juzgadores deben ser sustituidos por los jueces y magistrados electos el pasado 1 de junio, sin contemplar otro tipo de procedimiento para ellos.
La intención de mantener a estos juzgadores dentro del llamado “nuevo” Poder Judicial de la Federación (PJF) provino de la Comisión de Adscripción que está conformada por la consejera Celia Maya -quien presidirá el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que sustituirá en parte de sus funciones al CJF- y el consejero Bernardo Bátiz -quien preside actualmente la Comisión y resultó electo también como magistrado del TDJ-; así como el consejero Sergio Molina, quien compitió para ser ministro de la Corte y perdió.
Lo anterior ocurrió incluso pasando por alto lo estipulado en los artículos segundo y décimo transitorios del decreto de reforma judicial, publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció en la Constitución que las personas juzgadoras que actualmente desempeñan un cargo serían sustituidas por las personas que resultaran electas, tomando protesta de su cargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.
Pese a lo anterior, el Pleno del CJF logró frenar el intento de mantener en sus cargos a estos juzgadores, al señalar que no se presentaron los dictámenes necesarios para tomar una decisión sobre la pertinencia de esta propuesta, que se dejó afuera a personas que habían solicitado su cambio por “situaciones extremas” y que incluso esta propuesta pasaba por alto lo establecido en la propia Constitución.
La discusión en el CJF
La semana pasada, la Comisión de Adscripción presentó ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales federales del país que desaparecerá producto de la reforma judicial- una propuesta cuyo objetivo era analizar los perfiles de 87 personas juzgadoras para adscribirlas a diversos órganos jurisdiccionales del país.
No obstante, aunque se trata de una función ordinaria de dicha Comisión, que tras revisar estos asuntos por sus tres integrantes puede someterla a consideración del Pleno del CJF para su debate y aprobación, la normativa establece que estas propuestas deben ser acompañadas con un dictamen que justifique el cambio, acredite la experiencia de la persona y descarte conflictos de interés con información de diversas áreas del propio Consejo.
La importancia del asunto radica en que las 87 personas que la Comisión de Adscripción buscaba reubicar son personas juzgadoras cuya plaza fue insaculada en la “tómbola” de 12 de octubre del 2024, para ocupar lugares de juzgadores cuya conclusión sería hasta el 2027, mismos que adelantaron su salida por no compartir la reforma judicial.
En otras palabras, la intención era reubicar en las plazas vacantes a las y los juzgadores que perdieron sus plazas tras la aprobación de la reforma judicial, muchos de los cuales incluso participaron como candidatos en las pasadas elecciones y perdieron, por lo que también habían sido rechazados desde las casillas.
“Y lo importante es precisamente la discrecionalidad sospechosa de elegir 87 de 150 personas. Además de que lo que hacen va en contra del texto de la reforma y lo justifican en que así se garantiza mejor el acceso a la justicia con las personas juzgadoras de carrera”, señaló la magistrada Emilia Molina, quien también fue miembro del Comité de Evaluación del PJF, en entrevista con Animal Político.
Situación confronta a consejeras
En una columna de opinión titulada Los acordeones del CJF: crónica de una votación sin dictamen, la consejera federal Lilia Mónica López Benítez relató parte de la sesión del Pleno del CJF en el que se rechazó la propuesta, pero que expuso tres problemas graves.
El primero radicó en la falta de un dictamen técnico, necesario para desahogar este tipo de procedimientos, pues las 87 propuestas se enviaron con menos de 24 horas de anticipación y sin la documentación necesaria para evaluarlas.
“En el escaso material remitido, se admitía que, debido a la premura y al elevado número de casos, no se incluían constancias de apoyo. Ante ello se solicitó retirar el punto para revisarlo una semana después, en cumplimiento de la regla interna que obliga a diferir cualquier asunto si así lo pide un integrante. No obstante, esta regla fue ignorada y, por mayoría, se nos obligó a votar a ciegas, lo que motivó el voto en contra de todas las propuestas”, señaló.
Como segundo problema grave, la consejera acusó un “trato desigual entre los solicitantes”, pues las propuestas no incluían, por ejemplo, a todas las personas juzgadoras que solicitaron permanecer hasta 2027 incluso por situaciones extremas, solicitudes que en su momento fueron rechazadas.
Aunque la consejera no puso en duda a las personas que aparecieron en la lista, señaló que la selección se realizó a partir de nombres solicitados por una integrante de la Comisión a consejeros afines a la propuesta.
Como tercer y último problema, la consejera señaló que se pretendía tomar una decisión “sin convicción y consenso”, pues al no existir un dictamen técnico ni acuerdo sobre la situación se generó una “situación de inoperancia del voto”.
En estos casos, lo usual es retirar el asunto para estudiarlo posteriormente, pero al rechazarse esta petición, señalando que “el conocimiento personal de las 87 personas juzgadoras era suficiente para proceder”, la votación quedó en vilo.
“La lista de personas beneficiadas con el cambio fue mostrada únicamente a quienes votarían a favor, a las restantes consejeras no se nos informó sobre la situación particular de cada juez y/o magistrada, lo que derivó que en la votación final no se alcanzara la mayoría calificada que requiere de cinco votos a favor, pues la votación cerró con 4 votos a favor y 3 en contra”.
Luego de la resolución del Pleno del CJF, el periódico La Jornada entrevistó a la consejera Maya que aseguró que la mayoría calificada no se alcanzó “no porque se considerara una mala idea, lo que pasó es que unos pensaron que no se puede hacer la designación porque la reforma es tajante y dice que los que pierden se retiran. Yo creo que no es así”.
“Ya veremos con el (nuevo) Órgano de Administración Judicial (OAJ), ahora que llegue, qué podemos hacer al respecto, si ellos pueden compartir este punto de vista o seguimos con secretarios y en caso de que falte alguna experiencia se vaya apreciando en el transcurso del tiempo si es necesario darles cursos y actualizarlos”, señaló.
En contraste, la magistrada María Emilia Molina asegura que el tema es que para cuando el OAJ entre en funciones estos juzgadores ya estarán sin el cargo. “¿Aun así los pondrían en funciones? ¿Serán capaces de “revivir” los nombramientos con tal de poner personas a modo?”.
En la Constitución también quedó establecida que toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a la literalidad de la reforma, por lo que hay lugar a hacer interpretaciones que “pretendan inaplicar, suspender, modificar” sus términos o su vigencia, mientras que señala que OAJ adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre de 2025.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.
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