La tarde del lunes la Gobernadora designo como Fiscal a Valdovinos Salmerón e informó mediante oficial al Congreso local de su decisión para que la militar acudiera ante el pleno a rendir protesta de manera protocolaria antes de asumir las funciones del cargo.
Durante las dos semanas anteriores se conoció la versión sobre la designación de una Fiscal que no sólo contaría con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sino que sería esa dependencia quien elegiría el perfil que estaría al frente.
Esta versión quedó sin sentido cuando la Gobernadora envió la terna al Congreso local integrada por Anacleta López Vega, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, José Luis Gallegos Peralta, y ninguna cumplía con el perfil de militar que se rumoraba.
Se conoció también que la terna fue enviada al Poder Legislativo a pesar de que había ya un mensaje de la Federación en torno a que el perfil que sería designado en ese espacio tendría que pasar por la revisión de la Sedena, y fue precisamente por eso que no se realizó el trabajo político de cabildeo para que se pudiera elegir a uno de los integrantes de la terna.
Y después de que ninguno logró la mayoría de los votos del pleno se abrió la posibilidad de la designación directa de una mujer militar.
Ayer se confirmó la versión, cuando se conoció que la Gobernadora había designado a la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos y que informó al Congreso local para el trámite correspondiente.
La sesión inició hasta las 20:00 horas, en la que se modificó al pleno del Congreso local la llegada del oficio a los 44 diputados y diputadas locales presentes.
En la sesión de un solo punto en el orden del día, se notificó al pleno y en seguida Sandra Luz Valdovinos rindió protesta ante diputados locales. Y tras el acto fue en medio de un fuerte dispositivo de seguridad conformado por policías ministeriales, militares y Guardia Nacional que la esperaban las inmediaciones del Poder Legislativo.
Entre los datos que se conocieron de la nueva Fiscal, es que todos sus encargos han sido fuera de Guerrero, principalmente en la Ciudad de México y Zacatecas.
Valdovinos Salmerón es originaria de Zihuatanejo. De acuerdo con un resumen curricular tiene 51 años, es licenciada en derecho por la Universidad Tecnológica de México, y maestra en der4echo constitucional, y en su currículum agrega cédula profesional de cada una.
Fue titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Sedena en la Ciudad de México; Agente del Ministerio Público Militar Adscrito a la Décimo Primera de la Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas; también fue agente del MP Militar en la Primera Zona Militar en la capital del país.
Restringuen acceso a medios
Ayer, como ha ocurrido en lo que va de la Legislatura, se limitó y se trató de impedir el trabajo de reporteros y fotógrafos. A éstos últimos se les ha impedido pasar al salón del pleno a realizar su trabajo.
En la breve sesión de las 20:00 horas para que la nueva Fiscal rindiera protesta ante el pleno, nuevamente se intentó dejar fuera a los fotógrafos argumentando las medidas sanitarias por la COVID-19 que se tenían que cumplir, a pesar de que adentro había unas 60 personas, de las cuales sólo 44 eran diputados.
Al salón de plenos se permite el acceso de asistentes, asesores, edecanes, y fotógrafos de diputados, pero no a fotorreporteros que cubren la fuente legislativa desde hace dos, tres y hasta cinco legislaturas.
La de ayer fue una sesión breve y protocolaria, en la que los diputados pidieron prescindir por unos momentos de sus asesores, asistentes y edecanes, para reducir el aforo al interior y permitir la entrada de fotorreporteros.
Pero no lo hicieron, hasta que los representantes de los medios de comunicación llamaron la atención de diputados, quienes trataron de ignorar las solicitudes para que pudieran entrar al menos cinco fotógrafos para tener la gráfica de frente de la nueva Fiscal rindiendo protesta.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Alfredo Sánchez Esquivel ignoró por completo a los reporteros que le pidieron que autorizara el acceso, y la presidente de la Mesa Directiva, la priista Flor Añorve Baños, ante la insistencia accedió.
Desencanto en defensores de derechos humanos por la designación de una militar en la Fiscalía
Hubo desencanto en defensores de derechos humanos tras el nombramiento de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, como Fiscal General del Estado, por parte de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y que avaló ayer el Congreso local.
En consulta telefónica, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, señaló el riesgo de que más militares ganen espacios en las instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia en Guerrero, donde las fuerzas castrenses han cometido graves violaciones de derechos humanos, que quedan impunes.
Para el sacerdote activista del Centro Minerva Bello, Velázquez, “no es prometedor que las Fuerzas Armadas cubran casi todo, sólo falta que empiecen a competir en cargos ejecutivos”.
El representante del Colectivo de Chilaba Siempre, Vivos, José Díaz Navarro Navarro, recordó que la militarización de la seguridad pública no ha evitado que grupos militares sigan operando con impunidad.
Durante varios años, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) ha señalado preocupación por la militarización de la seguridad en México porque impacta en los derechos humanos de la población; es el caso de la FGE de Guerrero, donde tendrá a su cargo una corporación policial de investigación.
El organismo insistió en diferentes comunicados que sean civiles quienes conduzcan los temas de seguridad, lo cual validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La militarización no garantiza erradicar impunidad ni corrupción, advierte Tlachinollan
En consulta telefónica, Barrera Hernández consideró un retroceso que actores civiles sean desplazados por mandos castrenses en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, que dirige un marino, y en la FGE, con una teniente formada en justicia militar.
Advirtió del riesgo de que sigan imponiendo actores castrenses en instituciones civiles lo cual traerá consigo un costo social, político y jurídico alto.
Aclaró que la formación castrense no garantiza el combate frontal a la impunidad, ni el combate a la corrupción, y preocupa que se confunda la disciplina militar con el orden social.
“El hecho de que sea mujer tampoco quita la visión militar de su formación es un instituto armado. Aquí la cuestión no es de género, no sería lo mismo un mando civil mujer que tendría características muy específicas, particularmente si ha trabajado con víctimas”.
Destacó que hay mujeres y hombres de la sociedad capaces de asumir el encargo, para fortalecer a la Fiscalía, depurarla con policías profesionales, con agentes de investigación que apliquen los estándares más altos de protección a los derechos humanos y con sensibilidad para comprender la situación trágica de las víctimas y de sus familiares.
Sin embargo, señaló que la Gobernadora perdió “una oportunidad de oro” para elegir un perfil idóneo, y los luchadores sociales siempre tendrán desconfianza, malestar y temor de que el mando castrense investigue con imparcialidad, con perspectiva de derechos humanos, de género e interculturalidad, “porque la visión castrense lo va a impedir”.
Además, señaló que el nombramiento es mensaje de una impunidad hacia el Ejército que ha cometido atrocidades en el estado.
Aseguró que “la marca militar es de impunidad, de represión y violencia en el estado, entonces no es tan fácil que una sociedad agraviada confíe en un mujer militar para restaurar el orden y depurar la Fiscalía”.
Confirmó que las decisiones las toman los jefes solícitos al margen de lo que plantea la sociedad, “también lo deciden los jefes militares, es más grave porque el instituto armado estableció acuerdo con los mandos civiles y se supedita el mando civil al mando militar. Es grave en Guerrero, por la historia escrita con sangre, y no se olvida que son militares los responsables”.
Preocupa guerra de baja intensidad: Centro Minerva Bello
El sacerdote activista del Centro Minerva Bello, Filiberto Velázquez, aseguró que no fue una sorpresa la designación, que ya se rumoraba en los corrillos. Antes, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilaba, Salvador Rangel, reveló que sería una mujer militar la que ocuparía el cargo por recomendación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El luchador social recordó que antes, se mencionaba al Subsecretario de Asuntos Políticos, Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, cercado del Senador morenista Félix Salgado Macedonio.
Ahora, con un militar al frente además la institución que procura la justicia, preocupa que siga la perspectiva de “esta guerra de baja intensidad con mandos castrenses en tareas civiles”, por los antecedentes de la guerrilla y grupos paramilitares en la historia de México y de Guerrero.
“No es prometedor que las Fuerzas Armadas cubran casi todo, sólo falta que empiecen a competir en cargos ejecutivos”, recriminó.
No obstante, aclaró que hay muchos temas pendientes, de emisión de órdenes de aprehensión, la reapertura de carpetas de investigación rezagadas, y en febrero se cumplirá otro año de ataque a la comisaría de San Jerónimo Palantla.
Confirmó que el colectivo buscará la coordinación en los temas pendientes con reservas sobre la actuación de la Fiscal, y los posibles compromisos que existan detrás del nombramiento.
“Vamos a seguir exigiendo que puede sujetarse a las leyes y a la Constitución para avanzar en los muchos temas pendientes sobre desplazados, desaparecidos, queremos conocer la postura que tomará sobre grupos armados como policías comunitarios, de las uniones tempranas, y del repunte de la trata por mujeres desaparecidas en Iguala y Chilpancingo”.
Recordó que el obispo Raúl Vera, en la misa en la Basílica el 26 de diciembre para los padres de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, señaló al Ejército de estar implicado en los crímenes.
También les preocupa saber qué hay detrás de las decisiones para designar militares en cargos civiles de seguridad, y el nivel de los acuerdos.
Militares no dan resultados en seguridad: Siempre Vivos
José Díaz Nava, del Colectivo Siempre Vivos, reconoció que espera que quien asuma el cargo de Fiscal, profesionalismo, que conozca la situación del estado, las demandas de las víctimas e investigue los hechos de violencia de hace diez y hasta 20 años.
Coincidió en que el perfil militar en la FGE no garantiza resultados. “Por experiencia, vemos a la Guardia Nacional, son militares, y su trabajo de seguridad sigue siendo el mismo cuando estaban bajo mando castrense”.
Aseguró que son “muy cuadrado”, si no reciben una orden de su jefe, no dan un paso para mejorar la seguridad. Como referencia señaló que en el área de Chilaba, “donde están enquistados Los Ardillos”, continúa la incidencia de delitos de manera impune.
“No vemos cambios en SSP con militares o civiles. No importa el color del gato, lo importante es que atrapen al rato, y la Guardia Nacional, la Marina, y la Sedena aún tienen una deuda de resultados con el estado”.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ ROSALBA RAMÍREZ, LOURDES CHÁVEZ.
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