Con el gobierno de la morenista Evelyn Salgado como principal promotor, la minera canadiense Equinox Gold formalizó el inició de la explotación por 20 años de los ejidos de Mezcala y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero. 

La firma del convenio Los Filos se dio a la par de un conflicto entre esa empresa minera y los ejidatarios de Carrizalillo, otra comunidad del mismo municipio que durante 18 años fue explotada, dejando como saldo un grave daño en la salud de la población, el asesinato de líderes sindicales, la contaminación de los mantos acuíferos y la sequía de sus tierras.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, aseguró que su gobierno ha actuado con transparencia, pese a la investigación que enfrenta por no haber comprobado el uso de 898 millones de pesos de recursos federales destinados a obras públicas durante el ejercicio fiscal 2023. 

“Yo quiero dejar claro que no pretendo evadir la transparencia en la rendición de cuentas, son procesos que hay que continuar, pero reitero, mi honestidad no está a prueba, mi honestidad se ha demostrado a lo largo y ancho de mis 40 años al servicio”, dijo este sábado en entrevista con medios de comunicación. 

En días pasados se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) presentó una denuncia penal en contra de la alcaldesa por negarse a rendir cuentas sobre los recursos mencionados. 

De acuerdo con la auditoría, dichos recursos fueron ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023 y corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y a participaciones de los ramos 33 y 38.

Un grupo de hombres armados asesinó a balazos a Humberto Piza Pérez, secretario general de la Sección 19 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), cuando viajaba en un automóvil junto a su chófer, en la avenida Niños Héroes, en la colonia Progreso, en Acapulco de Juárez, Guerrero.

El ataque armado ocurrió cerca de las 7:40 horas del viernes 27 de junio de 2025, cuando Piza Pérez se trasladaba por dicha avenida,.a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Aveo, color oro, junto con su escolta de seguridad.

Testigos citados por medos locales señalaron que el líder sindical circulaba junto con el escolta identificado como Roberto ‘N’, en dirección a la avenida Cuauhtémoc, metros más adelante de la Coordinación Zona Sur, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO), donde fue ultimado a tiros.

Según los reportes de la prensa local, sujetos armados a bordo de motocicletas atacaron a balazos al dirigente sindical y a su chófer cuando el vehículo se encontraba en movimiento. El cuerpo de Piza Pérez quedó sentado en el asiento del copiloto, mientras que su escolta fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital, para su atención médica.

Al momento del ataque, el escolta perdió el control del automóvil y se impactó contra el conductor de una motocicleta, quien resultó lesionado. Tras la balacera, el chofer perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y se impactó contra una barda.

Al lugar llegaron elementos de la Policías Municipal, Ministerial, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Piza Pérez cumplía su segundo mandato como dirigente de la sección, que en su mayoría está integrada por trabajadores de Saneamiento Básico municipal. La Sección 19 del SUSPEG aglutinaba a alrededor de mil 400 trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco.

El Gobierno Municipal de Acapulco condenó el homicidio de Piza Pérez y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a aquellos que resulten responsables. Asimismo, expresó solidaridad a familiares, amigos y compañeros.

La dirigente del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, condenó el asesinato del líder de la Sección 19 y exigió una investigación clara, eficaz e inmediata del crimen.

En la sección sindical existen antecedentes de violencia contra sus dirigentes. El último ataque a un líder de la Sección 19 del SUSPEG ocurrió el 20 de enero de 2022, cuando hombres armados dispararon contra el automóvil del entonces secretario general, Mario Alonso Quevedo, quien resultó herido junto con dos acompañantes. El hecho violento fue reportado cerca de la calzada Pie de la Cuesta, cerca del extinto Diario 17.

Anteriormente, el 6 de diciembre de 2013, el dirigente de esa misma sección sindical, Fernando Vázquez Bustos, fue asesinado dentro de su vehículo, muy cerca de su domicilio particular, en la colonia Postal.

Vázquez Bustos, de 52 años de edad, fue interceptado por un hombre armado que le disparó cuando salió de su vivienda y abordó su vehículo. Los agresores le dejaron una cartulina con un mensaje del que no se dio a conocer el contenido.

Desde la panorámica que ofrece el cerro erosionado de la mina El Bermejal se aprecian los hoyos en los diferentes niveles del suelo cargados de una agua arcillosa. Son los óxidos de sulfuros que en esta temporada de lluvias son más evidentes en todo el complejo de minas de Carrizalillo, el ejido de Eduardo Neri, que empresas mineras han explotado por 20 años para sacar oro.

En todo este tiempo, el cerro fue mordisqueado para extraer el metal. Los diferentes niveles de suelo que ahora se aprecian en el cerro son los tajos, un método utilizado en la minería a cielo abierto que se practica en casi todo el ejido. También hay algunas minas subterráneas.

Los charcos arcillosos en realidad están por casi todo el espacio que ocupa el complejo minero porque en estos días, como en diferentes puntos del estado, llueve de manera recurrente en Carrizalillo, donde viven unos 1,500 habitantes, de acuerdo con el último censo oficial.

Los ejidatarios sostienen, ahora que la empresa justifica su salida en que las minas de Carrizalillo ya no le son rentables, que el problema en la recuperación es el tipo de procedimiento que usan para la separación de los minerales; les proponen que cambien a una planta CIL (Carbón in Leach), aun cuando represente una fuerte inversión económica, porque así sería su aprovechamiento.

Riesgos causados por la extracción de oro mediante minería a cielo abierto

Lo que sabe el presidente del comisariado es que las bombas con solución cianurada en los patios lixiviados deben trabajar las 24 horas para que no haya riesgos de un derramamiento del químico hacia la zona habitacional del pueblo, por eso permiten el paso de los trabajadores de esta área, pero no hay mucho personal que vigile este procedimiento. El bombeo hace que las sustancias se descarguen en las piletas donde se completa el proceso de separación de los metales de las rocas.

Acapulco fue escenario de un nuevo episodio de violencia tras el incendio de un autobús de transporte público con cinco personas al interior, en el segundo ataque de este tipo en menos de 24 horas.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado en la colonia La Laja, elevando a seis el número de víctimas calcinadas en unidades de transporte desde el viernes, de acuerdo con reportes de medios locales.

De acuerdo con estas informaciones, alrededor de las 22:40 horas, sujetos armados abandonaron una unidad de la ruta Hospital-Vacacional-Centro en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, cerca de la calle 6 de Enero. Minutos después, un grupo de hombres descendió de un vehículo Nissan Tsuru para rociar combustible y prenderle fuego al autobús antes de huir.

Bomberos lograron sofocar las llamas, pero al interior encontraron cinco cuerpos calcinados, cuyas identidades aún no han sido establecidas. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes, mientras que la escena fue resguardada por policías ministeriales, Guardia Nacional y Marina.

Al menos dos personas murieron tras el paso de Erick en Guerrero y Oaxaca, luego de que tocó tierra la madrugada del pasado jueves en las costas mexicanas como un huracán 3 de la escala Saffir-Simpson (de 5), confirmaron autoridades estatales.

En Oaxaca, un hombre murió electrocutado cuando ayudaba en tareas de remoción de escombros en la zona de un arroyo, donde manipuló cables de alta tensión, informó el gobierno estatal. Por su parte, las autoridades de protección civil reportaron la muerte de un niño en la localidad de San Marcos, en Guerrero, tras ser arrastrado por un arroyo cuando su madre intentó cruzarlo con él en brazos.

El paso del huracán dejó afectaciones en comunidades costeras como Lagunas de Chacahua, en Oaxaca, donde fueron destruidos techos de palma, y Puerto Escondido, donde embarcaciones de pescadores locales se vieron dañadas.

En Guerrero y Oaxaca se reportan inundaciones en las calles y casas, vehículos varados y árboles y postes caídos, así como quedaron escombros en las vías públicas. “Fue muy fuerte, muy feo. Todo el pueblo está sin casa, sin ropa, no tenemos ayuda”, dijo Francisca Ávila, de Oaxaca.

Erick fue el primer huracán de la temporada 2025 que impactó en territorio mexicano y ha sido el más poderoso registrado para un mes de junio. “Tengo 64 años, esto no lo había visto nunca”, aseguró un vecino cuya casa fue destruida parcialmente por la lluvia, las rachas de viento y los corrimientos de tierra.

De acuerdo con especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la intensificación rápida de los ciclones tropicales, como sucedió con Erick o con Otis en 2023, serán con más frecuencia. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán bajó su categoría a depresión tropical, pero sus desprendimientos nubosos provocarán lluvias de intensas a torrenciales, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y olas de hasta 2.5 metros de altura.

Silvia, quien rondaba los 30 años, llegó quejándose de un agudo dolor en el abdomen el pasado lunes por la noche al campamento de los ejidatarios y parcelarios de Carrizalillo, instalado en una de las casetas que tenía la minera canadiense Equinox Gold en el camino hacia el pueblo. Al día siguiente murió en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, por un probable tumor en el estómago del que nunca supo.

La médica Nancy Olivia Guzmán, una de los tres doctores que atienden la Casa de Salud en Carrizalillo, dijo que la muerte de Silvia pudiera tener alguna relación con enfermedades asociadas a la explotación minera.

El de Silvia fue un deceso rápido e intempestivo. El presidente del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña, recibió ese martes la noticia por teléfono y exclamó con sorpresa: “¡Se murió!”. Para ningún habitante es una información ajena, porque si no son familia, seguro se conocen.

La Casa de Salud, que atiende diariamente entre 10 y 20 personas, depende en este momento en un 100 % del Comisariado Ejidal de Carrizalillo. El financiamiento de las acciones de la mesa ejidal está vinculado a su relación con la empresa, por lo que el funcionamiento de los servicios de salud se sostienen, en realidad, con las reservas presupuestales que la mesa tiene previstas para este año.

El presidente del comisariado, en una actitud optimista, cree que pueden mantener los gastos de la Casa de Salud por seis meses o, quizá, un año, pero en un golpe de realidad, la médica Nancy le dice que los tratamientos que ofrecen son costosos, porque atienden padecimientos derivado de la contaminación por la explotación minera. 

Cada mes, dice la médica, se podrían gastar en medicamentos hasta 700 mil pesos, de esos, la empresa daba unos 200 mil, y la mesa ejidal ponía el resto.

Las enfermedades más comunes en el pueblo son las respiratorias, de la piel y las oculares. “Una tos te dura normalmente una semana, es el ciclo normal de la enfermedad, aquí nuestros pacientes duran hasta tres meses, no les funciona un jarabe, una pastilla, los tenemos que nebulizar. Es una de las preocupaciones ahora que no tenemos el ingreso de la mina, son medicamentos caros; las ampolletas nada más para nebulizarte cuestan casi 600 pesos, además de los aparatos e insumos de ese tratamiento” agrega.

Ejidatarios de la sierra de Coyuca de Catalán solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la instalación de una Base de Operaciones Mixta (BOM) con personal del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, tras los ataques armados que ha padecido la población en los últimos días.  

Además, solicitaron de manera urgente víveres y medicamentos, debido a que los caminos se encuentran bloqueados por presuntos criminales.

El Colectivo de Desaparecidos Guadalupe Rodríguez Narcizo exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero entregar esta semana el cuerpo de José Vázquez Culebrina, a quien desaparecieron en 2013, halló la Fiscalía en 2015, pero notificó a familiares hasta diciembre de 2024 y, ahora, no lo halla entre decenas de desaparecidos.

Vázquez Culebrina, entonces de 32 años, era trabajador del Ayuntamiento de Chilpancingo, se desempeñaba como conductor de un carro recolector de basura. El 5 de junio se cumplieron 12 años que se lo llevaron hombres armados al salir del Rastro Municipal, al norte de la ciudad.

El Colectivo advirtió este martes a la FGE que esperará toda la semana para tener información veraz acerca de los restos de José Vázquez, de no ser así, a partir del lunes 15 de junio procederían legalmente contra la institución, además de otras acciones como marchas y plantones en la Fiscalía.

El Colectivo Guadalupe Rodríguez exige desde hace alrededor de cinco años la creación del Centro Estatal de Identificación Humana, como ya lo tienen otros estados del país, precisamente para que los restos de las personas desaparecidas tengan el tratamiento adecuado.

Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno estatal, se quejó, es decir que fortalece las comisiones de búsqueda con más recursos económicos.

A inicios de mayo, el Subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Arturo Medina, articuló la voz oficial del Estado mexicano, para el reconocimiento internacional y la disculpa pública ofrecida por la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, ocurrida el 24 de octubre de 2012, cuando un comando armado entró a su casa en Iguala, Guerrero, y se la llevó de manera forzosa. Tenía entonces 19 años y casi 13 años después, continúa desaparecida. 

La disculpa fue consecuencia del dictámen emitido por el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) que halló responsable a México de haber discriminado y criminalizado a la joven desaparecida y a su familia, dilatando la investigación criminal y omitiendo cualquier mecanismo para buscarla, ignorando el contexto de violencia extrema y predominio del crimen organizado que vivían entonces en Iguala y que, en 2014, se volvió tristemenente conocido como el sitio de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Así como las Naciones Unidas han hecho énfasis en sus condenas previas a México, en la relación entre la violencia machista y feminicidio; este caso sentó un precedente por su denuncia del vínculo entre la desaparición de mujeres “como una de las representaciones más graves de la violencia de género” y la dificultad para su reconocimiento cuando la delincuencia organizada participa en los crímenes. 

Conocida como la “sentencia CEDAW sobre la desaparición de mujeres”, el dictámen del caso de Ivette Melissa incluye varios puntos extra, que exigen al Estado una política eficaz para proteger a las mujeres “en contextos de extrema violencia”. Eso vale incluso para su madre, Sandra Luz Román Jaimes, principal artífice de este proceso que puja por la justicia, quien pidió a las autoridades presentes en el evento, su compromiso de brindarle seguridad a ella y a su familia, para continuar en este camino. 

El caso fue presentado para el análisis del Comité por la organización civil Idheas Litigio Estratégico en octubre de 2019, fue aceptado en 2020 y dictaminado el 24 de octubre de 2022, al cumplirse diez años de la desaparición. El Estado tardó otros dos años y medio en ofrecer la disculpa, catalogada como “un primer acto de reparación”, por el encargado de la oficina del Alto comisionado para las Naciones Unidas en México, Jesús Peña Palacios. 

Una red

Ivette Melissa conoció a su novio estudiando en Iguala y fue madre a los 16 años, tras lo cual se mudó a vivir con la familia de su pareja, un joven de su edad. El maltrato en ese sitio comenzó pronto, fue obligada a cortar el contacto con su familia y aislada, signos reconocidos como episodios de violencia machista. La familia de la joven madre también reconoció la violencia que envolvía a Ivette, quien comenzó una segiudilla de escapatorias de su familia política. Mientras su madre y sus hermanos, intentaban auxiliarla, del otro lado emergió la figura de su suegro, el padre de su pareja, llamado Humberto Velázquez Delgado, como el personaje que mandataba la violencia. 

Vélazquez Delgado era entonces comandante de la policía ministerial de la Fiscalía de Guerrero, y acumulaba una larga trayectoria, -desde los años 90- de denuncias en su contra por violencia policial y señalamientos de su vinculación con el grupo criminal, Guerreros Unidos. A pesar de las múltiples evidencias que se acumularon contra él durante la década que lleva abierto el caso, nunca fue citado a declarar. Fue asesinado en su tienda de equipamiento militar en Iguala, en la tarde del 21 de junio de 2021. 

Así como las autoridades se negaron a citar al identificado agresor, las autoridades ignoraron este contexto de violencia criminal como un hecho vinculado a la desaparición de la joven. Incluso existe un antecedente en el expediente, señalado por las abogadas de Idheas, dónde se argumentó no encontrar elementos para acreditar la razón de género como motivo de su desaparición. 

“Estamos ante un caso emblemático, y aunque no puede considerarse suficiente por sí misma, esta disculpa implica reconocer, de manera explícita y oficial, la existencia de una violencia estructural en contra de las mujeres, y asumir la responsabilidad por las omisiones institucionales graves, que permiten esta violencia extrema”, sostuvo Frida Velázquez, representante legal de Idheas. 

Luz en el camino

Sandra Luz Román Jaimes, madre de Ivette Melissa, recorrió (y aún recorre) un tortuoso camino en pos de la justicia, ya que las amenazas continuaron hacia ella y su familia, una vez que su hija fue desaparecida. Los primeros dos años los sufrió casi en soledad, cobrándole a su salud y cambiando su vida por completo, dedicándola a la búsqueda. La familia recibió otro duro golpe cuando su sobrina y prima de Ivette, Norma Angélica Bruno Román, fue asesinada por el grupo criminal, frente a sus hijos pequeños. Su muerte continúa en la impunidad. 

Por eso, cuando en 2014 explotó la atención sobre las desapariciones en México, tras la desaparición de los 43 normalistas, Sandra junto a otras familias igualtecas claves para este país, -como la familia Vergara, por ejemplo- fundaron “los Otros desaparecidos” y surcieron el camino a la justicia que abrió el Comité de madres y padres de los 43, hacia el resto de las familias que sufren la desaparición de uno de los suyos. 

Tres años después, fundó su propio colectivo Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos AC y desde entonces, ha sido referente para acompañar a otras familias que pasan por lo mismo. Durante el acto de disculpa pública, las compañeras del colectivo llenaron los espacios disponibles para los invitados de la familia. 

En entrevista con Desinformémonos, Sandra contó que han conseguido que la justicia emita algunas órdenes de aprehensión referidas al caso; y que como parte de este proceso de reparación, buscan que se instale una placa en Iguala, en memoria de su hija. También que el dictámen de CEDAW ha permitido la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con ellos han retomado las búsquedas en vida en el vecino estado de Morelos, dónde trabajaron la última semana de mayo, y la primera quincena de junio. “Estoy emocionada, no tengo palabras, pero esperemos que en todo lo que se comprometió el Estado, la Federación y las autoridades internacionales sigan apoyándome, y que no termine yo en un ataúd, como varias de las buscadoras que buscan como yo”, concluyó.

La estudiante Diana Estefani López de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) fue localizada sin vida ayer en un canal pluvial ubicado en la colonia Morelos, del municipio de Acapulco, Guerrero. La joven de 18 años fue vista por última vez el jueves a las 19:00 horas en el parque Los Palomares de la Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en la zona poniente.

Las autoridades dieron con Diana Estefani gracias a una denuncia ciudadana que reportó la presencia de un cuerpo cerca del canal de agua. Alrededor de las 12:00 horas de este viernes, elementos ministeriales encontraron a la joven sin vida, entre la calles Corregidora y Francisco I Madero.

De acuerdo con medios locales, los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco dijeron que la causa de muerte habría sido un golpe en la cabeza ocasionado por caer de una altura de aproximadamente cuatro metros. Sin embargo, la UAGro señaló en un comunicado que la joven fue víctima de secuestro y posteriormente asesinada.

"La Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAGro en voz de su comunidad estudiantil, docente, administrativa y directiva, expresa su más profundo dolor, consternación e indignación por el atroz crimen cometido en contra de nuestra estudiante Diana Estefani López Vargas, quien fue víctima de secuestro y lamentablemente privada de la vida este día en el puerto de Acapulco", expresó en un comunicado.

Tres muertos y el comisario municipal herido fue el saldo de un ataque armado en la comunidad de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente.

Además, nueve agentes de la Guardia Nacional (GN) resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en una emboscada en un camino hacia la sierra de Zihuatanejo, informó el subsecretario del gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.

El ayuntamiento de Acapulco intenta impedir que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) revise las finanzas municipales por un supuesto manejo irregular de 898 millones de pesos, entregados por el gobierno federal a la alcaldesa Abelina López Rodríguez, para la reconstrucción del puerto después del paso del huracán Otis.  

La morenista interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que alega que la auditoría estatal no tiene competencia para revisar el manejo de recursos federales entregados al municipio, y que sólo le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las autoridades estatales de Guerrero acusan a López Rodríguez por presuntamente malversar el dinero durante el ejercicio fiscal del 2023, año en que el huracán “Otis” tocó tierra y el gobierno federal entregó recursos para la reconstrucción.  

Ante esto, la alcaldesa de Acapulco declaró que recurrió a un juicio de amparo para proteger su integridad y aseguró que hay una persecución política en su contra.  

“Nuestra administración ha afrontado severas adversidades y las hemos superado sin solicitar créditos, sin endeudar a la ciudad y sin afectar a la ciudadanía. Quienes no conocen el trabajo honesto buscan ensuciar por medio de la burda acusación sin fundamento”, declaró la alcaldesa a través de redes sociales. 

El marzo pasado, Félix Salgado Macedonio publicó en sus redes sociales que no buscaría la candidatura a la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones locales del año 2027 por ser fiel a los estatutos de Morena y a la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con el nepotismo político.  

“Es muy temprano para hablar de candidaturas, cerraré mi pico, respaldo con todo mi amor a morena, a la 4T y a mi gran presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy joven y me puedo esperar hasta el 2033 y con esto cierro el capítulo”, escribió el senador en su cuenta de Facebook. 

La morenista Abelina Rodríguez se perfilaba como una de las aspirantes más claras a la gubernatura, puesto que dirige el municipio más poblado del estado y fue reelegida en su cargo por los habitantes de Acapulco.

El exregidor y operador político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Fernando Salmerón Feliciano, fue asesinado este domingo afuera de su domicilio ubicado en el barrio de San José, en la cabecera municipal de Chilapa, en el estado de Guerrero.

Los primeros reportes de seguridad confirmaron que el homicidio de Salmerón Feliciano, ocurrió alrededor de las 08:30 horas, por sujetos que lo esperaban fuera de su domicilio. Los perpetradores del crimen le propinaron al menos seis disparos al exregidor, según indicaron las indagatorias iniciales.

Era sabido que Salmerón Feliciano formaba parte de la clase política local identificada con el PRI de la entidad. Formó parte del grupo que encabezó el exalcalde de Chilapa, Javier García González, de quien fue su principal operador político.

Como parte de su carrera política reciente, Salmerón Feliciano, se desempeñó como Secretario general del Ayuntamiento durante la Administración 2012-2015, durante la presidencia municipal del mencionado García González. Posteriormente, entre los años 2015-2018, fungió como tesorero del del Alcalde Jesús Parra García, también del PRI.

Isaías Rojas Ramírez, militante del Partido del Trabajo (PT) y presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, murió el lunes 2 de junio de 2025, tras el ataque a balazos que sufrió la madrugada del miércoles 28 de mayo del mismo año, junto con su esposa, cuando viajaba en una camioneta sobre la Autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco.

El alcalde del municipio de la región de La Montaña guerrerense, falleció en el Hospital General Doctor Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo de los Bravo, donde fue intervenido quirúrgicamente al menos dos veces, después de que se le declarara en estado crítico.

La madrugada del miércoles 28 de mayo de 2025, Rojas Ramírez fue herido de tres impactos de bala, uno en el tórax y dos en el abdomen, al resistirse a un asalto por un grupo de hombres armados, cuando circulaba sobre la Autopista del Sol, a la altura de la comunidad Huitziltepec, en Zumpango del Río, cabecera municipal de Eduardo Neri.

El alcalde no detuvo la marcha de la camioneta pick up, marca Nissan, modelo Frontier, color blanco, motivo por el cual los sujetos armados le dispararon a él y a su esposa. Rojas Ramírez regresaba de la Ciudad de México, donde había realizado gestorías ante el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el ataque, Almari González Romero, cónyuge del alcalde, recibió un rozón en el abdomen, herida que no ameritó hospitalización. Sin embargo, la noche del 1 de junio de 2025, la mujer fue ingresada a un hospital, tras sufrir una crisis nerviosa, derivado de que los médicos le informaron que su esposo podría fallecer.

Tras el intento de supuesto asalto, la pareja herida pidió auxilio al número de emergencias 911 y logró llegar hasta la zona norte de Chilpancingo de los Bravo, donde paramédicos de Protección Civil brindaron las primeras asistencias y los trasladaron al Hospital General Doctor Raymundo Abarca Alarcón.

La gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda informó del fallecimiento del presidente municipal de Metlatónoc, expresó su pésame a la familia y pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) guerrerense, esclarecer los hechos a la brevedad.

“Lamentablemente me han informado del fallecimiento del alcalde de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, mientras recibía atención médica.Desde el primer momento instruí a las áreas de salud, gobernación y seguridad para que se le brindara todo el apoyo necesario”, escribió la gobernadora, en su cuenta de la red social Facebook.

“A su familia y al pueblo de Metlatónoc les expreso mi más sentido pésame y toda mi solidaridad. Como titular del Poder Ejecutivo del Estado, reitero mi llamado a la Fiscalía General del Estado para que los hechos se esclarezcan a la brevedad y no queden impunes”, agregó la mandataria estatal, militante de Morena e hija del senador Félix Salgado Macedonio.

El 28 de mayo de 2025, Francisco Rodríguez Cisneros, titular de la Subsecretaría de Asuntos Políticos y Sociales, de la Secretaría General de Gobierno estatal, informó que el presidente municipal de Metlatónoc fue internado en un hospital.

El mismo día, en un comunicado membretado por el PT y firmado por Victoriano Wences Real, en su calidad de Comisionado Político Nacional, así como por “integrantes” de la Coordinadora Estatal en Guerrero de ese partido, se condenó “enérgicamente la agresión con proyectiles de arma de fuego” en contra de Rojas Ramírez.

“Exigimos al Fiscal General del Estado, una investigación profesional, exhaustiva, pronta y expedita, en donde se contemplen todas las líneas de investigación y a la brevedad se detenga a los responsables y se judicialice la carpeta de investigación por el delito de lesiones intento de homicidio y lo que resulte, para que de esta forma sus familiares reciban justicia de manera pronta y expedita”, subrayaron los dirigentes del PT.

“Es innegable que nuestro estado adolece de condiciones de seguridad que garanticen el libre tránsito de automovilistas por la carretera señalada, cuyos puntos críticos son sumamente conocidos por las autoridades”, abundaron los militantes del Partido del Trabajo.

“Exigimos al gobierno federal y al gobierno del estado, se garanticen mejores condiciones de seguridad no sólo en la referida autopista sino en todo el estado ya que actualmente existe una profunda crisis de inseguridad que afecta a todos los ciudadanos, asimismo les exigimos trabajen de manera coordinada con las autoridades investigadoras para que este hecho lamentable no permanezca impune”, finalizaron los dirigentes del PT.

Rojas Ramírez fue suplente de Wences Real, en la diputación federal de 2021 a 2024. Luego, en julio de ese último año, tras ganar la elección en su municipio, fue designado coordinador de los 15 alcaldes que fueron postulados por el Partido del Trabajo en Guerrero.

El 29 de marzo de 2025, Juvenal Calleja Peralta, coordinador del Partido del Trabajo en el municipio de Copanatoyac, también la región guerrerense de la Montaña, fue asesinado por impactos de bala.

Según lo indicaron en un comunicado emitido por el PT Guerrero, en el ataque armado murieron la esposa de Calleja Peralta y tres integrantes de su familia, entre ellos su hijo de seis años de edad. El crimen múltiple ocurrió en la comunidad de Laguna de Membrillo, en el municipio de Zapotitlán Tablas.

Asimismo, el 30 de julio de 2023, en ese mismo tramo de la Autopista del Sol, un grupo de hombres armados asesinaron al empresario José Guadalupe Fuentes Brito y a su hijo José Manuel Fuentes, cuando viajaban en una camioneta. El primero era tío Rubén Hernández Fuentes, pareja sentimental de la gobernadora y titular de la Coordinación Operativa de la Oficina de la Gubernatura, en la Administración de Salgado Pineda.

De 2022 a la fecha van cuatro alcaldes en funciones y uno electo asesinados en Guerrero, entre ellos Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo de los Bravo, quien fue encontrado decapitado el 6 de octubre de 2024.

Además del alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, quien fue asesinado por pobladores, el 20 de junio de 2024. Mientras que el 5 de octubre de 2022 fue asesinado el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, en una masacre que dejó 20 muertos.

Esta madrugada el alcalde de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez y a su esposa Almari González resultaron heridos por disparos de arma de fuego tras un intento de asalto en la autopista del Sol, informaron autoridades.  

Los primeros reportes indican que alrededor de la 1 de la mañana, el edil y su esposa circulaban por la autopista del Sol en una camioneta pick up Nissan Frontier color blanco cuando, en el punto conocido como “los túneles” a la altura de Huiziltepec, municipio de Eduardo Neri, hombres armados los intentaron interceptar para presuntamente despojarlos de la unidad.

Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) de la CNTE colapsaron el tránsito de Chilpancingo al bloquear sus principales avenidas. 

También cerraron la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir la derogación de la ley del ISSSTE.