Al preguntar a la Secretaría Anticorrupción la razón por la que los contratos de Ethomedical no estaban disponibles, el área de prensa respondió que se trataba de adjudicaciones directas, “por lo que los documentos adicionales están bajo control de la Unidad Contratante”.

Con las adjudicaciones disponibles a finales de año en la plataforma, los restablecidos en marzo, y decenas de solicitudes de transparencia se pudo comprobar que las empresas vendieron hasta 885 % más caras las medicinas. 

Aunque en el desarrollo de esta investigación se detectaron inconsistencias en los contratos registrados a nombre de la empresa con vínculos con el yerno de una gobernadora morenista, no es el único ‘error’.

Funcionarios del IMSS explicaron que suelen ocurrir errores de registro en Compranet sin ser corregidos porque la antigua plataforma no permitía hacer modificaciones una vez publicada la información. 

Animal Político verificó la información con las facturas entregadas vía transparencia por el IMSS y se confirmó en la Cuenta Pública que Sinaloa gastó 2 mil 608 millones de pesos en la compra de medicinas ese año. 

De ahí que, para esta investigación, se descartaron estos cuatro contratos a la hora de contabilizar los recursos entregados a Ethomedical. Únicamente se consideraron los 1 mil 134 millones de pesos de 756 contratos cuya existencia se pudo confirmar a través de Compranet, solicitudes de información y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Pero aún cuando se establecieran los parámetros para las excepciones, por primera vez en tres décadas se volvió a permitir que las negociaciones de contratación del gobierno sean de forma privada, sólo con la participación de ciertos funcionarios con empresarios, y sin que los ciudadanos puedan vigilar cada paso del proceso en tiempo real. 

“En casos excepcionales y justificados, la Secretaría podrá autorizar que se lleven a cabo los procedimientos de contratación sin utilizar la Plataforma, conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento de esta ley”, establece el artículo 74 de la Ley de Obras reformada. 

También habrá excepción de transparencia de contratos dentro de Compranet para el Ejército cuando ejecuten obras en el marco de convenios intergubernamentales para “proyectos prioritarios”. 

Además se incluye una nueva figura llamada “diálogo competitivo”, donde la institución entabla un diálogo con los proveedores interesados para dar a conocer información sobre los bienes o servicios que se busquen adquirir. La negociación continuará hasta alcanzar un acuerdo benéfico para la institución. 

Aunque este método se ocuparía para bienes o servicios especializados para generar un proceso de contratación colaborativo, el Instituto Mexicaro para la Competitividad (IMCO) alertó la necesidad de realizar un monitoreo constante, debido a que los diálogos entre funcionarios y empresas incrementa el espacio de contacto y  el riesgo de corrupción.

Estas adecuaciones son contrarias a los criterios de máxima transparencia impulsados en 20 años de reformas en la materia, que consideraba que todo ciudadano tenía derecho a conocer absolutamente todo lo referente a cualquier contratación pagada con recursos públicos; salvo excepciones como afectar la seguridad nacional en caso de que la información se hiciera pública. 

Con la reforma de la presidenta también se eliminó Compranet y en su lugar crearon la Plataforma Digital de Contrataciones, aunque especialistas advirtieron la falta de certeza sobre el traspaso del archivo histórico de contrataciones de 30 años y que abarcan los gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco hay seguridad de que cualquier persona pueda obtener información vía transparencia de las negociaciones, por ejemplo, en los “diálogos estratégicos” o de aquellos contratos que no se publiquen en Compranet. 

El gobierno de Sheinbaum desapareció el INAI, el organismo autónomo de acceso a la información. Aunque supuestamente el derecho a la información seguirá siendo ejercido a través del nuevo organismo, Transparencia para el pueblo, éste estará a cargo de la Secretaría Anticorrupción. Es decir, el gobierno será juez y parte para definir si entrega o no información.

De ahí que desde hace 22 años, académicos, activistas y periodistas impulsaron la creación de un organismo autónomo para dirimir estas controversias de acuerdo a la Ley de Transparencia. Por ejemplo, si una dependencia se negaba a entregar información a un ciudadano que la solicitaba, el INAI analizaba la solicitud y en caso de que las personas tuvieran la razón, obligaba a los funcionarios públicos a entregar la información pública. 

Ahora, un ciudadano podrá solicitar información a través de Transparencia para el pueblo, pero si se la niegan, la única posibilidad de obtenerla será interponiendo juicios ante tribunales. 

Las fallas de Compranet

Por primera vez en 26 años, Compranet estuvo fuera de servicio durante meses en dos ocasiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su gobierno decidió pasar la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, cuando la Oficial Mayor era Raquel Buenrostro, y quien ahora es titular de la la Secretaría Anticorrupción, desde donde nuevamente estará a cargo del registro de contratos públicos. 

Compranet colapsó y estuvo fuera de funcionamiento durante 17 días en julio de 2022. Luego sumó más intermitencias en 2023 y en 2024 pasó meses sin funcionar. Al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, no se podía consultar las contrataciones previas a 2022, lo que incluía todos los procedimientos de compra durante la pandemia de Covid.

En 2022, tras una primera caída del sistema, Hacienda aseguró que se debía a problemas técnicos, pero Animal Político reveló que la empresa Bravosolution México, a cargo de la operación de Compranet durante los 12 años previos, dejó de proveer el servicio desde el 31 de diciembre de ese año debido a la falta de pagos.

En 2020, tras la decisión de pasar Compranet a responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación detectó “debilidades en el registro”. En 32 mil 661 contratos, lo que representó 21.2 % del total de procedimientos realizados ese año, presentó “al menos 1 de sus 24 características sin información”. 

Además, en 2 mil 902 contratos que representan 5.4 % del total de contratos de 2020, los  proveedores no coinciden en sus números de contratos y en 2 mil 201 (5.7 %) son diferentes en la cantidad de importe de contrato.

Por ello, la Auditoría recomendó al gobierno implementar “mecanismos de seguimiento y control que permitan asegurar que se cuente con información fidedigna, confiable y relevante que contribuya a la transparencia, honradez y eficiencia de las compras y contrataciones”. 

Esto, “para medir su contribución en la atención del problema público relativo a que, las adquisiciones, contrataciones y servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector público son una fuente potencial de corrupción”.

Ethomedical vendió, por ejemplo, Bleomicina, un tratamiento contra el cáncer en 3 mil 200 pesos cada unidad a la delegación de Baja California en 2021. Aunque la misma medicina la compró en 329 pesos cada pieza el Instituto Nacional de Pediatría.

La Sitagliptina, tratamiento para diabetes mellitus –segunda enfermedad con mayor prevalencia en el país con 14.6 millones de pacientes– tuvo un sobrecosto de 617% en la delegación del IMSS de Morelos. Fue vendida en 850 pesos cada pieza en 2022, pese a que su costo en la compra consolidada fue de 118 pesos. Incluso, la vendió más cara que las farmacias comerciales, en donde puede adquirirse en 330 pesos.   

En otros casos, ni siquiera hay pruebas de que los pedidos fueran entregados completos. Guanajuato pagó 12 millones de pesos por el anticoagulante postoperatorio Enoxaparina, pero sólo recibió 10 mil de las 17 mil unidades pedidas, según el reporte de entregas obtenido por transparencia.

En la delegación del IMSS de Sinaloa se adquirieron 1,260 piezas de Carboplatino, tratamiento contra el cáncer, pero no cuentan con ninguna prueba de que haya ingresado esas medicinas.

La proveedora fue Ethomedical, una empresa cuya experiencia se resumía en dos contratos  por 2 millones de pesos en 2015, pero que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una de las favoritas. 

Fue contratada de manera directa una y otra vez hasta acumular mil 134 millones de pesos entre 2020 y 2022. Año en que, además, fue enlistada por la Cofepris como proveedor irregular por incumplir medidas sanitarias.

La bonanza de Ethomedical coincidió con la compra de acciones en 2020 por parte de María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, el socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora Nahle. 

Juntos crearon las empresas Comercializadora Delta Dibal, SA de CV y Servicios y Premezclados Forte, SA de CV en 2017 y 2018, respectivamente. Ambas empresas recibieron depósitos por 100 millones de pesos por parte de empresas que obtuvieron permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la explotación de hidrocarburos entre 2019 y 2023, periodo en el que Nahle fue titular de Energía, de acuerdo a una investigación de N+Focus.

Díaz Pérez además fue subdirector de Venta Comercial en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2019. Según su declaración patrimonial, su función era asignar contratos de bienes y servicios durante la gestión de Ignacio Ovalle, cuando ocurrieron desvíos por más de 17 mil millones de pesos. Caso investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y que tiene a tres detenidos. 

El IMSS respondió a esta investigación argumentando que no hubo impedimento para contratar a estas empresas y que los precios de las adquisiciones resultan de una investigación de mercado que toma en cuenta distintos factores. (Aquí puedes consultar el cuestionario al IMSS y sus respuestas)

En tanto, Birmex y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, no respondieron a la solicitud de entrevista.

Unos se enriquecen, otros se endeudan para salvar la vida

Mientras las empresas Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales vendieron medicinas a sobreprecio, otros, como Sara Montenegro, tuvieron que hipotecar su único patrimonio para poder pagar su tratamiento y salvar su vida. 

A los 58 años, Sara fue diagnosticada con cáncer de mama en Baja California. Era un periodo complicado porque todos los servicios de salud públicos estaban abocados en atender la pandemia de Covid en 2020, aún cuando enfermedades como la suya no pueden esperar. Afortunadamente tenía contratado un seguro contra cáncer con el que pudo cubrir la cirugía y cuatro quimioterapia. 

Sin embargo, tres años después, el cáncer regresó. Esta vez fue en el colon, pero en la clínica 20 de Tijuana le dijeron que el aparato para la radioterapia estaba descompuesto y tal vez lo repararían en diciembre, aunque no le aseguraban la fecha de atención porque había lista de espera. 

La mujer, que había dedicado 27 años de su vida al IMSS como asistente médica, decidió empeñar su único patrimonio: su casa. Consiguió 500 mil pesos y con eso pagó las sesiones de radioterapia en privado. Gracias a eso pudo salvar su vida por segunda vez.

Pero aún debe tomar exemestano, tratamiento para la remisión del cáncer de mama, por cinco años. Cada mes acude a su clínica, pero “a veces voy y no hay. En los últimos dos años he batallado más. Antes me decían que una semana y sí me la daban, pero de dos años para acá ha sido peor. Esta vez duraron dos meses para surtir una caja”. 

Cuando no se la dan, Sara debe gastar 4 mil pesos por el medicamento, y también solventar las tomografías, colonoscopias y resonancias magnéticas para monitorear su estado de salud y confirmar que el cáncer no regrese.

A partir de su experiencia forma parte de grupos de Facebook donde otros pacientes exponen sus casos y entre todos se ayudan. Hacen rifas, se regalan medicamentos que les sobran o hacen coperacha para pagar medicinas. Aún así, no todas son historias de éxito. 

“Hay gente que se ha muerto, me consta, porque no les han dado el tratamiento y no tienen la solvencia para comprarlo. A veces ya no tengo ganas ni de estar peleando. A veces ya no tenemos la esperanza de que esto mejore”, dice. 

El caso de Sara no es aislado. Datos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), en la que se demuestra que el gasto que hicieron los ciudadanos en 2022 para compra de medicinas creció en 39% en comparación con 2018; y los más pobres, incluso, gastaron el doble de recursos.

Ethomedical, beneficiaria del sobreprecios

Aunque Ethomedical fue creada en 2014, en 2020 María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, compró acciones de la empresa, y en 2022 sumó al hijo de ambos, Daniel Díaz Muñoz, quien desde 2020 también era socio de la empresa Comercializadora Delta Dibal. 

En 2022 crearon Abastecedora de Medicinas y Materiales, donde participan Muñoz Caraveo y sus otros dos hijos, Andrés Díaz Muñoz e Isabel Díaz Muñoz.

Ahora, Animal Político revela en esta investigación que los socios de Bilbao Arrieta también fueron favorecidos con contratos directos en al menos 20 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS (OOAD), antes conocidas como delegaciones estatales: Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, y Veracruz. 

Así, obtuvo 334 millones de pesos en contratos en 2020; el año siguiente, 461 millones de pesos y en 2022, 339 millones de pesos. 

Y una vez que Ethomedical fue impedida para comprarle por sus irregularidades sanitarias, entró al negocio Distribuidora de Medicinas y Materiales, SA de CV, nuevamente vendiendo a sobreprecio. Pero ésta vez también fue contratada por Birmex. Sólo en 2023 y 2024 sumó 63 millones de pesos. 

Este tipo de contrataciones encontraron terreno fértil durante los cinco intentos fallidos de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el procedimiento de compra de medicinas en busca de un mayor ahorro como parte de su política de “austeridad republicana”.

El sobrecosto también podría explicar el aumento de 29% del monto en contratos de medicinas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de Enrique Peña Nieto. Mientras en 2018 el gasto fue de 61 mil millones, en 2024 fue de 79 mil millones de pesos, como reveló Animal Político en la primera entrega de la investigación No fuimos Dinamarca.

Además, el sobreprecio tuvo como consecuencia que el gobierno gastara más, pero obtuviera menos piezas de fármacos de uso tan cotidiano en los hospitales como anestésicos (Propofol) o tratamientos para las principales enfermedades como diabetes (Sitagliptina) o cáncer (bleomicina, carboplatino, ciclofosfamida).

También para la hipertensión (metoprolol); depresión (fluoxetina), artritis (celecoxib), gota (alopurinol); colitis (mesalazina); presión alta (losartán); problemas respiratorios (salbutamol). Analgésicos como dexmedetomidina o metamizol; antibiótico para infección urinaria, meropenem; o palonosetron para prevenir el vómito tras la quimioterapia; anticonceptivos (levonorgestrel), entre otros.

En tanto, durante todo el sexenio de López Obrador hubo más desabasto en hospitales, como denunciaron el personal médico y pacientes durante los últimos seis años y cuyos datos oficiales lo confirman: el gobierno de AMLO dejó de surtir 15 millones de recetas, cinco veces más que en el de Enrique Peña Nieto.

Metodología del sobreprecio

Para esta investigación Animal Político analizó una tercera parte de los 756 contratos que Ethomedical recibió. Comparó el precio unitario de cada artículo vendido con el de las compras consolidadas, y así se detectó que el sobreprecio global alcanzó un 79%.

Luego se aplicó ese porcentaje a los mil 134 millones de pesos de todas las adjudicaciones. De ahí se calcula que el IMSS podría haber pagado 500 millones de pesos ‘de más’ a Ethomedical a causa del sobreprecio. 

También se hizo una segunda comparación, con contratos por los mismos productos, pero con otras instituciones y distintos proveedores. Se comprobó que vendió más caro que otros competidores. En este caso, el sobreprecio global fue de 63%. Un pago extra estimado de 438 millones de pesos.

Este monto es comparable con la inversión que hizo el IMSS para siete proyectos de construcción y remodelación de hospitales, y una tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional de Cardiología en 2024.

El sobreprecio

Entre los ejemplos de venta a sobreprecio de Ethomedical está un medicamento de uso tan cotidiano como el ácido acetilsalicílico soluble (aspirina). Fue vendida hasta en 41 pesos cada caja al Órgano de Operación Administrativa de Jalisco en 2021 pese a que el precio unitario en compra consolidada fue de 7.85 pesos y otros proveedores la vendieron en 11 pesos. 

El Órgano de Guerrero le compró cada pieza en 32 pesos, Nuevo León en 29.5 pesos en 2021, y Morelos, 18 pesos. En todos los casos pagaron más caro que el precio comercial en el que actualmente se vende en farmacias comerciales en versión genérica que es de 14 pesos. 

Sólo por 14 contratos por 707 mil piezas de ácido acetilsalicílico, las cuatro delegaciones del IMSS pagaron 19 millones de pesos. Con el precio de una compra consolidada, el costo hubiese sido de 5 millones de pesos. Esto implicó que el IMSS habría pagado 14 millones de sobreprecio a Ethomedical. 

En tanto, la Sitagliptina metformina fue adquirida en la compra consolidada en 2022 por 118 pesos cada caja, y otro proveedor la vendió en 247 pesos al INER, pero Ethomedical vendió cada pieza en 2 mil 190 pesos a la delegación de Querétaro, 873% más cara. 

Incluso también hubo compras fraccionadas con los que se aparenta hacer adquisiciones pequeñas, pero resultan millonarias, como lo hizo el Órgano regional del Estado de México-Oriente. El mismo día (15 de junio de 2021) hizo siete contratos por 596 mil pesos cada uno y otro por 391 millones de pesos. Al sumarlos, el monto ascendió a 4 millones 569 mil pesos. 

Se trató de la compra de 147 mil 388 piezas del analgésico Metamizol, cuyo sobreprecio fue de 283% cada pieza. Ethomedical la vendió en 31 pesos, mientras que en la compra consolidada el precio fue de 8 pesos y al compararlo con el precio ofrecido a usuarios del sistema de salud del Estado de México fue de 17 pesos. 

Sólo por este producto, el organismo del Edomex erogó 3 millones 335 mil pesos de más, toda vez que la compra, a un precio de ‘mayoreo’ sólo hubiera pagado un millón 234 mil pesos. 

Uno de los productos más vendidos por esta empresa fue el Propofol, un anestésico de uso habitual en los hospitales. Aunque especialistas y personal médico consultados aseguran que a partir de la pandemia, el costo se elevó debido a la alta demanda para la intubación de pacientes. De ahí que las instituciones de salud tuvieron que comprar a distintos precios. 

Ethomedical aprovechó la demanda de esta anestesia: consiguió 43 contratos por 148 millones de pesos. El precio unitario más oneroso fue por 1,640 pesos a la delegación de Puebla el 13 de enero de 2021. Y el mismo día la vendió a la delegación de Durango por 1,445 pesos. En adelante, la vendió en 1,400 pesos cada pieza.

Por la venta de este producto entre 2020 y 2021, comparando el costo unitario provisto por otros proveedores, 775 pesos y 1,045 respectivamente, el sobrecosto pagado a esta empresa ascendería a 56 millones de pesos. 

En tanto, por 6 mil 886 cajas de guantes de látex, el proveedor la vendió a 450 pesos cada pieza a la delegación de Chihuahua en 2021, aún cuando el precio de la compra consolidada fue de 233 pesos y otros proveedores la ofrecieron en 292 pesos. Esto resultó en el pago ‘de más’ de un millón 491 mil pesos de sobreprecio. 

Entre los 245 contratos analizados, el proveedor ofreció precios igual o menores en comparación con sus proveedores únicamente en 10 contratos. Tres de ellos que suman 186 millones de pesos fueron asignados por el IMSS central para la compra de ropa quirúrgica, cubrebocas y pruebas de covid en 2020. 

A causa de la pandemia, los precios de compra aumentaron debido a la alta demanda. Por ejemplo, la bata quirúrgica fue vendida por Ethomedical en 92 pesos, por 1 millón de piezas vendidas ganó 92 millones de pesos. En este caso vendió al mismo precio de la compra consolidada, y 4% menos que otros proveedores que la vendieron a 95 pesos.

Distribuidor irregular

Proveedores de la industria consultados a condición de anonimato afirmaron que durante el sexenio notaron que Ethomedical ganaba todos los contratos pese a ser nuevo en el negocio, y la molestia se materializó en reclamos ante la Cofepris, la institución encargada de verificar las condiciones sanitarias de productores y proveedores de medicamentos. 

La Cofepris realizó una inspección al supuesto almacén de la empresa y según dio a conocer en el boletín emitido en 2022, la catalogó como “distribuidor irregular”, “por no permitir visita de verificación”. Además de “registrar un establecimiento inexistente e incumplimientos graves como carecer de infraestructura y equipamiento para mantener la temperatura óptima de medicamentos, no contar con sistema definido de inventario y la presencia de fauna nociva”. 

En este año, la Cofepris confirmó el señalamiento e incluso informó que el establecimiento se encuentra “suspendido”, como consta en el listado oficial publicado el 21 de enero pasado. “El establecimiento cuenta con irregularidades graves y se se encuentra suspendido”.

Si bien las compras directas y a sobreprecio podrían ser justificadas por cuestiones de oferta y demanda (alza de precios) o que deben ser adquiridas de urgencia como tratamiento de “soporte de vida”, Ethomedical ni siquiera tenía experiencia probada como proveedor de grandes volúmenes de medicinas para justificar su contratación.

En cambio, está comprobado que fue poco eficiente. Por ejemplo, la dirección Regional de Occidente delegación de Guanajuato le compró 864 piezas de Colchicina –tratamiento para la gota–. Las entregas comenzaron 11 días después de firmar el contrato, el 11 de noviembre de 2021, pero las últimas entregas ocurrieron en marzo de 2022, con una sola caja en la Unidad Méxica Familiar 38 y 12 cajas en el Hospital General de Zona 3. 

Es decir, las entregas ocurrieron hasta cuatro meses después, pese a que en las compras urgentes como estas y justamente por su naturaleza, el surtimiento debe ocurrir 10 días después de la firma del contrato. 

Benefician a segunda empresa con los mismos socios

Aunque en 2022 Ethomedical fue incluida en la lista negra de la Cofepris, lo cual le impedía ser contratada por cualquier institución, esto no detuvo las ganancias para los mismos socios. 

Ese mismo año, el 8 de julio de 2022, María Teresa Muñoz Caraveo y otro de sus hijos, Andrés Díaz Muñoz constituyeron la empresa Abastecedora de Medicinas y Materiales, S. A. de C. V., y en septiembre de 2023 le cedió acciones a su hija, Isabel Díaz Muñoz.

A 14 meses de su creación, el IMSS le entregó tres adjudicaciones directas por 36 millones 400 mil pesos en 2023 y 360 mil pesos en 2024.

Nuevamente con sobreprecio. En 2023, el Órgano de Sinaloa le compró 11 mil 400 piezas de Sitagliptina metformina en 1,181 pesos cada pieza. Pero en la compra consolidada de ese año se vendió en 118 pesos, y otros proveedores la vendieron en 400 pesos al gobierno del Estado de México.

Sólo por este contrato, el IMSS pagó 13 millones 463 mil pesos. Al compararlo con el precio de una compra consolidada, esto sólo debió costar 1.3 millones de pesos; es decir, el IMSS pagó 12 millones de pesos ‘de más’.

Y el IMSS no fue el único contratante. En 2024, cuando el presidente AMLO ordenó que las compras de medicinas únicamente las haría Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ésta le dio al menos una adjudicación directa por 26 millones 690 mil pesos. 

Fue la venta de 6 mil 236 piezas de Factor VIII de la Coagulación humana, utilizada para profilaxis de sangrado quirúrgico en pacientes con la enfermedad de von Willebrand (EVW), con un precio unitario de 4 mil 280 pesos. El precio en la compra consolidada fue de 800 pesos, lo que significaría un pago de más de 21 millones de pesos. 

Cadena de mando

Todas las compras del IMSS debían ser avaladas por el IMSS central a través de las direcciones encargadas de autorizar las adquisiciones, liberar los recursos y vigilar a los Órganos de Operación de los estados. 

Todos ellos subalternos directos del director general, Zoe Robledo: Javier Guerrero, director de Operación y Evaluación, donde están adscritos los Órganos de Operación; Marco Aurelio Ramírez Corzo, director de Finanzas, responsable de los recursos del instituto; y Borsalino González, director de Administración, área donde se autorizan todas las compras, como se advierte en los Manuales de Organización del Instituto. 

Aunque los Órganos y delegaciones pueden hacer compras, estos deben justificar que necesitan ciertos fármacos debido a que, por ejemplo, un proveedor haya incumplido. Luego, áreas de la Dirección de Administración, como la coordinación de Control de Abasto deben verificar en el sistema que realmente no lo haya y avalar la adjudicación para la liberación de recursos. 

En estos casos, los funcionarios que intervinieron directamente en avalar las compras entre 2020 y 2022, de acuerdo al organigrama, fueron Jesús Eduardo Thomas Ulloa, como titular de la Unidad de Administración; Jorge de Anda García, Coordinador de Control de Abasto, Daniel Esteban Ramírez Garcen, Coordinador Técnico de Administración del Gasto de Bienes y Servicios y Karina del Rocío Sarmiento, Coordinadora Técnica de Planeación.  Sin embargo, estos han dejado de trabajar en el Instituto en los últimos meses.

EL IMSS avaló las compras a sobreprecio

El área central del IMSS avaló las compras millonarias, según demuestran documentos oficiales y manuales de operación del Instituto. 

En la documentación de la contratación que hizo el Órgano de operación administrativa desconcentrada regional del Estado de México-Oriente en 2022, por ejemplo, explica que los recursos fueron avalados por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, un área de la Dirección de Finanzas.

Esta adquisición, además, se trató de contratos fraccionados. Es decir, el IMSS dio 15 contratos por 592 mil pesos cada uno y la compra de 6 mil 300 piezas de Celecoxib, medicamento para la artritis reumatoide. 

El total de los contratos sumaron 8 millones 649 mil pesos. El costo unitario de 94 pesos es 445% más caro en comparación con los 17.25 pesos de costo en precio en compra consolidada.

En la justificación de la Adjudicación se establece que en la delegación contaba con un “dictamen de disponibilidad presupuestal previo No. 0000152492-2022 emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática de fecha 12 de mayo de 2022, para sustentar las adquisiciones en procesos locales de Bienes de Consumo autorizadas por la Coordinación de Control de Abasto”. 

En otros contratos hechos por la delegación Sinaloa con Ethomedical, incluso en el documento de pedido de medicinas, se agregó un oficio en el que la jefatura de Servicios Jurídicos, a cargo de Sandra Torres, se deslinda de la contratación. 

El documento advierte: “La validación jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia de viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y la demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirente técnica y contratante de la delegación”.