Amparándose en autorizaciones provisionales de la Semarnat basados en el decreto de seguridad nacional expedido en 2021 por AMLO, la Sedena siguió construyendo 18 obras complementarias al Tren Maya, y no fue sino cuando las acabó que presentó el estudio de impacto ambiental.
Ese decreto fue invalidado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, tras una controversia constitucional promovida por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero los estudios de impacto ambiental fueron presentados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) antes y después del fallo de la Corte, y la dependencia los mantuvo ocultos hasta marzo último, mucho tiempo después de que las obras se concluyeron y el Tren Maya comenzó a operar.
El gobierno de Sheinbaum anunció a principios de abril en una rueda de prensa de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, que buscaría resarcir los daños cometidos por la construcción del Tren Maya.
Pero la decisión de mantener ocultas las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y darlas a conocer apenas en marzo anuló cualquier posibilidad de impugnación, pese al enorme daño ecológico que se dejó en la selva de la Península de Yucatán, denunciado por ambientalistas que también interpusieron amparos que no fueron acatados, y que consideran que el actual gobierno les manda “señales encontradas”.
Estos documentos, de los cuales Proceso tiene copia, son estudios de…
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0024 de la revista Proceso, correspondiente a junio de 2025
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.
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