La apertura a la prensa y a creadores de contenido digital del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fue para que cada quien saque sus conclusiones, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. 

“Me pareció muy bien que el fiscal (Alejandro Gertz Manero) haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones”, dijo esta mañana en la conferencia presidencial.

La mandataria federal reiteró que su gobierno nunca se va a confrontar con los familiares de las víctimas.

El jueves 20 de marzo, al igual que la prensa y creadores de contenido digital, personas buscadoras ingresaron al rancho Izaguirre y calificaron la visita al sitio como un "circo, burla, farsa" por el tono de "tour" que se le dio al recorrido de un lugar de dolor, en donde hubo sufrimiento y en el que presuntamente se cometieron graves delitos.

“Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”, denunció Patricia Sotelo, quien desde hace cuatro años busca a su hija desaparecida Fanny Areli, tras la visita que colectivos y medios de comunicación realizaron al Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ofrecida por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Este 20 de marzo, madres buscadoras y colectivos denunciaron que las autoridades manipularon el predio donde el 5 de marzo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron más de 400 indicios de víctimas de desaparición, hornos clandestinos y restos humanos, de los que hoy “no hay nada” en el campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.

“Es una burla. Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas”, señalaron las madres buscadoras tras la visita en el predio. “No hay absolutamente nada de lo que intentábamos encontrar. Esto según está acordonado, pero está limpio, hasta el piso está limpio, no hay ni hojas tiradas, se nota que barrieron”, dijo una de las madres a la agencia de noticias EFE.

Los familiares que buscan a sus seres queridos acusaron que las autoridades no permitieron recorrer todo el rancho, sino únicamente a determinadas zonas, además de que no les dieron oportunidad de hacer preguntas a los peritos que trabajan en el lugar.

“Se nota que hicieron su buen trabajo para traernos aquí (para simular) no sé para qué. Entramos 10 o 15 minutos y vas como a un ‘tour’ porque estás todo acordonado y tienes que seguir en los espacios que ellos te tienen asignados y no hay absolutamente nada”, añadió la mujer que por seguridad prefirió el anonimato.

Antes de que las familias entraran al predio fueron dejadas afuera del rancho bajo el sol. La periodista Marcela Turati, a través de su cuenta de X, narró que “cuando la entrada al rancho Izaguirre se hizo embudo, las primeras madres salieron llorando; gritaban traumatizadas que el gobierno se había llevado de Teuchitlán las evidencias que tenía que mostrarles, que no había ropas, que las engañaron, que ya no sabrían de sus hijxs”. “La fiscalía había levantado todo”, añadió Turati en su publicación sobre la visita.

La visita que ofreció el Fiscal Gertz al rancho de #Teuchitlán para familias buscadoras y medios, se convirtió en una exhibición de desprecio, crueldad y maltrato a las víctimas. Lo que se les hace en lo oscurito ahora quedó televisado/1 pic.twitter.com/h12oqGvauK

— marcelaturati (@marcelaturati) March 20, 2025

En las últimas semanas, México ha sido sacudido por el descubrimiento de un centro de reclutamiento forzado y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron restos humanos y objetos personales que apuntan a una tragedia de dimensiones inimaginables. Este hallazgo ha puesto de relieve, una vez más, la profunda crisis de desapariciones que azota al país, con más de 124 mil personas desaparecidas según datos oficiales.

A pesar de la atrocidad patente, cualquier intento de crítica o cuestionamiento a la eficacia de las medidas tomadas por este y el anterior Gobierno en materia de desapariciones, ha sido rápidamente desestimado por la administración y sus simpatizantes, calificándolos como parte de una supuesta campaña orquestada por la oposición. Este enfoque defensivo no sólo limita el debate público necesario en una democracia saludable, sino que también invisibiliza las voces de las familias de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que buscan respuestas y justicia.

A pesar de que la Presidenta cambió su actitud inicial y este lunes presentó una “estrategia” para atender la grave crisis, al mismo tiempo ella y los suyos mantienen una narrativa que insiste en achacar la indignación social a una fantasmagórica oposición.

Desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la llamada Cuarta Transformación (4T) ha adoptado una postura beligerante contra la crítica, desacreditando sistemáticamente a periodistas, académicos y defensores de derechos humanos que cuestionan su administración. Según el informe sexenal Derechos pendientes de Artículo 19, durante el Gobierno de AMLO se documentaron 248 campañas de desprestigio contra la prensa y otros sectores críticos.

Este clima de hostigamiento evidencia cómo, cuando el Gobierno pierde el control de la narrativa, sus redes de apoyo se tornan más virulentas y agresivas. Las campañas de difamación y los ataques en redes sociales no sólo buscan desacreditar las críticas legítimas, sino que también intimidan a quienes intentan visibilizar las fallas del Estado en la crisis de derechos humanos que enfrenta México.

A lo largo de la campaña presidencial del oficialismo, la lucha de las familias de los desaparecidos fue relegada a un segundo plano. Mientras se eludía el tema, miles de madres seguían cavando la tierra con sus propias manos, buscando a sus hijos en fosas clandestinas. Como siempre, los tiempos de la política y los políticos son completamente ajenos a los de las víctimas.

Ahora las mujeres que encabezan esta lucha han sido doblemente castigadas: no sólo por la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y la revictimización desde las instituciones, sino por la brutalidad con la que son atacadas en redes sociales cuando exigen justicia. Los insultos, la descalificación y la violencia digital han intentado acallar sus voces, con la virulencia que caracteriza a las cuentas progubernamentales en las redes sociales. En otro ámbito, medios de comunicación inescrupulosos pretenden convertir en un talk show las contradicciones y disputas entre colectivos de búsqueda. Al final, todo abona a la estigmatización de las víctimas. Así nos mostramos como un país que no les da paz ni justicia a las víctimas, sino que las carga con todas las culpas de su propia situación.

Esta criminalización de las víctimas no es un hecho aislado, sino una estrategia que está vinculada a tendencias autoritarias dentro de cualquier sociedad. Como señaló Theodor Adorno en La personalidad autoritaria, culpar a quienes sufren, minimizar su dolor y convertirlos en enemigos públicos es una táctica que históricamente ha servido para justificar abusos de poder y reforzar regímenes autoritarios, e incluso, fascistas.

Es imperativo que el Gobierno, en lugar de descalificar las críticas, las escuche y las tome en cuenta para implementar políticas públicas efectivas que aborden la crisis de desapariciones. Es aún más apremiante que se ponga el énfasis en lo que importa. No son Loret, ni Ciro, ni López Dóriga, ni Reforma. No son las supuestas campañas millonarias “expuestas” con dudosas evidencias y metodologías. Son ellas y ellos, quienes luchan por encontrar a los suyos, quienes deben de importar. Mucho se avanzaría con recibirles y abrazarles en Palacio Nacional en lugar de vituperarles, vincularles a febriles complots -como los que Ramírez Cuevas y sus acólitos insisten en acusar- y mirarles con desconfianza.

Las víctimas consideran que la respuesta del Gobierno dada el lunes en voz de la Presidenta refleja desconocimiento, falta de compromiso real y un intento de presentar como “novedosas” medidas que ya deberían estar en marcha pero han sido bloqueadas por la falta de voluntad política.

Ni modo, de eso se tiene que hacer cargo el Gobierno. Esas críticas, duras, difìciles de digerir desde el poder, son las que se tienen que escuchar. Esos sapos y otros más hay que tragar. Si de verdad hay superioridad moral del oficialismo respecto a la oposición, deben hacer las cosas distintas a como se hicieron antes. Eso implica escuchar con humildad ante el infierno personal y colectivo que se ha dejado crecer por décadas por todos los gobiernos. Y, sobre todo, poner punto final a la tragedia ¿O entonces para qué querían concentrar tanto poder?

Sólo a través de un compromiso genuino con la verdad y la justicia se podrá honrar a las víctimas, y brindar paz a sus familias. Sólo así esta sociedad desgarrada podrá curar sus heridas. Sólo así seremos viables como país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó este viernes la decisión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de abrir las puertas del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, a medios de comunicación y madres buscadoras, pues consideró a esta una medida necesaria para que cada quien saque sus conclusiones.

Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal aclaró que la historia del país ha cambiado y actualmente la desaparición no tiene que ver con un asunto de Estado, como han difundido algunos medios de comunicación.

"Está vinculada, ahora la desaparición -y eso es muy importante- principalmente a la delincuencia organizada, porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado, el Gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del Gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora y en efecto muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas que tiene un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellas, para ser víctimas de una narrativa", sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, el 21 de marzo de 2025, que ahora tocaba a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar, “a fondo”, lo que sucedió en el rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento y crematorio clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que la indagatoria también debería hacerse con la información que otorgara la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“El anuncio de la visita del funcionario se dio a la par de la invitación para medios, colectivos y asociaciones civiles, en una convocatoria que tuvo a más de 300 personas en el lugar, sin contar las decenas de servidores públicos tanto del orden estatal como federal. La FGR, que tuvo a personal que lo representó en el inmueble, no se ha pronunciado al respecto”, indicó el citado rotativo.

“Se armó todo un teatro desde la FGR para hacernos llegar tarde aquí. Para mí es una farsa de ellos, que así la armaron, porque sabían que iban a venir ustedes y nosotros. Más que burlado por la autoridad me sentí hoy, porque literalmente nos dejó [plantados] el Fiscal. Realmente somos una burla para ellos. No nos dieron argumentos de por qué no vino, pero sí queremos dialogar con ellos o hacer un llamado para que nos atiendan personalmente”, reclamó Servín.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó a la fiscalía de Jalisco de no haber realizado las mínimas diligencias y la investigación correspondiente tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, pero especialistas y organizaciones coinciden en que la dependencia federal también tenía facultades de atracción del caso que omitió ejercer.

Sumado a ello, cuestionaron que aunque la Fiscalía tiene conocimiento desde hace al menos semana y media de la existencia del rancho y de la carpeta de investigación iniciada en la dependencia local, la atracción del caso sigue sin formalizarse. Durante la conferencia de prensa del miércoles, Gertz Manero reconoció que aún no cuenta con ningún dato concluyente, dado que sigue sin tener acceso a los expedientes y a la totalidad de la carpeta.

“La conferencia que dio el fiscal Gertz Manero se enfocó específicamente en denostar el trabajo de la fiscalía local, que sin duda las negligencias que se narraron son sumamente graves. Sin embargo, de la Fiscalía General de la República todos esperábamos que ya estuviera dando cuenta de información sobre la investigación que ellos ya tendrían que estar haciendo”, señaló César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Criticó que para este momento todavía no tengan toda la información ni hayan comenzado con los análisis periciales, técnicos y científicos que tendrían que realizarse para poder establecer la verdad de los hechos en el caso. La organización consideró sumamente grave que aún no se confirme la atracción de la investigación, por lo que debería resolverse lo más pronto posible.

“La Fiscalía General de la República, a partir del momento en que tenemos indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados. A partir del momento en que nosotros iniciemos ese procedimiento, lo primero que vamos a hacer son las diligencias”, refirió el fiscal luego de afirmar que su obligación es recibir todas las pruebas, hacerlas públicas y establecer las premisas y presunciones de los delitos federales que van a investigarse.

“También es una omisión que la Fiscalía General de la República inmediatamente que tiene conocimiento de un rancho en donde se están realizando estos hallazgos de restos óseos, ya en este momento, no realice inmediatamente el procedimiento de atracción. No se necesitaba realizar un mayor procedimiento burocrático como el que está realizando ahora para poder asumir la investigación; tendría que haberla iniciado inmediatamente atrayendo su investigación a su competencia, como lo han señalado los colectivos de personas desaparecidas y las organizaciones que los han acompañado”, añadió Contreras.

La federación tiene derecho a realizar esta atracción según el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República, que indica “la Fiscalía podrá ejercer su facultad de atracción en los casos que determine la constitución, que determine los tratados internacionales y las leyes aplicables”.

Dado que la atracción aún no se confirma, el Centro Pro se dijo preocupado de que la investigación federal que eventualmente se realice lleve al sesgo de acotar el hallazgo al de un campo de entrenamiento únicamente. Además, Gertz aseguró que si el ministerio público local, que tenía autonomía, cometió alguna irregularidad, se hará lo necesario para establecer responsabilidades de toda la cadena de mando.

La mayoría de las autoridades actuales de Jalisco que están dispuestas a cooperar con la federación ingresaron a sus funciones el 1 de diciembre. El gobernador Pablo Lemus relevó al entonces gobernador Enrique Alfaro. El fiscal estatal, Salvador González, relevó a Luis Joaquín Méndez Ruiz. Mientras que Blanca Trujillo, entonces fiscal especial en personas desaparecidas, se mantiene en la misma función, aunque un cambio a la ley orgánica de la Fiscalía la define ahora como vicefiscal en personas desaparecidas.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco aseguró, el 20 de marzo de 2025, que no era un montaje, el hallazgo de restos humanos, en las supuestas fosas tipo crematorios dentro de un predio bardeado -de alrededor de 5 mil metros cuadrados-, denominado rancho Izaguirre, que presuntamente era usado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.

“La verdad sobre los crematorios de Teuchitlán. Hoy compartimos con ustedes los videos del día del hallazgo de los restos calcinados en Teuchitlán el 5 de Marzo. Queremos dejar claro que estos no son hornos comunes, sino crematorios utilizados para calcinar cuerpos humanos”, señaló la organización no gubernamental, en su cuenta de la red social Facebook, donde también publicó videos que tomaron el día del hallazgo, en los que se observaba cómo extraen los huesos y casquillos enterrados en una de las fosas.