De acuerdo con la Secretaría de Marina, las 28 personas llegaron “por sus propios medios” al puerto de La Paz y su arribo fue considerado atípico por la ausencia de acompañantes adultos. Los marinos realizaron un operativo para auxiliar a los adolescentes, quienes fueron trasladados en el ferry Santa Marcela II hacia Sinaloa. La fiscal estatal, Claudia Sánchez Kondo, informó que la Fiscalía General de la República colabora en la investigación por “trata de personas en la modalidad de explotación laboral”.
Los menores se encuentran en un albergue estatal, donde reciben atención médica y psicológica. Según la Fiscalía, 25 de ellos declararon que viajaban voluntariamente para trabajar en la siembra de espárragos, aunque no contaban con el permiso de sus padres. Algunos portaban actas de nacimiento del estado de Chiapas y otros no han podido acreditar su nacionalidad mexicana. Traductores de lenguas indígenas han colaborado en la toma de declaraciones, y varios adolescentes ya lograron comunicarse con sus familias.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que su administración brindará apoyo integral a las víctimas: “El humanismo te obliga a atender todo sin pensar que le pertenece la obligación a tal o cual gobierno”. Para la investigadora Iliana Padilla, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el caso refleja la gravedad de la explotación laboral infantil en el campo mexicano. “Cuesta más aceptar que detrás de la migración a los campos agrícolas hay empresarios ‘respetables’ y un sistema en el que también participan las autoridades”, señaló.
AUTOR: REDACCIÓN.
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