El reporte de casi 300 páginas indicó que el Departamento de Justicia, bajo la guía de Holder, trató activamente de esconder los hechos a la familia de Brian Terry, el agente de la Patrulla Fronteriza que murió el 14 de diciembre de 2010 en un tiroteo entre miembros de esa agencia y elementos de un cartel del narcotráfico.
Terry murió debido a los disparos de una arma del operativo “Rápido y Furioso”, implementado por la Agencia de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego (ATF) entre 2006 a 2011, que permitió a delincuentes comprar armas en las tiendas de la zona de Phoenix, Arizona, con la intención de rastrearlas una vez que estuvieran en México.
El presunto asesino del agente, Heraclio Osorio-Arellanes, fue detenido en abril pasado gracias a un trabajo conjunto de fuerzas policiales de Estados Unidos y México.
Pero la ATF perdió la pista de más de mil 400 de las dos mil armas y sólo dos fueron encontradas en la escena del asesinato de Terry.
“La obstrucción del Departamento de Justicia a la investigación del Congreso contribuyó a que la familia Terry no pudiera encontrar respuestas“, señaló el nuevo informe.
Indicó que el Departamento de Justicia sabía antes de la muerte de Terry que la ATF estaba “dejando pasar” las armas a México y que algunas de esas armas estaban involucradas en el tiroteo en el que murió, pese a que lo negó en medios de comunicación.
El reporte también señaló que Holder esquivó las preguntas del senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, y engañosamente le dijo que la ATF hacía “todo lo posible para interceptar” las armas adquiridas por terceras personas para los delincuentes.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también celebró este miércoles una audiencia sobre el informe del panel en la que participaron Grassley, la madre del agente, Josephine; su vocero Robert Myer y el agente de la ATF que reveló detalles del caso, John Dodson.
Dodson dijo que debido a las revelaciones que hizo tuvo que enfrentar represalías “de altos niveles” de la ATF y del Departamento de Justicia y aseguró que hay una lista de personas que conocen más sobre “Rápido y Furioso” pero que temen hablar por represalias.
Josephine exigió con lágrimas en los ojos y un retrato de su hijo en uniforme militar “respuestas completas” en el caso al señalar que “nuestro país merece la verdad, sin importar cuán embarazoso sea”.
Robert Myer, primo de Terry y vocero de la familia, pidió al gobierno de Donald Trump aplicar el “privilegio ejecutivo” en relación con la operación para que sean liberados más documentos que están sellados sobre la operación, luego de que en 2016 la jueza federal Amy Berman dictaminó que la Casa Blanca no puede invocar ese privilegio.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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