Nacional

Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Estados

Política

Violencia

Niegan amparo a comunidades de Chiapas contra autopista Palenque-San Cristóbal

Una juez federal negó el amparo que comunidades de Chiapas interpusieron contra la súpercarretera Palenque-San Cristóbal, cuyas obras fueron inauguradas en junio a pesar de las “consultas amañadas”, la falta de información y transparencia sobre el impacto ambiental y cultural del proyecto, y las amenazas por parte de autoridades a las poblaciones tseltales y tsotsiles que se oponen a la construcción.

La juez primera de distrito Doris Yadira Ponce Figueroa negó la suspensión provisional y definitiva solicitada por los pueblos, que desde hace más de 20 años luchan contra el megaproyecto carretero, bajo el argumento de que “las personas quejosas no probaron la omisión reclamada”.

De acuerdo con los abogados y organizaciones que acompañan a las comunidades, la decisión de la juez fue “sin estudiar el fondo ni contemplar que la naturaleza de la omisión de dar información es una carga probatoria que el gobierno debe desvirtuar, no las personas quejosas”.

Añadieron que la resolución de Ponce “deja en un estado de indefensión a las comunidades indígenas, pues permite que la vía continúe su curso sin que los afectados tengan información certera sobre detalles del proyecto y el impacto que ocasionará en los territorios y en su cultura”.

Los acompañantes legales de las comunidades tseltales y tsotsiles que se oponen a la carretera acusaron que con su decisión la juez “ha sido omisa en reconocer la relación que guarda el derecho de acceso a la información ambiental oportuna en procesos de consulta pública y la destrucción ambiental”, lo que representa un “daño irreparable” para el territorio y el medio ambiente.

Finalmente, precisaron que por ahora el trámite estará suspendido hasta que se resuelva un recurso de queja interpuesto por la Secretaría de Infraestructura del estado de Chiapas contra la admisión de la demanda de amparo, y recordaron que a la fecha está por resolverse un recurso de revisión presentado por las comunidades contra la negativa de la suspensión definitiva del proyecto, el cual será conocido por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del estado de Chiapas.

A pesar del rechazo de las comunidades y de los impactos ambientales y comunitarios que representa el megaproyecto, las autoridades de Chiapas y el gobernador estatal dieron el banderazo a las obras con un “ritual maya” y la bendición de la maquinaria el pasado 8 de junio.

La súpercarretera, que tiene una extensión de 153 kilómetros y contempla un ramal de 18 kilómetros que conecta con Ocosingo, es sólo el primer tramo de la Ruta de las Culturas Mayas. Su construcción se remonta al 2009, cuando se anunció el proyecto Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP)-Cascadas de Agua Azul y formaba parte del Plan Mesoamérica, luego rebautizado Plan Puebla Panamá.

El proyecto fue formalmente aprobado en diciembre de 2019 por el Congreso de Chiapas con el nombre “Eje Carretero Transversal Pijijiapan-Palenque”, el cual pretende conectar la región Costa de Chiapas con la Selva y funcionar como enlace entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN frena discusión sobre autonomía y presupuesto directo ante presiones de comunidades autónomas de Michoacán

Después de diversas movilizaciones y presiones por parte de varios pueblos y comunidades mazahuas, purépechas, nahuas y otomíes de Michoacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la lista de asuntos a tratar el caso de Crescencio Morales, comunidad mazahua que vio vulnerado su derecho constitucional al autogobierno y al presupuesto directo.

El martes 15 de julio, la SCJN tenía planeada la discusión sobre las Controversias Constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, interpuesta por los ayuntamientos de Zitacuaro y Erongarícuaro, para determinar si son constitucionales diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal y de otras leyes que regulan la administración directa del presupuesto directo y derecho de la consulta. Sin embargo, los asuntos fueron retirados del listado de la siguiente sesión pública ordinaria el 5 de agosto de 2025.

Por medio de una transmisión en vivo, frente a las puertas de la Corte, el presidente del Concejo de Autogobierno de Crescencio Morales, Silvestre Chávez, agradeció el apoyo y acompañamiento de autoridades de diferentes comunidades indígenas de Michoacán, sobre todo las autoridades comunales y habitantes de las comunidades purépechas de Santa Fe de la Laguna, Cherán Atzicurín, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, La Cantera, Angahuan, Isla de Janitzio, Carapan, San Mateo Ahuirán, Santa Ana Zirosto, Nuevo Zirosto y San Francisco Peribán; de la comunidad nahua de El Coire; y de la comunidad otomí de Carpinteros.

“La Corte tiene en sus manos gran parte del futuro de nuestras comunidades, donde queremos que la decisión reconozca y valore el gran derecho que tenemos las comunidades de Michoacán al autogobierno…que en los últimos años hemos logrado como parte de la lucha y de las estrategias en la defensa y en la conquista de nuestros derechos. En nombre de la comunidad indígena mazahua de Crescencio Morales, agradezco a todas las comunidades y al Frente… que en este día nos acompañemos y que estemos juntos, que estemos al pendiente de las siguientes sesiones donde se destinará nuestro futuro y de gran parte del derecho de las comunidades de nuestro país”, declaró Silvestre Chávez en una transmisión.


Además, agregó que estarán a la espera de que las y los nuevos integrantes de la SCJN retomen la discusión, con base en lo establecido en la reforma del artículo 2º constitucional, pues los pueblos deben ser reconocidos como sujetos de derecho público, como ocurre en Michoacán.

En abril del año pasado, el máximo tribunal resolvió a favor de la comunidad indígena Crescencio Morales al analizar impugnaciones contra disposiciones de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán y el acuerdo IEM-CG-278/21 del Instituto Electoral local, ambos relacionados con el derecho de autogobierno indígena, la administración directa de recursos y consulta. Por mayoría de seis votos, el pleno de la Corte decidió no invalidar dichas normas por falta de consulta previa.

Esta determinación se basó en que el caso presenta diferencias relevantes respecto de los criterios adoptados en las controversias constitucionales 56/2021 y 69/2021, en las que sí se declaró la invalidez de disposiciones similares, aunque con efectos limitados a los municipios promoventes. Además, acordó realizar un análisis de fondo sobre la constitucionalidad de estas disposiciones, y se anticipó la presentación de un nuevo proyecto de resolución, acordando como fecha de discusión el 15 de julio.

“Siendo sinceros, no es sorprendente que la Corte esté buscando mermar la autonomía indígena. No sería la primera vez que los ministros prefieren proteger los derechos de las élites políticas sobre los derechos de los pueblos originarios. Con tristeza vemos cómo la Corte se niega a escucharnos por una simple, pero perversa razón: los ministros quieren proteger los privilegios de los políticos y los municipios, que siempre han sometido y excluido a nuestras comunidades, pero quieren maquillarlo”, se lee en un escrito –publicado por la ministra Lenia Batres– firmado por concejos comunales autónomos de Michoacán, así como por el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exsecretario de Seguridad de Tabasco salió de México en enero: Gabinete de Seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México está ayudando a la investigación y a la localización del exsecretario de Seguridad de Tabasco.

El Gabinete de Seguridad federal confirmó la mañana de este miércoles que Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, huyó de México desde el pasado 26 de enero.
"Se tiene conocimiento que el 26 de enero del presente año salió del país", informó a través de un comunicado, en el que proporcionó una actualización sobre la situación del exfuncionario que está identificado "como fundador de un grupo criminal en la entidad": “La Barredora”.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad destacaron que se inició una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena y que "cuenta con una notificación roja emitida por Interpol", por lo que "ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad".

Más adelante, reiteraron que están en desarrollo las investigaciones del caso y que efectúan una extensa búsqueda para lograr su captura.
"Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia", concluyó.

Casi a la par, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada por este tema desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) también investiga al exsecretario de Seguridad de Tabasco y que todas las autoridades federales colaboran en la indagatoria.
"Es importante que conozcan, porque fue una declaración que se hizo en el marco del Gabinete de Tabasco, del Gabinete de Seguridad de Tabasco, pero esta orden de aprehensión ya venía desde antes. No fue en ese momento. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México está ayudando a la investigación y a la localización de esta persona", aseguró.
-Los cargos que le están fincando son federales: es el tráfico de estupefacientes o de drogas y probable lavado de dinero- comentó un reportero.


-Son ambas de la Fiscalía del estado y de la Fiscalía General -precisó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina.

-¿La federal también está investigando? -le preguntó el periodista.

-Sí. Son carpetas de investigación que ya llevan orden de aprehensión -afirmó Sheinbaum.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No se permitirá el tráfico de influencias en mi Gobierno, advierte Sheinbaum a la 4T

La Presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que ningún funcionario, familiar o conocido tiene autorización para intervenir en decisiones administrativas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este miércoles su compromiso con la ética del Gobierno federal, al asegurar que su administración no tolerará tráfico de influencias de ningún tipo.

Las declaraciones se dieron durante su conferencia matutina, luego de los señalamientos del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, quien compartió en una reunión en la Cámara de Diputados que algunos legisladores habrían intentado intervenir para evitar sanciones a establecimientos como gasolinerías y hoteles.

Ante la pregunta expresa de una periodista sobre si podrían conocerse los nombres de los políticos involucrados, la titular del Ejecutivo respondió que es el titular de la Profeco quien debe proporcionar esa información. “¿Pueden conocerse los nombres? ¿Se van a poder conocer?", cuestionó.


“Que lo diga ya el titular de Profeco. Que lo comente el titular de Profeco. Él lo comentó en una reunión donde había algunos legisladores de distintos partidos políticos e hizo este comentario. Entonces él tiene que dar más información al respecto”, declaró.

La mandataria federal recalcó que su Gobierno no tolera gestiones indebidas ni influencias externas, sin importar el cargo o parentesco de quien las intente ejercer.
“No puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el Gobierno. Esa es mi opinión. Mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público que no sea para saludar, o por el día de su cumpleaños, o algo por el estilo, y que se conozca, pero no debe haber tráfico de influencias de ningún tipo en ningún Gobierno”, subrayó.


Asimismo, advirtió que ningún legislador, Presidente Municipal, ni familiar debe intervenir para favorecer a terceros en decisiones administrativas. “Menos si hay una instalación que está funcionando mal, que Profeco dentro del marco de la ley decide suspender. No debe haber alguien que hable por teléfono para decir: ‘Oye, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano’.”

La Presidenta Sheinbaum Pardo aprovechó para destacar la honestidad del titular de la Profeco y señaló que el hecho no derivó en un acto de corrupción. “Lo importante es que quede claro que no permitimos bajo ninguna circunstancia ningún tráfico de influencia”, insistió.

Aunque no se revelaron nombres de los integrantes de la Cuarta Transformación (4T) que se acercaron al Procurador, la titular del Ejecutivo dejó en claro que, si se detectan irregularidades, podrían derivar en sanciones administrativas o incluso en renuncias, si así lo amerita la revisión interna.

Exhiben intromisión de 4T


El titular de la Profeco, Iván Escalante, denunció el lunes pasado que diputadas y miembros del movimiento de la 4T han intentado frenar sanciones contra negocios con irregularidades.

Durante una sesión en San Lázaro, pidió que no intervengan sin conocer ambos lados del caso y aseguró que cuenta con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum Pardo para aplicar clausuras, incluso ante presiones políticas.

El funcionario federal relató casos recientes donde legisladores buscaron frenar operativos, como en una gasolinera y un hotel con condiciones irregulares. “La Presidenta nunca me ha dicho: ‘No vayas, no hagas’”, afirmó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

México sigue siendo el país más letal para periodistas en América Latina: RSF

La organización Reporteros Sin Fronteras también documentó el asesinato de 13 periodistas en América como en lo que va de 2025, lo que supera a los 9 de todo el año anterior.

México sigue siendo el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF), en un artículo donde refirió que desde enero de 2025, ha documentado el asesinato de ocho periodistas en el país, de un total de trece homicidios registrados en América Latina.

“Pese a los compromisos asumidos por la presidencia y la implementación de mecanismos de protección, México sigue siendo el país más peligroso de la región para los periodistas”, señaló la organización.

En su informe, RSF destacó que “en julio, tres nuevos asesinatos en menos de una semana aumentaron el saldo total a nueve muertes desde enero, de las cuales ocho están probablemente relacionadas con su labor periodística”.

Entre los casos documentados, se encuentra el asesinato de Calletano de Jesús Guerrero, quien estaba inscrito desde 2014 en un programa federal de protección tras recibir amenazas.

Fue asesinado en enero en el Estado de México, “en circunstancias que revelan fallas en el sistema oficial“.

Otro caso es el de Alejandro Gallegos de León, director de La Voz del Pueblo, quien también fue asesinado en enero; su medio había publicado investigaciones sobre crimen organizado en el centro-norte del país.

En Guanajuato, el 2 de marzo, Kristian Uriel Zavala Martínez, reportero de El Silaoense.Mx, y Raúl Irán Villarreal Belmont, periodista del medio Observatorio Ciudadano, fueron asesinados.

“Ambos investigaban sobre violencia estatal y desapariciones forzadas“, documentó RSF.

En mayo, en Acapulco, Guerrero, José Carlos González Herrera, director del medio digital El Guerrero Opinión Ciudadana, fue asesinado por hombres armados mientras cubría temas locales sobre seguridad y política.

En Puebla, Salomón Ordoñez, fundador de Shalom Cuetzalan Producciones, fue asesinado en junio; las autoridades investigan un posible vínculo con su labor como periodista local.

En Sonora, el 7 de julio, Ángel Sevilla, director del medio Noticias 644, fue asesinado mientras circulaba en motocicleta; su medio era considerado “una fuente clave de información en tiempo real sobre el deterioro de la seguridad”.

En Quintana Roo, el cuerpo del periodista de investigación Melvin García fue hallado el 8 de julio en avanzado estado de descomposición, RSF recordó que García había regresado a la región tras exiliarse por amenazas previas.

El 9 de julio, en Acapulco, Ronald Paz Pedro fue asesinado a balazos pocos minutos después de transmitir en vivo un video sobre un hundimiento en la ciudad.

Ante este panorama, RSF advirtió que en México “casi dos periodistas son asesinados cada mes”, y señaló que los crímenes ocurren incluso contra periodistas bajo protección oficial.

Trece periodistas asesinados en América Latina en 2025: RSF

Desde enero de 2025, al menos trece periodistas fueron asesinados en América Latina, una cifra que ya supera los nueve casos registrados durante todo 2024, alertó Reporteros Sin Fronteras (RSF).

“Esta cifra ya supera los nueve casos registrados durante todo el año 2024, lo que confirma un preocupante aumento de la violencia mortal contra la prensa”, señaló el organismo.

Del total, ocho homicidios ocurrieron en México, dos en Perú y uno en Colombia, Guatemala y Ecuador, respectivamente.

RSF explicó que “la mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios y cubrían temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado, el medio ambiente”.

Varias de ellas ya habían recibido amenazas o eran objeto de campañas de difamación; dos periodistas incluso estaban bajo protección policial en el momento de su muerte.

“RSF condena los asesinatos de al menos trece periodistas en América Latina ocurridos durante los primeros siete meses del año 2025. Esta tendencia confirma el grave deterioro de las condiciones de seguridad para la profesión en la región, en especial para quienes investigan temas delicados”, indicó la organización.

En Perú, RSF documentó el asesinato de Gastón Medina Sotomayor, en Ica, y Raúl Celis López, en Iquitos; en Colombia, se reportó el asesinato de Óscar Gómez Agudelo, mientras que en Guatemala, Ismael Alonzo González fue asesinado frente a su domicilio y en Ecuador, el periodista Patricio Ernesto Aguilar Vásquez fue ejecutado en Esmeraldas.

RSF denunció “la persistencia de la impunidad y la falta de voluntad política suficiente que alimenta esta violencia” y exigió a los gobiernos que “refuercen las garantías de seguridad para la prensa, mejoren los mecanismos de protección y lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ovidio Guzmán deja de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de EU, deja cárcel de Chicago

Apenas el 11 de julio, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos relacionados al tráfico de drogas en una corte de EU.

Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón” e hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, dejó el estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) pese a que se encontraba en el Centro Correccional de Chicago en Estados Unidos

Desde el 14 de julio se desconoce dónde se ubica, sin embargo, eso no significa que haya sido liberado sino que está bajo otro tipo de resguardo.

Apenas el 11 de julio, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos, entre los que está el tráfico de drogas, tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para colaborar en investigaciones.

Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, presentó formalmente su declaración de culpabilidad durante una audiencia en un tribunal federal de Chicago, informó el Departamento de Justicia.


La fiscalía dijo que “Guzmán López, de 35 años, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para el tráfico de drogas y dos cargos de participación consciente en una empresa criminal continua”.

“El Ratón”, como se lo conoce, ya había firmado un documento el 30 de junio adelantando que se declararía culpable para evitar un juicio con jurado y una eventual sentencia más severa en caso de ser condenado.

La jueza federal Sharon Johnson Coleman no fijó una fecha para la sentencia. Pero este acuerdo probablemente resulte en una pena de prisión mucho más corta que la cadena perpetua impuesta a su padre, el “Chapo”, tras un mediático juicio en 2018.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín, y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar de liderar “Los Chapitos”, una facción del cártel de Sinaloa, designado por el actual gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global.

De acuerdo con el fiscal federal Jay Clayton, “esta declaración de culpabilidad es otro paso importante para responsabilizar al Cártel de Sinaloa y a sus líderes por su papel en el fomento de la epidemia de fentanilo que ha afectado a tantos estadounidenses”.

¿Por cuáles delitos se declaró culpable Ovidio Guzmán?

El Departamento de Justicia dijo que Ovidio Guzmán reconoció que él y sus tres hermanos asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa cuando su padre fue arrestado en 2016 y finalmente sentenciado en 2019.

En el acuerdo de culpabilidad, “admitió que coordinó el transporte de cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas y precursores químicos desde México hasta la frontera con Estados Unidos, en ocasiones en cargamentos de cientos o miles de kilogramos”, señaló la fiscalía.

Además, dijo que “utilizó vehículos, vagones de tren, túneles, aviones y otros medios” para traficar la droga, y blanqueó las ganancias ilícitas mediante “transferencias bancarias, comercio de bienes y criptomonedas”, añadió.

También reconoció además que “él y sus socios del cártel perpetraron actos de violencia contra agentes del orden público, civiles y narcotraficantes rivales”.

Mike Vigil, exjefe de operaciones de la agencia antidrogas DEA, dijo a la AFP que el acuerdo podría ofrecer a las autoridades estadounidenses “información valiosa” sobre cómo obtiene el cártel precursores químicos, así como que empresarios y políticos lo protegen.

Ovidio Guzmán cobró notoriedad al ser detenido en México en octubre de 2019 y posteriormente liberado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de una asonada criminal conocida como el “Culiacanazo”.

El exmandatario defendió esta decisión con el argumento de que se evitó un baño de sangre, cuando contingentes militares quedaron prácticamente cercados por sicarios con armas de gran calibre. En enero de 2023, cuando López Obrador aún gobernaba, Ovidio Guzmán volvió a ser capturado y luego extraditado a Estados Unidos.

El gobierno de Trump anunció el mes pasado más sanciones contra “Los Chapitos” por tráfico de fentanilo y aumentó a 10 millones de dólares la recompensa por los dos hermanos aún prófugos.

Sheinbaum demandará al abogado de Ovidio Guzmán por difamación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes que demandará por difamación a Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán quien a través de la red social X la acusó de ser el “brazo de relaciones públicas de una organización del narcotráfico” y dijo que su gobierno “es corrupto”.

Dichos comentarios ocurrieron luego de que la mandataria señalara una “falta de coherencia” de las autoridades estadounidenses al negociar un acuerdo de culpabilidad con el integrante de una organización que consideran terrorista.
Y durante el fin de semana hubo declaraciones tanto del abogado como de la presidenta.

En conferencia mañanera, Sheinbaum aclaró que no establecerá diálogo y que demandará.

“No voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque esto no se puede dejar pasar”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comunidades indígenas y afros de la Costa Chica de Guerrero exigen apoyos tras paso de huracanes y ante violencia

Habitantes de la Costa Chica de Guerrero bloquearon la carretera Acapulco-Pinotepa como primera acción en exigencia de apoyos tras el paso de huracanes y ante la violencia en la región.

Pobladores de comunidades indígenas y afros de municipios de la Costa Chica de Guerrero realizaron un bloqueo en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en exigencia de apoyos tras el paso de huracanes y de seguridad ante la violencia que se vive en la región.

Alrededor de las 7:00 horas los manifestantes comenzaron a llegar al puente de Marquelia en la mencionada vía y, con corte a las 14:30 horas, se mantenía cerrado, de acuerdo con la división de Carreteras de la Guardia Nacional.

El paso del huracán Erick dejó alrededor de 26 mil viviendas afectadas, pérdidas totales de cosechas como manos, papaya, maíz, coco, entre otros cultivos, comunidades sin luz, agua ni señala telefónica, caminos destruidos e infraestructura colapsada, señala el comunicado del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), respaldado por el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Por ello, los habitantes de dicha región exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado y a los presidentes municipales que “dejen de simular, de engañar al pueblo” y que distribuyan los recursos para la atención de los damnificados así como de las afectaciones.

“En el mundo de la 4t, la realidad del país se cambia con discursos mañaneros (…) a nosotros y nosotras, como pueblos indígenas y afrodescendientes, no nos engañan, bien sabemos sus mentiras. Por eso estamos aquí, para exigirle a estos malos gobiernos que dejen de mentir”.

Por su parte, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña también denunció el abandono que sufren las poblaciones indígenas y afros de la Costa Chica de Guerrero por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

“No sólo estamos en el fango de la pobreza, sino de la violencia por el poder que ejercen los grupos de la delincuencia organizada (…) Vivimos en un Estado fallido aunque las autoridades no lo quieran reconocer, pero en verdad estamos a la deriva, los asesinatos se multiplican y la impunidad se agiganta”, señala su comunicado.

Entre los inconformes que bloquearon la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional hay gente originaria de las comunidades de Jolotichán, El Mesón, Jicamaltepec, Piedra Ancha, Yoloxóchitl, San Antonio, Miahuichán, Zentixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, y de Zoyatlán, Cruz Verde y  Capulín Chocolate, municipio de Marquelia.

Los manifestantes dijeron que este cierre es la primera de las acciones de una jornada de lucha en exigencia de sus demandas, por lo que pidieron a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos estar atentos ante “cualquier intento de represión y a urgir al Estado a resolver las demandas de nuestros pueblos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ejecutan en Culiacán al comandante Nitro de la Policía Estatal de Sinaloa

El agente tenía bajo su cargo al grupo élite de la Policía Estatal Preventiva; con él ya son 31 policías asesinados en 2025 en Sinaloa.

El comandante de la Policía Estatal Preventiva (PEP) conocido por el código de Nitro fue ejecutado la tarde de este martes en la capital del estado por un grupo armado que le disparó de carro a carro cuando circulaba sobre el bulevar Pedro Infante, en las cercanías de una plaza comercial y de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

El agente fue identificado como David Cristóbal y era conocido como comandante Nitro. Tenía bajo su mando al grupo élite de la corporación desde mediados de septiembre de 2023, uno de los primeros relevos a la llegada del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gerardo Mérida Sánchez.

El mando de la Policía Estatal viajaba en una Volkswagen Tiguan color plata, la cual contaba con blindaje y, de acuerdo con el reporte de medios locales, iba acompañado de su esposa, quien resultó lesionada de gravedad. 

Con este asesinato suman 31 agentes víctimas en 2025, según cifras de la asociación civil Causa Común, y el número 43 desde septiembre de 2024, fecha del inicio de la guerra intestina del Cártel de Sinaloa. 

El ataque se dio poco después de la 1 de la tarde en una zona de mucha densidad vehicular. 

Hasta el momento ni la SSPE ni el gobierno estatal han emitido un comunicado sobre el atentado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

"Agentes municipales serían responsables de la desaparición de Jhonatan Romero Gil": ONU

A pesar de que la ONU emitió una Acción Urgente por la desaparición del joven, las autoridades mexicanas no adoptaron medidas eficaces para establecer un plan de acción y un cronograma para la búsqueda y la investigación, que señala, pudo ser forzada debido al presunto involucramiento de agentes.

Desde hace seis años la Fiscalía General de Estado de Guerrero (FGE) no ha citado a declarar a nueve policías municipales de Acapulco involucrados en la desaparición del joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil, reveló el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. 

En un documento fechado el 5 de mayo del presente año, el organismo internacional informa a Socorro Gil Guzmán, mamá de la víctima, quien mantiene la Acción Urgente 1824/2024 con nuevas recomendaciones para que el Estado mexicano busque a su hijo.

De acuerdo con una carta enviada por la madre buscadora a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 23 de mayo último, Jhonatan Guadalupe fue detenido y desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018, en la Costera Miguel Alemán, cuando se dirigía a jugar futbol. 

Iba acompañado de otro joven, Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente, luego de que los mismos policías lo arrojaron a la calle. 

En ese momento, Jhonatan tenía 25 años y recién se había graduado como Licenciado en Derecho. 

La misiva indicó que, en ese entonces, el fiscal regional David García Muñoz ocultó y luego desapareció un video proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública, donde se observaba cómo los agentes arrojaron el cuerpo de Carlos Ignacio Rojas, amigo de Jhonatan, desde la patrulla. 

El mismo fiscal regional, agregó, canceló una audiencia en la que los policías involucrados declararían ante el Ministerio Público. Lo que vino después, fueron amenazas de muerte contra la familia de la víctima que la hizo salir del puerto. 

Socorro Gil Guzmán es coordinadora de la Colectiva Memoria Verdad y Justicia de Acapulco. 

Como resultado de la carta que la madre de Jhonatan le envió a la mandataria, se le ofreció esta tarde una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

En un documento dirigido a la madre de la víctima, el Comité contra la Desaparición de la ONU informó que continua altamente preocupado porque la suerte y paradero del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no han sido esclarecidos a más de 6 años de su desaparición. 

Explicó que el Estado mexicano le envió una nota el 27 de mayo de 2024, en relación con la Acción Urgente y enlista las omisiones de las autoridades respecto a las recomendaciones de búsqueda. 

“En la nota del Estado no se ha presentado información resultante de la citación a los integrantes de la patrulla de policía 388, ni información sobre el impacto de sus declaraciones en la carpeta de investigación”. 

No se hace referencia a los 17 cuerpos que habrían sido hallados en el poblado “El Carabalí” en octubre de 2023 y el resultado de las confrontas de las pruebas genéticas que surgieron de esos hallazgos. 

“No consta en ese informe estatal la apertura de una línea de indagatoria relacionada con el dueño del Bar La Mandona, donde trabajaba Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, capturado junto al Sr Romero Gil y encontrado fallecido al día siguiente”. 

El eventual involucramiento del dueño de dicho establecimiento en los hechos no habría sido investigado, a pesar de que el Sr. Rojas Montes de Oca habría pedido apoyo al Sr. Romero Gil para denunciar a su empleador porque lo habría obligado a vender drogas, agregó. 

Señaló que la comparecencia de los Policías Municipales de la patrulla 388 habría sido cancelada y no fueron citados de nuevo a declarar, ello a pesar de los elementos probatorios contundentes relacionados con su alegada participación en la desaparición del Sr. Rojas Montes de Oca. 

En otro punto, el organismo indica que la carpeta de investigación habría sido modificada en relación con un video mencionado por el fiscal David Muñoz García, que contendría material que compromete a los integrantes de la patrulla 388. 

Además, los resultados del análisis de la línea telefónica y la sábana de llamadas del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil no habrían sido incluidos en la carpeta de investigación. 

El informe del Estado, con fecha 27 de mayo de 2024, asiente al organismo, evidencia que a más de cinco años de la alegada desaparición no se adoptaron medidas eficaces para establecer un plan de acción y un cronograma para la búsqueda y la investigación de su desaparición. 

Por lo anterior, el Comité considera necesario mantener la acción urgente abierta y hacer de nuevo recomendaciones y solicitudes de información al Estado. 

Entre las recomendaciones, pidió explorar todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que los hechos constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales. 

“El Comité recuerda que, según la información reunida en el contexto de la presente acción urgente, agentes municipales de la patrulla 388 serían responsables de la desaparición del Sr. Romero Gil”, indicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUIS DANIEL NAVA.

Sheinbaum dice que hay acuerdos con población de Bacalar para residencia de la Sedena

La presidenta aseguró que todo lo relacionado con la Manifestación de Impacto Ambiental está en regla.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya hay acuerdos entre la población de Bacalar que se oponía a la construcción de una residencia para militares frente a la laguna, además de que todo lo relacionado con las manifestaciones de impacto ambiental está en regla. 

En la edición de julio, Proceso publicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzar la obra sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); además de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró no poder hacer nada “ante el aval de la Semarnat y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que ha evitado pronunciarse sobre los efectos de la obra en los muros del Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII para contener la piratería en las costas de Caribe mexicano".  

Aunque la Sedena afirmó en principio que el inmueble sería destinado a soldados con afectaciones postraumáticas derivadas de sus labores, fuentes castrenses consideraron que sería para altos mandos, como comandantes de región y zona. También se reveló que se dio una autorización de exención de la MIA y que el inmueble contará con instalaciones como bar, jacuzzi, alberca, estacionamiento y área de juegos, entre otros elementos.  

Otro aspecto es que la población apoyada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) “interpuso el amparo 313/2025, mismo que el 12 de mayo último resultó en una suspensión provisional de obra por determinación del Juzgado Primero de Distrito. La Sedena pasó por alto una primera suspensión provisional del mismo juzgado, emitida el 9 de abril último, así como la del 12 de mayo”.  

Sobre este inmueble, propiedad de la Sedena, a la orilla de La Laguna de Siete Colores y enfrente del Fuerte de San Felipe, la mandataria federal respondió:  

“Ya hay diálogo con ellos, ya hay diálogo, sí, ya se está llegando a un acuerdo. Y son instalaciones de la Secretaría de la Defensa, no es para una persona en particular, ni mucho menos, sino son instalaciones para el Ejército Mexicano”, afirmó. 

La presidenta reiteró: “Ya hay diálogo y va a seguir habiendo diálogo con la comunidad. Y están los Impactos Ambientales y todo lo que se requiera”, aunque se le insistió en algunos aspectos.  

-Sobre el asunto del Impacto Ambiental, había una solicitud de que fueran eximidos de que hubiera una Manifestación de Impacto. 

- No. Está todo en regla. 

- ¿Sí hubo una Manifestación? 

- Está todo en regla. 

- ¿Sin problema? 

- Sí.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Exigen justicia por Charis, mujer trans asesinada en Juan José Ríos, Sinaloa; piden investigar crimen de odio

El cuerpo de Charis fue hallado al interior de su vivienda con visibles signos de violencia. Con este caso suman 26 crímenes de odio contra personas LGBT+ registrados en Sinaloa desde 2013.

Organizaciones y activistas exigen justicia por el asesinato de Charis, una mujer trans que fue hallada sin vida al interior de su domicilio, en el municipio de Juan José Ríos, Sinaloa. 

A través de un pronunciamiento, los colectivos como Che Ríos Diverso, Sinaloa + Incluyente, Ahome Diverso y Sabuesos Guerreras exigieron al gobierno del estado asumir su responsabilidad ante la violencia sistemática que afecta a personas LGBT+ y que el caso sea investigado como crimen de odio. 

“Charis no murió: a Charis la mataron. Y el silencio también es cómplice”, señalaron. 

Los colectivos denunciaron que a Charis “le arrebataron la vida de forma brutal” e intentaron quitarle el “derecho a ser recordada con respeto”.

El cuerpo de Charis fue hallado el lunes 14 de julio por la tarde al interior de su vivienda con visibles signos de violencia. 

Familiares informaron que perdieron contacto con ella desde la noche anterior. Charis planeaba acudir a Guasave a cobrar su pensión, pero no respondió llamadas. Al acudir a su casa y no obtener respuesta, pidieron apoyo para ingresar y la encontraron sin vida, con severos golpes en el rostro y señales de posible forcejeo.

Agentes y peritos de la Fiscalía de Sinaloa iniciaron las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación. 

“Quienes mataron a Charis no actuaron solos. La violencia que permitió su asesinato viene del Estado que calla, de instituciones que no actúan, de medios que borran identidades y de quienes se burlan, insultan, agreden y niegan derechos cada día”, reclamaron los colectivos.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+, con este caso suman 26 crímenes de odio registrados en Sinaloa desde 2013. 

Esto ocurre unas semanas después del asesinato de “La Vale”, una adolescente trans en proceso de transición, cuyo cuerpo fue hallado en una parcela agrícola del ejido 5 de Mayo, en el municipio de Ahome, el pasado 28 de junio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: REDACCIÓN/.

Confunden a activista con homónima e intentan detenerla en la Ciudad de México

Adriana Leyva Alanís relata que personas que se identificaron como policías de investigación intentaron detenerla por una orden de aprehensión que correspondía a otra persona.

Hombres vestidos de civil que se identificaron como policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentaron detener a la activista Adriana Leyva Alanís, a pesar de que la orden de aprehensión correspondía a otra mujer con el mismo nombre, pero con diferentes características físicas.

El pasado 8 de julio, los supuestos agentes la esperaron a que saliera de su domicilio para intentar esposarla. Ahora, la activista relata a Animal Político lo ocurrido, luego que la asociación civil Mujeres Unidas X La Libertad, a la que pertenece, emitió un comunicado que fue suscrito por organizaciones, como Equis Justicia y CEA: Justicia Social, para denunciar el intento de detención arbitraria.

Adriana, subdirectora de Mujeres Unidas X La Libertad, dedicada a mejorar las condiciones de vida de mujeres en prisión, ya había hablado con uno de ellos, identificado como José, quien unos 40 minutos antes tocó a su puerta.

“¿Te acuerdas del problema que tuviste hace unos años? Vengo de la Fiscalía y necesito que vayas a firmar unos documentos relacionados con ese asunto”, le dijo el hombre, quien se identificó como José.

Quién es Adriana Leyva Alanís, la activista que sufrió intento de detención arbitraria en CDMX

La activista estuvo cuatro años y medio en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de abril de 2011 a septiembre de 2015, por lo que pensó que se trataba de ese caso. Aunque se le hizo muy extraño que la buscaran en su domicilio, pues ocurrió hace 10 años y ya cumplió su sentencia.

De hecho, junto con otras mujeres de su organización, acude con regularidad a distintos centros penitenciarios de la capital del país para impartir talleres y apoyar a internas en sus procesos. Su labor ha sido reconocida incluso por autoridades del gobierno de la CDMX, como el reconocimiento “Mujeres destacadas” en marzo de 2024, de manos del exjefe de gobierno Martí Batres.

El hombre le dijo que algunas hojas de su expediente se habían mojado porque estaba lloviendo y necesitaban otra vez sus firmas. Ella accedió a acudir al reclusorio Oriente para firmar los documentos que le pedían y se despidió de él.

Cuarenta minutos después, Adriana salió a comprar cigarros y un refresco. Mientras conversaba con una comerciante frente a un Oxxo, vio que José se le acercaba.

“¿Qué, me está siguiendo?”, le preguntó.

“Lo que pasa es que tienes una orden de aprehensión y te vamos a detener”, le respondió.

Ella negó tener una orden de aprehensión y mientras explicaba que estaban en un error, otro hombre se acercó con unas esposas.

—Es por el robo de hace cuatro años —le dijeron.

Adriana se defendió; les dijo que no estaba involucrada en ningún robo hace cuatro años.

—¿Robo a qué?—, cuestionó.

—Robo a tienda —le contestó uno de ellos.

—No, ¡cómo cree! A tienda yo no. Me va a disculpar, pero yo no soy —les dijo.

Adri, como le dicen sus compañeras de la organización, dice que llegó otra persona con la carpeta de investigación y al revisar la fotografía de la mujer con la orden de aprehensión, el agente se dio cuenta de que no coincidía con sus características físicas.

—Estamos buscando a una mujer de 1.70, y tú mides como 1.60 —le dijo.

—No, yo mido 1.50, no me andes inventando estatura. Pertenezco a una asociación civil que defiende los derechos humanos de las mujeres internas; no soy yo. Ustedes tendrían que haber investigado antes.

Además, la mujer a la que buscaban es corpulenta, con facciones muy distintas. El hombre se justificó señalando que se trataba de un caso de homonimia o robo de identidad.

Consultada a través del área de comunicación, la Fiscalía de la CDMX negó contar con algún registro de intento de detención por parte de policías de investigación.

A una semana de lo ocurrido —un hecho que le generó miedo, removió recuerdos y la criminalizó—, Adriana compartió con este medio fotografías del intento de detención. Pero para ella lo preocupante es que por errores similares, ante la falta de una investigación adecuada, hay personas en prisión.

“Si ya me pasó a mí directo, en carne propia, ¿a cuánta gente no le pasó? Hace unos años, una chica del Estado de México nos presentó a su esposo. Un señor sano, inocente, de verdad, que se da a querer. Le dijimos: ‘¿Tú por qué estuviste?’ Él dijo: ‘Por asesinato, pero yo no lo hice, carnala. Resulta que llegaron a mi pueblo y preguntaron por Ramón, y dijeron: “Ahí está Ramón”, y me agarraron y me metieron 20 años a la cárcel’. Estuvo 20 años”, recuerda.

“Yo dije: ‘¿cómo van a llegar nada más así y, como se llama Ramón, se lo van a llevar?’ Pues ya lo estoy viviendo. Resulta que, porque yo me llamo así, entonces les valió madres la foto, ¿no? Al final del día hay que presentar a alguien”.


Exigen a Fiscalía de CDMX investigar el intento de detención arbitraria de activista

Las organizaciones firmantes condenaron los hechos, pues aseguraron que no solo representa un riesgo para la libertad y seguridad de Adriana Leyva Alanís, sino que constituye un ataque a la labor de defensa de derechos humanos que realiza Mujeres Unidas por la Libertad desde hace años.

Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que investigue a fondo lo ocurrido, esclarezca el origen y la legalidad de la actuación de los policías, y sancione a quienes resulten responsables.


Además, pidieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorgue medidas de protección inmediatas para Adriana Alanís, así como para la actual directora de Mujeres Unidas X la Libertad y cofundadora, Beatriz Maldonado.

“Me prometí que mi tranquilidad no la iba volver a perder”, dice la activista, ahora más serena tras una semana en la que casi no quería ni salir de su casa. “Una cosa es que tú te la quites, la tranquilidad; otra, muy distinta, es que alguien más te la quite”, remata Adri.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.

Expedientes pendientes y parálisis en los juzgados de la CDMX

El pasado 26 de junio el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez reconoció que falta presupuesto para implementar el plan de justicia digital, las exigencias del Nuevo Código Nacional y el rezago histórico que la institución arrastra.

Marissa tiene 32 años y viene de Xalapa, Veracruz. Acude a los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) como foránea para un trámite de pensión alimenticia que inició desde hace tres años. 

Hoy dejó encargado a su hijo con su familia en el estado costero. Ella se queja abruptamente de la falta de consideración por parte de los trabajadores y confiesa estar exhausta de los trayectos incómodos en autobús en los que, según la distancia entre Xalapa-Enríquez y la capital del país, el trayecto es de cuatro horas y media aproximadamente.

Con sus gafas y una carpeta color rosa bajo el brazo espera en la fila como otras madres que llegaron a los juzgados familiares este martes, último día de labores antes de que el PJCDMX salga de vacaciones durante dos semanas luego de un paro que mantuvo congelados todos los trámites judiciales durante 41 días.

En la fila hay otras mujeres con carriolas o cangureras que calman, como pueden, a los pequeños mientras esperan la revisión de seguridad de los guardias. Aquí los hombres son una minoría porque regularmente no portan bolsas o bultos que deban ser revisados por el personal de vigilancia del PJCDMX.
“Me arrepiento (de haber iniciado el trámite) y creo que hubiera sido más rápido fuera de la ley… por algo estoy aquí… no tengo dinero”, dice Marissa con voz derrotada.
La mujer cuenta que debe hacer malabares entre el dinero de las copias, los pasajes desde Veracruz y calcular también las vacaciones de los trabajadores en ambas oficinas: Veracruz y CDMX.

El periodo vacacional de los trabajadores iniciará este 16 de julio y se espera que reinicien labores hasta el 4 de agosto próximo.
En la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, al interior del edificio de Niños Héroes 150 es posible observar una pila de expedientes acumulados, amarrados torpemente con cuerdas desgastadas.

El pasado 26 de junio el magistrado presidente del PJCDMX, Rafael Guerra Álvarez reconoció que falta presupuesto para implementar el plan de justicia digital, las exigencias del Nuevo Código Nacional y el rezago histórico que la institución arrastra.

De acuerdo al Informe Estadístico del Poder Judicial local del presente año, entre 2024 y hasta el 30 de abril pasado los juzgados familiares recibieron 5 mil 940 expedientes nuevos por pensión alimenticia, 93 de ellos corresponden a los que llegaron en los primeros meses de este año.

Ángel Lozano tiene 26 años y es litigante independiente, acudió a la Ciudad Judicial a presentar escritos iniciales de demanda y espera con paciencia su turno afuera de los juzgados. 

En entrevista enfatizó en que el paro ha afectado los casos que lleva pues aunque había trámites como los exhortos que él estimaba que tardarían 6 meses en desahogarse, hoy está por cumplir el año en ello.

Sin embargo, muestra su simpatía por sus compañeros de profesión y trabajadores del Poder Judicial.
“El gobierno debe poner a consideración la falta de personal, el ingreso de los trabajadores y la carga en los juzgados”, sentenció.
Los abogados cruzan con rapidez los juzgados, algunos se muestran empáticos con los trabajadores del PJCDMX, otros se quejan por la falta de consideración en sus ingresos por honorarios y tachan de “impertinentes” a los paristas.

La afluencia de personas en la Ciudad Judicial dista mucho de lo que ocurre en el edificio de Avenida Juárez, que alberga los juzgados familiares, donde las filas duran en promedio 20 minutos, tan sólo para ingresar al inmueble.

En el interior también hay colas que cruzan esquinas y columnas para los módulos de atención, abordar los elevadores y las revisiones de los oficiales. 

Los pequeños juegan entre ellos, esquivando el mar de gente, mientras los mayores vigilan a la distancia prudente y regañan cuando es el caso. 

Los bebés reposan en carriolas o son cargados con pequeñas cangureras. Hombres y mujeres cargan bonches de papeles, esquivando a los pequeños entre la multitud. Este es el último día de labores, antes de dos semanas de vacaciones por ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ETHAN BALANZAR.

Sentencian a 12 años de cárcel por peculado a exoficial mayor de Omar Fayad

Además, al exfuncionario se le impuso el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos.

Martiniano Vega Orozco, oficial mayor durante la gubernatura de Omar Fayad Meneses en Hidalgo (2016-2022), fue condenado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado. Además, se le impuso el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos. 

Un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable al exfuncionario de haber firmado un contrato por 18 millones 249 mil 70 pesos con la empresa Remaco Servicios Empresariales S.A. de C.V., un contratista de ingeniería civil y obras pesadas, para la supuesta adquisición de crema quirúrgica antiséptica por la emergencia sanitaria que ocasionó el covid-19.

Sin embargo, el producto no fue localizado y, con base en la investigación del caso, los recursos fueron malversados, en detrimento de las finanzas públicas.  

Este asunto, que sigue la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de lo que el gobierno hidalguense ha denominado la "estafa siniestra", es uno de tres en contra de Vega Orozco. 

Los otros dos, por los que ha sido vinculado a proceso y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva, que cumple en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, también son por posibles contratos simulados. 

Con base en las imputaciones por los otros dos cargos de peculado agravado, el entonces oficial mayor firmó el 15 de junio de 2022 un contrato por 11 millones 850 mil 999 pesos con la persona moral Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., para que proporcionara “servicios de informática consistentes en un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos”. 

No obstante, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el estado asegura que este servicio nunca se proporcionó, aunque se emitió una factura con la que el gobierno anterior justificó la salida del recurso.  

El tercer proceso contra Martiniano es por facturar un sistema informático para el monitoreo de obras por 11 millones 998 mil 560 pesos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) denunció que no hay registro de este software por el cual se transfirieron recursos a la firma Aktaion Digital, con quien firmó un "contrato" mediante el cual la Oficialía Mayor validó la operación.  

Martiniano Vega está recluido en el Cereso capitalino desde el 22 de junio de 2023, cuando fue detenido después de una serie de operativos de búsqueda que duraron varios meses, después de que culminó la administración de Omar Fayad en septiembre de 2022.  

En el tiempo que ha estado en prisión, el exresponsable de los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad ha recibido dos amparos para que se reponga la audiencia inicial en uno de los procesos que lleva y otra para que se modifique su medida cautelar; no obstante, por los casos acumulados –la prisión ordenada en los otros procesos en su contra—, ha permanecido en la cárcel.  

La carrera política de Martiniano Vega Orozco estuvo ligado a los cargos que ocupó Omar Fayad Meneses.  

Se conocieron cuando en 1993 el hoy embajador de México en Noruega fue nombrado por el entonces gobernador Jesús Murillo Karam director del Instituto Hidalguense de Educación Básica y Normal –antecesor de la Secretaría de Educación Pública (SEPH)–. 

Cuando el exgobernador fue secretario de Desarrollo Social en Hidalgo entre 2005 y 2006, en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, Martiniano, profesor normalista de formación, fue su secretario particular, cargo que mantuvo de 2006 a 2009, cuando Omar fue alcalde de Pachuca.  

También con Fayad como legislador federal por el distrito de Huejutla, de 2009 a 2012, Vega Orozco llegó a secretario técnico del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados. Lo siguió también en el Senado y hasta la gubernatura hidalguense, siempre postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que su jefe político renunció en junio de 2023. 

Por la sentencia, la primera contra el funcionario de mayor rango del sexenio de Fayad Meneses por la denominada "estafa siniestra", a Martiniano le fueron suspendidos sus derechos políticos. Asimismo, continúa a la espera de los juicios por los otros dos procesos que tiene en contra.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

Cuando AMLO negó los nexos de colaboradores de Adán Augusto López con "La Barredora"

Adán Augusto López aseveró por su parte que se trataba de “fantasías” y de “chismes” salidos de “dizque filtraciones”, y retó a quienes tuvieran “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”, tras la publicación de informes de inteligencia del Estado.

En octubre de 2022, Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López Hernández, entonces presidente y secretario de Gobernación, respectivamente, arremetieron contra los medios que revelaron los contenidos de informes de inteligencia del Estado que identificaban como líderes del grupo criminal llamado “La Barredora” a los mandos de seguridad de Tabasco, nombrados por Adán Augusto López durante su mandato como gobernador de la entidad, incluyendo a Hernán Bermúdez Requena. 

El mandatario aseveró entonces que la “prensa conservadora, incluyendo a Proceso”, estaba atacando a su gobierno como parte de una campaña; Adán Augusto López, su “hermano”, aseveró por su parte que se trataba de “fantasías” y de “chismes” salidos de “dizque filtraciones”, y retó a quienes tuvieran “alguna prueba” a presentar “alguna denuncia de carácter penal”.

“Que sean las autoridades las que investiguen y hagan público cuál es su decisión”, agregó el político durante una visita a Sinaloa, el 14 de octubre de ese año. 

Pasaron cerca de tres años hasta que, la semana pasada, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, informó que Hernán Bermúdez Requena era blanco de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía del Estado, el pasado 14 de febrero, día en que huyó del país hacia Panamá; luego se fue a España y posteriormente se habría ido a Brasil.  

Las autoridades también emitieron órdenes de aprehensión contra Ulises Pinto, un expolicía federal, y contra otros integrantes de “La Barredora”, incluyendo a su presunto líder, Daniel Hernández Montejo. 

Adán Augusto López Hernández, ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, no se ha pronunciado sobre el caso al que se refería como “chismes” en 2022. 

El 5 de octubre de ese año, Proceso, “Aristegui Noticias”, “Animal Político” y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron los contenidos de informes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi Sureste) y de la 30 Zona Militar que señalaban a Hernán Bermúdez Requena y otros altos funcionarios nombrados por Adán Augusto López Hernández –José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ával, designados respectivamente Comisionado y Director General de la Policía Estatal de Tabasco– como líderes de “La Barredora”, grupo criminal, dedicado entre otras cosas al robo de combustible.  

En respuesta a los medios, Bermúdez sostuvo entonces que el grupo “La Barredora” era “inexistencial” (sic). 

La información provenía de fuentes sólidas: si la 30 Zona Militar pertenece exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Cerfi Sureste reúne a todas las agencias de seguridad del gobierno mexicano: está integrado por agentes de Sedena, de la Secretaría de Marina (Semar), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

Entre los millones de archivos de la Sedena hackeados y filtrados por el colectivo Guacamaya, al menos 16 informes se referían explícitamente a Bermúdez como un líder criminal en Tabasco.  

El primero de ellos estaba fechado en noviembre de 2019; apenas un mes más tarde, Adán Augusto López Hernández lo nombró al frente de la SSPC estatal. Los informes incluían esquemas de organizaciones criminales, reportes de intervenciones telefónicas o información sobre actividades delictivas del responsable de la seguridad en Tabasco, incluyendo el cobro de 500 mil pesos para liberar a un criminal. 

Carlos Manuel Merino Campos, quien asumió la gubernatura de Tabasco cuando Andrés Manuel López Obrador nombró a Adán Augusto López Hernández en la Segob, mantuvo a Hernán Bermúdez Requena en la SSPC, a pesar de los informes de inteligencia. Permaneció en el cargo hasta principios de 2024, cuando tuvo que renunciar por la explosión de violencia que sacudió al estado. 

Un año más tarde, las autoridades de Tabasco –ahora gobernado por Javier May Rodríguez—lo acusaron de formar parte de “La Barredora”, tal como lo identificaban los informes de inteligencia. 

Por cierto, uno de estos informes, fechado en mayo de 2021, reportaba el contenido una conversación que tuvieron dos delincuentes dedicados al huachicol en Tabasco seis meses antes.  

En ella, uno decía al otro que el líder criminal local de entonces, Felipe Mollinedo Montiel, “está con el gobierno, está con el gobernador (quizá Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco), eso me dijo la última vez, de hecho, el titular del estado le ofreció una gratificación a cambio de un jale”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Comunidades de Michoacán exigen a SCJN no invalidar leyes que sustentan sus autogobiernos locales

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que respete las autonomías de los pueblos de la entidad durante la discusión del pleno de este martes, en la que se debatirá la posibilidad de “invalidar leyes estatales que sustentan el autogobierno local, con el argumento de que ‘invaden’ facultades de gasto en municipios”.

“Hoy los derechos colectivos se encuentran en debate, conflicto y pugna”, señalaron las 70 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanas que integran el Consejo, frente a la intención de las autoridades de alegar “elementos de inconstitucionalidad” en las leyes que protegen los autogobiernos locales de las comunidades autónomas.

La discusión principal que inicia este 15 de julio, explicaron, será sobre invalidar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán en los municipios de Erongarícuaro y Zitácuaro, “debate que ya lleva más de dos años y medio en la SCJN, para lo cual en un primer momento se argumentó que las comunidades no fueron debidamente consultadas, lo que exhibió el mal trabajo legislativo del Congreso del Estado”.

El dictamen se revirtió luego de que los pueblos y comunidades se movilizaron y cientos de comuneros organizaron Jornadas Nacionales en Defensa de la Autonomía, pero ahora el debate se centra en el análisis de la existencia de elementos de inconstitucionalidad “por una supuesta intromisión en las facultades presupuestales de los municipios”.

“Exigimos a la SCJN que respete los derechos adquiridos y ejecutados de los autogobiernos en la entidad, que no ignoren lo establecido en el artículo 2 constitucional que instituye el derecho de los pueblos indígenas a recibir y administrar su presupuesto directamente, y que resuelvan según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos”, demandaron las comunidades del CSIM.

Como parte de sus acciones en defensa de su autonomía, el CSIM organizó una jornada de protesta frente a la SCJN, así como una ceremonia p’urhépecha en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

COMUNICADO:

🐚 Derechos colectivos en debate, conflicto y pugna. Comunidades Indígenas exigen que la #SCJN respete las autonomías de Michoacán #CSIM🟪🟦🟨🟩

DERECHOS COLECTIVOS EN DEBATE, CONFLICTO Y PUGNA

EXIGIMOS QUE LA SCJN RESPETE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS DE MICHOACÁN

A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 14 de julio de 2025.

El martes 15 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación #SCJN debatirá un tema trascendental para los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán, se discutirá invalidar leyes estatales que sustentan el autogobierno local, con el argumento de que “invaden” facultades de gasto en municipios.

La discusión principal versa en invalidar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán en los Municipios de Erongarícuaro y Zitácuaro, debate que ya lleva más de 2 años y medio en la SCJN, para lo cual en un primer momento se argumentó que las comunidades no fueron debidamente consultadas, lo que exhibió el mal trabajo legislativo del Congreso del Estado.

Este dictamen se revirtió gracias a la movilización de pueblos y comunidades, cientos de comuneras y comuneros se manifestaron en Jornadas Nacionales en Defensa de la Autonomía. Ahora el debate se centra en el análisis de la existencia de elementos de inconstitucionalidad por una supuesta intromisión en las facultades presupuestales de los municipios. Hoy los derechos colectivos se encuentran en debate, conflicto y pugna.

En Michoacán, durante los últimos 20 años han florecido procesos de autodeterminación, autogobierno, y autonomía, con base en el derecho histórico, internacional y constitucional, los pueblos originarios han creado Consejos de Gobierno Comunal, Rondas Comunales (sistemas propios de seguridad) y Planes de Desarrollo Comunitario, todo ello, como una expresión de democracia directa y el poder de las asambleas generales. Fundadas en la memoria histórica, se han establecido más de 45 comunidades autónomas.

En este contexto, las 70 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanas que conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, exigimos a la #SCJN, que respete los derechos adquiridos y ejecutados de los autogobiernos en la entidad, que no ignoren lo establecido en el artículo 2 constitucional que instituye el derecho de los pueblos indígenas a recibir y administrar su presupuesto directamente, y que resuelvan según los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Finalmente, convocamos atenta y respetuosamente a los pueblos y comunidades indígenas, a redoblar esfuerzos y continuar organizándonos, resistiendo y luchando por la defensa de la autonomía, la vida, el territorio y la madre tierra.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

FUENTE. DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.