FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: CARLOS PORTILLO.
(10 de marzo, 2014).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe donde señala que, a la fecha, se encuentran 100 mil personas presas sin recibir sentencia, asociando esto con la presión que ejerció el ex presidente Felipe Calderón para encarcelar a presuntos culpables, y así satisfacer los índices de detención que el contexto de violencia e inseguridad ameritaba en su momento.
Luego de que Enrique Peña Nieto diera pie a la iniciativa para hallar soluciones ante la saturación de las cárceles, este día se presentó el informe en el Senado; específicamente, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos presidida por Angélica de la Peña.
Con respecto a la prisión preventiva, se menciona que “como ejemplo de presiones provenientes de altos funcionarios de otros órganos del Estado hacia el Poder Judicial, el anterior presidente de la República (Felipe Calderón) tenía la práctica de criticar públicamente a jueces que actuaban en determinados casos de alto perfil mediático”.
De esta forma, “en sus pronunciamientos, el mandatario asimilaba a impunidad la excarcelación por parte de jueces estatales y federales, obviando deliberadamente el hecho de que tales decisiones judiciales no constituían una determinación definitiva en esos procesos”, según explica el informe.
La CIDH, además, dio a conocer que México se ubica en el tercer lugar de América entre los países con mayor cantidad de presos, sumando un total de 242 mil individuos; de los cuales, el 40 por ciento –que corresponde a 100 mil personas–, no han recibido condena.
Sobre las presiones externas de actores políticos en el sistema judicial, el informe apuntó que “la CIDH observa que la posición oficial de muchos estados es asimilar o reducir el fenómeno de las presiones indebidas hacia la función de los jueces a la comisión de un delito o una falta, cuando no necesariamente son conceptos equiparables.”
“La Comisión reitera el principio fundamental de que la observancia eficaz de los derechos humanos requiere de un orden jurídico e institucional en que las leyes son más importantes que la voluntad de los gobernantes, y en el que existe un equilibrio entre todas las ramas de gobierno”, agregó el documento sobre esta situación en la que no sólo están involucradas amenazas, sino un diverso cúmulo de presiones que, por desgracia, no pueden considerarse delitos, a pesar de su inferencia directa en los procesos judiciales y su autonomía.
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